Información sobre Grupos Vulnerables y Derechos Humanos

La protección y el apoyo a los grupos vulnerables son pilares fundamentales en la agenda de derechos humanos a nivel global. Diversas instituciones y gobiernos trabajan para garantizar que estas poblaciones, a menudo marginadas o en riesgo, tengan acceso pleno a sus derechos y oportunidades.

Contexto General de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables

En el marco de la protección de los derechos humanos, es crucial abordar la situación de los grupos vulnerables. Un ejemplo reciente es la actuación en materia de derechos humanos durante la pandemia de COVID-19, donde se ha puesto de manifiesto la especial fragilidad de ciertos colectivos. El ex Ministro Hernán Larraín destacó que existen grupos vulnerables, como los migrantes, las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, y las personas privadas de libertad, por mencionar algunos ejemplos.

Asimismo, el Comité Interministerial se ha ocupado de recordar la importancia de los informes sobre derechos humanos entregados por organismos nacionales e internacionales tras eventos como el estallido social. Hubo informes del INDH, de Human Rights Watch, de ACNUDH y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ofrecieron una visión crítica sobre la situación.

La Vulnerabilidad en Contextos Específicos

Refugiados y el Derecho a la Educación

Con más de 20,7 millones de personas refugiadas en la actualidad, son numerosos los desafíos en relación con el acceso, la calidad y la equidad educativa. Sin embargo, la educación desempeña un papel fundamental para garantizar que los refugiados puedan desarrollarse plenamente, encontrar un trabajo y contribuir a la sociedad. La UNESCO ha elaborado dos documentos que analizan cómo proteger y hacer valer el derecho a la educación de los refugiados.

Grupos Minoritarios y Pueblos Indígenas

Las minorías y los pueblos indígenas necesitan un sistema educativo que respete sus necesidades culturales, lingüísticas y religiosas y les permita prosperar y llevar una vida plena. Esto incluye fundamentalmente la introducción de garantías legales, la adaptación de los contenidos educativos y las prácticas de enseñanza a sus especificidades culturales, así como la garantía de una educación bilingüe e intercultural y la asignación de un presupuesto específico, entre otros.

Por otra parte, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución en la que proclamó el periodo comprendido entre 2022 y 2032 como el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, con el objetivo de concienciar sobre la importancia de estas lenguas para el desarrollo sostenible, la construcción de la paz y la reconciliación.

Durante la Novena Consulta de los Estados Miembros sobre la Convención y la Recomendación relativas a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza de 1960, varios Estados Miembros informaron sobre las medidas adoptadas para apoyar el derecho a la educación de los pueblos indígenas. La UNESCO publicó un informe que ofrece una visión general de las medidas comunicadas. Próximamente se publicará un informe temático similar centrado en el derecho a la educación de las minorías.

Contextos de Emergencia y Educación

La educación es un derecho humano al que todos tienen derecho, en todo momento. Sin embargo, en las situaciones de conflicto y en los contextos de emergencia, los Estados suelen tener dificultades para garantizar y proteger el derecho a la educación, en particular para los grupos vulnerables ya marginados. La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto, además, la carencia de resistencia de los sistemas educativos, con lo que se acentúan las desigualdades ya existentes, las pérdidas de aprendizaje, el deterioro de salud y bienestar y la deserción escolar por parte de los alumnos.

Durante las situaciones de emergencia, no se considera generalmente a la educación como algo que puede salvar vidas; sin embargo, los padres y los propios alumnos insisten constantemente en el valor que tiene la educación para los afectados, definiéndola como vital para la estabilidad, la protección emocional y física, así como la continuidad. La educación también puede ayudar a todos los afectados por las situaciones de emergencia a reintegrarse en la sociedad y, en el contexto de los conflictos, también puede desempeñar un papel en la prevención de otros acontecimientos similares.

En consecuencia, la UNESCO trabaja para que la comunidad internacional actúe con miras a minimizar los efectos nocivos de las situaciones de emergencia, ya que la normativa de derechos humanos se aplica en todos los contextos. El derecho a la educación es inderogable, lo que significa que los Estados no pueden limitar temporalmente su realización durante un estado de emergencia, a menos que se invoque la cláusula de limitación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966). Esto debe estar justificado.

La Detención como Factor de Vulnerabilidad

Cualquier persona detenida, sean cuales sean las razones que la llevaron a su privación de libertad, se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Los siguientes factores sitúan a las personas en situación de vulnerabilidad: un desequilibrio de poder entre las personas detenidas y aquellas que están a cargo de ellas, una dependencia casi absoluta de la institución que les ha privado de su libertad o que limita sus movimientos, el debilitamiento de sus lazos sociales y el estigma derivado de la detención.

Situaciones Especiales de Vulnerabilidad en Detención

Si bien el concepto de vulnerabilidad afecta a toda la población privada de libertad, ciertas personas o grupos de personas detenidas son especialmente vulnerables y requieren de una atención y protección adicional. En algunos casos, estas situaciones pueden justificar el acceso a determinados servicios. Estos servicios no estarían necesariamente a disposición del resto de las personas privadas de libertad, no obstante, esto no es una demostración del trato preferencial o de discriminación contra la mayoría.

Tal como se establece claramente en la versión revisada de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (las "Reglas Nelson Mandela"): "Para que el principio de no discriminación pueda ser puesto en práctica, las administraciones penitenciarias deberán tener en cuenta las necesidades individuales de las personas detenidas, en particular, en el caso de las categorías más vulnerables que se encuentran en los establecimientos penitenciarios. Tomar medidas para proteger y promover los derechos de personas privadas de libertad con necesidades especiales es necesario y no deberá ser considerado como discriminatorio." (Regla nº2).

Por ejemplo, una persona privada de libertad con algún tipo de discapacidad debe tener derecho a "ajustes razonables". Esto puede consistir en la construcción de una rampa de acceso (si la persona está en una silla de ruedas), o en un documento que contenga sus derechos y obligaciones dentro de la institución, disponible en Braille (si la persona es ciega).

Las autoridades responsables deben estar permanentemente vigilantes y diligentes en lo que respecta a estos grupos de personas. Todas las prácticas y procedimientos dentro del centro de detención deben tener en cuenta esta vulnerabilidad agravada. Se debería intentar siempre buscar otras alternativas para ciertos grupos de personas, especialmente el de los y las menores, antes que el encarcelamiento.

La Vulnerabilidad y sus Contextos: Un Concepto Dinámico

No puede existir una lista exhaustiva de los grupos en situación de vulnerabilidad en detención ya que las categorías pueden fluctuar dependiendo del contexto, la cultura y el tiempo. Hay una serie de factores de riesgo que determinan las situaciones de vulnerabilidad. Por ello, Detention Focus favorece el uso de la expresión “grupos en situación de vulnerabilidad”, un concepto dinámico y en evolución por delante de “grupos vulnerables” considerado demasiado estático y definitivo. Esta categorización también rechaza la idea de la vulnerabilidad como algo natural o de origen ("la persona no es per se vulnerable") y pone el acento en el concepto de vulnerabilidad contextual ("es la situación la que hace que la persona sea vulnerable").

Factores de Riesgo que Refuerzan la Vulnerabilidad en Detención

Los factores que refuerzan la vulnerabilidad de las personas detenidas pueden ser personales, ambientales o socioculturales:

• Factores personales: edad, género, nivel de educación, nacionalidad, etnia, salud mental y física, situación legal, situación económica, falta de información, baja autoestima, traumas del pasado o del presente (incluyendo tortura y violencia doméstica y sexual), experiencias vitales, etc.
• Factores ambientales: la actitud del personal penitenciario, la proporción entre personal y personas detenidas, la actitud de otras personas detenidas, el acceso y la competencia de la asistencia sanitaria, los servicios sociales y legales, sistemas informales de privilegios, la disposición de la prisión, la posibilidad de rediseñar/adaptar el espacio, la ausencia de lazos familiares, el hacinamiento, etc.
• Factores socioculturales: la actitud de la sociedad y los medios de comunicación hacia las personas privadas de libertad, la estigmatización y la exclusión social, la invisibilidad social, la actitud hacia las minorías, la corrupción, etc.

Grupos Específicos en Situación de Vulnerabilidad

Basándonos en los factores anteriormente mencionados, las personas en situación de vulnerabilidad pueden agruparse en distintas categorías según el contexto (aunque ciertos grupos, como los niños y niñas y los y las adolescentes, siempre deben ser considerados personas en situación de vulnerabilidad independientemente del contexto).

Por razones prácticas, Detention Focus incluye un número limitado de grupos en situación de vulnerabilidad, sin intención de excluir otras situaciones. Uno de los criterios de selección reside en la existencia de normas internacionales o regionales a las que los Estados deben atenerse para garantizar su protección, ofreciendo un marco legal a las autoridades encargadas de la detención. Otro criterio esencial es la prevalencia universal del riesgo de abusos y violencia hacia estos grupos específicos.

Por lo tanto, la base de datos permite investigar y filtrar cuestiones de detención aplicables a los seis grupos siguientes:

• Mujeres
• Niños, niñas y adolescentes
• Personas lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros o intersexuales (LGBTI)
• Personas con algún tipo de discapacidad física o mental
• Personas extranjeras
• Personas pertenecientes a minorías étnicas o pueblos indígenas

Otras personas y grupos también pueden encontrarse en situación de vulnerabilidad:

• Ya sea por su edad o estado de salud: personas enfermas, personas con enfermedades terminales, ancianos y ancianas, personas con VIH, toxicómanos y toxicómanas, etc.
• Ya sea debido a su estatus dentro del sistema de justicia penal: las personas en detención preventiva, las personas sospechosas de terrorismo o de amenazar la seguridad del Estado; las personas condenadas a muerte, las personas privadas de libertad condenadas a cadena perpetua, los y las delincuentes sexuales, etc.

Vulnerabilidades Múltiples

La combinación de los factores personales, ambientales y socioculturales nos lleva al concepto de vulnerabilidades múltiples. Tales combinaciones muestran la confluencia entre los grupos afectados y la importancia de tener una idea dinámica y en evolución de la vulnerabilidad. La zona más oscura en una representación de estas situaciones muestra el mayor riesgo de vulnerabilidad.

Estas situaciones, que están lejos de ser excepciones en lugares en los que se encuentren personas privadas de su libertad, requieren que las autoridades protejan y presten una atención especial a las personas afectadas, teniendo en cuenta los múltiples riesgos a los que se encuentran expuestas. Todas las personas privadas de libertad tienen derechos. Por lo tanto, las situaciones de vulnerabilidad en las que se encuentren, ya sea de manera temporal o permanente, no deberían ser nunca un obstáculo para el disfrute de sus derechos, ni tampoco deberían ser utilizadas en su contra.

Vulnerabilidad de las Personas Mayores en Emergencias

Las situaciones de emergencia, ya sean causadas por conflictos o desastres naturales, agravan significativamente los problemas de derechos humanos que enfrentan las personas mayores. La vulnerabilidad inherente a la movilidad limitada, los problemas de salud, la discapacidad y la responsabilidad del cuidado de otros miembros de la familia, presenta desafíos considerables para las personas de edad en cuanto al acceso a la ayuda humanitaria durante estas coyunturas.

A pesar de los graves riesgos a los que están expuestas, las personas mayores a menudo son menos visibles en los procesos de evaluación y planificación. Esto se debe, en parte, a que la labor humanitaria y comunitaria tiende a priorizar a los grupos etarios más jóvenes. La falta de datos específicos sobre las personas mayores afectadas por emergencias tiene consecuencias negativas directas en sus derechos y acceso a servicios.

Por ejemplo, en 2018, aproximadamente 68.5 millones de personas se convirtieron en desplazados forzosos a nivel mundial como resultado de conflictos o violencia generalizada. Una de las escasas estadísticas disponibles sobre personas mayores en situaciones de emergencia, correspondiente a 2017, indicaba que solo el 3% del total de refugiados tenían más de 65 años. En situaciones de desplazamiento forzoso, las personas mayores suelen enfrentar obstáculos que les impiden acceder a la protección social, quedando así excluidas de las iniciativas de recuperación económica.

Recomendaciones para Mejorar la Asistencia a Personas Mayores

El informe sobre personas mayores en situaciones de emergencia contiene diversas recomendaciones para mejorar los servicios que reciben. Estas incluyen:

• Mejorar el acopio y análisis de datos relativos a los grupos de población afectados.
• Consultar a las personas mayores para identificar los obstáculos que dificultan su acceso a la asistencia.
• Aplicar consistentemente el principio de no discriminación en los programas de subsistencia, permitiendo la participación de las personas mayores en su concepción.
• Asegurar que las necesidades de las personas mayores en materia de asistencia sanitaria se incorporen a todos los planes de atención médica.

Es fundamental tener en cuenta que la edad a menudo agrava otras formas de vulnerabilidad o desigualdad, como el género. Por lo tanto, en situaciones de emergencia, las personas mayores son especialmente vulnerables y sus necesidades deben ser abordadas de manera prioritaria.

Estudios de Caso y Sistemas de Apoyo

El Impacto de la Pandemia de COVID-19 en Personas Mayores Vulnerables en Brasil

La experiencia de una pandemia global como la COVID-19 ha puesto de manifiesto las significativas demandas de las personas mayores en situaciones de vulnerabilidad y riesgo social. Ante este escenario, se ha desarrollado un ejercicio de investigación basado en el marco de la Educación Popular para la investigación de campo, buscando articular teoría y práctica.

Las preguntas centrales que surgieron fueron: ¿Cómo podríamos ayudar, durante el aislamiento, a las personas mayores en situación de vulnerabilidad y riesgo social? ¿Qué posibilidades existen para intervenir en este proceso?

Para contextualizar esta discusión, se analizaron los reflejos del capitalismo en la conducción de las políticas públicas de asistencia social en Brasil, bajo la tutela de un gobierno federal de ultraderecha. Se reflexionó sobre los derechos de la población anciana en esta coyuntura, las atribuciones del Centro de Referencia de Asistencia Social (CRAS) y cómo la Educación Popular puede contribuir a un proceso de confrontación y comprensión integral de la situación.

Metodología de Investigación Cualitativa

Se llevó a cabo una investigación cualitativa mediante muestreo. Se seleccionaron personas mayores, con una edad promedio entre 60 y 72 años, en situación de vulnerabilidad, que asistían a los CRAS Vila Mathiensen y Jardim Nossa Senhora Aparecida, en barrios periféricos y en situación de extrema vulnerabilidad social en el municipio de Americana/SP, Brasil. A través de un cuestionario semiestructurado, se buscó conocer qué habían visto y oído sobre la COVID-19 y qué medidas habían tomado para enfrentar este escenario.

A partir de las respuestas obtenidas, se analizaron posibles formas de intervención y cómo se podría contribuir a fomentar la información, buscando ofrecer un análisis y reflexión del momento actual y elucidar acciones posibles para estas personas, respetando las medidas de salud.

Contexto Histórico y Político de la Asistencia Social en Brasil

En Brasil, la política de Asistencia Social ha sido históricamente un instrumento para enfrentar la "cuestión social", caracterizada por prácticas asistenciales, religiosas, clientelistas, filantrópicas y solidarias. Con la Constitución Federal de 1988, la Asistencia Social, junto con la Salud y la Seguridad Social, conformaron el trípode de la Seguridad Social, regulado por la Ley Orgánica de Asistencia Social (LOAS) en 1993.

La aprobación de la Política Nacional de Asistencia Social (PNAS) en 2004, que preveía la implementación del Sistema Único de Asistencia Social (SUAS), representó un hito en la consolidación de la asistencia como garante de derechos. El SUAS, consolidado en la NOBS-SUAS 2005/2012, es un requisito fundamental de la LOAS para efectivizar la asistencia social como política pública.

El Rol del Centro de Referencia de Asistencia Social (CRAS)

La protección social básica tiene como "puerta de enlace" los Centros de Referencia de Asistencia Social (CRAS). Estas unidades públicas, con base territorial, facilitan el acceso y la vinculación con los usuarios. En los CRAS se desarrollan servicios, programas, proyectos y acciones que, en conjunto con la red local, buscan garantizar la protección social básica.

Las funciones del CRAS incluyen la prevención a través de la acogida de individuos y familias, y el fomento de la convivencia familiar y comunitaria ante situaciones de vulnerabilidad y riesgo social y personal. El Programa de Atención Integral a la Familia (PAIF) es el principal servicio básico de protección social, centrado en la prevención, la socialización y el fortalecimiento de la autonomía y la ciudadanía.

Las funciones del CRAS abarcan la "acogida, estudio social, visita domiciliaria, orientación y referencias, grupos familiares, acompañamiento familiar", así como actividades, campañas y movilizaciones para las familias. La complejidad de estos servicios exige que el equipo profesional posea conocimientos especializados para intervenir en las diversas expresiones de la problemática social, buscando una actuación calificada y comprometida con la ruptura de violaciones de derechos.

La Vulnerabilidad ante la Pandemia: Más Allá de la Inmunidad

La precariedad de los derechos ciudadanos afecta directamente las medidas de contingencia ante la COVID-19. Muchos empleados, bajo sospecha de contagio, continúan trabajando para asegurar el sustento familiar. Además, una gran parte de la clase trabajadora opera en el mercado informal, lo que convierte la recomendación de aislamiento social en una falacia.

Por lo tanto, la población vulnerable a la pandemia se extiende más allá de los individuos con menor inmunidad, como ancianos y personas con enfermedades crónicas, para incluir también a quienes viven en extrema pobreza. Las personas mayores negras, en particular, tienen un menor acceso a los derechos de seguridad social y se encuentran en peores condiciones de vida y trabajo.

Derechos y Realidad de las Personas Mayores en Brasil

La ley brasileña garantiza a las personas mayores, con absoluta prioridad, el derecho a la vida, la salud, la alimentación, la educación, la cultura, el deporte, el esparcimiento, el trabajo, la ciudadanía, la libertad, la dignidad, el respeto y la convivencia familiar y comunitaria (Ley N.º 10.741, de 1 de octubre de 2003).

Sin embargo, la práctica a menudo difiere de lo establecido legalmente. El establecimiento de derechos sociales para esta creciente categoría sociológica requiere cambios profundos en las actitudes de la población respecto al envejecimiento. Brasil, históricamente un país joven, está experimentando un proceso de envejecimiento acelerado, lo que impacta las configuraciones sociohistóricas debido a la disminución de las tasas de natalidad y mortalidad y al aumento de la expectativa de vida.

Ante el incremento de la longevidad, el proceso de envejecimiento adquiere una mayor complejidad para el ser humano, con consecuencias biopsicosociales. El desafío de afrontar el aislamiento social y la pandemia requiere la concepción de nuevas formas de abordar esta etapa de la existencia.

Programas de Apoyo y Protección en Chile

En Chile, existen diversas iniciativas destinadas a brindar apoyo a personas en situación de vulnerabilidad:

• Acompañamiento psicosocial a personas en situación de calle: Se realiza en dependencias propias o directamente en la calle, buscando favorecer la inclusión social de personas mayores de 50 años.
• Servicios de hospedaje nocturno, alimentación y apoyo básico: Ofrecidos en todas las sedes del país para personas en situación de calle.
• Vivienda Primero: Un programa pionero financiado por los ministerios de Desarrollo Social y de Vivienda, vigente desde 2019, que ofrece vivienda sin condiciones a personas mayores de 50 años con larga experiencia de vida en la calle. Basado en el modelo "Housing First", promueve la seguridad y dignidad como primer paso para la integración social, familiar y laboral.
• Chile Cuida: Una red que conecta instituciones, programas y servicios para ofrecer apoyos y cuidados a personas que requieren asistencia en actividades diarias, así como a sus cuidadores.
• Subsistema de protección integral a la infancia: Su misión es acompañar, proteger y apoyar a niños, niñas, adolescentes y sus familias.
• Subsistema que forma parte del Sistema de Protección Social: Busca promover que familias y personas accedan a mejores condiciones de vida a través de la superación de la pobreza extrema y vulnerabilidades sociales.
• Iniciativas para promover hábitos y estilos de vida saludables: Orientadas a mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas.

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