El Maltrato a las Personas Mayores: Una Crisis Silenciosa y Desafíos Pendientes

El envejecimiento es un proceso natural que debe ir acompañado de seguridad, dignidad y permanencia del disfrute de la vida, la salud, la integridad y la participación social. Sin embargo, con el aumento de la población de personas mayores, también se ha incrementado el maltrato, un problema grave con profundas consecuencias sociales.

Prevalencia Global y Consecuencias del Maltrato a Personas Mayores

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de cada seis ancianos en todo el mundo sufre de abusos. Un nuevo estudio publicado en la revista médica The Lancet, con apoyo de la OMS, reveló que el 16% de las personas mayores de 60 años han sufrido abandono y abuso psicológico, financiero, físico o sexual. Este estudio, dado a conocer en el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia sobre el Maltrato en la Vejez, incluyó a 28 países de diferentes regiones, entre ellos 16 naciones en desarrollo.

Alana Officer, consejera de salud para adultos mayores de la OMS, aseguró que “el abuso de las personas de edad continúa aumentando y esto es preocupante para los 141 millones de mayores de 60 años en el mundo. Tiene graves consecuencias sociales. Debemos hacer mucho más para prevenir y responder a las diferentes formas de abuso”. La Organización asegura que este problema sigue siendo un tema tabú que no se discute en círculos legislativos, lo que permite que siga ocurriendo. De todos los abusos que sufren estas personas de edad, el psicológico es el más generalizado. Se manifiesta a través de insultos, humillaciones e incluso restricciones para ver a sus familias.

Para el año 2050 se estima que la cantidad de personas mayores de 60 años se duplique y llegue a los 2.000 millones, lo que subraya la urgencia de abordar este problema.

La Realidad del Maltrato en Chile: Casos y Desafíos Institucionales

En Chile, el Censo 2024 confirmó que más de 2,6 millones de personas tienen 65 años o más, lo que equivale al 14% de la población total. Se estima que para 2050 esa cifra alcanzará el 32%, lo que magnifica la relevancia de las problemáticas que enfrentan los adultos mayores.

Denuncias de Maltrato en Hogares de Ancianos

Recientemente, la diputada Carolina Marzán denunció graves maltratos en un hogar de ancianos en Quillota, Región de Valparaíso. Estos incluirían golpes, castigos sin alimentos, amarres, insultos y medicación sin autorización médica. La denuncia, que partió de una funcionaria del mismo hogar, escaló hasta Marzán, quien solicitó la intervención del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) para fiscalizar el recinto. Un video reveló escenas de violencia, como hormigas en los párpados de los residentes, bofetadas a ancianos, amarres a sillas y rasguños en la espalda, generando gran indignación. Se piden medidas de protección y sanciones para los responsables, destacando la vulnerabilidad de los adultos mayores y la necesidad de respeto y cuidado hacia ellos.

Desafíos en los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM)

La capacidad de los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) es un tema crítico. CIPER accedió a las cifras nacionales de las listas de espera para ingresar a una residencia pública y constató que el tiempo promedio para que una persona sea admitida es de unos nueve meses. En 2024, solo 33 personas, a nivel nacional, lograron ingresar a alguno de los 22 centros públicos disponibles en el país, que cuentan con un total de 1.298 plazas.

Hasta inicios de febrero de este año, 838 personas estaban en lista de espera para ingresar a un ELEAM del Senama. De ellas, un 61% (510 personas) fue derivado desde tribunales tras haber sufrido violencia intrafamiliar o maltrato, mientras que el 39% (328) correspondía a postulaciones por la vía regular. Solo el 10% de la capacidad de estos recintos se reserva para estos casos.

Ausencia de Protocolos y Aumento de la Demanda

Jessica Arenas, jueza de familia especializada en casos de adultos mayores, señaló a CIPER que no existe un protocolo para quienes son derivados desde tribunales. Por esta razón, las personas en esa situación quedan en listas de espera y los juzgados no pueden ordenar el ingreso inmediato de quienes son víctimas de violencia intrafamiliar o maltrato. Liliana Cortés, directora social de la Fundación de Cristo -institución encargada de administrar el ELEAM Senama de Curicó-, mencionó que, al menos en el centro que tienen bajo su gestión, no se manejan camas específicas para casos judicializados. Agregó que los ingresos se realizan a través de Senama, provengan de tribunales u otra institución, y se prioriza a personas mayores con alta vulnerabilidad, dependencia y sin redes de apoyo.

Desde Senama argumentaron que las principales razones detrás del aumento de las listas de espera están directamente relacionadas con el acelerado envejecimiento de la población, así como con factores estructurales, como pensiones insuficientes, alto costo de vida, deterioro de la salud y situaciones de abandono. Sin embargo, también señalaron que gran parte de los adultos mayores que intentan ingresar por esta vía no cumplen con el perfil para el cual están diseñados los ELEAM, que son para personas con dependencia severa y vulnerabilidad. El promedio de edad de los residentes en ELEAM del Senama es de 78 años, según la página oficial de ese organismo.

La postulación regular a los ELEAM la pueden realizar los adultos mayores de 60 años que se encuentren en situación de vulnerabilidad, con dependencia física o mental, que carezcan de redes de apoyo y pertenezcan al 60% inferior del Registro Social de Hogares. El proceso, sin embargo, no está exento de dificultades, ya que muchos adultos mayores en situación de abandono o con enfermedades incapacitantes no pueden completarlo por sí solos, según Katherin Salcedo, fundadora y directora de la Fundación de Adultos Mayores Chile.

Actualmente, 328 personas esperan ingresar a un ELEAM de Senama a través de la postulación regular. La región con mayor demanda es Los Lagos, donde 91 adultos mayores aguardan en la lista para ocupar uno de los 80 cupos disponibles en la única residencia pública de la zona. La Araucanía también presenta una alta demanda, con 52 personas en espera para sus 120 plazas disponibles. Desde Senama mencionaron que, en los últimos años, el número de plazas en los ELEAM ha aumentado de 978 en 2022 a 1.248 en febrero de 2025, lo que representa un crecimiento del 27,6%.

Un factor que genera cupos es el fallecimiento, como coinciden Liliana Cortés y Soledad Alcalde, directora ejecutiva de la Fundación Red ELEAM.

Establecimientos Irregulares y Cierres

CIPER se contactó con cada secretaría regional (Seremi) del Ministerio de Salud (Minsal) y constató que existen 947 ELEAM con autorización sanitaria. Sin embargo, solo 22 de estos establecimientos operan bajo la jurisdicción del Senama, administrados por municipios o fundaciones sin fines de lucro. Aunque la Subsecretaría de Salud Pública respondió a CIPER que el Ministerio de Salud no tiene información sobre las residencias que operan de manera irregular, hay Seremis de esa cartera que han contabilizado en sus regiones más residencias no autorizadas que aquellas que tienen permisos al día.

Desde Conapran comunicaron que los cierres se deben principalmente a una reducción en la Ley de Presupuesto 2024, correspondiente a un 69% de los recursos que se entregaban para el funcionamiento de sus 12 ELEAM, obligándolos a cerrar los establecimientos fuera de la Región Metropolitana.

La Violencia Directa y las Brechas Legales

El caso de Guillermo, un conserje nocturno de 70 años brutalmente agredido por un residente en Santiago de Chile, resalta la violencia directa que enfrentan las personas mayores. Sin provocación y por la espalda, recibió golpes con puños y pies que lo dejaron hospitalizado con fracturas múltiples y riesgo de perder un ojo, con una recuperación estimada de un año. Este suceso, que estremeció por su crudeza, se desvaneció en el silencio, como si la vejez también fuera un límite para la indignación colectiva.

La agresión a Guillermo no es solo un hecho criminal, sino un síntoma de una sociedad que aún no ha entendido que el maltrato hacia las personas mayores no se limita al abandono, la negligencia o la precariedad institucional, sino que también incluye la violencia directa, física y concreta.

En Chile, cuando el maltrato proviene de una persona con la que existe un vínculo familiar, se tipifica como violencia intrafamiliar. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando la agresión proviene de un tercero sin parentesco, como en el caso de Guillermo?

Marco Legal y Necesidad de un Procedimiento Especial

La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (CIDHPM), ratificada por Chile, establece con claridad que toda persona mayor tiene derecho a vivir una vida libre de violencia y maltrato, sin importar quién sea el agresor: puede ser un familiar, una institución, un desconocido o incluso el Estado mediante sus omisiones. Esta definición amplia exige respuestas legales amplias.

En 2017 se promulgó la Ley 21.013, que tipifica un nuevo delito de maltrato y establece sanciones para quienes, teniendo un deber especial de cuidado sobre personas mayores, los maltraten corporalmente o no impidan dicho maltrato. No obstante, esto representa una brecha crítica, ya que cuando una persona mayor es agredida por un vecino, un empleador o un desconocido, y no se trata de un delito penal evidente o no hay prueba suficiente, el sistema judicial no tiene herramientas eficaces ni urgentes para actuar.

Por ello, es urgente crear un procedimiento especial de protección, similar al que hoy se aplica en casos de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, como establece el artículo 92 N° 8 de la Ley 19.968. Este mecanismo permitiría a los Tribunales de Familia -por su especialización y enfoque- actuar en forma paralela y complementaria al Ministerio Público, sin interferir en sus atribuciones penales.

Nombrar importa, porque lo que no se nombra, no existe para la política pública, ni para la justicia, ni para la reparación. Hablar de esto no es generar alarma ni victimizar a las personas mayores; al contrario, es reconocer su valor, su derecho a vivir seguros, visibles y protegidos. El caso de Guillermo no puede ser una anécdota ni una excepción, debe ser una llamada de atención, porque lo ocurrido no es un hecho aislado, sino la expresión de una violencia estructural, silenciosa y persistente que muchas personas mayores enfrentan a diario.

Estadísticas de Maltrato en América Latina

Algunas cifras derivadas de estudios nacionales, encuestas específicas o informes judiciales dan indicios de la magnitud de este problema en varios países de América Latina.

Panorama por Países

• Chile

  La Encuesta Nacional de Salud (ENS) 2009-2010 evaluó la exposición a eventos violentos y constató que en las personas de 65 años y más la prevalencia de maltrato era del 7,7%, siendo mayor el porcentaje de maltrato en las mujeres (8,7%) que en los hombres (6,4%). El Estudio Nacional de la Dependencia en las Personas Mayores de 2009 informó una prevalencia de la discriminación del 14% (SENAMA, 2009). Para 2012, el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) realizó un estudio en la región de Valparaíso, donde la prevalencia del maltrato fue del 35,5% para el maltrato psicológico, el 9,2% para la negligencia, el 8,3% para el maltrato económico, el 5,6% para el maltrato físico y el 5,0% para el maltrato sexual.

  Durante el año pasado, la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) registró 1031 presentaciones con personas mayores afectadas (el 10% del universo total de denuncias -9.840- recibidas en el año). Los equipos interdisciplinarios de la OVD evaluaron la situación de 1063 personas de 60 años o más que sufrieron violencia doméstica. En cuanto a los tipos de violencia evaluados, el 97% de los casos incluyeron violencia psicológica, el 46% violencia ambiental, el 37% violencia física, mientras que en el 32% se detectaron violencia económica patrimonial y violencia simbólica. Las evaluaciones de riesgo determinaron que el 25% de los casos presentaban niveles de altísimo o alto riesgo, con un tiempo promedio de maltrato de 11 años. La Oficina de Violencia Doméstica es una dependencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que brinda atención las 24 horas, todos los días del año.

• Colombia

  En Colombia, en 2007 se realizó en Bogotá una caracterización de los casos de maltrato contra adultos mayores denunciados en las comisarías de familia de sus localidades. Los resultados mostraron una prevalencia del maltrato psicológico del 35,2% (Sepúlveda y otros, 2009). En Antioquia, un estudio de 2012 informó de una prevalencia de maltrato físico del 1,7%, económico del 1,3% y sexual del 0,4% (Cano y otros, 2015). Posteriormente, en 2015 se llevó a cabo la Encuesta Nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE), que mostró que la prevalencia del maltrato a personas mayores era del 12,9%. Además, concluyó que el maltrato a las mujeres era más frecuente, que aumentaba conforme se incrementaba la edad y que ocurría en mayor proporción en personas de estratos socioeconómicos bajos y de zonas rurales (MINSALUD/COLCIENCIAS, 2016).

• Ecuador

  En el Ecuador, la Encuesta de Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE) 2009-2010 mostró una prevalencia de la negligencia y el abandono del 14,9% en personas mayores. Además de esto, el 14% de las personas manifestaron haber sido insultadas, siendo mayor el porcentaje entre las mujeres (15,8%). El 7,2% de las personas mayores indicaron haber sido amenazadas con causarle daño, siendo mayor la cifra en las mujeres (7,3%).

• México

  México fue el primer país de América Latina en realizar una encuesta nacional representativa sobre maltrato, en 2006. Los resultados mostraron una prevalencia del maltrato del 16,2%, siendo mayor en las mujeres (18,4%) que en los hombres (12,6%) (Giraldo, 2006). Posteriormente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) llevó a cabo la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) en 2011, y los resultados mostraron una prevalencia del maltrato del 12,5%. El maltrato más prevalente fue el psicológico (9,4%), seguido del económico (4,9%) (INEGI, 2011). En 2016 los resultados mostraron un incremento del maltrato, con una prevalencia del 17,3%.

Maltrato en Entornos Institucionales

En cuanto al maltrato en entornos institucionales, la información es más escasa. La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que las cifras estimadas son de un 33,4% para el maltrato psicológico, un 14,1% para el físico, 13,8% el económico, el 11,6% la negligencia y el 1,9% el maltrato sexual (OMS, 2018). En Chile, en 2018 el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) llevó a cabo un estudio sobre condiciones de vida de personas mayores en 11 establecimientos de larga estadía a lo largo del país, alcanzando un total de 465 encuestas efectivas.

Respuestas y Estrategias contra el Maltrato a Personas Mayores en América Latina

Ante esta problemática, ¿cómo se está enfrentando este problema en América Latina?

Marco Normativo Internacional y Regional

La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General el 10 de diciembre de 1948, establece los derechos fundamentales y la prohibición de discriminación por cualquier motivo. A partir de esta Declaración, se han promulgado normas internacionales y nacionales que buscan el desarrollo de las libertades en la vejez y la protección de los derechos humanos de las personas mayores (Naciones Unidas, 1948).

En este sentido, en 2015 se promulgó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (OEA, 2015), en la que se abordan los asuntos de la vejez y el envejecimiento desde una perspectiva de derechos humanos, reafirmando la obligación de eliminar todas las formas de discriminación, en particular la que se presenta en razón de la edad.

Legislación y Políticas Nacionales

A nivel nacional, los países de la región se han esforzado por elaborar políticas y programas encaminados a la protección de las personas mayores:

• Costa Rica: El tema del maltrato en la vejez ha cobrado relevancia en la agenda política a partir de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor (Ley núm. 7.935 de 1999), que incluye entre sus objetivos garantizar igualdad de oportunidades, vida digna, protección y seguridad social. En 2006 se promulgó el decreto ejecutivo núm. 33.158, que declara el 15 de junio como Día Nacional contra el Abuso, Maltrato, Marginación y Negligencia. Costa Rica cuenta además con el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), órgano rector en la materia, y la Unidad de Gestión Social, que recibe denuncias y brinda orientación.
• Bolivia: Los esfuerzos se concretan a partir de la Constitución Política del Estado de 2009, que reconoce por primera vez los derechos, garantías y beneficios de las personas adultas mayores. En el mismo año, por medio del decreto supremo núm. 0264 se declaró el 26 de agosto Día de la Dignidad de las Personas Adultas Mayores. Además, en 2013 se promulgó la Ley núm. 369, Ley General de las Personas Adultas Mayores, y se creó el Consejo de Coordinación Sectorial Por una Vejez Digna. En 2016, se ratificó la Convención Interamericana.
• Chile: La Ley núm. 20.427 de 2010 modificó la Ley núm. 20.066 de 2005 de Violencia Intrafamiliar e incorporó el maltrato de personas mayores en la legislación nacional. El Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) del Ministerio de Desarrollo Social dirige el Programa contra la Violencia y el Abuso al Adulto Mayor (MDS/SENAMA, 2019).
• Colombia: El artículo 46 de la Constitución Política Nacional ampara los derechos de las personas mayores y promueve su protección. Además, la Ley núm. 1.251 de 2008 dicta las normas para la protección, promoción y defensa de los derechos de las personas mayores.
• Perú: Los esfuerzos se concretan a partir de la Ley núm. 28.803 de 2006, que incluye en su artículo 8 la creación de Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM) para el bienestar y promoción social de las personas mayores, con objetivos como organizar talleres de autoestima y prevención del maltrato. En 2016 se promulgó la Ley núm. 30.490, que enuncia como principio la promoción y protección de los derechos de las personas mayores.
• Ecuador: La Constitución de la República del Ecuador de 2008, en su capítulo tercero sobre derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, sección primera sobre personas mayores, establece que estas recibirán protección contra la violencia.
• Brasil: Desde 2003 cuenta con la Ley núm. 10.741 Estatuto do Idoso, que regula los derechos especiales de las personas mayores de 60 años y establece derechos fundamentales y de ciudadanía, así como de asistencia judicial.
• El Salvador: Su Ley contra la Violencia Intrafamiliar (decreto núm. 902 de 1996) establece los mecanismos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia y enuncia de forma específica la protección especial a personas mayores.

Iniciativas y Programas Específicos

A continuación, se presentan algunos ejemplos de iniciativas relacionadas con la visibilización, prevención y manejo del maltrato a personas mayores en la región:

• Argentina: Programa de Prevención de la Discriminación, el Abuso y el Maltrato hacia los Adultos Mayores

  El Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Argentina impulsó este programa (Ministerio de Desarrollo Social, 2010), el cual comprende cuatro componentes: capacitación profesional, asesoramiento legal y psicológico, difusión de derechos y sensibilización a la comunidad. Se puso en práctica en 22 provincias entre 2006 y 2009. Los principales resultados de la estrategia fueron un mayor conocimiento de los derechos de las personas mayores y un aumento en el número de herramientas para detectar esas situaciones.

• Chile: Programa de Prevención del Síndrome de Burnout en Personal de Cuidado Directo del Residente

  El Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) elaboró este programa en el Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) “El Copihue” (SENAMA, 2016). Parte de un enfoque de derechos y busca garantizar el respeto a la dignidad de las personas mayores, evitando situaciones de maltrato por medio de la prevención del síndrome de desgaste profesional en los cuidadores, a fin de favorecer la calidad de la atención que reciben las personas mayores. El programa tiene dos objetivos generales: la prevención de la incidencia de maltrato y discriminación hacia el adulto mayor en el ELEAM, y la generación de espacios que faciliten el bienestar biopsicosocial del adulto mayor. La población objetivo está constituida por todas las personas mayores y cuidadores del ELEAM "El Copihue".

  Esta estrategia aborda cuatro ámbitos principales: el bienestar psicológico, físico, interpersonal y la inclusión social del adulto mayor. Las actividades incluyen evaluación psicosocial de los cuidadores con el cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI), verificación del síndrome de desgaste profesional en casos de estrés elevado, y organización de talleres de trabajo. Se realiza una constante retroalimentación por parte de los residentes, y se incluye la participación de la comunidad y la familia. El programa ha permitido la obtención de resultados medibles y comparables en el tiempo y ha sido evaluado positivamente por personas mayores y cuidadores, quienes han expresado gratitud por la atención a su salud mental y física, lo que ha facilitado cambios en la estructura de funcionamiento para una atención de calidad.

• Chile: Red de Prevención y Atención del Maltrato a las Personas Mayores

  En Chile, existe un programa que se puso en marcha en 2012 y se lleva a cabo gracias a la coordinación interinstitucional a través de la Red de Prevención y Atención del Maltrato a las Personas Mayores. Este programa brinda atención integral y patrocinio legal en casos de maltrato. Sus estrategias de ejecución se dividen en dos componentes: el primero consiste en generar y difundir conocimientos sobre maltrato a las personas mayores por medio de actividades de educación, capacitación, visibilización y sensibilización. El segundo componente se enfoca en la atención integral social y jurídica especializada a las personas mayores víctimas de maltrato, trabajando en conjunto con organismos que atienden casos de maltrato. Por medio de la Red, las personas mayores reciben atención social y jurídica y se pone en práctica una estrategia de prevención, detección y atención del maltrato.

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