El Servicio Nacional de Menores (Sename) de Chile ha sido objeto de escrutinio constante debido a las graves falencias en la protección y registro de los niños, niñas y adolescentes bajo su tutela. La gestión de la información sobre los menores atendidos, tanto en centros de administración directa como en residencias de organismos colaboradores, es un pilar fundamental para garantizar sus derechos, pero ha presentado serios problemas que han derivado en tragedias y en una crisis institucional. Estos documentos contienen información relevante de todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo el sistema. En este contexto, iniciativas como la "Primera Consulta Nacional a niños, niñas y adolescentes de Centros residenciales: ‘Mi derecho a ser escuchado’" buscan precisamente otorgar voz y visibilidad a los menores.
Casos Emblemáticos que Revelan Falencias en el Registro y la Atención
La incapacidad del Estado para cuantificar y proteger adecuadamente a los menores ha quedado en evidencia a través de muchos casos terribles conocidos en los últimos años. Esta situación se ilustra por todo lo que le ha costado al Sename y a los tribunales saber cuántos niños están bajo protección actualmente y cuántos han muerto.
El Caso de Yancarla Muñoz Díaz
El miércoles pasado, Canal 13 informó que el fiscal Marcos Emilfork, a cargo de investigar las muertes ocurridas en centros del Sename en la última década, había abierto una nueva línea indagatoria. El fiscal aceptó un caso que no figuraba en la lista oficial de decesos entregada por el Sename: el de Yancarla Muñoz Díaz, fallecida a los 16 años el 30 de junio de 2012, ocho días después de dejar el Centro de Diagnóstico y Tránsito de Pudahuel.
Se argumentaba en la nota de Canal 13 que, pese a no haber muerto dentro del Sename, la revisión de su historial mostraba que la mala experiencia vivida por ella en esa institución se vinculaba con su muerte. En efecto, los antecedentes públicos disponibles que se detallan más abajo muestran que desde los 11 a los 16 años Yancarla deambuló en el Sename, de centro en centro, sin recibir jamás atención adecuada.
La historia de Yancarla fue difundida por primera vez por CIPER en 2010 (identificada solo con la inicial G) cuando la niña aún estaba viva. En esos momentos, sus necesidades de tratamiento (le hicieron tres trasplantes del hígado y padecía una profunda depresión) ya habían desbordado las posibilidades de atención del Sename. La nota describía: “G. ha ingerido hasta veneno para ratas. También se ha cortado las venas. Y cada vez que puede huye de los hogares donde ha sido internada. Ya en la calle, tiene sexo con desconocidos y se droga. La jueza que ha seguido su historia desde que llegó al tribunal a sus 11 años, dice que G. tiene los ojos más tristes que haya visto en una niña. A esa magistrada, G. le comentó: ‘Yo no voy a llegar a los 18, me voy a morir antes’.”
Sobre la falta de atención adecuada para Yancarla, el reportaje consignaba: “La jueza y todos los especialistas por los que ha pasado en estos años G., saben que lo que ella requiere, y con urgencia, es un centro psiquiátrico donde pueda, además de curar su depresión, recibir atención para su hígado. Pero algo así no existe en el sistema público. G. fue derivada al hospital siquiátrico, pero los profesionales de ese centro han dicho una y otra vez que no tienen un programa adecuado para niños.”
La parte final de esta historia fue publicada en otro reportaje de CIPER en 2013, casi un año después de la muerte de Yancarla. Allí se constató que la falta de acceso a tratamiento adecuado continuó hasta el final de sus días: “Las juezas debían ‘mendigar’ un cupo en hogares que, a medida que ella caía más hondo, eran más incapaces de contenerla (…) Yancarla pasó por una veintena de magistrados, los cuales dictaron un sinfín de medidas sin llegar a nada concreto.” El reportaje daba cuenta también que esta historia fue puesta en conocimiento del entonces ministro de Justicia, Felipe Bulnes, junto con otra veintena de casos de niños en muy malas condiciones cuyas necesidades excedían los recursos con que contaban las instituciones a las que iban a parar. Bulnes se interesó en el problema y generó reuniones. La nota describía: “A medida que pasaban los años Yancarla se volvía mas incontrolable, algunos operadores opinaban que solo cuando muriera, el sistema reaccionaría y cambiaría en algo.” Yancarla murió el 30 de junio de 2012, en Purén, a los 16 años. Y por supuesto, nunca vio ni un solo cambio en su situación.
El Caso de Benjamín Morales
El mismo miércoles que el caso de Yancarla salió a la luz, el ex director del Sename, Francisco Estrada, entregó al fiscal otro caso que tampoco figuraba entre los que este estaba investigando. Se trata del niño Benjamín Morales, de tres años, quien murió el 20 de julio del 2009, tres días después de que su madre lo golpeara hasta fracturarle el cráneo.
La muerte de Benjamín se vincula a los problemas de la red Sename, pues fue una institución dependiente de esta entidad pública la que estimó que Benjamín, que había sido separado de su familia por malos tratos, podía volver con su madre. El crimen de Benjamín Morales fue reporteado por CIPER en 2010. Tenía 3 años y la mayor parte de ellos los pasó en el Sename. Fue una institución colaboradora de ese servicio la que avaló, con un informe, que el pequeño regresara a casa. Había sido abusado por la pareja de su abuela y abandonado en el Sename junto a sus hermanos por su madre. Su padre estaba preso por robo. En 2008 el padre recuperó la libertad y junto a la madre comenzaron a visitar a sus hijos que estaban internados en la Fundación Koinomadelfia. La institución a cargo de ese proceso fue la Corporación Chasqui. Y el resultado lo registra un informe de Koinomadelfia entregado al tribunal: “Chasqui trabajó en especial con la madre a fin de potenciar las habilidades maternales necesarias para revertir la causa de ingreso de los niños”.
Lo que ninguna de las dos instituciones detectó fue la violencia a la que era sometido Benjamín. Una agresión tan extrema que la doctora que lo recibió en el servicio de urgencia lo graficó así: “Es como si al niño le hubiera pasado un camión por encima. Tenía muchas lesiones internas, atribuibles a ese momento.” En esta muerte, una gran responsabilidad cabe a los profesionales de Chasqui, los que según los informes, visitaban a la familia y debían enseñarle a Andrea “habilidades parentales”.
En ese momento, Estrada explicó a CIPER que la investigación que se hizo en el Sename dejó en evidencia “que la persona encargada de evaluar y trabajar con la familia de Benjamín, no tenía los conocimientos necesarios. Por ejemplo, hablaba de ‘apego’ sin saber qué era eso ni cómo se fortalecía.” La minuta del caso, facilitada por Estrada a CIPER y elaborada a partir del análisis que se hizo en el servicio tras conocerse el homicidio de Benjamín, consignó los errores más graves que permitieron la muerte del niño. Entre ellos se destaca que ninguna de las instituciones que participó estudió rigurosamente las causales iniciales de ingreso del menor (maltrato, negligencia y abuso sexual) para saber si los hechos ocurrieron, quién los cometió y qué tipo de tratamiento necesitaba Benjamín; tampoco se examinó detenidamente la historia de vida de la madre, por qué abandonó a sus hijos y qué la llevó a recuperarlos. Y más grave aún, la minuta señala que “no queda claro quién sugirió al tribunal el egreso del niño con la familia y menos la profundidad técnica con que se tomó la decisión.” La minuta consigna también la participación en esta tragedia de otra institución, la Corporación Opción.
Incertidumbre en las Cifras Oficiales de Fallecidos
La aparición de estos dos casos, Yancarla Muñoz Díaz y Benjamín Morales, abre un espacio de incertidumbre respecto de las cifras de casos fatales informadas por el Sename, pues si bien estas muertes no ocurrieron físicamente en recintos de la institución, puede argumentarse que ocurrieron debido a malas decisiones o malos tratamientos brindados por el organismo o entidades de su dependencia.
La información oficial del Sename, luego de un par de enmiendas, es que en los últimos 11 años han muerto 1.313 personas, cifra que incluye adultos (los cuales son atendidos, por ejemplo, en el Pequeño Cottolengo) y jóvenes en programas ambulatorios (un grupo bastante amplio, donde se incluyen menores que pueden haber muerto en un accidente de tránsito). Yancarla, confirmó a CIPER el propio Sename, no está entre los 1.313 muertos, pues figura como egresada del sistema y el requerimiento de la investigación de la Fiscalía era la cifra de menores que al momento de fallecer estaban en centros de atención, justicia juvenil o programas ambulatorios. Por el mismo motivo, según explicó Francisco Estrada, Benjamín tampoco aparece en esa lista.
Sin embargo, la jefa de Comunicaciones del Sename, Ariella Olivares, envió una nota a CIPER en la que, a diferencia de lo expuesto por Estrada, aseguró que Benjamín sí estaba en la nómina: «Aunque él no estaba en un centro (residencial), si estaba en un programa ambulatorio, por lo tanto está incluido en el informe entregado al Ministerio Público. El egreso de un niño de una residencia o de un programa ambulatorio siempre es decisión de un tribunal de Familia y no es atribución de Sename ni de sus organismos colaboradores».
Fallas Estructurales y de Fiscalización en el Sename
Las revelaciones de estos casos se suman a una serie de problemas estructurales que afectan al Sename y a la red de organismos colaboradores (OCAS). La situación de Lissette Villa, quien tuvo su última crisis el 11 de abril de 2016 en el hogar Galvarino y falleció debido a la inadecuada intervención de sus cuidadoras sin capacitación, es otro trágico ejemplo de estas falencias.
Reducción de Presupuesto para Capacitación y sus Consecuencias
El miércoles 21 de junio, un año y dos meses después de esa noche, la comisión del Sename II de la Cámara de Diputados aprobó el informe que investigó la respuesta del Estado a las recomendaciones hechas por la primera comisión, en 2014. Las conclusiones de los parlamentarios son poco alentadoras precisamente en dos puntos clave para que no vuelva a ocurrir lo que pasó con Lissette y para asegurar el bienestar de los menores. El primero es una drástica baja en el presupuesto que el Sename ha destinado a capacitación y formación, justamente lo que le faltó a Conne Fritz y Thiare Oyarce, las cuidadoras de Lissette.
Aunque el informe final aún no se ha hecho público, CIPER tuvo acceso a su borrador. Si bien el documento definitivo puede sufrir cambios, en este informe preliminar los parlamentarios indicaron que el presupuesto destinado a la capacitación y perfeccionamiento de los funcionarios ha disminuido en un 399%. Christopher Simpson, dirigente de la Asociación Regional Metropolitana de Trabajadores del Sename y educador de trato directo (ETD) en el Centro Metropolitano Norte del Sename, en Til Til, trabaja con menores infractores de ley. Cada noche, Simpson teme que alguno de los jóvenes necesite atención especializada por una crisis de salud, una descompensación o una agresión. Lo teme porque no sabría qué hacer. En los casi cinco años que lleva en el servicio, ha recibido solo una capacitación, el año pasado. Según cuenta, ese curso fue insuficiente. “No sé si disminuir los recursos en capacitación va a hacer que la situación sea mucho peor de lo que ya es. La falta de capacitaciones atenta contra nuestra formación y desarrollo profesional”, señaló.
El director del Hogar Aldea Mis Amigos (Peñaflor), Luis Ortúzar, indicó a CIPER que en su centro no han recibido una capacitación desde la administración central en -por lo menos- los últimos cinco años. Esto, dijo, “afecta directamente las competencias de los educadores y las organizaciones tenemos que hacer capacitaciones internas, lo que nos quita tiempo de trabajo con los niños. Esto es especialmente preocupante porque hay temas, como la inclusión, que son muy relevantes. Si llega un chico o una chica trans, ¿qué hacemos?”
Deficiencias en la Fiscalización de Organismos Colaboradores
Otro dato ensombrece aún más el panorama: según la información entregada por el Sename a la comisión, hay 338 proyectos privados financiados por el Estado para el cuidado e intervención de los menores, cuyas cuentas no han sido revisadas por la administración central en los últimos tres años. Para poder cuantificar el volumen de los dineros que se deben fiscalizar, el Sename destinó en su presupuesto de 2017 $146 mil millones para 1.204 programas de atención a menores prestada por privados.
El diputado Ramón Farías afirma que la falta de capacitación y perfeccionamiento para los funcionarios del Sename incide directamente en otro punto crítico: la fiscalización. Consultado por CIPER, Farías explicó que al no existir presupuesto suficiente para el Sename, las fiscalizaciones disminuyen. Farías indicó además que la forma de fiscalizar, a su juicio, deja mucho que desear: “La fiscalización debe ampliarse, porque hoy lo único que hacen es ir y revisar en el lugar con un checklist. ¿Cuántos niños hay?, ¿cuántos extintores?, ¿cuántos camarotes?”
Todos los entrevistados por CIPER coinciden en que la fiscalización técnica y financiera de las instituciones privadas que colaboran con el Sename (OCAS) es, por lo menos, insuficiente. El dato de que 751 programas fueron examinados entre dos y ninguna vez en los últimos tres años puede empeorar. Esto, por la eliminación del Programa de Fiscalización a Centros de Menores en el presupuesto para este año, según los datos contenidos en el borrador del informe de la segunda comisión investigadora al que accedió CIPER.
Un funcionario que trabaja en el área de licitaciones de la administración central del Sename, y que pidió la reserva de su nombre, explicó por qué este gigantesco monto destinado a la atención y protección de los niños permanece sin ejecutar. Por ejemplo, dijo, los OCAS “guardan” esos fondos por si se cierra el programa y se ven obligados a pagar finiquitos. Pero eso, dice, rara vez pasa, por lo que los recursos sencillamente se desaprovechan. “El inspector puede decir ‘esto funciona muy mal’ o ‘este programa no rinde’ y, en último caso, solicitar el reintegro de los fondos.”
“Hemos planteado que el 70% de los fondos va para los colaboradores y el 30% a los centros que administra directamente el Sename. Si van a fiscalizar menos a las organizaciones que se llevan el pedazo más grande, nos parece crítico.” Simpson cuenta que las inspecciones de los fiscalizadores son, por decir lo menos, someras: el registro sobre la situación de los niños es principalmente cuantitativo (“va al colegio”, “no va al colegio”). Esto, dice, hace difícil establecer si realmente hay avances en la intervención. Con las inspecciones financieras, sostiene, el panorama es más gris: “Básicamente, revisan las boletas, ven que cuadren, pero no se sientan con calculadora a revisar una por una, sino que solo calce.”
El psicólogo Matías Marchant cree que la forma en que se hace la supervisión de los recursos profundiza las deficiencias del sistema: “Ayuda más a ocultar las falencias que a encontrarlas.”
- La Ley 20.032 establece los mecanismos para subvencionar ciertos gastos asociados a la intervención. Se licita por un monto máximo y luego se debe dar cuenta de los gastos. Pero en el convenio no se especifica la “glosa”, que en la administración pública es una planilla que establece cuánto vas a gastar de tu presupuesto en un determinado ítem. La supervisión financiera del servicio, históricamente, nunca ha tenido control sobre eso.
- “Eso significa que si licitaste un programa que va a atender teóricamente a cien niños, pero en la práctica atendiste solo a 20, igual te pagan por los cien.”
Luis Ortúzar, director de un hogar en Peñaflor, defiende el rol de los OCAS. Explica que, en el caso de su institución, con la subvención que reciben -$180 mil mensuales por niño, para 90 menores- es poco lo que pueden hacer, en especial si quieren garantizar un buen cuidado. Su hogar tiene 35 funcionarios, entre los que se cuentan educadores de trato directo, un siquiatra, un nutricionista, tres asistentes sociales y dos sicólogos: “No puedo embargar los sueldos de mis funcionarios. Necesito mantener a mi equipo, que sea estable, porque eso es fundamental para el cuidado de los chicos.”
Condiciones Laborales y Profesionales
Matías Marchant, psicólogo y director de la Corporación Centro de Salud Mental Casa del Cerro, ha concentrado su trabajo principalmente en la infancia vulnerada. Consultado por CIPER, fue enfático en decir que el problema es más profundo aún. Agregó que los sueldos “hacen que las personas que trabajan en este sistema sigan siendo pobres a pesar de trabajar. Los sistemas de turnos son irracionales y terminan reventando literalmente a las educadoras.” Según datos entregados por el Sename a CIPER, a septiembre del año pasado había 1.275 educadores de trato directo (ETD) contratados para trabajar en centros del servicio en todo el país.
Un Llamado Urgente a la Reforma
El foco del debate público sobre las conclusiones de la segunda comisión investigadora ha estado puesto sobre las responsabilidades políticas que le cabrían a la ex ministra de Justicia, Javiera Blanco; a los ex directores del servicio, Marcela Labraña y Hugo Herrera; y a la actual jefa del Sename, Solange Huerta. Y si bien es importante establecer las responsabilidades políticas, funcionarios y colaboradores de la institución indicaron a CIPER que el verdadero problema no está ahí, sino en cómo el Sename fija sus prioridades para el destino de sus dineros. Los testimonios recogidos por CIPER indican que las capacitaciones que se hacen, además de ser muy escasas, poco aportan al trabajo real que desarrollan los funcionarios en contacto con menores. Y las fiscalizaciones son laxas.
La jueza de familia Mónica Jeldres dirigió una comisión que investigó el estado en que viven los niños en los hogares, cuyo informe, en 2012, fue la primera gran alerta sobre los graves abusos que sufrían los menores (vea el reportaje de CIPER “Niños protegidos por el Estado: los estremecedores informes que el Poder Judicial mantiene ocultos”). “Es sabido y así ha sido advertido por la Contraloría al Ministerio de Justicia y Sename de una serie de falencias institucionales, de infraestructura, de supervisión, administración financiera, entre otras, sin que haya existido una respuesta inmediata para dar solución ni establecer responsables.” Si todo lo anterior no fuera suficiente, continúan las denuncias por violaciones, maltratos, abusos, explotación sexual.
CIPER solicitó entrevistas con autoridades del Sename para que explicaran por qué se redujeron los recursos para capacitaciones y a qué se debe la falta de fiscalización en los hogares y programas que atienden a los niños. Las cuidadoras Conne Fritz y Thiare Oyarce, implicadas en la muerte de Lissette Villa, no tenían la capacitación ni la experiencia adecuadas. “Ha pasado más de un año desde que Lissette murió y, siendo sincero, creo que ni en el hogar Galvarino, que es donde falleció, ni el Sename, que debía asegurarse de que ella estuviera bien, han tenido mejoras”, lamenta un entrevistado.