Las violaciones a los derechos de las niñas, niños y adolescentes por parte del Estado son una realidad que lamentablemente se hace eco en las noticias, y los casos de menores que intentan escapar de recintos colaboradores del Sename, donde su integridad física y psicoemocional corre un grave peligro, son una muestra de ello. Un preocupante suceso de estas características tuvo lugar durante un domingo en Rancagua, cuando nueve niños fueron encontrados en una plaza, descalzos y semidesnudos, evidenciando una situación de extrema vulnerabilidad.
Los menores fueron descubiertos alrededor de las 20:00 horas por Camila Constanza, una joven de Rancagua, quien junto a su madre, conmovida por el estado en que se encontraban los niños, decidió acogerlos en su hogar. "No podíamos dejarlos tirados, mi mamá me dijo que los lleváramos a la casa", relató Camila, evidenciando la urgencia y la compasión que motivaron su acción.
Los niños, cuyas edades oscilaban entre los 7 y 12 años, provenían del hogar Catalina Kentenich. Aseguraron haber escapado debido a agresiones sufridas en la residencia, vinculada al Sename. Además, manifestaron su temor a que, de llamar a Carabineros, fueran devueltos al mismo hogar, lo que subraya la profunda desconfianza generada por las condiciones que experimentaban.
Un Informe Lapidario y la Lenta Reacción del Estado
La situación de los menores bajo la tutela del Sename no es un problema reciente. En 2018, el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas emitió un contundente informe que señalaba que el Estado de Chile había violado grave y sistemáticamente los derechos garantizados en la Convención sobre los Derechos del Niño en perjuicio de los niños y niñas a cargo del Sename por más de 30 años. Fue solo en 2016, tras la brutal muerte de Lisette en el centro Cread Galvarino en Estación Central, que la atención pública se volcó hacia la protección de la infancia. Sin embargo, las reformas estructurales y la ayuda por parte de los gobiernos de turno a la institución han sido insuficientes.
Las fugas de centros de protección del Servicio Nacional de Menores (Sename) son una situación recurrente. Ya sea escalando muros o saltando desde el techo, los niños, niñas y adolescentes (NNA) abandonan estos centros, sean estos colaboradores o de administración directa. De acuerdo a cifras del Sename, entre 2010 y 2019 se registraron 4.360 abandonos desde las residencias de protección a lo largo del país.
Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, califica esta cifra como preocupante y explica que "son los abusos, vulneraciones y malos tratos los que motivan la fuga". Añade que existe una "relación directa entre las fugas y las residencias con más denuncias". Sánchez critica la "actuar negligente en evitar la fuga y procurar la búsqueda", señalando que miles de órdenes de búsqueda no son procesadas a tiempo por las policías, perdiendo su sentido. Enfatiza la necesidad de asignar prioridad a la búsqueda de estos menores, quienes se encuentran en una situación de extrema exposición a peligros.
Por su parte, la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, detalla que entre las funciones de su institución se encuentra la visita a los centros para evaluar la situación de los menores y solicitar la intervención del Sename o la Subsecretaría de la Niñez cuando sea necesario. Sin embargo, lamenta que muchas de las recomendaciones realizadas no son atendidas por dichos organismos, los cuales en ocasiones ni siquiera responden a los requerimientos. Esto, según Muñoz, constituye una "evidente omisión" y una "manifiesta desatención del deber de asegurar la atención y protección debida". Concluye que los NNA "siguen expuestos a la concepción de un Estado incapaz de responder eficiente y oportunamente a la garantización de sus derechos y que sigue actuando desde una mirada paternalista y asistencialista, sin comprenderlos como sujetos de derecho y no como meros objetos de techo y comida en dichos recintos".
Las Cifras de los "Egresos No Autorizados"
Las "salidas no autorizadas y sin regreso a pernoctar de los niños, niñas o adolescentes", definidas así por el propio Sename, han mostrado una pronunciada baja en la última década. La cifra más alta se registró en 2010, con 889 casos, lo que equivalía a un promedio de 74 salidas al mes, o lo que es lo mismo, dos abandonos diarios. Este dato disminuyó a lo largo de los años, alcanzando su mínimo en 2019 con 54 abandonos.
El Sename atribuye esta baja a un cambio en la metodología empleada para el catastro. Detallan que mientras en los primeros años de la década se registraba como abandono cualquier salida, para 2019 se aplicaron ciertos requisitos en todas las residencias del país, unificando criterios y estableciendo procedimientos mínimos de búsqueda.
Los protocolos actuales establecen, como mínimo, la presentación de una denuncia por presunta desgracia al tomar conocimiento de la ausencia, así como informar al tribunal de Familia correspondiente a más tardar el día hábil siguiente para activar una orden de búsqueda. También se incluye informar a familiares o adultos significativos, y comunicarse con amigos y el colegio. Si el menor es ubicado o regresa por su voluntad, se informa al tribunal. Si tras 60 días no se logra ubicar al menor para su reingreso, se solicita al tribunal declarar el egreso.
No obstante, Marcelo Sánchez se muestra más crítico, argumentando que la disminución tiene relación con el menor número de niños en residencias durante la última década y un posible subregistro de casos no reportados. Sostiene que "los niños se fugan por malos tratos y graves abusos y son los más vulnerables a los riesgos de la calle".
Los Peligros y la Intervención Insuficiente
Los tiempos que los NNA pasan fuera de las residencias varían considerablemente. Si bien algunos regresan tras unas horas, otros simplemente no vuelven. Una vez en el exterior, los menores se exponen a ser víctimas de delitos como abusos sexuales. Se estima que más de 4.000 niños a nivel nacional son víctimas de explotación sexual comercial infantil, además de estar expuestos al reclutamiento delictivo, consumo y tráfico de drogas, la desescolarización, la violencia y la muerte. La mayoría de los que son encontrados presentan lesiones y un porcentaje relevante ha sufrido abuso sexual.
Los abandonos, además de perjudicar el programa de protección que los menores deberían seguir, evidencian la falta de respuesta a las necesidades particulares de cada caso. Muchos requieren atención especializada en salud mental que no reciben, y otros no cuentan con espacios protectores como la escuela. El Estado, en su conjunto, les falla antes del abandono, y la fuga y la falta de búsqueda son la manifestación más clara de esta falla.
World Vision y su análisis sobre la crisis del Sename
Patricia Muñoz profundiza en la situación de muchos menores que, tras abandonar las residencias por maltrato o descuido, terminan en situación de calle.
El Caso de Lissette Villa y la Crisis Revelada
La muerte de Lissette Villa, una niña de 11 años en un hogar de menores regentado por el Estado, destapó la profunda crisis en estos centros en Chile. Según datos oficiales, entre 2005 y 2016, se estima que fallecieron 865 niños y adolescentes atendidos por el servicio de asistencia infantil. Lissette murió el 11 de abril de 2016 de un paro cardiorrespiratorio en circunstancias aún bajo investigación.
A solo dos semanas de cumplir 12 años, Lissette vivía en un hogar de menores desde 2014. Estaba a punto de ser trasladada a otro centro conocido por los niños como uno de los más duros de la red del Servicio Nacional de Menores chileno (Sename). Lissette nunca alcanzó a conocer ese hogar, pues falleció de un paro cardiorrespiratorio. Aunque un informe de la Policía de Investigaciones indica que "el actuar imprudente e inobservante de sus cuidadoras le provocó un cuadro de asfixia" y la autopsia señala "lesiones faciales", la investigación de las circunstancias de su muerte aún estaba en curso.
La historia de Lissette, marcada por la pobreza, la precariedad y la violencia, obligó a la sociedad chilena a interesarse por la situación de los cerca de 100.000 niños más vulnerables del país que anualmente llegan al Sename en busca de protección y ayuda psiquiátrica. Los datos que surgieron tras su muerte fueron demoledores: en octubre de 2016, Solange Huerta, directora del Sename, reveló que entre 2005 y 2016 murieron 865 niños y adolescentes atendidos por el servicio. De esta cifra, 210 menores vivían en recintos de protección porque sus padres o familiares no podían cuidarlos, siendo que más de la mitad presentaba alguna discapacidad y cerca de un tercio tenía menos de seis años.
Sebastián Lafaurie, abogado de la madre de Lissette Villa, señala que "el caso de Lissette ha ayudado a abrir la caja de pandora. A través de su muerte se logró una investigación del Ministerio Público a todos los centros del país, y se han podido descubrir las fallas y negligencias que tiene el sistema". Lamenta que "hay cientos de niños que murieron, pero no se denunciaban sus muertes. Quedaban ahí en el olvido, porque son niños que no le importan a nadie".
Incluso la entonces presidenta Michelle Bachelet reconoció que estos niños eran "invisibles" y anunció medidas para mejorar la situación. Chile, si bien ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño y ha desarrollado políticas importantes en materia de infancia, ha olvidado a los niños más desfavorecidos: aquellos que han sido víctimas de vulneración de derechos y están al cuidado del Estado. La falta de recursos y la marginalidad de sus familias impiden que estos niños accedan a todos los beneficios de salud, educación y apoyo a la crianza que la ley les otorga.
Historias Estremecedoras y Fallas Sistémicas
Las consecuencias de este sistema fallido son trágicas. Se han publicado historias como la de Jean Alejandro, quien murió al año de vida por neumonía aguda debido a la negligencia de sus cuidadores. También la de un grupo de adolescentes que prefieren vivir en un eriazo insalubre del centro de Santiago antes que volver a los hogares del Sename. Existen denuncias de golpizas, abusos sexuales, violaciones y prostitución dentro de los centros, y entre los fallecidos, varios se suicidaron.
María José Ortúzar, psicóloga y mediadora familiar, habla de una "muerte real" de estos niños y una "muerte simbólica en la invisibilización de ellos". Señala que el sistema de protección de menores ha fracasado debido a la insuficiencia de recursos, la falta de psiquiatras en los hogares, la escasez de cuidadores capacitados y las bajas remuneraciones. Critica que, en lugar de reparar el daño, el Sename "los vuelve a vulnerar".
El caso de Lissette Villa ilustra a la perfección esta problemática. Víctima de abuso sexual y maltrato recurrente por parte de su padre, llegó al Sename a los cinco años. Su salud mental y física era tan delicada que requería tratamiento farmacológico y atención constante. El diagnóstico clínico incluía trastorno de estrés postraumático complejo, trastorno del desarrollo de la personalidad y retardo mental leve. Su abogado, Sebastián Lafaurie, afirma que "Lissette en las condiciones en que estaba era una bomba de tiempo", y que su muerte fue gatillada por el "mal manejo de las cuidadoras, el hecho que no le prestaron los auxilios adecuados y la violencia con la que la trataron".
Los expertos coinciden en la necesidad de políticas de prevención del delito, de violencia y maltrato, y de programas de fortalecimiento familiar. Se requiere que los hogares sean pequeños, de alto estándar, con profesionales capacitados y que el objetivo final sea que los niños vuelvan con sus familias de origen, entregándoles herramientas y acompañamiento, en lugar de separarlos por pobreza. La falta de psiquiatras infantojuveniles y la limitada formación de quienes toman decisiones en el sistema son obstáculos significativos.
Caos Estadístico y la Urgencia de una Solución
Existe un "caos estadístico" respecto al número de menores vulnerables fallecidos bajo la tutela del Estado. Diversos informes presentan cifras dispares, lo que dificulta tener una visión clara de la magnitud del problema. El diputado René Saffirio, miembro de la comisión investigadora del Sename, ha denunciado la falta de cumplimiento de las medidas urgentes propuestas y la falta de transparencia en la entrega de información.
La BBC Mundo analizó anuarios oficiales del Sename, arrojando cifras significativamente más altas que las reportadas por el Ministerio de Justicia. La falta de un criterio unificado para el registro de fallecimientos y la posible duplicación de información contribuyen a esta confusión. Francisco Estrada, abogado experto en infancia y exdirector del Sename, advierte sobre la "poca prolijidad" en la manipulación de medicamentos y la falta de personal especializado en la administración de fármacos y en la contención de menores.
El informe de la PDI de 2017, que investigó 240 hogares de menores, constató 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual, en el 100% de los centros administrados directamente por el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares. A pesar de la gravedad de estos hallazgos, el informe no fue hecho público de manera oportuna, lo que genera serias dudas sobre la transparencia y la acción de las autoridades.
La investigación policial detalló la alarmante prevalencia de maltrato entre pares y por parte de adultos, así como abusos sexuales. Se constató que en al menos 88 residencias se denunciaron menos abusos de los que efectivamente se habían producido. El informe es categórico: "Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros".
Además, se evidenció el incumplimiento de protocolos mínimos exigidos por el Sename en un alto porcentaje de los centros, incluyendo la falta de protocolos ante conductas suicidas, sujeción y contención física, y acciones ante el fallecimiento de un menor. La fiscalización periódica por parte del Sename y los tribunales de familia también ha sido deficiente.
La alta prevalencia de enfermedades psiquiátricas, médicas y crónicas entre los residentes, sumada a la falta de encargados de salud con perfil adecuado y la deficiente administración de medicamentos, agrava la situación. La mayoría de los centros carece de las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfiles clínicos complejos.
La Comisión de Verdad y Niñez, creada tras la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, busca identificar casos de violaciones a los derechos humanos en centros del Sename desde 1979. Sin embargo, su labor podría verse afectada por recortes fiscales. La Comisión nació a raíz de la muerte de diez adolescentes en el centro "Tiempo de Crecer" en 2007 y una serie de infracciones a los derechos humanos en cuatro recintos. El Estado chileno fue declarado responsable por la vulneración sistemática de derechos fundamentales.
El Sename dejó de existir oficialmente en octubre de 2021, siendo reemplazado por el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez) y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Sin embargo, las problemáticas subyacentes de protección y vulneración de derechos persisten, evidenciando la urgencia de reformas profundas y efectivas para garantizar la seguridad y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes en Chile.