La protección de las personas con discapacidad en el marco legal y social es un tema de suma importancia, que abarca desde el trato digno y respetuoso hasta la garantía de derechos fundamentales como el acceso a una vivienda adecuada. En este contexto, la legislación y las normativas internacionales buscan establecer mecanismos para asegurar que las personas en situación de vulnerabilidad no sean despojadas de su hogar de manera arbitraria, y que se les brinde el apoyo necesario para mantener su seguridad y bienestar.
Marco Legal y Procedimientos Judiciales
En el marco de la ley, las personas con discapacidad deben ser tratadas con dignidad y respeto en todo momento. La legislación establece que, en los procedimientos judiciales derivados de la Ley 20.422, la vista de la causa podrá suspenderse solo una vez, a petición del demandante de primera instancia, sin importar el número de partes en el recurso. Si la solicitud proviene del demandado en primera instancia, esta solo procederá si la Corte de Apelaciones la considera fundada.
El Código Civil, reformado por la Ley 19.904, ha modificado las normas sobre capacidad para personas sordas y sordomudas, permitiendo que puedan darse a entender claramente sin necesidad de que sea por escrito. Adicionalmente, el D.F.L. (parcialmente derogado por la Ley 20.422) regula el derecho de toda persona con discapacidad a ser acompañada permanentemente por un perro guía o de asistencia en lugares de acceso público.
La normativa también contempla disposiciones sobre subvenciones estatales, educación, juicios de alimentos y diversas normas para personas con discapacidad intelectual, buscando ofrecer un espectro de apoyo integral.
Personas en Situación de Calle y el Derecho a la Vivienda
La problemática de las personas en situación de calle es una realidad apremiante en diversas ciudades, donde miles de individuos, incluyendo niños, enfrentan condiciones de vida extremadamente precarias. Muchas de estas personas sufren de enfermedades crónicas como diabetes, o infecciosas como VIH/Sida y tuberculosis, lo que agrava su vulnerabilidad, especialmente ante las inclemencias del tiempo.
Ante esta situación, programas como "Vivienda Primero" han surgido como una iniciativa pionera en Latinoamérica, beneficiando a cientos de personas en distintas regiones del país. Este programa busca ofrecer una solución habitacional como primer paso para la reintegración social de quienes se encuentran en situación de calle.
Desalojo: Definición y Marco Normativo
El término "desahucio" o "desalojo" se refiere a la acción legal de retirar a un inquilino o arrendatario de una propiedad. Si bien el desahucio express puede iniciarse en diversas circunstancias, su procedencia depende del tipo de propiedad. En el caso de viviendas, la expulsión de personas que residen en ellas puede ser un proceso complejo y regulado, a diferencia de desalojos de locales, trasteros o garajes donde no se afecta la vivienda principal.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Observación General Nº 7, define el desalojo forzoso como "el hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otro índole ni permitirles su acceso a ellos". Se subraya que la práctica del desalojo forzoso constituye una violación grave de derechos humanos, incluyendo el derecho a una vivienda adecuada.
Los desalojos que se efectúen de conformidad con los pactos internacionales sobre derechos humanos no están prohibidos, pero los Estados deben considerar los estándares y aplicarlos en cada procedimiento, especialmente frente a ocupaciones irregulares. Los desalojos solo deben proceder de manera excepcional.
El término "domicilio" se entiende como el lugar donde una persona reside o ejerce su ocupación habitual. El desalojo forzoso puede vulnerar derechos fundamentales como el derecho a la vida privada, a la propiedad, a un nivel de vida adecuado y a la igualdad de trato.
Distinción entre Desalojos de Propiedad Privada y Estatal
Es necesario distinguir entre los desalojos de terrenos o inmuebles privados y aquellos que pertenecen al Estado, ya que su tratamiento legal difiere. Para propiedades privadas, se pueden iniciar acciones judiciales como el juicio para hacer efectiva la hipoteca, recursos de protección, acciones reivindicatorias o posesorias, o acciones derivadas del contrato de arrendamiento. El "precario" establecido en el Código Civil es una de las acciones más utilizadas para solicitar desalojos en el ámbito judicial.
En el caso de terrenos del Estado, además de las acciones civiles, existe la vía administrativa. La Ley Nº 19.175 establece la competencia de la Delegación Presidencial Provincial para exigir administrativamente la restitución de bienes fiscales o de uso público indebidamente ocupados. Si el ocupante presenta un título aparente, los antecedentes se envían al Consejo de Defensa del Estado.
El Derecho a la Vivienda Adecuada: Estándares Internacionales
El derecho a la vivienda adecuada se entiende como la posibilidad de vivir con dignidad, paz y seguridad. La Observación General Nº 4 del Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de la ONU identifica siete estándares clave para determinar si una vivienda es adecuada:
- Seguridad jurídica de la tenencia: Protección legal contra desplazamientos, desalojos forzosos, hostigamiento y otras amenazas.
- Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura: Acceso a agua potable, saneamiento, energía, y servicios esenciales para la salud, seguridad y comodidad.
- Asequibilidad: Costos de la vivienda que no comprometan el acceso a otros bienes básicos o derechos humanos, requiriendo asistencia financiera o subsidios.
- Habitabilidad: Condiciones mínimas de seguridad física, protección contra elementos climáticos, riesgos para la salud y peligros estructurales, así como mantenimiento y protección contra la violencia.
- Accesibilidad: Eliminación de barreras físicas, económicas y de información para acceder a la vivienda.
- Ubicación: La vivienda debe estar situada de forma que no exponga a los residentes a riesgos para la salud o la seguridad, y que permita el acceso a oportunidades de empleo, atención sanitaria, servicios sociales y educativos.
- Adecuación cultural: La vivienda debe respetar y reflejar la identidad cultural de los residentes.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) reconoce explícitamente el derecho a una vivienda adecuada como parte del derecho a un nivel de vida adecuado. Este derecho comprende el acceso a una vivienda segura, agua y saneamiento, y la vida comunitaria con acceso a servicios y apoyo.
Debate sobre Viviendas inclusivas
Barreras Específicas para Personas con Discapacidad en el Acceso a la Vivienda
Las personas con discapacidad (PcD) en Chile enfrentan barreras específicas que dificultan el pleno goce y ejercicio de su derecho a una vivienda adecuada. Estas barreras se clasifican en dos grandes grupos:
- Barreras de acceso a la vivienda misma: Mayor riesgo de indigencia, posibilidad de ser declaradas en interdicción, y procedimientos de internación involuntaria.
- Barreras para el disfrute en igualdad de condiciones: Supervivencia de prácticas del modelo asilar y un mayor énfasis en discapacidades físicas y sensoriales en las regulaciones de vivienda, invisibilizando otras necesidades.
El modelo social de la discapacidad postula que las causas de la discapacidad no son individuales, sino sociales, y que son las limitaciones impuestas por la sociedad las que impiden el pleno goce de derechos.
Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la Vivienda
Diversos instrumentos internacionales expresan preocupación por la vivienda. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 de la ONU busca asegurar el acceso a viviendas y servicios básicos adecuados para todas las personas. La Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) reconocen el derecho a un nivel de vida adecuado, incluyendo la vivienda.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) no contempla explícitamente la vivienda, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha abordado casos de pérdida de vivienda como consecuencia de violaciones a otros derechos, como el derecho a la vida privada, a la propiedad y a la libertad de circulación.
La CDPD y la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad refuerzan el compromiso de los Estados para eliminar la discriminación y propiciar la plena integración de las PcD, incluyendo el acceso a la vivienda.
La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores reconoce explícitamente el derecho a una vivienda digna y adecuada, aspecto relevante dado que las personas mayores presentan tasas elevadas de discapacidad.
Desalojos Forzosos y Discriminación
La práctica del desalojo forzoso se vincula estrechamente con la discriminación, especialmente hacia grupos vulnerables como personas en situación de pobreza, mujeres jefas de hogar, niños, migrantes, adultos mayores y personas con discapacidad. La pobreza es tanto causa como consecuencia de los desalojos, creando un círculo vicioso donde la falta de opciones y seguridad de tenencia obligan a asentarse irregularmente, exponiendo a vulneraciones de derechos y a una mayor pobreza tras un desalojo forzoso.
Las resoluciones administrativas o judiciales por sí solas no garantizan un desalojo legal o justificado. Durante el proceso, deben asistir funcionarios gubernamentales debidamente identificados y con autorización oficial. La justificación del desalojo debe ser comunicada a los afectados.
Se ha discutido en tribunales la procedencia de la restitución administrativa de terrenos ocupados ilegalmente, especialmente cuando se contraponen diferentes normativas y se debate sobre la derogación tácita de algunas leyes. La interpretación de estas normativas es crucial para garantizar que los desalojos se realicen conforme a la ley y respetando los derechos humanos.
La Ley Nº 17.635 establece un procedimiento especial para el cobro ejecutivo de créditos por parte de los Servicios de Vivienda y Urbanización (SERVIU), incluyendo el remate de viviendas en caso de incumplimiento de la obligación de habitar por parte de beneficiarios de subsidios habitacionales. En estos casos, se ordena el embargo y remate de la vivienda.
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