La situación de los niños y adolescentes bajo la tutela del Servicio Nacional de Menores (SENAME) en Chile ha sido objeto de profunda preocupación y escándalo, revelando un sistema "en estado terminal" marcado por muertes, abusos y una sistemática violación de derechos. Diversos informes y querellas han puesto de manifiesto la grave crisis que atraviesa la institución.
Casos Emblemáticos y Fallos del Sistema
El caso de Guillermina
La historia de Guillermina, una adolescente de 16 años, ilustra las deficiencias del sistema. Llegó al Centro de Protección Alborada del SENAME a las 04:19 de la mañana, acompañada por un policía. Según la querella por cuasidelito de homicidio presentada por su familia, Guillermina, originaria de una zona rural con alta concentración indígena del sur del país, se resistió violentamente al reingreso. Forcejeó y arrojó objetos al personal. Cuando lograron calmarla, la acostaron en la parte baja de un camarote. Menos de media hora después, Guillermina fue encontrada colgada con sus propios cordones.
No era la primera vez que intentaba suicidarse. Contrario a todo protocolo internacional de manejo de menores vulnerables, Guillermina no fue trasladada a un hospital para determinar qué sustancia la tenía en ese estado y estabilizarla, ni para un chequeo médico completo. La única lesión constatada por la policía fue una herida en su rodilla. La querella no prosperó y la muerte de Guillermina en agosto de 2012 quedó registrada como un "egreso" más del sistema.
El "Factor Lissette"
La muerte de Lissette Villa, de 11 años, en abril de 2016, fue un detonante que conmovió al país y movilizó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia para detener los abusos. Lissette pasó más de la mitad de su vida entrando y saliendo de centros dependientes del SENAME. Desde los 5 años, la justicia decidió que sus padres no estaban capacitados para hacerse cargo de ella, con una evaluación del SENAME que incluía maltrato físico y psicológico, abuso sexual y abandono.
A pesar de su situación, Lissette escribía cartas a su madre pidiéndole volver a casa. Era conocida en el centro por sus episodios de rabia. El 11 de abril, una crisis de Lissette fue inicialmente confundida con otra de sus "pataletas". Según el testimonio de una cuidadora, la niña se golpeó la cabeza y comenzó a sangrar, desvaneciéndose poco después. Ni ella ni su compañera, a cargo de 20 niñas, tenían conocimientos en primeros auxilios. Para cuando se dieron cuenta de la gravedad, ya era tarde.
La entonces directora del SENAME, Mariela Labraña, atribuyó el fallecimiento a una "crisis emocional" por la ausencia de un familiar, una explicación considerada insatisfactoria y poco ética que le costó el puesto. El caso de Lissette puso en evidencia la falta de protocolos de primer nivel y la ausencia de un sistema de acreditación y normativas con altos estándares en la institución.
Caos Estadístico y Cifras Alarmantes
Discrepancia en los números de fallecimientos
La falta de claridad sobre el número de menores fallecidos bajo la tutela del Estado es una constante. Un informe del Ministerio de Justicia de 2016 indicó 185 muertes entre 2005 y mayo de 2016. Sin embargo, un reporte de UNICEF reveló que solo en 2010, la cifra de fallecimientos fue cinco veces mayor a la reportada. El gobierno chileno aclaró que la cifra solo incluía a menores del área de "protección", excluyendo a los infractores de ley.
BBC Mundo analizó los anuarios oficiales del SENAME de 2010 a 2014, arrojando 318 fallecimientos, que sumados a los 77 del informe de Justicia, totalizarían 395. Pero estas cifras tampoco son confiables, incluso para quienes las publicaron.
La directora nacional del SENAME, Solange Huerta, posteriormente entregó una cifra más detallada: entre el 1 de enero de 2005 y el 30 de junio de 2016, fallecieron 210 niñas, niños y adolescentes en el sistema de protección residencial (centros del SENAME o de organismos colaboradores privados) y 33 adolescentes en centros de justicia juvenil. Además, 406 niños fallecieron mientras vivían con sus familias y eran atendidos en programas ambulatorios, y 215 adultos con discapacidades graves también murieron en centros de protección al no existir otros organismos que los acogieran. De los 210 fallecimientos en el sistema de protección residencial, 131 estuvieron asociados a alguna enfermedad.
La Defensoría de la Niñez, en su análisis, logró determinar que de las 878 muertes de niños, niñas y adolescentes registradas al interior de la red Sename, ocurridas entre enero de 2005 y julio de 2016, solo 347 casos fueron conocidos por la Fiscalía y 200 de ellos investigados.
Violación sistemática de derechos
Un informe lapidario de la PDI de 2017, que investigó 240 hogares de menores, concluyó que el Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños bajo su tutela. En el 100% de los centros administrados por el SENAME y en el 88% de los gestionados por particulares, se constataron 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual. Este informe fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, pero no se hizo público. Los datos levantados por la PDI son casi exclusivamente de 2017 debido a la falta de registros anteriores en la mayoría de los centros.
Crisis al interior del Sename
Problemáticas Identificadas
Personal sin capacitación y sobremedicación
Las investigaciones han evidenciado un sistema donde los niños vulnerables son cuidados por personal sin capacitación, a menudo sin conocimientos en primeros auxilios. Se han recibido quejas por maltratos, sobremedicación y negligencia.
En el caso de Lissette, el psiquiatra Rodrigo Paz afirmó que su "impresión clínica es que Lissette estaba sobremedicada", recibiendo un fármaco (benzodiazepina) en dosis que actuaban como antipsicótico y antidepresivos por años, a pesar de los efectos adversos en niños. La "poca prolijidad" en la manipulación de medicamentos en los centros es "generalizada", con problemas graves en la dosificación. El 63% de los niños en el sistema están bajo tratamiento farmacológico, y más de 3.000 carecen de atención médica especializada.
Causas de muerte y salud mental
Las autopsias han revelado causas de muerte variadas y violentas: lactantes ahogados con sus propios fluidos, menores muertos por golpes en la cabeza, homicidios y suicidios por ahorcamiento. Sorprendentemente, un 37,3% de los residentes del SENAME padecen alguna enfermedad psiquiátrica. Además, un 14,2% presenta alguna patología médica, un 13,9% sufre una enfermedad crónica y un 0,4% se encuentra en estado terminal o riesgo vital. Un 19,8% presenta algún tipo de discapacidad.
Chile tiene la tasa de suicidio adolescente más alta de la región, pero carece de camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil. Hay pocos psiquiatras infantojuveniles, y la mayoría prefiere el sector privado, dejando regiones enteras sin cobertura.
Deficiencias estructurales y de protocolos
El informe de la PDI destacó que el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el SENAME. El 72,9% de los centros no cuenta con protocolo ante conductas suicidas y el 76,7% carece de protocolo para "sujeción y contención física frente a desajustes conductuales". La mayoría tampoco tiene un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor.
Además, el 93,8% de los centros del SENAME no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico o casos complejos. En 42 centros no hay encargado de salud, y en 55, la función la ejerce un técnico de un área distinta a la salud. El 66,3% de los centros tiene educadores de trato directo sin formación profesional ni técnica en salud a cargo de la administración de fármacos.
Fiscalización deficiente y estigmatización de la pobreza
A pesar de que el 98,3% de los centros recibe fiscalización periódica del SENAME, estas supervisiones son "coordinadas de manera previa". Los tribunales de familia deben fiscalizar cada seis meses, pero la PDI confirmó que dos hogares solo recibieron visitas anuales.
Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, señaló que "el Estado de Chile no cumple con sus compromisos internacionales en materia de infancia, ni siquiera sabe cuántos niños hay en sus establecimientos y mucho menos cuántos de ellos han fallecido y cuáles son sus causales". También planteó la estigmatización de la pobreza: "¿Por qué no hay ningún niño en la institución Sename del 50% del nivel económico más alto del país, a pesar de que el abuso sexual y la violencia es algo transversal?".
Propuestas de Solución y Reacciones Políticas
Hacia una "cirugía mayor" del sistema
El senador Patricio Walker ha reiterado la necesidad de una "cirugía mayor" al SENAME y ha instado al Ministerio de Salud a comprometerse con la atención urgente de los niños con enfermedades mentales o basales. La falta de un plan concreto con financiamiento ha sido criticada por senadores como Jacqueline Van Rysselberghe y Manuel José Ossandón.
Francisco Estrada, exdirector del SENAME y experto en infancia, propone tres pilares para una solución definitiva: unidades polivalentes con personal capacitado y apoyo psiquiátrico adecuado; que el objetivo final sea el retorno de los niños a sus familias de origen, rompiendo el círculo de la pobreza y la violencia; y una defensa jurídica adecuada para los menores vulnerados, ya que, a diferencia de los infractores de ley, suelen ser vistos por abogados jóvenes que los consideran un "trámite burocrático".
A mediano plazo, el Consejo para la Infancia busca cerrar el SENAME y realizar una transición a un nuevo servicio antes de 2019, aunque se reconoce que "los niños no pueden esperar".
Responsabilidad y Rendición de Cuentas
El diputado René Saffirio, quien ha denunciado constantemente los abusos en el SENAME y reveló la existencia del informe de la PDI, pidió la renuncia del ministro de Justicia, Hernán Larraín, por la gravedad de los hechos y la falta de divulgación del documento. La Fiscalía, el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia han sido señalados como responsables.
El Comité de los Derechos del Niño de la ONU afirmó en 2018 que el Estado de Chile es responsable de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes bajo cuidado estatal. Recomendó establecer mecanismos de reparación para las víctimas y un plan de acción.
La Defensoría de la Niñez, en 2020, recomendó la "creación de una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación" para esclarecer los graves hechos de violación a los derechos humanos, petición que no obtuvo respuesta del Poder Ejecutivo de la época.