Chile ha avanzado en la conformación de un marco normativo y una institucionalidad para la protección de los derechos de la niñez y adolescencia. A partir de la promulgación en marzo de 2022 de la Ley sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, el país cuenta con un marco normativo general para enfrentar integralmente la protección de estos derechos. Con la puesta en marcha del nuevo servicio Mejor Niñez en octubre de 2021, enfocado en la atención de niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos, y la creación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que busca establecer un sistema de justicia especializado con fiscales, jueces y defensores expertos en responsabilidad penal adolescente, se proyecta una institucionalidad más robusta para el respeto, protección, promoción y realización de los derechos de la niñez y adolescencia.
Sin embargo, junto a estos avances, se hace imperativo el desarrollo de políticas públicas que aseguren a las familias condiciones socioeconómicas suficientes para que puedan cumplir con su rol protector. Es fundamental establecer mecanismos de coordinación efectivos entre la oferta programática de protección especializada y la de protección social dirigida a las familias, garantizando así el acceso a todas las prestaciones sociales para los niños y niñas que se encuentran bajo cualquier medida de protección especializada (cuidado alternativo familiar, residencial, en proceso de revinculación familiar o en programas de protección especializados).
La Controversia del "Stock de Niños" en el SENAME
Una de las discusiones más crudas y reveladoras sobre la deshumanización en el sistema de protección de menores en Chile surgió con la polémica declaración de la entonces ministra de Justicia, Javiera Blanco. En el marco de una sesión de la Comisión Investigadora del Servicio Nacional de Menores (Sename) el 4 de julio de 2016, al explicar las cifras de menores en residencias, la ministra utilizó el término "stock" para referirse a los niños internados.
Blanco señaló que "hay una diferencia entre el concepto de vigentes y atendidos. Uno es flujo y el otros es stock. Si uno sacara una foto de cuántos niños hoy día existen en el país en una residencia, esa foto, para no hablar de “esa palabra”, esa foto sería 8.326". La ministra se apresuró a disculparse, calificando la palabra como "horrible" y sugiriendo el uso de "foto" en su lugar. Sin embargo, este incidente dejó en evidencia una preocupante lógica mercantil en la gestión de la infancia vulnerable.
Esta expresión generó una ola de indignación, como lo manifestó el abogado querellante contra el Sename por la muerte de Lissette Villa, Sebastián Lafaurie, quien afirmó que "stock" es una palabra para artículos de supermercado, no para niños que necesitan protección. El diputado René Saffirio, ex presidente de la comisión investigadora del Sename, interpretó la declaración como una concepción del niño como "un producto que genera utilidades. Eso es un niño para el sistema. Un voucher. Una mercadería".
Esta lógica mercantilista del Servicio Nacional de Menores (Sename), impuesta en 1979 y profundizada en 2005 con la Ley N°20.032, se basa en un "subsidio a la demanda" donde el Estado subsidia a entidades privadas -más del 90% de los hogares de menores son administrados por particulares- en base a la valorización del día/niño atendido. Esto genera una competencia entre las "organizaciones colaboradoras del SENAME" por los recursos estatales, lo que puede resultar en peores condiciones para los niños en fundaciones menos privilegiadas.
Crisis en el SENAME: Cifras y Realidad
El Caos Estadístico y la Desaparición de Niños
Uno de los problemas más alarmantes que evidenció la crisis del Sename es el caos estadístico respecto al número de menores vulnerables bajo la tutela del Estado. Según un informe del Ministerio de Justicia de 2016, 185 menores murieron entre 2005 y mayo de 2016. Sin embargo, un reporte de UNICEF reveló que el número de fallecimientos durante 2010 era cinco veces mayor al reportado. El gobierno chileno aclaró que la cifra solo incluía a los menores del área de "protección", sin considerar a los niños infractores de ley.
BBC Mundo analizó los anuarios oficiales del Sename entre 2010 y 2014, arrojando 318 fallecimientos, los que, sumados a los 77 correspondientes a ese período de la lista entregada por Justicia, darían un total de 395. A pesar de estas cifras, el número oficial no parece confiable, ni siquiera para quienes lo publicaron. Francisco Estrada, abogado experto en infancia y exdirector del Sename, señaló: "No tengo ninguna confianza en las cifras. Es posible que esté replicada la información. Por ejemplo, si un niño ingresó a distintos programas y murió, su muerte será contabilizada como egreso en todos ellos".
El diputado Saffirio, quien presidió la primera comisión investigadora del Congreso chileno sobre el Sename, afirmó que "el Estado de Chile no cumple con sus compromisos internacionales en materia de infancia, ni siquiera sabe cuántos niños hay en sus establecimientos y mucho menos cuántos de ellos han fallecido y cuáles son sus causales".
Casos Emblemáticos de Fallecimientos
Más allá de los números exactos, la crisis del Sename se visibilizó a través de una serie de muertes cuestionadas, dando rostro a los niños vulnerables. Entre los años 2005 y 2016, se reportaron 185 muertes de niños en instituciones dependientes del Sename. En total, 865 menores de edad del Sename han muerto en los últimos 11 años: 210 en el sistema de residencia, 406 en programas ambulatorios de organismos colaboradores, 33 adolescentes en el sistema de justicia de administración directa y 216 en programas ambulatorios colaboradores de justicia juvenil.
El Caso de Guillermina
Guillermina, de 16 años, llegó al Centro de Protección Alborada del Sename en 2012, traída por la policía a "medio vestir" y con dinero, en horas de la madrugada. Según la querella por cuasi delito de homicidio presentada por su familia, Guillermina se resistió violentamente al reingreso. Menos de media hora después de ser acostada en un camarote, fue encontrada colgada con sus propios cordones. No era la primera vez que intentaba suicidarse. A pesar de su estado, no fue llevada a un hospital para estabilizarla o realizarle un chequeo completo, lo que contraviene los protocolos internacionales de manejo de menores vulnerables.
La querella no prosperó, y su muerte fue registrada como un "egreso" más del sistema, un término que equipara el fallecimiento con el escape de un centro o la reinserción familiar. Guillermina tenía un historial de consumo de alcohol, drogas y depresión, además de un embarazo adolescente, cuyo bebé fue dado en adopción. A pesar de estas complejidades, nunca fue diagnosticada con una patología psiquiátrica grave. Este caso, entre otros, puso en evidencia un sistema "en estado terminal", según María Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia.
El Factor "Lissette"
La muerte de Lissette Villa, de 11 años, en el CREAD Galvarino el 11 de abril de 2016, fue el detonante de la crisis pública. Lissette había pasado más de la mitad de su vida entrando y saliendo de centros del Sename, separada de sus padres por maltrato físico y psicológico, abuso sexual y abandono. A pesar de ello, la menor pedía volver a casa en sus cartas a su madre. Era conocida por sus episodios de rabia, y en el día de su muerte, en medio de una crisis, se golpeó la cabeza y comenzó a sangrar, desvaneciéndose poco después.
Juicio oral por muerte de Lissette Villa: Piden 7 años de cárcel para ex funcionarias del Sename
Las cuidadoras a cargo de 20 niñas en el centro no tenían conocimientos en primeros auxilios ni estudios superiores o técnicos. Cuando se dieron cuenta de la gravedad, ya era tarde. Nuevamente, ningún protocolo acorde con los parámetros internacionales fue aplicado. La entonces directora del Sename, Marcela Labraña, atribuyó el fallecimiento a una "crisis emocional" por la ausencia de un familiar, una explicación que le costó el puesto.
Las autopsias de los menores fallecidos revelaron causas impactantes: lactantes o preescolares ahogados con sus propios fluidos, menores muertos por golpes en la cabeza al caer de altura, homicidios y suicidios por ahorcamiento.
Problemas Sistémicos y Maltrato
Las investigaciones han revelado un sistema donde los niños vulnerables son cuidados por personal sin ninguna capacitación -ni siquiera en primeros auxilios- y donde se han reportado quejas por maltratos, sobremedicación y negligencia.
Sobremedicación y Falta de Personal Capacitado
El psiquiatra Rodrigo Paz, parte de la querella por la muerte de Lissette, afirmó que la menor estaba "sobremedicada", recibiendo un fármaco (benzodiazepina) en dosis que actuaban como antipsicótico, y estuvo expuesta a antidepresivos por años, a pesar de que algunos pueden tener efectos adversos como aumentar la agresividad. Francisco Estrada destaca la "poca prolijidad" en el manejo de medicamentos en los centros, donde el "stock está en cualquier parte, cualquiera lo manipula" y existen "problemas graves con la dosificación".
El senador Alejandro Navarro indicó que el 63% de los niños bajo el cuidado del Sename están con tratamiento farmacológico y más de 3.000 niños carecen de la debida atención médica especializada. A esto se suma que Chile tiene la tasa de suicidio adolescente más alta de la región, sin suficientes camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil. La escasez de psiquiatras infantojuveniles, muchos de los cuales prefieren el sector privado, agrava la situación en regiones.
Condiciones de los Centros y Financiamiento
La falta de fondos para la salud, vestimentas, mantenimiento de infraestructuras y personal es crónica. En el CREAD Galvarino, donde falleció Lissette, faltaban 53 funcionarios según un informe. El hacinamiento es una realidad, con casos donde hay 30 niños por cada funcionario, muy por encima de la recomendación de UNICEF de 8 niños por educador. La presidenta de la Asociación de Funcionarios del SENAME (AFUSE), Alicia del Basto, denunció que las tragedias son "tapadas" y el sistema sigue funcionando de la misma forma.
En el Informe Jeldres de 2013, que inspeccionó 108 hogares y 6.500 niños, se constataron: 28 residencias con antecedentes de violencia de adultos contra niños; 45 residencias con datos de violencia entre menores; 9 residencias con antecedentes de abusos sexuales cometidos por un adulto contra un niño; y 10 residencias con datos de abuso sexual entre niños internos. Además, existen 83 sumarios en curso por presuntos maltratos de funcionarios contra menores.
Ausentismo Estatal y Cuoteo Político
La Federación de Trabajadores del Sename ha denunciado que hay hogares de organizaciones colaboradoras donde no se ve una inversión real en los niños con los dineros recibidos del Estado. A esto se suma el problema del "cuoteo político" o "pitutocracia", donde el Sename ha servido como "caja pequeña" para que los partidos políticos den trabajo a sus militantes, muchos de ellos sin la capacitación necesaria. Francisco Estrada subraya que la sociedad en su conjunto no se ha hecho cargo de estos niños, los "más pobres de los pobres", porque "no marchan, no votan, no exigen".
Hacia una Reformulación del Sistema de Protección
La crisis ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de reformular el sistema de cuidado alternativo residencial para evitar la masividad de niños y niñas en residencias y asegurar su protección y buen trato. UNICEF se encuentra apoyando esta reformulación, colaborando con el rediseño de programas de familias de acogida y el diseño de programas de revinculación familiar para la desinternación de niños y niñas de 0 a 8 años. Además, busca fortalecer el trabajo con las familias de estos niños para superar las vulneraciones y lograr la reunificación.
Propuestas de Solución y Responsabilidad Social
Francisco Estrada propone tres pilares para una solución definitiva:
- Apoyo y seguimiento psiquiátrico adecuado: Se necesitan unidades polivalentes, con niños adecuadamente medicados y personal dedicado que trabaje también con las familias.
- Reunificación familiar como objetivo principal: Muchos niños son internados por pobreza. La solución no es quitárselos a sus padres, sino romper el círculo de la vulnerabilidad, entregando herramientas y acompañamiento a las familias de origen.
- Defensa jurídica adecuada para los niños: Es esencial que los niños cuenten con una defensa que vele por el cumplimiento de las funciones de todos los actores del proceso, a diferencia de la actual situación donde a menudo son vistos como un "trámite burocrático".
María Estela Ortiz cuestiona la estigmatización de la pobreza, preguntándose: "¿Por qué no hay ningún niño en la institución Sename del 50% del nivel económico más alto del país, a pesar de que el abuso sexual y la violencia es algo transversal?".
A mediano plazo, el Consejo para la Infancia busca cerrar el Sename y transitar hacia un nuevo servicio, esperado para antes de 2019. Sin embargo, los niños no pueden esperar. Es imperativo volver a anteponer el cálculo y beneficio social por encima del político y electoral, y madurar institucionalmente el concepto de accountability, que implica la responsabilidad del ejercicio público y el poder de la ciudadanía para exigir el cumplimiento de funciones con probidad.
La sociedad chilena ha sido interpelada por la "lenta e invisible muerte de niños" en el sistema de protección, evidenciando una indolencia frente a la violación de derechos humanos básicos de los niños más vulnerables. Como señalaba Gabriela Mistral, "el futuro de los niños es siempre hoy", y los indicadores actuales demuestran que, como sociedad, se está fallando.