El Servicio Nacional de Menores (Sename) es una institución chilena cuya misión principal ha sido la protección y garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. La información relativa a los menores bajo su tutela es crucial para asegurar su bienestar y la funcionalidad del sistema de protección. Este artículo detalla las vías para obtener información y el marco institucional y legal que rige la protección de la niñez y adolescencia en Chile, incluyendo la transición hacia nuevas institucionalidades.
Marco Legal y Transparencia en la Protección de la Niñez
La protección de la infancia y adolescencia en Chile se sustenta en un marco legal sólido, que incluye la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. El Estado chileno busca asegurar que los niños, niñas y adolescentes bajo su cuidado sean tratados con dignidad y que sus derechos fundamentales sean respetados. La Ley de Transparencia Nº 20.285 juega un papel fundamental al promover el acceso a la información pública, fortaleciendo la probidad y transparencia de las instituciones estatales.
Desde la promulgación en marzo de 2022 de la Ley sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, Chile cuenta con un marco normativo general que busca enfrentar integralmente la protección de sus derechos.
Canales de Solicitud de Información en Sename
Para obtener información específica sobre niños, niñas y adolescentes dentro de la red Sename, existen diversos canales formales. El Sename ofrece un formulario para realizar solicitudes por vía electrónica o en formato material, el cual puede ser descargado y enviado a la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS).
La gestión de las OIRS está regulada por la Ley Nº 19.880 de Procedimientos Administrativos, y estas oficinas tienen la obligación de asistir al ciudadano en su derecho a presentar peticiones, sugerencias o reclamos ante la Administración del Estado. El Decreto Supremo N° 680 (1990) del Ministerio del Interior establece las instrucciones para el funcionamiento de estas oficinas en todos los servicios públicos.
Es importante destacar que, al realizar una solicitud anónima, quienes gestionen el requerimiento no tendrán acceso a datos personales del solicitante, incluso si este ha ingresado con Clave Única. Esta opción se ofrece debido a la posibilidad de que exponer determinados hechos presente un riesgo para la seguridad del solicitante o su familia, por lo que se pide su uso responsable.
Importancia de la Intervención y Programas
La vulneración de derechos hacia niños, niñas y adolescentes es un problema global que requiere respuestas eficaces por parte de las políticas públicas. En Chile, se han desarrollado diversos programas e investigaciones para abordar esta problemática, buscando articular una respuesta desde una perspectiva de derechos.
Desafíos y Políticas Públicas
La investigación sobre programas de intervención en infancia vulnerada y familia en Chile ha identificado la ausencia de instrumentos legislativos eficaces o planes de infancia actualizados que permitan articular eficientemente la respuesta del Estado. Se carece de una política pública integral de infancia y familia, lo que dificulta unificar esfuerzos desde una perspectiva centrada en el sujeto y sus derechos.
Históricamente, la política chilena de infancia ha enfrentado el desafío de situar al niño, niña y adolescente y su familia en el centro de su accionar. La Ley de Menores 16.618, si bien fue un instrumento clave, data de 1967 y requería actualización. Otras leyes importantes incluyen la que crea el subsistema de protección a la primera infancia Chile Crece Contigo (Ley N° 20.379, 2009), la que crea el sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de colaboradores del Sename (Ley N° 20.032, 2005) y la ley de violencia intrafamiliar (Ley N° 20.066, 2005).
A pesar de la multiplicidad de leyes, Chile aún mostraba rezago en su marco legal respecto a los parámetros de la Convención sobre los Derechos del Niño. Si bien existió una Política Nacional a favor de la infancia y la adolescencia (2001-2010), actualmente no se contaba con un instrumento similar, existiendo solo planes sectorizados. La creación del Consejo Nacional de la Infancia en 2014 buscó coordinar a las diferentes instituciones para la construcción de políticas eficientes y transversales, transitando desde una mirada asistencialista a una visión de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos.
Hallazgos Preocupantes y la Necesidad de Reforma
Un análisis de la Defensoría de la Niñez reveló que de las 878 muertes de niños, niñas y adolescentes registradas en la red Sename entre enero de 2005 y julio de 2016, solo 347 casos fueron conocidos por la Fiscalía y 200 de ellos investigados. Este dato subraya la necesidad de mecanismos de seguimiento y transparencia más efectivos. El Comité de los Derechos del Niño, en 2018, afirmó que el Estado de Chile es responsable de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado, recomendando establecer mecanismos de reparación para las víctimas y desarrollar un plan de acción de reparación.
La muerte de la pequeña Lissette Villa en abril de 2016 conmovió al país y movilizó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia para detener los abusos contra niños y adolescentes en hogares del Sename. Una investigación de la PDI en 2017 sobre 240 hogares de menores encontró 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual, en el 100% de los centros administrados directamente por Sename y en el 88% de los gestionados por particulares. El informe policial, entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, no se hizo público. La PDI constató que la violación de derechos sistemática se ha cometido en el 100% de los hogares administrados directamente por el Sename. Este documento es el último eslabón de una cadena de reportes elaborados por diversas instituciones a lo largo de siete años, incluyendo el Informe Jeldres (Poder Judicial y Unicef) y un reporte de la ONU.
Patricia Muñoz se refiere sobre la denuncia de maltrato en centro del Sename
Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos contra los niños constatados por la PDI se desglosan en:
- 432 maltratos por parte de adultos.
- 1.265 maltratos entre pares.
- 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos.
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos.
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores.
El informe policíal es categórico: “Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros”. Un 62,9% de los hogares (151) presentaban casos de “deserciones del sistema”. Si se excluyen las residencias para lactantes y discapacitados, la cifra crece hasta un 76,2%.
El equipo policial estableció que “el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename”, destacando que el 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas y un 76,7% no cuenta con protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”.
La cifra de menores a cargo del Sename que padecen alguna enfermedad psiquiátrica, según el reporte de la PDI, es altísima: 37,3% de los residentes. Además, el 14,2% de los residentes presenta alguna patología médica, el 13,9% sufre una enfermedad crónica y el 0,4% está en estado terminal o en evidente riesgo vital. Otro 19,8% presenta algún tipo de discapacidad.
El 93,8% de los centros del Sename “no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos”.
Hacia una Institucionalidad Más Robusta: Mejor Niñez y Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil
Con la puesta en marcha del nuevo servicio Mejor Niñez en octubre de 2021 para la atención de los niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos y la creación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, el país contará con una institucionalidad más robusta para el respeto, protección, promoción y realización de los derechos de la niñez y adolescencia. Este sistema de justicia especializado tendrá fiscales, jueces y defensores expertos en responsabilidad penal adolescente.
UNICEF ha apoyado esta reformulación para concretar el cierre de los CREAD y consolidar el funcionamiento de las nuevas residencias familiares. Además, colabora con el rediseño de los programas de familias de acogida, el diseño del programa de revinculación familiar para la desinternación de niños y niñas de 0 a 8 años, y el rediseño de los programas ambulatorios para mejorar su efectividad y lograr que no sean separados de sus familias.
El Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez)
Es un servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Su objeto es garantizar la protección especializada de niños, niñas y adolescentes gravemente amenazados o vulnerados en sus derechos, asegurando la provisión y ejecución de programas especializados para abordar casos de mediana y alta complejidad. El Servicio actuará de un modo acorde a la Política Nacional de Niñez y Adolescencia y garantizará el derecho de acceso a la justicia que, de forma independiente al Servicio, se otorgue a los niños, niñas y adolescentes sujetos de atención.
Los sujetos de atención del Servicio son los niños, niñas y adolescentes, y aquellos que tengan dieciocho años o más, siempre que se encuentren bajo cuidado alternativo y cursando estudios, hasta el 31 de diciembre del año en que cumplan veinticuatro años.
Principios Rectores
- El interés superior del niño, niña o adolescente.
- La igualdad y no discriminación arbitraria.
- La autonomía progresiva.
- La perspectiva de género.
- La inclusión.
- La protección social.
- La participación efectiva.
Dirección y Funciones del Servicio
El Director o Directora Nacional durará cinco años en su cargo, con posibilidad de una única renovación, y será nombrado mediante el Sistema de Alta Dirección Pública, al igual que los directores regionales. Las funciones del servicio incluyen:
- Elaborar normativa técnica y administrativa para programas de protección especializada.
- Colaborar con órganos del Estado y requerir/entregar información.
- Generar procedimientos para recabar periódicamente la opinión de niños, niñas, adolescentes y sus familias.
- Velar por el respeto de los derechos humanos y las disposiciones legales.
- Diseñar políticas, programas y actividades de capacitación.
- Solicitar información a cualquier órgano del Estado.
- Ejercer acciones para la recuperación de recursos mal utilizados.
- Ejercer todas las demás funciones que la ley le encomiende.
Consejo de Expertos
El Consejo estará conformado por cinco miembros expertos en las áreas ligadas a la niñez, con experiencia y reconocida trayectoria. Durarán tres años en su cargo, con posibilidad de una única renovación.
Priorización de Casos y Modalidades de Atención
Los niños, niñas y adolescentes sujetos de atención del Servicio, y sus familias, deberán ser atendidos prioritariamente en el marco de los programas vigentes en los órganos de la Administración del Estado. Las líneas de acción o modalidades de atención especializada del Servicio son:
- Diagnóstico clínico especializado y seguimiento de casos, y pericia.
- Intervenciones ambulatorias de reparación.
- Fortalecimiento y vinculación.
- Cuidado alternativo.
- Adopción.
Los programas de protección especializada deberán diseñarse en base a evidencia técnica y territorial, y a evaluaciones realizadas por el Servicio o terceros.
Unidad de Fiscalización y Sanciones
El Servicio contará con una unidad de fiscalización que controlará y aplicará sanciones a los colaboradores acreditados en casos calificados. La ocurrencia de delitos que afecten la vida, salud, integridad, libertad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes, o el correcto uso de recursos públicos, será considerada una infracción gravísima, sancionable hasta con el término de la acreditación.
Políticas de Personal
El Servicio deberá contar con personal capacitado e idóneo según los términos requeridos para el ejercicio de sus funciones.
El Programa 24 Horas
Diseñado en 2009 y comenzado a implementarse en 2010, es un programa intersectorial entre la Subsecretaría de Carabineros, el Servicio Nacional de Menores y la Subsecretaría de Prevención del Delito. Es la puerta de entrada a la intervención en ciudades como Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso, Santiago, Rancagua, Talca, Temuco, entre otras. Se focaliza en el ámbito barrial o comunal y busca la complementariedad entre las modalidades, generando sinergia con otros programas a través de una gestión territorial intersectorial.