El Servicio Nacional de Menores (Sename) de Chile, organismo encargado de proteger a niños y adolescentes vulnerables y en riesgo social, ha sido objeto de una profunda crisis y escrutinio público debido a las recurrentes denuncias de muertes, negligencia y maltrato. Casos como los de Guillermina y Lissette, y posteriormente el de Alan Peña, han puesto en evidencia las graves falencias de un sistema que, según expertos y autoridades, se encuentra en un "estado terminal".
Casos emblemáticos de muertes en centros del Sename
El suicidio de Guillermina
Guillermina, una adolescente de 16 años, ingresó al Centro de Protección Alborada del Sename a las 04:19 de la mañana, siendo acompañada por un policía. Según la querella por cuasi delito de homicidio presentada por su familia, Guillermina se resistió violentamente al reingreso, forcejeando y arrojando objetos al personal. Una vez calmada, fue acostada en la parte baja de un camarote. Menos de media hora después, Guillermina fue encontrada ahorcada con sus propios cordones.
Contrario a los protocolos internacionales para el manejo de menores vulnerables, Guillermina no fue trasladada a un hospital para determinar la sustancia que la mantenía en ese estado ni para un chequeo médico completo, a pesar de llegar a "medio vestir" y con una herida en la rodilla, la única lesión constatada en un informe policial. La querella de la familia no prosperó, y la muerte de Guillermina en agosto de 2012 se sumó a la larga lista de "egresos" del sistema, un término que equipara el fallecimiento de un menor con su escape o reinserción familiar.
El "Factor Lissette" y sus implicaciones
La muerte de Lissette, una niña de 11 años, en un centro del Sename, fue el detonante de la crisis por los fallecimientos. Lissette había pasado más de la mitad de su vida entrando y saliendo de centros del Sename, tras ser separada de sus padres a los 5 años por maltrato físico y psicológico, abuso sexual y abandono. A pesar de su difícil situación, la menor le escribía cartas a su madre pidiéndole volver a casa, expresando su pena y la falta de un "pedacito de su corazón".
En el centro donde estaba internada, Lissette era conocida por sus episodios de rabia. El 11 de abril, una crisis fue inicialmente confundida con una de sus "pataletas". Según el testimonio de una cuidadora, Lissette se golpeó la cabeza y comenzó a sangrar, desvaneciéndose. Ni ella ni su compañera, a cargo de 20 niñas, tenían conocimientos de primeros auxilios ni estudios superiores. A pesar de los intentos de reanimación y llamadas de emergencia, Lissette falleció. Nuevamente, no se aplicó ningún protocolo acorde con los parámetros internacionales.
La entonces directora del Sename, Mariela Labraña, atribuyó el fallecimiento de Lissette a una "crisis emocional" por la ausencia de un familiar, una explicación que le costó el puesto.
La sobremedicación como factor crítico
El psiquiatra Rodrigo Paz, parte de la querella por la muerte de Lissette, sugiere que la menor estaba sobremedicada. Se le administraba benzodiazepina en una dosis que actuaba como antipsicótico, y estuvo expuesta a antidepresivos por años, a pesar de que algunos, como la sertralina, pueden tener efectos adversos en niños, aumentando su agresividad e irritabilidad.
Francisco Estrada, abogado experto en infancia y exdirector del Sename, asegura que la "poca prolijidad" en la manipulación de medicamentos en los centros es "generalizada", con problemas graves de dosificación y personal no especializado. Esto es particularmente grave dado que, según el senador Alejandro Navarro, el 63% de los niños en el Sename requieren tratamiento farmacológico y más de 3.000 no reciben la debida atención especializada.
Estrada destaca que Chile tiene la tasa de suicidio adolescente más alta de la región, pero carece de camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil. Guillermina, por ejemplo, tenía un historial de consumo de alcohol, drogas y depresión, además de un embarazo adolescente, pero nunca fue diagnosticada con una patología psiquiátrica grave. La escasez de psiquiatras infantojuveniles, especialmente en el sector público, agrava esta problemática.
El caso de Alan Peña: Tortura y asesinato
En diciembre de 2016, Alan Peña, un niño de 13 años con síndrome de Asperger que había ingresado a una residencia del Sename, fue torturado y asesinado en Temuco. Alan, quien cursó hasta octavo básico y fue campeón de ajedrez, comenzó a escaparse de casa tras la separación de sus padres y el desarrollo de sus síntomas de Asperger, que lo volvían impredecible. Su padre, Oscar Peña, solicitó su ingreso al Sename ante la imposibilidad de cuidarlo.
Una falsa acusación de abuso sexual por parte de Johana Mora, madre de una niña de cinco años, desencadenó la tragedia. A pesar de que el informe sexológico posterior arrojó que la niña no fue violada, la creencia de Mora llevó a ella y a su pareja, Pablo Morales (con antecedentes por narcotráfico), a capturar a Alan. Según la investigación, Alan fue torturado con golpes y martillazos durante 12 horas y murió por asfixia.
Víctor Chanqueo, de 18 años, quien arrendaba una habitación en la vivienda donde ocurrió el crimen y con quien Alan se quedaba a dormir cuando se escapaba del Sename, fue testigo de los hechos. El empleado de la fábrica que transportó a Johana Mora, de apellido Bravo, denunció la situación a Carabineros tras ver a Alan amarrado y recibir una llamada de Mora diciendo: "El cabro chico ya era". La policía encontró a Alan debajo de una cama, envuelto en un cobertor, junto a un cinturón y un martillo. La pareja y Chanqueo fueron detenidos.
En junio de 2018, el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco condenó a Pablo Morales a 20 años de presidio efectivo, mientras que Bravo fue condenado a 300 días de presidio por su papel como testigo y denunciante.
La muerte de Alan dejó en evidencia la falta de control sobre los menores en los hogares del Sename, ya que el niño podía llevar una vida en la calle a su voluntad. Ximena Olate, directora del Sename de La Araucanía, explicó que los niños protegidos no están privados de libertad, a menos que cometan un delito y sean mayores de 14 años.
El caos estadístico y la falta de transparencia
La información sobre el número de menores fallecidos bajo la tutela del Estado es confusa e inconsistente. Un informe del Ministerio de Justicia indicó 185 muertes entre 2005 y mayo de 2016, mientras que un reporte de Unicef reveló que solo en 2010 la cifra de fallecimientos fue cinco veces mayor a la reportada por el gobierno. El gobierno chileno aclaró que la cifra solo incluía a menores del área de "protección", dejando fuera a los niños infractores de la ley.
Un análisis de BBC Mundo de los anuarios oficiales del Sename de 2010 a 2014 arrojó 318 fallecimientos, sumando un total de 395 con los datos de Justicia. Sin embargo, la propia María Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, reconoce que "hay un problema de cifras", y el diputado René Saffirio, miembro de la comisión investigadora del Sename, afirma que "el Estado de Chile no cumple con sus compromisos internacionales en materia de infancia, ni siquiera sabe cuántos niños hay en sus establecimientos y mucho menos cuántos de ellos han fallecido y cuáles son sus causales".
Francisco Estrada, exdirector del Sename, coincide en que no hay confianza en las cifras, señalando que la información podría estar replicada si un niño ingresó a distintos programas. Además, subraya que las investigaciones han puesto en evidencia un sistema donde los niños vulnerables son cuidados por personal sin capacitación, sin siquiera conocimientos de primeros auxilios, y donde existen quejas por maltrato, sobremedicación y negligencia.
Un informe de la Defensoría de la Niñez en 2020, que analizó datos del Ministerio Público, determinó que de las 878 muertes de niños, niñas y adolescentes registradas en la red Sename entre enero de 2005 y julio de 2016, solo 347 casos fueron conocidos por la Fiscalía y 200 de ellos investigados.
La responsabilidad del Estado y la sociedad
María Estela Ortiz enfatiza que el problema no es solo del Sename, sino del conjunto de la sociedad, que durante 25 años no se ha hecho cargo de los niños vulnerables, especialmente los más pobres. El diputado Saffirio, quien presidió una comisión investigadora del Congreso sobre el Sename, presentó un informe con 200 medidas urgentes en 2016, pero ninguna de ellas se ha cumplido.
El Comité de los Derechos del Niño, en 2018, responsabilizó al Estado de Chile por graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes bajo su cuidado, recomendando mecanismos de reparación y un plan de acción. La Defensoría de la Niñez, en 2020, propuso la creación de una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación, sin obtener respuesta del Ejecutivo de la época.
El extravío de información y la falta de investigación
La investigación por las muertes en el Sename ha revelado graves deficiencias, como el extravío del informe médico de un menor, A.Q.C., fallecido en 2009 por neumonía en el Hospital Regional de Punta Arenas. Este extravío ocurrió durante un cambio de dependencias del Hospital Clínico de Magallanes. La carpeta indagatoria también señala la falta de declaración del fiscal Eugenio Campos, quien fue una de las últimas personas en ver con vida al niño, a pesar de la recomendación de la Brigada de Homicidios de la PDI. Ni el actual fiscal ni el ex persecutor a cargo "recuerdan" haberle tomado declaración.
El periodista Gustavo Manén, a cargo de una investigación que puso este tema en la discusión pública, describe el caso como una consecución de hechos curiosos, donde la justicia chilena "se olvidó" de procedimientos relevantes. En las conclusiones de la PDI, se señala que los antecedentes son insuficientes para determinar las causas de la muerte de A.Q.C. y la participación de terceras personas, reafirmando la necesidad de la ficha médica y la declaración del fiscal Campos.
Problemas estructurales del Sename
El psicólogo infanto juvenil Alexander Salin atribuye las muertes en los hogares del Sename a un problema político y al diseño de las políticas sociales durante la dictadura militar. Salin identifica varios "nudos críticos":
- Los organismos colaboradores de Sename, en su mayoría ONG, operan bajo una lógica de "caridad", viendo a los niños como objetos de protección.
- La precarización de los trabajadores que ejecutan las políticas de protección.
- La lógica de la "subvención a la demanda" fomenta incentivos perversos para mantener a niños en el sistema, sin orientar las políticas a la prevención o desinstitucionalización.
Salin concluye que el Estado de Chile no asume su responsabilidad como garante de derechos.
Posibles soluciones y desafíos
Francisco Estrada propone una solución definitiva basada en tres pilares:
- Unidades polivalentes con niños adecuadamente medicados, personal dedicado y trabajo conjunto con las familias.
- El objetivo final debe ser que los niños regresen con sus familias de origen, rompiendo el círculo de la pobreza y el maltrato.
- Los niños deben contar con una defensa jurídica adecuada, a diferencia de los menores "infractores de ley" que tienen "muy buenos defensores", los niños vulnerados son vistos como un "trámite burocrático".
Estela Ortiz coincide en la necesidad de que los niños vuelvan con sus familias y cuestiona la estigmatización de la pobreza, señalando que no hay niños del 50% más alto del nivel económico en los centros del Sename, a pesar de que el abuso y la violencia son transversales. A mediano plazo, el Consejo para la Infancia busca cerrar el Sename y crear un nuevo servicio, con la esperanza de que esté implementado antes de 2019. Sin embargo, "los niños no pueden esperar".