Crisis de seguridad y vulneración de derechos en residencias del Sename

La situación de los niños, niñas y adolescentes bajo el cuidado del Servicio Nacional de Menores (Sename) en Chile atraviesa una crisis estructural profunda. Las denuncias por fugas, redes de explotación sexual y maltratos sistemáticos han puesto en evidencia fallas críticas en la protección estatal, revelando un entorno donde la seguridad de los menores es vulnerada de forma reiterada.

Esquema sobre la cadena de fallos institucionales y las redes de explotación que operan en torno a las residencias del Sename

Informes y antecedentes de una crisis sistémica

Un lapidario informe de la PDI, que investigó 240 hogares de menores en 2017, concluyó que el Estado chileno viola sistemáticamente los derechos de los niños bajo su tutela. Los datos son alarmantes: en el 100% de los centros administrados directamente por el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares se constataron 2.071 abusos, de los cuales 310 tienen connotación sexual.

Este documento, que resume una investigación de 257 páginas sobre 1.313 muertes ocurridas entre 2005 y 2016, destaca que las vulneraciones se han instalado como una dinámica propia de funcionamiento. A pesar de la gravedad, el informe fue entregado a la Fiscalía en 2018 sin que se hiciera público inicialmente, lo que ha generado fuertes críticas políticas hacia las autoridades competentes.

Tipo de maltrato Cantidad de casos
Maltratos entre pares 1.265
Maltratos por parte de adultos 432
Abusos sexuales (menores) 187
Abusos sexuales (adultos) 123
Maltratos por familiares 53

Redes de explotación y peligrosas fugas

Una de las problemáticas más graves es el fenómeno de las fugas recurrentes. En residencias como el centro "La Granja" en La Pintana, vecinos y familiares han reportado situaciones extrañas, como la presencia de adultos durante la noche que buscan a menores. Según investigaciones periodísticas, estos escapes estarían vinculados a redes de explotación sexual que operan captando a las niñas a través de teléfonos celulares.

  • Uso de tecnología: Los dispositivos móviles son utilizados para coordinar encuentros con adultos y la creación de contenido íntimo para su venta.
  • Relaciones abusivas: La falta de cuidado dentro de los centros facilita el surgimiento de dinámicas de explotación, donde incluso menores de edad son inducidos a vulnerar a otros.
  • Vulnerabilidad extrema: Se han reportado casos donde las menores, tras fugarse, son expuestas a situaciones de riesgo vital, balaceras y contacto con sujetos adultos desconocidos.

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Fallos en los protocolos y la fiscalización

El informe policial detalla que el 44,5% de los centros no cumple con los protocolos mínimos exigidos. La falta de medidas ante conductas suicidas, el uso indebido de fármacos como paliativo para la contención y la ausencia de personal de salud calificado son factores recurrentes.

A pesar de que los tribunales de familia deben supervisar estas residencias cada seis meses, la PDI confirmó que existen centros con fiscalizaciones anuales insuficientes. Además, el 93,8% de los recintos no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de niños con perfiles clínicos o casos complejos.

Consecuencias de la desprotección estatal

Los hechos de violencia trascienden las fugas; en Valparaíso, una menor residente de un centro del Sename fue víctima de una agresión sexual tras desaparecer durante la madrugada, siendo encontrada posteriormente en un sitio eriazo. Este caso, al igual que el de la pequeña Lissette Villa años atrás, refleja el fracaso en el deber de custodia que el Estado tiene con los menores.

Las autoridades han sido cuestionadas por no implementar las medidas necesarias para detener estos abusos, a pesar de la existencia de múltiples informes previos, incluyendo documentos de la ONU, el Informe Jeldres y la Contraloría, que advertían sobre la precariedad del sistema de protección infantil en Chile.

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