Contexto Administrativo: El Fin del Mandato de Nibaldo Avilés
Hacia fines de 2022, Luperfina Rojas asumió como rectora de la Universidad de La Serena (ULS) para el período 2022-2026, tras ganar con el 57% de las preferencias. Ella sucedió los 16 años de mandato de Nibaldo Avilés.
El Conflicto Laboral con los Académicos Jubilados
Tras tres décadas de docencia, la profesora de flauta traversa, Clarina Ahumada, se jubiló en la ULS. A la vez, le ofrecieron la oportunidad de continuar sus labores como docente. Sin embargo, a fines de noviembre de 2017, fue desvinculada de la Universidad de La Serena en el marco de una estrategia diseñada por la casa de estudios para hacer un recambio de los académicos con mayor edad. En lugar de buscar una forma amistosa y justa, la universidad declaró a estos académicos como "funcionarios de hecho", lo que significaba que no tenían vínculos con la ULS desde el momento en que se jubilaron.
La universidad nunca reconoció este error administrativo, que cometió por más de 30 años. Si lo hubieran asumido, como señala el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Letras del Trabajo, perfectamente podrían haber negociado justamente. Clarina había dejado estipulado que se iría en enero de 2018.
Consecuencias y Costos de la Estrategia Universitaria
El despido fue abrupto, y la universidad se ahorró pagar 11 sueldos en ese momento. Pero, tras ganar esta batalla legal, la ULS debió cancelar cerca del triple de esa cifra. Clarina Ahumada consideró que realmente se trató de una mala estrategia y perversa, de mala fe, por parte de la Universidad de La Serena.
El Caso de Clarina Ahumada: Un Precedente Histórico
Fueron casi tres años de lucha, pero afortunadamente los profesores lograron resultados favorables en todas las instancias judiciales. En el caso de la profesora Ahumada, la universidad presentó un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones de La Serena, lo que finalmente abandonaron. El caso de esta docente no es el único; son 25 los profesores que pasan por una situación similar.
Estos pagos representan dineros públicos que están pagando todos los chilenos, porque la ULS es una universidad del Estado. Clarina Ahumada expresó su dolor por la vulneración de los derechos de los trabajadores y consideró que esto sienta un pésimo precedente. También señaló la importancia de considerar quién dirigía la universidad y quién tomó esta determinación.
Primer Encuentro de Trabajadoras y Trabajadores de las Universidades Estatales de Chile
Implicaciones de un Actuar Indolente
Según el dictamen de la justicia, la Universidad se vio obligada a compensaciones económicas y, además, en el caso de Clarina, a asignarle su nombre a la sala 23 del Departamento de Música. La abogada Constanza Tobar, defensora de Clarina, señaló que se trata de un caso histórico. A su juicio, no solo significa un juicio que se gana frente a una universidad estatal, sino que se trata de un juicio donde la justicia se hace real.
Tobar destacó que Clarina es una de las formadoras de la Escuela Experimental de Música de la Universidad de La Serena y ha sido un soporte fundamental para la comunidad. Explicó que las artes y los oficios que enseñan estos maestros fueron "pasadas a llevar", y los tribunales, con este acto, repararon de una manera simbólica el daño que Clarina recibió por el actuar indolente de la universidad, siendo que se trata de una casa de estudios que se financia con dineros de todos los chilenos. Afirmó que la ULS cometió abusos con sus profesores históricos. Clarina Ahumada, al igual que su marido Lautaro Rojas, es una mujer dedicada en cuerpo y alma a la música y a la docencia.
Disputa sobre el Impacto Financiero
Un jurista, cuyo nombre no se especifica en el borrador, no compartió la apreciación de que esto fuera un duro golpe para el patrimonio de la universidad, considerando que se trataba de casi $2 mil millones de pesos. Argumentó que los dineros relacionados con esta causa estaban aprovisionados hace varios años, cuando se descubrió este hecho. A su juicio, se trataba de hechos puntuales. Mencionó que las administradoras de fondos de pensiones tienen que informarle a los servicios públicos las personas que se tienen que alejar de sus respectivos trabajos, y esa comunicación, a la luz de la auditoría realizada, no estaba disponible.