Los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre estos derechos fundamentales se incluyen el derecho a la vida y a la libertad, a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas, a la libertad de opinión y de expresión, a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Uno de los grandes logros de las Naciones Unidas es precisamente la creación de una normativa integral sobre los derechos humanos, un código protegido a nivel universal e internacional al que todas las naciones pueden adherirse y al que toda persona aspira.
Las Naciones Unidas han definido un amplio abanico de derechos aceptados internacionalmente, que abarcan aspectos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. Los cimientos de este cuerpo normativo se encuentran en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), aprobadas por la Asamblea General en 1945 y 1948, respectivamente.
La Protección de los Derechos Humanos: Un Compromiso Fundamental de la ONU
Cimientos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos
La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos. Redactada por representantes de todas las regiones del mundo de diferentes culturas y tradiciones jurídicas, la Declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948, en su Resolución 217 A (III), como un ideal común para todos los pueblos y naciones. Desde su aprobación en 1948, la DUDH se ha traducido a más de 501 idiomas, convirtiéndose en el documento más traducido del mundo, y ha servido de inspiración para las constituciones de muchos nuevos Estados independientes, así como para numerosas nuevas democracias.
Una serie de tratados de derechos humanos internacionales y otros instrumentos adoptados desde 1945 han ampliado el derecho internacional de los derechos humanos. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por ejemplo, entró en vigor en 1976. Su Protocolo Facultativo lo hizo en 2013. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, compuesto por 18 expertos independientes, supervisa la implementación de este Pacto por sus Estados parte.
De manera similar, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su primer Protocolo Facultativo entraron en vigor en 1976, contando con 167 Estados parte a finales de 2010. El Segundo Protocolo Facultativo de este pacto fue aprobado en 1991. Este Pacto recoge derechos como la libertad de movimiento, la igualdad ante la ley, el derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia, la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, la libertad de opinión y de expresión, la reunión pacífica, la libertad de asociación, la participación en asuntos públicos y elecciones, y la protección de los derechos de las minorías.
Estructura y Mecanismos de la ONU para los Derechos Humanos
El Consejo de Derechos Humanos fue creado el 15 de marzo de 2006 por la Asamblea General y se encuentra bajo su autoridad directa. Este órgano intergubernamental reemplazó a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que estuvo en funcionamiento durante 60 años. El aspecto más innovador del Consejo de Derechos Humanos es el Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo único que requiere el examen de la situación de los derechos humanos en los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas cada cuatro años. El EPU está diseñado para asegurar la universalidad e igualdad de trato hacia todos los países.
Además, el Consejo de Derechos Humanos cuenta con procedimientos especiales compuestos por expertos independientes en derechos humanos, quienes tienen el mandato de informar y asesorar sobre derechos humanos desde una perspectiva temática o específica de cada país. Estos expertos, que no reciben remuneración, son elegidos para mandatos de tres años, prorrogables por otros tres. Desde 2006, el Consejo ha creado varios órganos, como misiones o comisiones de investigación, para investigar presuntas violaciones de derechos humanos en países específicos.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ejerce la responsabilidad principal de las actividades de derechos humanos de la ONU. El ACNUDH actúa como secretaría del Consejo de Derechos Humanos, de los órganos de tratados (comités expertos que supervisan el cumplimiento de los tratados) y de otros órganos de la ONU que trabajan por los derechos humanos. La mayoría de los tratados clave sobre derechos humanos dependen de un órgano de supervisión, responsable de analizar el cumplimiento de ese tratado por los países que lo han ratificado.
Los derechos humanos son un tema transversal en todas las políticas y los programas de la ONU en ámbitos clave como el desarrollo, la asistencia humanitaria, la paz y la seguridad, así como en asuntos económicos y sociales. Por ello, prácticamente todo órgano de la ONU y organismo especializado se ve envuelto de alguna forma en la protección de los derechos humanos. La ACNUDH, por ejemplo, llevó a cabo la Iniciativa “Derechos Humanos 75”, una conmemoración de un año de duración durante la cual 150 Estados miembros, ONG, empresas y entidades de la ONU hicieron promesas sobre una amplia gama de cuestiones de derechos humanos. Los tres objetivos principales de esta iniciativa se centraron en la universalidad, el progreso y el compromiso bajo el liderazgo de ONU Derechos Humanos y sus socios.

Grupos Vulnerables Prioritarios para las Naciones Unidas
Las Naciones Unidas dedican esfuerzos significativos a la protección y promoción de los derechos de diversos grupos que, debido a factores históricos, sociales o contextuales, se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. A continuación, se detallan cuatro de estos grupos prioritarios, cuyas necesidades y derechos son atendidos de manera específica por la organización.
Afrodescendientes
Las estructuras e instituciones discriminatorias, junto con los legados de injusticias como la esclavitud y el colonialismo, hacen que los afrodescendientes se encuentren entre los grupos más pobres y marginados de la sociedad. El racismo sistémico les roba la dignidad y los derechos humanos, como ha señalado Michael McEchrane, miembro fundador de la Red Europea de Afrodescendientes. La historia lo demuestra: más de cuatro millones de esclavos fueron enviados por barco a Brasil desde las costas africanas a partir del siglo XVI. La esclavitud fue prohibida en Brasil en 1888, cuando los abolicionistas abordaron el asunto.
En el siglo XIX, las cataratas del Niágara fueron una de las últimas paradas del Ferrocarril Subterráneo, una red que jugó un papel fundamental en el establecimiento de la resistencia afroamericana. Se celebra la valentía de quienes arriesgaron sus vidas para ayudar a otros a escapar, incluida la legendaria Harriet Tubman. El día 21 de marzo se conmemora cada año como el aniversario de la masacre de Sharpeville en 1960, un recordatorio de la lucha continua contra la discriminación. En la actualidad, los descendientes de la comunidad Danda en Brasil, por ejemplo, luchan por los derechos de la tierra en la que sus ancestros vivieron y trabajaron durante años.

Refugiados
Con más de 20,7 millones de personas refugiadas en la actualidad, son numerosos los desafíos en relación con el acceso, la calidad y la equidad de sus derechos. Sin embargo, la educación desempeña un papel fundamental para garantizar que los refugiados puedan desarrollarse plenamente, encontrar un trabajo y contribuir a la sociedad. La UNESCO, consciente de esta realidad, ha elaborado dos documentos que analizan cómo proteger y hacer valer el derecho a la educación de los refugiados. Adicionalmente, se considera prioritario atender la prohibición de detención de niños, niñas y adolescentes que migran, así como garantizar su acceso a la justicia y la protección de sus derechos humanos en las fronteras y en los espacios de privación de libertad.

Grupos Minoritarios y Pueblos Indígenas
Las minorías y los pueblos indígenas necesitan un sistema educativo que respete sus necesidades culturales, lingüísticas y religiosas, y les permita prosperar y llevar una vida plena. Esto incluye fundamentalmente la introducción de garantías legales, la adaptación de los contenidos educativos y las prácticas de enseñanza a sus especificidades culturales, así como la garantía de una educación bilingüe e intercultural y la asignación de un presupuesto específico, entre otros. Los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas, en particular, incluyen la garantía de su participación efectiva en la toma de decisiones en asuntos que les atañen. En este sentido, la ONU observa y acompaña procesos de consulta para la implementación del derecho de los pueblos indígenas al consentimiento previo, libre, informado y culturalmente adecuado, en el marco del ejercicio de su libre determinación.
Durante la Novena Consulta de los Estados Miembros sobre la Convención y la Recomendación relativas a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza de 1960, varios Estados Miembros informaron sobre las medidas adoptadas para apoyar el derecho a la educación de los pueblos indígenas. La UNESCO publicó un informe que ofrece una visión general de estas medidas comunicadas, y próximamente publicará un informe temático similar centrado en el derecho a la educación de las minorías.
En un esfuerzo por concienciar sobre la importancia de las lenguas indígenas para el desarrollo sostenible, la construcción de la paz y la reconciliación, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución en la que proclamó el periodo comprendido entre 2022 y 2032 como el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas. Asimismo, la discriminación contra grupos minoritarios persiste; por ejemplo, los casos de discriminación, especialmente contra los estadounidenses de origen asiático y los neoyorquinos de las islas del Pacífico, han aumentado durante la crisis de COVID-19. En respuesta, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de Nueva York lanzó una campaña de arte público para abordar los prejuicios y la discriminación anti-asiáticos.

Personas en Contextos de Emergencia
La educación es un derecho humano al que todos tienen derecho, en todo momento. Sin embargo, en las situaciones de conflicto y en los contextos de emergencia, los Estados suelen tener dificultades para garantizar y proteger el derecho a la educación, en particular para los grupos vulnerables ya marginados. La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto, además, la carencia de resistencia de los sistemas educativos, acentuando así las desigualdades ya existentes, las pérdidas de aprendizaje, el deterioro de la salud y el bienestar, y la deserción escolar por parte de los alumnos.
Durante las situaciones de emergencia, la educación no se considera generalmente como algo que puede salvar vidas. Sin embargo, los padres y los propios alumnos insisten constantemente en el valor que tiene la educación para los afectados, definiéndola como vital para la estabilidad, la protección emocional y física, así como la continuidad. La educación también puede ayudar a todos los afectados por las situaciones de emergencia a reintegrarse en la sociedad y, en el contexto de los conflictos, puede desempeñar un papel en la prevención de otros acontecimientos similares.
En consecuencia, la UNESCO trabaja para que la comunidad internacional actúe con miras a minimizar los efectos nocivos de las situaciones de emergencia. La normativa de derechos humanos se aplica en todos los contextos, lo que plantea obligaciones internacionales específicas. El derecho a la educación es inderogable, lo que significa que los Estados no pueden limitar temporalmente su realización durante un estado de emergencia, a menos que se invoque la cláusula de limitación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) y esto esté debidamente justificado. La sección de Derechos Humanos de la Misión de Estabilización Integrada Multidimensional de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA) apoya programas para personas con discapacidades dirigidos por una asociación local, mostrando la amplitud de los esfuerzos en estos contextos.