Tras un exhaustivo proceso de evaluaciones, revisiones y testeos de diversos modelos de medición, el gobierno ha avanzado significativamente en la implementación de la nueva Ficha de Protección Social (FPS). Este nuevo instrumento, cuya aplicación gradual se iniciará en enero próximo, introduce un cambio fundamental en el sistema de acceso a subsidios y beneficios estatales: el reemplazo del actual sistema de obtención de puntajes por un modelo basado en la asignación de recursos según tramos de clasificación socioeconómica de los hogares.
El esquema vigente hasta la fecha data de 1979 y ha experimentado múltiples modificaciones a lo largo del tiempo en cuanto a la recolección de datos, la medición de la situación familiar y sus necesidades. La estratificación basada en puntajes se estableció en 1987.
La FPS, anteriormente conocida como Ficha CAS (Comités de Asistencia Social), es un instrumento primordial para la focalización del gasto público, especialmente en el ámbito social. La relevancia de esta transición es considerable desde una perspectiva fiscal, dado que el peso de los subsidios y beneficios entregados por el Estado ha aumentado progresivamente desde 1990. Si en aquel entonces representaba menos del 50% del Presupuesto de la Nación, hoy asciende a casi el 68%. Con una base fiscal actual de 42.000 millones de dólares, aproximadamente 28.500 millones se destinan a gasto social, de los cuales unos 2.000 millones se asignan anualmente solo a subsidios para el 20% más pobre de la población.
Estructura de la Nueva Ficha de Protección Social
La nueva ficha, cuyo nombre oficial aún no se ha revelado, se fundamenta en tres pilares principales, según detalló el ministro de Desarrollo Social (MDS), Marcos Barraza:
1. Registro Social de Hogares
La primera instancia consiste en la creación de un Registro Social de Hogares que recopilará datos sociodemográficos como la dirección y composición del grupo familiar. Este registro también incluirá información detallada sobre educación, salud e ingresos efectivos, superando la estimación de ingresos que se utilizaba anteriormente. Se distinguirán diferentes tipos de ingresos, como primarios, secundarios, temporales, autónomos o condicionados.
2. Nuevo Diseño para la Asignación de Beneficios
La segunda instancia se enfoca en un renovado diseño de instrumentos y mecanismos para la asignación de beneficios y prestaciones. Este nuevo esquema se basará en la clasificación de las familias en tramos de clasificación socioeconómica, abandonando el sistema de puntaje continuo que rige actualmente.
3. Entidad de Rectificación, Actualización y Cumplimiento
La tercera y última instancia contempla la creación de una entidad dedicada a la rectificación, actualización y cumplimiento de la información. Esta entidad operará en línea y recibirá información tanto de los municipios como, de manera principal, de las propias familias. Estas últimas deberán reportar cualquier cambio en la composición del hogar, situación sanitaria, educacional, de ingresos, vivienda, entre otros aspectos relevantes.
Implementación y Capacitación
El proceso de capacitación para llevar a la práctica el nuevo sistema se iniciará este mes en los 345 municipios del país. La marcha blanca está programada para noviembre próximo, y a partir de enero de 2016, todas las comunas deberán comenzar la implementación gradual y progresiva de la nueva ficha.
La puesta en marcha de este sistema se produce cuatro años después del fallido intento de modificación de la FPS durante la administración del ex Presidente Sebastián Piñera. En enero de 2013, las autoridades de la época se vieron obligadas a suspender el proceso de actualización de la Ficha Social, anunciado dos meses antes, debido a inconvenientes técnicos.
Funcionamiento del Registro Social de Hogares
El ministro Barraza especificó que el Registro Social de Hogares operará como una plataforma en línea. Esta plataforma se alimentará principalmente de datos administrativos provenientes de instituciones clave como el Servicio de Impuestos Internos (SII), la Tesorería General de la República, la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC Chile), el Registro Escolar, el Ministerio de Salud, el Servicio de Vivienda y Urbanismo, y las superintendencias de Pensiones, Isapres, Educación y de Seguridad Social.
Estos datos administrativos se complementarán con la información autorreportada por los ciudadanos en las municipalidades. Ambos tipos de información serán sometidos a un test de verificación de medios diseñado para contrastar los datos, detectar inconsistencias y determinar automáticamente si la información reportada es correcta, incompleta, requiere actualización o es falsa.
Este proceso de verificación es crucial, ya que el nuevo sistema definirá un índice de vulnerabilidad basado en ingresos efectivos y la composición familiar. A diferencia del sistema actual, que considera ingresos potenciales, el nuevo enfoque busca una asignación transparente y justa de recursos, fundamentada en datos inobjetables desde la perspectiva ciudadana.
Hitos Clave del Índice de Vulnerabilidad
- A los mayores de 60 años no se les considerará el valor de la vivienda, independientemente de si es propia.
- Si una familia posee un vehículo y entre sus integrantes hay una persona con discapacidad, el valor del vehículo no será considerado.
- Si una persona entre 18 y 24 años está estudiando y trabajando, su ingreso solo se considerará efectivo si supera los dos salarios mínimos.
El nuevo formulario eliminará las preguntas relacionadas con los gastos del hogar, revirtiendo uno de los cambios implementados por la administración anterior. Mientras la FPS original contaba con 67 preguntas, la Ficha Social aumentó a 90; tras su fracaso, se redujo nuevamente a 67. El nuevo sistema consolidará estas preguntas a 56.
“Requerimos dotar al Estado de un sistema en que dentro de sus atributos y rasgos importantes prevalezca la objetividad de los datos. Nos interesa tener un índice de vulnerabilidad en base a datos administrativos. Este sistema ya no se sostiene sobre la orientación de registrar más gastos y autorreportar ingresos. Ahora prevalece el dato administrativo”, afirmó el ministro.
Solicitud de ingreso al Registro Social de Hogares si no estás inscrito
Los Nuevos Tramos de Clasificación Socioeconómica
El segundo frente del nuevo sistema implica el rediseño de los instrumentos y mecanismos para la asignación de subsidios y beneficios estatales, siguiendo la recomendación del Informe Final del Comité de Expertos Ficha de Protección Social de 2012.
Utilizando el índice de vulnerabilidad, el sistema determinará el tramo de clasificación socioeconómica al que pertenece una familia. Con esta información, se procederá a la focalización, transferencia y asignación de prestaciones y recursos fiscales, poniendo fin a la lógica de puntajes continuos basados en ingresos, patrimonio y gastos.
Este cambio permitirá, por ejemplo, que una trabajadora, a pesar de poseer vivienda propia, pueda recibir un bono al empleo, ayudas escolares para sus hijos o pensiones solidarias para sus padres ancianos, si cumple con los requisitos y se ubica en el tramo socioeconómico correspondiente. Actualmente, debido a la obtención de puntajes continuos, muchas familias en situación de vulnerabilidad (pero no de pobreza extrema) no acceden a estas ayudas complementarias al exceder los límites de puntaje.
Responsabilidad Ciudadana en la Actualización de Datos
La tercera entidad del nuevo sistema, la de rectificación, actualización y cumplimiento, recae en primera instancia sobre los propios ciudadanos o familias. Su responsabilidad radicará en la entrega de información correcta, fidedigna, comprobable y actualizada. Este proceso es fundamental para asegurar que el sistema no solo evite la asignación incorrecta de beneficios, sino que también garantice que estos cumplan con los objetivos de los programas estatales.
La autoridad ministerial destacó que esta medida responde a una demanda ciudadana para corregir la deficiencia actual del sistema, que a menudo limita o impide el acceso a beneficios para familias cuya situación ha cambiado o deteriorado. La nueva estructura facilitará el acceso a apoyos más acordes a sus condiciones actuales.
Para asegurar la efectividad de este nuevo enfoque, todo el proceso de levantamiento de información de la FPS estará regido por plazos, resultados y estándares de calidad homogéneos para todas las comunas. Actualmente, cada municipalidad opera con sus propios estándares de atención y cumplimiento. Un reglamento de carácter legal, en proceso de elaboración por el MDS y con la opinión de la Contraloría General de la República, establecerá esta uniformidad.
“Estamos trabajando en un reglamento que permitirá por primera vez que el sistema funcione con una misma lógica para todas las municipalidades. Este reglamento viene a protocolizar, estandarizar y establecer calidad, eficiencia, respuesta y transparencia al proceso”, afirmó el ministro.
La Fallida Ficha de Piñera y Lavín
En noviembre de 2012, el entonces ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, anunció la implementación de una nueva Ficha Social, diseñada para reemplazar a la Ficha de Protección Social (FPS) tras un año de rediseño. El objetivo era modernizar el instrumento de focalización del gasto social, introduciendo como principal cambio el reporte prioritario no solo de ingresos, sino también de gastos familiares.
Para ello, el formulario se amplió de 67 a 90 preguntas, incorporando un módulo específico para gastos en servicios básicos, alimentación, transporte y estudios, solicitando respaldos como boletas y otros documentos legales. El cambio más significativo fue la inclusión del gasto en enfermedades y tratamientos, también con exigencia de comprobantes.
Sin embargo, a principios de 2013, la autoridad suspendió el proceso de actualización debido a problemas con el software del nuevo algoritmo de cálculo de puntaje, que requirió nueve modificaciones posteriores y provocó el incumplimiento de los plazos establecidos. Un Informe de Investigación Especial de la Contraloría General de la República, difundido en julio pasado, concluyó que entre 2011 y 2013, el MDS invirtió 30 millones de dólares en el diseño y aplicación de este instrumento sin que llegara a implementarse. Los recursos se destinaron a transferencias a municipalidades y a la adquisición de bienes y servicios necesarios para su aplicación.
Actualmente, todas las personas mayores de 18 años pueden inscribirse en el Registro Social de Hogares a través de internet, completando los formularios correspondientes. Quienes ya estén inscritos pueden consultar su tramo de pertenencia accediendo al sitio web del Registro Social de Hogares y utilizando la clave elegida en la sección "Ir a mi registro". La pertenencia a los grupos más vulnerables abre el acceso a numerosos beneficios estatales.