Mortalidad y Vulneración de Derechos en el SENAME de Chile: Una Crisis Institucional

Introducción: La Crisis en el Servicio Nacional de Menores (Sename)

El Servicio Nacional de Menores (Sename) en Chile ha sido objeto de severas críticas e investigaciones debido a la alarmante cantidad de muertes de niños, niñas y adolescentes (NNA) bajo su tutela. Desde que se conoció el caso de Lisette Villa, el país está cada vez más consciente y tal vez, también más solidario con la situación de los NNA que están bajo el cuidado de la Red del Sename. Informes reservados y denuncias han puesto de manifiesto graves fallos institucionales, abusos y una alarmante falta de protección para los menores más vulnerables del país. La crisis en el Sename surge con la muerte de una menor en el Centro Galvarino a principios de año.

La prevalencia de muerte entre los NNA bajo el cuidado del Sename es con creces más alta que entre los NNA en general. Es inaceptable la falta de interés que hemos tenido como sociedad al no preocuparnos por su suerte. Por fin, como sociedad, empezamos a preguntar por ellos y exigimos al Estado rendir cuenta, lo que está comenzando a hacer. El caos estadístico y la falta de transparencia han sido constantes, dificultando una comprensión precisa de la magnitud del problema.

Cifras Alarmantes de Mortalidad y Desconocimiento

De las 878 muertes de niños, niñas y adolescentes registradas al interior de la red Sename, ocurridas entre enero de 2005 y julio de 2016, solo 347 casos fueron conocidos por la Fiscalía y 200 de ellos investigados. En promedio, murieron anualmente 0,94 NNA por cada 1000 de quienes recibieron atención en la Red del Sename, entre 2006 y 2014. Entre todos los NNA en Chile, la prevalencia de muerte ascendía a solamente 0,68 por cada mil.

Según el informe de la directora del servicio, Solange Huerta, se cifró en 243 el número de menores fallecidos en los centros que se encuentran bajo la administración del organismo entre el 1 de enero de 2005 y el 30 de junio de 2016. De ellos, 210 murieron en el sistema residencial y 33 en centros de Justicia Juvenil mientras cumplían alguna medida de internación provisoria. De los 210 NNA en el sistema de protección residencial (centros del Sename o de organismos colaboradores privados), 131 decesos estaban asociados a alguna enfermedad. La cifra de NNA que fallecieron mientras vivían con sus familias y eran atendidos en programas ambulatorios a cargo de organismos privados llegó a 406. Además, en este período fallecieron 215 adultos que permanecían en centros de protección por tener graves discapacidades, al no existir otros organismos que los acogieran.

El Caos Estadístico

Lo único claro respecto del número de menores vulnerables muertos cada año bajo la tutela del Estado es que no se sabe. Según un informe del Ministerio de Justicia, requerido por el diputado René Saffirio, 185 menores murieron entre 2005 y mayo de 2016. Sin embargo, un reporte de Unicef reveló que el número de fallecimientos durante 2010 era cinco veces el reportado por el informe. El gobierno chileno salió a aclarar, entonces, que la cifra solo incluía a los menores del área "protección".

BBC Mundo analizó los anuarios oficiales del Sename de 2010 a 2014 y el resultado arrojó 318 fallecimientos, los que, sumados a los 77 correspondientes a ese período de la lista entregada por Justicia, darían un total de 395. Pero el número oficial no parece confiable ni siquiera para quienes lo publicaron. Francisco Estrada, abogado experto en infancia y exdirector del Sename, explica: "No tengo ninguna confianza en las cifras. Es posible que esté replicada la información. Por ejemplo, si un niño ingresó a distintos programas y murió, su muerte será contabilizada como egreso en todos ellos".

Principales Causas de Muerte

Anexos reservados de informes del Sename detallan las principales causas de muerte registradas en un grupo significativo de fallecidos en centros de administración directa y residencias colaboradoras. Entre las causas más frecuentes se encuentran:

• Paros cardiorrespiratorios
• Neumonía
• Insuficiencias respiratorias
• Asfixia (por broncoaspiración, sumersión, sofocación o aspiración de contenido gástrico)

Además, se han reportado:

• Suicidios (seis casos en un análisis específico)
• Bronconeumonía
• Shock séptico
• Falla orgánica múltiple

El Servicio Médico Legal también ha registrado causas de muerte que sorprenden por su grado de violencia, como lactantes o preescolares ahogados con sus propios fluidos (gástricos o respiratorios), un menor muerto por un golpe en la cabeza por caer de altura, homicidios y suicidios por ahorcamiento.

Centros con Mayor Índice de Mortalidad

El informe también identifica los recintos donde se produjeron la mayor cantidad de fallecimientos a lo largo de los años. Entre ellos, destacan:

• Casa Nacional del Niño
• Pequeño Cottolengo Don Orione
• Los Jazmines
• Hogar San Ricardo (Región Metropolitana)
• Mejoramiento de la Calidad de Vida (V Región)
• Pequeño Cottolengo (VI Región)
• CTD Lactante Arrullo (VIII Región)
• CTD Belén (IX Región)
• CPE- San Arnoldo (X Región)
• Los Aromos Sección Severos (VIII Región)

Responsabilidad Estatal y Violaciones Sistemáticas de Derechos Humanos

El Comité de los Derechos del Niño, organismo a cargo de velar por el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, afirmó en 2018 que el Estado de Chile es responsable de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos de NNA bajo su cuidado. Recomendó establecer mecanismos de reparación para las víctimas, actuales y pasadas, priorizando su derecho a ser oídas y a expresar su dolor, y desarrollar un plan de acción de reparación.

La Defensoría de la Niñez, en su análisis, también recomendó al gobierno en 2020 la "creación de una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación que, liderada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de su Subsecretaría de Derechos Humanos, permita establecer con la mayor claridad los graves hechos de violación a los derechos humanos de NNA al interior de residencias de protección del Sename o de sus organismos colaboradores". Esta petición no recibió respuesta del Poder Ejecutivo de la época.

La responsabilidad del Estado de respetar, proteger y garantizar los derechos de los NNA bajo su cuidado es mayor y es transversal. Si el Estado delega sus funciones a proveedores privados, mantiene el nivel de responsabilidad, tal como indica el derecho internacional general, por tanto, debe hacer una fiscalización estricta.

Las investigaciones en las causas de las muertes de los NNA fallecidos en la red del Sename deben abarcar las preguntas estructurales: ¿Hizo todo lo que debiera haber hecho para que ese niño (a) no muriera? Esto es más que indagar en el actuar posiblemente negligente de funcionarios, directores o proveedores. Una vez identificado un riesgo, ¿existe la posibilidad concreta y real de derivación a un especialista? ¿Existen mecanismos eficaces de denuncia de violaciones, que conllevan una respuesta pronta y adecuada para atender a NNA? ¿Son los recursos del sistema los suficientes, y han sido utilizados de manera diligente y eficaz?

El Lapidario Informe de la PDI (2017)

Un lapidario informe de la PDI (Policía de Investigaciones) que en 2017 investigó 240 hogares de menores concluyó que el Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños bajo su tutela. En el 100% de los centros que administra el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares, se constataron 2.071 abusos, de los cuales 310 tuvieron connotación sexual.

Este grave informe policial fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, pero no se hizo público de inmediato, lo que generó fuertes críticas por la falta de transparencia. El informe de la PDI, de 257 páginas, es un resumen de una extensa investigación realizada a petición del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien indaga sobre las 1.313 muertes en centros del Sename entre 2005 y 2016, cifra reportada tras el deceso de Lissette Villa en 2016.

Hallazgos Clave del Informe de la PDI:

• Violencia Sistemática: El informe constata una violencia sistemática en el funcionamiento de los centros, una conclusión similar a la de un reporte previo de la ONU, pero mucho más exhaustivo al abarcar 240 de 241 residencias del país. Por ello, es especialmente grave que la PDI haya constatado que la violación de derechos sistemática se ha cometido en el 100% de los hogares administrados directamente por el Sename.
• Incumplimiento de Protocolos: El 44,5% de los centros no cumple con los protocolos mínimos exigidos por el Sename. Específicamente, el 72,9% no cuenta con protocolo ante conductas suicidas, y el 76,7% carece de protocolo para sujeción y contención física. La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor.
• Abusos y Maltratos: Se desglosan 2.071 vulneraciones graves de derechos contra los niños constatadas por la PDI:
  • 432 maltratos por parte de adultos
  • 1.265 maltratos entre pares
  • 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos
  • 123 abusos sexuales cometidos por adultos
  • 187 abusos sexuales cometidos entre menores

  El informe policial es categórico: "Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros".

• Abusos Sexuales: En el 50% de los hogares se constataron abusos sexuales, sumando un total de 310 casos con connotación sexual. De ellos, 123 fueron cometidos por adultos (92 en hogares gestionados por organismos colaboradores, 21 en los Cread administrados por el Sename y 10 en otros centros). También se constataron 187 abusos sexuales cometidos por otros menores, la mayor parte de ellos en residencias de organismos colaboradores para adolescentes (62% del total).
• Deserción del Sistema: Un 62,9% de los hogares (151) presentaban casos de "deserciones del sistema". Si se excluyen las residencias para lactantes y discapacitados, la cifra crece hasta un 76,2%.

Críticas al Poder Judicial

Varias instituciones deben responder públicamente por este desastre, no solo el Sename, sino también el Poder Judicial, que queda especialmente en entredicho. Los jueces de familia tienen que visitar los centros dos veces al año. El informe de la PDI planteó la pregunta de si "nunca encontraron estas vulneraciones sistemáticas" y si "han ordenado que esas vulneraciones cesen, se solucionen, se investiguen".

Fallos Estructurales y Operacionales

Deficiencias en la Investigación y Fiscalización

Aunque el 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica por parte del Sename, "en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa". Esto podría limitar su efectividad. Los centros del Sename también deben ser fiscalizados por los tribunales de familia al menos cada seis meses. Sin embargo, la PDI confirmó que dos hogares solo recibieron visitas anuales.

Incumplimiento de Protocolos y Carencias de Personal

El equipo policial estableció que "el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename". Los resultados son aterradores. El 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas. Un 76,7% de los hogares no cuenta con protocolo para "sujeción y contención física frente a desajustes conductuales". Esto, a pesar de que la muerte de Lissette Villa, que gatilló la investigación judicial, fue justamente por errores en la contención de una crisis de la menor. La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor.

En muchos centros, la labor de cuidado y administración de medicamentos recae en personal sin la formación profesional o técnica necesaria en el área de la salud. En 159 centros (el 66,3% del total), "la persona encargada de la administración de los fármacos en jornada diurna es un educador de trato directo sin la formación profesional ni técnica en el área de la salud". Un educador es un funcionario al que solo se le exige cuarto medio rendido para ser contratado. Una investigación de CIPER de 2016 constató cómo los fármacos se suministran sin ningún control a los niños y adolescentes del Sename, muchas veces como paliativo para contenerlos.

El 93,8% de los centros del Sename "no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos". La falta de espacio, lo que lleva a que muchas veces se deban juntar niños con niñas para dormir en los mismos dormitorios, y el hacinamiento son problemas serios, a lo que se suma la falta de personal.

Salud Mental y Física de los Residentes

La cifra de menores a cargo del Sename que padecen alguna enfermedad psiquiátrica, según el reporte de la PDI, es altísima: 37,3% de los residentes. Más allá de los problemas de salud mental, un 14,2% de los residentes presenta alguna patología médica, y el 13,9% sufre una enfermedad crónica. Además, el 0,4% está en estado terminal o en evidente riesgo vital y otro 19,8% presenta algún tipo de discapacidad.

El desglose de esta afirmación es preocupante: 42 centros no tienen un encargado de salud. Y de entre los 198 centros que sí cuentan con uno, la función es ejercida por funcionarios que no cumplen el perfil necesario. En 55 centros que sí cuentan con un responsable, la labor la realiza un técnico de un área distinta a la salud.

El psiquiatra Rodrigo Paz afirma que "Chile tiene la tasa de suicidio adolescente más alta de la región [América Latina] y no tiene camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil".

Casos Emblemáticos: Lissette Villa y Guillermina

El Fallecimiento de Lissette Villa (2016)

La muerte de la pequeña Lissette Villa en abril de 2016 conmovió al país y movilizó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia para detener los abusos contra niños y adolescentes en hogares del Sename. Lissette, de 11 años, falleció por asfixia en el CREAD Galvarino tras ser sometida a una contención física. De sus 11 años, Lissette pasó más de la mitad entrando y saliendo de centros dependientes del Sename. La Justicia decidió que sus padres no estaban capacitados para hacerse cargo de la menor. La evaluación del Sename incluyó maltrato físico y psicológico, además de abuso sexual y abandono.

En el centro donde estaba internada, era conocida por sus episodios de rabia y una fuerza que ni cinco "tías" (cuidadoras) podían contener. El lunes 11 de abril, pasadas las 20 horas, en medio de una crisis, la niña se pegó un cabezazo y comenzó a sangrar. Cuando la cuidadora trató de levantarla del suelo, se dio cuenta de que se había desvanecido. "Ya es parte de la pega (trabajo) que lo que no es normal pasa a ser normal. Por eso es que no se le tomó el peso en realidad a lo que podía pasar", dijo la cuidadora a "Contacto". Ni ella ni su compañera, que estaban a cargo de las 20 niñas de esa casa, tenían conocimientos en primeros auxilios, tampoco estudios superiores o técnicos. Para cuando se dieron cuenta de que estaban frente a una crisis grave, intentaron reanimarla y llamaron a los servicios de emergencia, pero Lissette ya estaba muerta. Nuevamente, no se aplicó ningún protocolo acorde con los parámetros internacionales.

Sobremedicación

El psiquiatra Rodrigo Paz, parte de la querella por la muerte de Lissette, asegura que estaba sobremedicada con un fármaco (benzodiazepina) que en dosis altas actúa como antipsicótico. Además, la menor estuvo "expuesta a antidepresivos por años", a pesar de que, a excepción de la fluoxetina, no está demostrado que hagan efecto en niños. Por el contrario, otro de los fármacos que tomaba Lissette, la sertralina, puede tener un efecto adverso en menores, volviéndolos "más agresivos, impulsivos e irritables". Estrada asegura que la "poca prolijidad" con la que se manipulan este tipo de medicamentos en los centros es "generalizada". El senador Alejandro Navarro afirmó que el 63% de los niños están con tratamiento farmacológico y más de 3.000 niños están sin la debida atención médica de personal especializado.

El Caso de Guillermina (2012)

Guillermina, de 16 años, llegó a "medio vestir" y con dinero al Centro de Protección Alborada del Sename, traída por un policía a las 04:19 de la mañana. Según consta en la querella por cuasi delito de homicidio presentada por su familia, Guillermina se resistió violentamente al reingreso. Menos de media hora después, la encontraron colgada con sus propios cordones. No era la primera vez que intentaba suicidarse.

Contrario a todo protocolo internacional de manejo de menores vulnerables, Guillermina no fue llevada a un hospital para cerciorarse qué tipo de sustancia la tenía en ese estado y estabilizarla, ni para un chequeo completo. La querella no prosperó y la muerte de Guillermina, en agosto de 2012, quedó registrada como un "egreso" más del sistema. Guillermina tenía un historial de consumo de alcohol, drogas y depresión, además de un embarazo adolescente, y estuvo mucho tiempo en situación de calle. Sin embargo, según su abogado, nunca fue diagnosticada con ninguna patología psiquiátrica grave. María Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, ha dicho que el sistema está "en estado terminal".

Desafíos y Propuestas de Solución

La magnitud de la crisis en el Sename ha llevado a plantear la necesidad de una "cirugía mayor" a la institución. Entre las propuestas se incluyen:

• Fortalecimiento de la Fiscalización: Implementar mecanismos de fiscalización más rigurosos y efectivos, tanto internos como externos.
• Mejora de Protocolos: Desarrollar y aplicar protocolos claros y actualizados para la atención de emergencias, salud mental, contención y fallecimientos.
• Capacitación del Personal: Asegurar que todo el personal cuente con la formación y cualificación necesarias para el cuidado de niños y adolescentes.
• Atención de Salud Integral: Garantizar el acceso prioritario y urgente a atención médica y psiquiátrica especializada para los menores con enfermedades mentales o condiciones de riesgo. El senador Patricio Walker instó al Ministerio de Salud a comprometerse con la atención urgente de los niños "con enfermedades mentales o con enfermedades basales que puedan terminar en muerte o en el suicidio".
• Nueva Institucionalidad: Considerar la creación de un nuevo servicio que reemplace al Sename, con una administración profesional y enfocada en los derechos de la infancia.

Francisco Estrada plantea que una solución definitiva se basa en tres pilares:

1. Apoyo y seguimiento psiquiátrico adecuado: Necesitamos unidades polivalentes, con niños adecuadamente medicados, con personal dedicado que también trabaje con las familias y no que las aísle.
2. Reunificación familiar como objetivo principal: "Los niños son internados por pobreza. Vienen de padres que en su infancia también fueron maltratados y la solución no es quitárselos, sino que romper el círculo. Entregarles herramientas, acompañarlos".
3. Defensa jurídica adecuada: Que vele porque todos los actores del proceso hagan su trabajo. Actualmente, los menores "infractores de ley" cuentan con "muy buenos defensores", mientras que aquellos vulnerados que llegan a los tribunales de familia para ser protegidos, "los ve un abogado muy joven, para el que muchas veces el niño es más un trámite burocrático que un sujeto de derecho".

El senador Walker también criticó que la subvención basal para los niños que residen en instituciones colaboradoras de Sename es de 215 mil pesos, en circunstancias que por cada preso se invierten 600 mil pesos. "Esto demuestra que los niños no son prioridad", afirmó.

Avances Legislativos y Nuevas Institucionalidades (2022-2024)

En los años recientes, se han impulsado diversas iniciativas para abordar la crisis de la niñez y adolescencia en Chile:

• 2022: Inicio del proceso de instalación de las Oficinas Locales de la Niñez (OLN). Institución encargada, a nivel comunal, de la promoción, protección, prevención de situaciones de riesgo y vulneraciones de los derechos de la niñez y la adolescencia.
• 2022: Lanzamiento Plataforma Actuar es Urgente en el Día Internacional de los Derechos Humanos.
• 2022: Publicación de la Ley 21.515 que establece la mayoría de edad (18 años) como requisito esencial para contraer matrimonio. Antes, adolescentes de 16 y 17 años podían contraerlo con autorización de sus padres o tutores legales.
• 2023: Publicación de la Ley 21.527 que crea el Servicio Nacional de Reinserción Juvenil. Para cumplir con los fines de la justicia penal adolescente, profundizando en la implementación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CDN).
• 2023: Instalación del Primer Consejo Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes de la Subsecretaría de la Niñez. Instancia que busca representar las diversas voces de la niñez y adolescencia presentes en el país para hacer efectiva su participación en todas las políticas, proyectos y programas que puedan afectarles.
• 2024: Publicación de la nueva Política Nacional de la Niñez y Adolescencia 2024-2032. Documento que busca reconocer el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes en todos los aspectos de su vida: físico, mental, emocional y social.

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