Este lunes se cerró definitivamente el Servicio Nacional de Menores (SENAME) en Chile, una institución que operó durante 46 años y que estuvo marcada por múltiples denuncias de vulneraciones a los derechos humanos de la infancia, lo que llevó a exigencias transversales para su disolución.
Este hito representa la culminación de un profundo proceso de reestructuración estatal iniciado en 2021. El objetivo principal de esta reforma fue desvincular la protección de niños vulnerados de la administración de justicia para adolescentes infractores, creando dos nuevas entidades especializadas.
Un Cierre Gradual por Zonas
La clausura operativa del SENAME se intensificó a partir de enero de 2024. El proceso de traspaso de competencias se llevó a cabo de manera escalonada, comenzando por la zona norte, extendiéndose a la zona sur a principios de 2025 y concluyendo este lunes con la zona central.
Con esta medida, todas las funciones restantes fueron asumidas oficialmente por el nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Esta nueva institución se encargará de los adolescentes en conflicto con la ley, contando con un sistema especializado de administración de justicia con profesionales del Poder Judicial formados específicamente para tratar a este grupo.
Paralelamente, desde 2021, opera el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Este servicio es el encargado exclusivo de resguardar a los menores gravemente vulnerados.
Reconocimiento a los Trabajadores
María Eugenia Fernández, directora del SENAME durante el periodo 2024-2025, fue la encargada de dar el cierre formal a la institución. A pesar de la carga histórica negativa asociada a la marca SENAME, Fernández quiso destacar el factor humano detrás de su operación.
"Más allá de las distintas etapas que marcaron su historia, el cierre del Sename representa también un reconocimiento al trabajo de miles de funcionarias y funcionarios", señaló Fernández, subrayando la labor de quienes sirvieron en la institución a pesar de sus falencias.
Contexto Histórico y Reformas
El ministro de Justicia, José Antonio Gómez, enfatizó la necesidad de crear dos nuevas instituciones para tratar de forma separada a los niños infractores de ley de los menores vulnerados en sus derechos. Esta visión fue fundamental para el proceso de reestructuración.
La ley que crea el futuro Servicio Nacional de Reinserción Juvenil inició su segundo trámite legislativo en el parlamento. Este proyecto, junto con el Servicio Nacional de Protección Especializada, conforman el nuevo mapa institucional que reemplaza al SENAME.
La creación de estas nuevas entidades responde a una demanda histórica de diversos sectores de la sociedad civil, el mundo académico, el gremio de jueces y organismos de defensa de derechos humanos, incluyendo el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas. La senadora Ximena Rincón fue destacada por presidir la Comisión Especial de Infancia y impulsar la tramitación conjunta de estos proyectos.
Debate Legislativo y Desafíos
La tramitación de las leyes que crean los nuevos servicios ha enfrentado debates y demoras. Se ha criticado la técnica legislativa en el orden de aprobación de los proyectos, señalando que la ley de garantías debería haberse votado antes que la que establece los derechos y la protección administrativa.
Autores de una columna especializada advierten que, a menudo, al legislar para proteger a niños y adolescentes, se lanzan "principios de tenor casi poético, pero de escasa efectividad". La preocupación principal reside en las atribuciones y los derechos que protegen las nuevas instituciones, más allá de sus nombres.
Un punto de conflicto en la tramitación de la ley de garantías ha sido la llamada "cláusula del miedo", que limita principios como la autonomía progresiva o el interés superior del niño, al dar primacía al derecho de los padres.
Se ha cuestionado la postura de algunos sectores políticos que buscan aprobar rápidamente el proyecto del nuevo servicio, desestimando la prelación necesaria de la ley de garantías. Se argumenta que la ley de garantías tiene "temas ideológicos" que generan división, especialmente en discusiones sobre homoparentalidad o identidad de género.
Existe la exigencia de un debate real y técnico, alejado de lo ideológico, para superar la visión "decimonónica" de la niñez en el sistema legal chileno.
Cuestionamientos a la Cámara de Diputados y el Rol del Ejecutivo
El ministro de Justicia, José Antonio Gómez, prefirió distanciarse ante un pronunciamiento de la Corte Suprema que cuestiona un informe de la Cámara de Diputados sobre presuntas vulneraciones y abusos en residencias colaboradoras del SENAME. Gómez calificó la situación como un asunto entre dos poderes del Estado.
Diputados oficialistas que votaron en contra o se abstuvieron del informe lo calificaron como "parcial", argumentando que no reflejaba los avances promovidos por el Ejecutivo. Otros parlamentarios criticaron al Gobierno por intervenir para alinear a sus parlamentarios y desechar los contenidos de la comisión.
Se expresó preocupación por la actitud del Gobierno de "protección a quienes objetivamente violaron los Derechos Humanos de cientos de niños", y se rechazó la idea de amparar la impunidad en casos de abusos.
Por otra parte, se argumentó que el informe de la Cámara de Diputados se centró más en atribuir responsabilidades políticas a la ex ministra Javiera Blanco que en buscar soluciones concretas para mejorar la atención a los niños del SENAME.
Ex directores regionales del SENAME calificaron de "impresentable" e "impresionante" el lobby del Gobierno para rechazar el informe, y criticaron la abstención de parlamentarios que formaron parte de la comisión, considerándola una contradicción con su propio trabajo.
Se lamentó que las conclusiones de la comisión se convirtieran en "letra muerta", sin generar obligaciones para el Estado chileno, y sin responsabilizar a quienes tuvieron la oportunidad de mejorar el destino de la infancia.
Desilusión y Falta de Expectativas
El secretario nacional de la Asociación de Funcionarios del SENAME (AFUSE), Cristián Araya, calificó de "lamentable" y "decepcionante" el hecho de que una investigación de más de un año no haya llegado a una conclusión.
Araya señaló que presidentes anteriores prometieron modificaciones que nunca se materializaron, lo que genera falta de expectativas de cambio debido a la ausencia de voluntad política para resolver los problemas de fondo de la institución. Recordó que no es la primera comisión que fracasa en abordar los problemas del SENAME, y que los gobiernos son los responsables de la falta de cambios profundos en la protección de la infancia vulnerada.
Retos y desafíos en la protección de la niñez en la actualidad -ACH 2020-
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