La profunda crisis que atraviesa el Servicio Nacional de Menores (Sename) en Chile, caracterizada por abusos, muertes y vulneración sistemática de los derechos de niños y adolescentes, no es un problema reciente. Gobiernos de distintas administraciones han sido señalados por su inacción ante esta problemática, a pesar de la existencia de numerosos diagnósticos e informes que evidencian la gravedad de la situación.
Informes y diagnósticos que evidencian la crisis
Diversos informes, como el "Misión de Observación Sename 2017" del INDH, el Informe Jeldres de 2013 y comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados, han coincidido en sus conclusiones sobre la alarmante realidad de los centros de menores. Estos documentos señalan la persistencia de abusos, violaciones y la profundización de la crisis por parte de las administraciones.
La diputada Claudia Nogueira (UDI) expresó su decepción ante la falta de un fuerte reproche del INDH a los organismos del Estado, a pesar de las observaciones en los centros. Ramón Farías (PPD) lamentó que, tras un segundo informe, sigan surgiendo "cosas muy oscuras", lo que genera dudas sobre la integridad de los documentos, recordando presiones para modificar informes anteriores.
Marcela Sabat (RN) reafirmó la presión ejercida por el Gobierno para ocultar información y subrayó la necesidad de soluciones concretas ante la "dolorosa realidad de la infancia vulnerada". El sacerdote Francisco Pereira, director de María Ayuda, enfatizó la urgencia de abordar este tema y dejar de postergarlo, dado el exceso de diagnósticos que ya detallan el drama.
Cuestionamientos a la metodología y cifras alarmantes
El ministro de Justicia, Jaime Campos, cuestionó la metodología del informe del INDH, manifestando dudas sobre la generalización de conclusiones a partir de un muestreo de 400 casos, considerando que el Sename atiende a más de 100 mil niños. Sin embargo, el propio ministro admitió no haber tenido acceso directo al informe en ese momento.
Un informe del Ministerio de Justicia reveló que, de 32 personas fallecidas bajo intervención del Sename, 15 eran menores de edad, la mayoría bajo resguardo de centros del servicio y organismos colaboradores. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, detalló que muchas de estas muertes se debieron a enfermedades congénitas y ocurrieron fuera de los recintos, en programas ambulatorios. Aseguró que se están aplicando protocolos adecuados y cooperando con la fiscalía.
No obstante, el informe también determinó el fallecimiento de otras 12 personas, incluyendo niños y adultos del área de Justicia Civil. Se destacó la urgencia de priorizar la salud mental de los niños y niñas, y cumplir los compromisos gubernamentales.
Proyectos de ley y deudas pendientes
En paralelo, se tramita en el Senado un proyecto para crear un Servicio de Protección de la Infancia, mientras que la iniciativa de Servicio de Responsabilidad Penal Adolescente avanza en su primer trámite. El presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD), señaló que la división del Sename es una deuda importante del gobierno, pero advirtió que las cifras de muertes no se solucionarán únicamente con estos proyectos, enfatizando la necesidad de un Estado activo que abandone la lógica de externalización de servicios.
Desde la Fundación Infancia, se solicitó al Ejecutivo la transparencia de los protocolos de supervisión para las 32 víctimas del primer trimestre de 2019.
Investigación penal por torturas y violación de derechos
En un hito relevante, la Fiscalía Regional de Los Lagos solicitó formalizar el caso emblemático de Lissette Villa, invocando por primera vez un delito de torturas cometidas por funcionarios del Sename contra niños bajo resguardo del Estado. La Fiscalía deberá demostrar que los empleados públicos infligieron sufrimientos graves a la menor, quien se encontraba privada de libertad bajo medidas de protección.
La situación ha llevado a cuestionar la efectividad de las medidas adoptadas por el gobierno, como disculpas públicas, acusaciones constitucionales o cambios de gabinete, ante la persistencia de un "funcionar en gerundio" con evaluaciones e investigaciones en curso.
Obligaciones internacionales y crisis de confianza
Chile ratificó en 1990 la Convención de los Derechos del Niño, asumiendo obligaciones para garantizar estos derechos. Sin embargo, 26 años después, persisten "nudos críticos" que impiden hablar de un Sistema de Protección Integral. Múltiples escándalos han erosionado la confianza en las instituciones.
El informe de la PDI: "Violencia sistemática" en los centros
Un contundente informe de la Policía de Investigaciones (PDI), entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018, reveló que en el 100% de los centros administrados directamente por el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares se constataron 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual. El documento, que investigó 240 hogares de menores, calificó las acciones de vulneración de derechos como "instaladas dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros".
El informe detalla 432 maltratos por parte de adultos, 1.265 maltratos entre pares, 53 maltratos por parte de familiares, 123 abusos sexuales cometidos por adultos y 187 abusos sexuales cometidos por menores. La PDI constató que el 44,5% de los centros no cumplía con los protocolos mínimos exigidos por el Sename, incluyendo la falta de protocolos ante conductas suicidas y para sujeción física. Además, se evidenció que el 98,3% de las fiscalizaciones son coordinadas previamente, y los tribunales de familia no siempre cumplen con las visitas semestrales requeridas.
El informe también señala que el 37,3% de los residentes padece alguna enfermedad psiquiátrica, y un 14,2% presenta patologías médicas. La falta de personal capacitado en salud y la administración de fármacos por personal sin formación adecuada agrava la situación. El 93,8% de los centros carece de condiciones estructurales para el cuidado de residentes con perfil clínico o casos complejos.
El ministro de Justicia, Hernán Larraín, negó haber recibido el informe de la PDI, calificando de falsa la declaración del diputado René Saffirio, quien solicitó su renuncia ante la gravedad de los hechos. Larraín afirmó que solo tenía conocimiento de que se estaba realizando un estudio para un proceso judicial.
Una crisis histórica y la responsabilidad colectiva
La muerte de 1.313 niños y jóvenes entre 2005 y 2013 bajo control del Sename ha reavivado el debate político y social. La presidenta Michelle Bachelet se reunió con autoridades judiciales y legislativas para buscar soluciones a una institución creada en 1979.
La muerte de Lissette Villa en abril de 2016 puso de manifiesto la precariedad de la atención y los abusos. Investigaciones previas del Congreso ya habían alertado sobre malos tratos, abusos sexuales y falta de atención médica. El informe de la comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados se refirió a "graves y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos cometidas por el Estado".
El ministro de Justicia, Jaime Campos, defendió la idea de que la crisis del Sename es un problema histórico y estructural, no responsabilidad exclusiva de un gobierno. Argumentó que "ha fracasado la sociedad en su conjunto, no solo el Estado", señalando que primero fracasaron los padres, las familias y la sociedad civil, y luego el Estado como "última ratio".