La protección de la infancia en Chile ha sido un tema de profunda preocupación y debate, especialmente tras el historial de vulneraciones asociado al Servicio Nacional de Menores (Sename). Un niño ingresa a una residencia bajo la supervisión del Sename por decisión judicial, fundamentada en que su entorno familiar representa una amenaza o vulnera sus derechos, remitiéndolo a un espacio que debería ser seguro. Sin embargo, tras el estallido de casos como el de Lisette Villa, se hizo evidente que esta protección no siempre se cumple, con graves vulneraciones a sus derechos.
Análisis de Bienestar Subjetivo en Niños Residentes
Un estudio realizado por el abogado de la U. Alberto Hurtado, Harry Ortúzar, en el marco de su doctorado en psicología de la U. de Girona (España), analiza indicadores de bienestar subjetivo en niños que viven en centros residenciales de protección del Sename. El bienestar subjetivo se refiere a las percepciones, evaluaciones y aspiraciones, positivas o negativas, que las personas tienen sobre sus vidas, abarcando desde la satisfacción global hasta aspectos más específicos como la relación con amigos.
Hallazgos Relevantes del Estudio
- El estudio consideró a 115 niños y adolescentes entre 8 y 17 años y 11 meses, de 10 residencias de protección colaboradoras del Sename en las regiones de Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y Los Lagos.
- El 71,8% de los niños consultados prefiere vivir en un lugar diferente a la residencia.
- El 48% de los participantes declara estar "poco o nada de contento" de vivir en la residencia.
- Quienes llevan menos de seis meses en la residencia tienen un bienestar general más alto que los que llevan más de dos años.
- La satisfacción del niño con la residencia es un indicador fundamental para su bienestar subjetivo global.
- El apoyo percibido del director de la institución es el elemento más importante para que los niños se sientan satisfechos en la residencia.
Xavier Oriol, académico del Núcleo de Investigación en Educación de la U. Andrés Bello, resalta la perspectiva del desarrollo integral que el bienestar subjetivo entrega, señalando que "muchas veces hablamos del interés superior del niño, pero eso lo determinan los especialistas y no se le consulta al niño".
Impacto de la Permanencia Prolongada y la Necesidad de un Sistema Integral
Un tiempo prolongado en las residencias puede generar efectos nocivos en el desarrollo del niño. Sin embargo, como señala Ortúzar, cuando los menores ingresan, ya presentan problemas con el desarrollo afectivo y socioemocional, a consecuencia de la amenaza o vulneración de sus derechos que fundamentó la adopción de la medida de protección residencial. Por lo tanto, el ingreso en la residencia como medida de protección "no es inadecuada per se, siempre que los tiempos de estancia no sean prolongados y la atención integral sea la adecuada", sostiene.
Se requiere un sistema de protección especial a los derechos reconocidos en los tratados internacionales, "para que la atención sea integral a las necesidades materiales, afectivas, socioemocionales y educacionales que no han sido entregadas por la familia de estos niños, de lo contrario pueden ser víctimas de nuevas vulneraciones en la residencia", indica Ortúzar.
¿Qué es la Ley de Garantías y Protección Integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes?
Hacia una Reforma Integral
Es necesario reformar el sistema con una ley integral, ya que el modelo actual es "asistencial y no integral para la infancia". Si no se genera una ley de servicios con atención integral, lo que se está haciendo es "parchar". En el corto plazo, se debe considerar más especialización de los profesionales de las residencias. Además, "el Sename tiene que dejar de pertenecer al Ministerio de Justicia, porque un sistema de justicia juvenil no tiene nada que ver con un sistema de protección a la infancia".
En Chile, los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, que supuestamente deberían estar protegidos por el Estado, han sido sistemáticamente vulnerados. Esta situación, constatada hace años, continuaba manifestándose en algunos centros del Sename. La clausura operativa del organismo se aceleró a partir de enero de 2024, enfocándose en el traspaso de competencias vinculadas a los adolescentes en conflicto con la ley. Este proceso se ejecutó de manera escalonada y culminó con la asunción de todas las funciones restantes por el nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Este se suma al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia (dependiente del Ministerio de Desarrollo Social), encargado exclusivo de resguardar a los menores gravemente vulnerados.
El Legado del Sename y la Transición a Mejor Niñez
El Servicio Nacional de Menores (Sename) cerró sus puertas de manera definitiva tras 46 años de funcionamiento, culminando una larga crisis institucional marcada por múltiples denuncias de vulneraciones a los derechos humanos de la infancia y comisiones investigadoras que exigieron transversalmente su disolución. Este hito forma parte de un profundo proceso de reestructuración del Estado iniciado en 2021, cuyo objetivo central fue terminar con el modelo que mezclaba la protección de niños vulnerados con la administración de justicia para adolescentes infractores.
La encargada de cerrar la institución fue María Eugenia Fernández, directora del servicio durante el periodo 2024-2025, quien destacó el factor humano detrás de la operación: "Más allá de las distintas etapas que marcaron su historia, el cierre del Sename representa también un reconocimiento al trabajo de miles de funcionarias y funcionarios".
La Comisión de Verdad y Niñez y la Responsabilidad Estatal
La Comisión de Verdad y Niñez, creada tras la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en diciembre de 2024, inició sus operaciones en 2025 para investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas a niñas, niños y adolescentes en recintos del Sename entre 1979 y 2021. Sin embargo, su fin podría llegar en abril de 2026 debido a recortes fiscales.
Se estima que cerca de 689.288 personas pasaron en su niñez y juventud por estos centros residenciales y/o de detención durante los casi 50 años de existencia del Sename, según un informe de UNICEF. La Comisión permite a quienes hayan experimentado cualquier tipo de violaciones, incluidos casos de abuso eclesiástico, enviar antecedentes para investigación. Su objetivo es identificar nuevos casos de abusos y recomendar reparaciones a las víctimas.
El fallo de la CIDH en 2024 evidenció la muerte de diez adolescentes en el centro “Tiempo de Crecer” en 2007, y una seguidilla de infracciones que violaban los derechos humanos de 271 jóvenes en cuatro recintos del país. El tribunal determinó que el Estado chileno incurrió en responsabilidad por la vulneración de derechos fundamentales, como la vida, la integridad personal, la salud, la educación, el acceso al agua y al saneamiento, en perjuicio de jóvenes privados de libertad. Estos espacios carecían de medidas básicas de seguridad, atención médica adecuada y criterios de segregación.
Previamente, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) reforzó la idea de que lo ocurrido no era un hecho aislado, señalando problemas como el hacinamiento, la precariedad de las instalaciones, la falta de acceso a servicios básicos y la inexistencia de condiciones adecuadas para la reinserción social. Aunque el Estado chileno reconoció parcialmente su responsabilidad, la Corte concluyó que las vulneraciones fueron sistemáticas y afectaron especialmente a un grupo en situación de alta vulnerabilidad: adolescentes bajo custodia estatal.
Mejor Niñez: Un Nuevo Modelo y sus Desafíos
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos inició la puesta en marcha del nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil, reemplazando al Sename. Según el Ministro Cordero, "este servicio no viene solo como una simple pretensión de cambio institucional, sino que, ante todo, es un cambio de modelo de gestión pública en materia de reinserción". Este nuevo servicio se suma al Servicio de Protección Especializada y a la Ley de Garantías de los Derechos de la Niñez, ambos en proceso de implementación.
La Ley 21.527, que crea el Nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil, avanza en el cumplimiento de la obligación estatal por el resguardo y protección de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, su implementación se desarrollará de manera paulatina con un plazo de tres años en el territorio nacional.
Separación de Funciones y la Complejidad de la Implementación
Actualmente, el sistema se ha dividido en dos servicios: "reinserción" y "protección". "Mejor Niñez", que es un área de protección, se diferencia del enfoque anterior del Sename, donde "todo se judicializaba". El legislador determinó que no era pertinente judicializar todos los casos, dado que la mayoría no pasaban a casa de acogida. "Mejor Niñez tiene un foco diferente al que tiene Sename hoy en día".
La implementación de instancias administrativas y oficinas locales ha sido compleja, con un desfase significativo entre el tiempo previsto y el real. "Hoy tiene más de 25 mil casos con sobrecupo. Se termina colapsando Mejor Niñez y su implementación ha sido compleja", señala una fuente.
Retos y Desafíos Pendientes del Nuevo Sistema
El nuevo servicio de reinserción será gradual. "Contar con un diagnóstico clínico es clave para saber si se debe cumplir en situación internada o de familia acogida". Una licitación que abarcaba a cerca de 20.000 niños fue anulada, lo que previsiblemente aumentará las listas de espera, ya que hay 14.000 niños en espera para atención de salud mental y 1.300.000 estudiantes con riesgo de deserción escolar.
Desde el punto de vista del diseño, la ley es sólida y apunta a mejorar la reinserción, estableciendo un alto nivel de profesionalización de quienes trabajan e intervienen. Sin embargo, "falta la implementación y es ahí donde han ocurrido problemas".
Entre los problemas persistentes se encuentran niños desescolarizados, falta de trabajo con las familias y sus comunidades. Existe la preocupación por niños víctimas de violencia intrafamiliar, abuso sexual y vulneraciones de derechos, quienes a veces permanecen en sus entornos familiares. A pesar de que se ha aumentado la subvención por niño, la cifra de $600.000 mensuales no ha sido suficiente para mejorar sustancialmente los espacios y la calidad de la atención.
La realidad de las familias de acogida es precaria, con recursos insuficientes para atender adecuadamente a los alrededor de 6.000 niños que actualmente se encuentran en ellas. La falta de control judicial se ha descrito como una causa de que muchos indicadores de la calidad de vida de estos niños se mantengan en niveles inaceptables.
Radiografía de las Vulneraciones: Salud, Educación y Abandono Familiar
Un informe de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, al que CIPER accedió, revela las dimensiones desconocidas del fracaso del sistema de protección estatal. La Comisión Jeldres, que realizó el estudio, utilizó una encuesta a cerca de 400 niños, la revisión de antecedentes de 6.500 niños internados y el examen de condiciones materiales en 108 residencias.
Impacto de la Internación en el Desarrollo
El informe evidencia que el sistema no solo afecta a los niños directamente abusados, sino también a un gran número de niños expuestos a altos niveles de riesgo. La Corporación Administrativa del Poder Judicial asume que la internación de los niños es siempre dañina, citando estudios internacionales que afirman que “por cada tres meses que un niño de corta edad reside en una institución, pierde un mes de desarrollo”. Por lo tanto, la internación debe ser restringida a casos excepcionales y por periodos breves.
La realidad chilena dista mucho de esta recomendación. En Arica, el 79% de los niños ingresó “sin plazo” a las residencias, resultando en un promedio de internación de 57 meses (4,7 años). En Antofagasta, el 80% de las medidas estaba “sin plazo” y el promedio de internación llegó a los tres años. En el Maule, el 75% de las medidas se dictó “sin plazo”.
Falta de Control Judicial y Atención Médica
Los jueces envían a los niños a los hogares a recibir tratamientos “sin plazo”. Además, en la mayoría de los casos, los informes trimestrales de los hogares a los jueces o no se enviaban o eran copias textuales del informe anterior. Esta falta de control se agrava por la presión que sufren los tribunales para cumplir con las metas de gestión fijadas por el Ministerio de Justicia, la Corte Suprema y el Ministerio de Hacienda, lo que lleva al cierre de causas, incluidas las de protección de niños y violencia intrafamiliar, sin siquiera abrir un juicio.
La falta de atención de salud de calidad es uno de los nudos críticos del sistema. En Coquimbo, el 44% de los niños carece de un historial médico actualizado (118 casos), y cuatro niños con enfermedades crónicas no reciben tratamiento alguno. En O’Higgins, el 35% de los menores no tiene ficha médica actualizada, y cinco niños con enfermedades crónicas carecen de tratamiento. La situación más grave se registró en Arica, donde de 17 niños con enfermedades crónicas, 15 no recibían ningún tratamiento, incluyendo casos de parálisis cerebral, VIH, trastornos alimentarios y cáncer cérvico uterino.
El panorama es igualmente inquietante respecto al tratamiento de enfermedades mentales. En Arica, se consignan nueve niños con problemas de salud mental sin tratamiento; en Coquimbo, cinco casos; y en O’Higgins, nueve niños sin atención. El problema se repite en todas las regiones, evidenciando que, aunque el Estado saca a estos niños de sus casas para protegerlos, no se hace responsable de ellos.
Frente a los jueces que aceptan esta situación, la Comisión Jeldres instaba a los magistrados a asumir su tarea de exigir el cumplimiento de los derechos de los niños, ordenando la prestación de salud que necesitan y decretando multas o arrestos a las autoridades que no cumplan.
Deficiencias Educativas y Abandono Familiar
La educación de los menores internados muestra problemas preocupantes. El 52% de los niños internados en Arica y Tarapacá, el 48% en Antofagasta, el 52% en Los Lagos y el 55% en Magallanes se encuentran en esta situación.
Otro aspecto delicado es la dificultad del sistema para vincular a los niños con sus familias una vez internados. El informe califica a 743 niños a nivel nacional como “completamente abandonados”, es decir, no son visitados por ningún familiar ni están en proceso de adopción. En Arica, son 66 niños en esta situación, de los cuales 32 son "susceptibles de adopción". En el Maule, son 207, y en Los Lagos, 206.
Esta soledad se acrecienta por la mecánica institucional: un alto porcentaje de niños internados tienen hermanos en el sistema (56% en Tarapacá y 57% en Antofagasta), pero aún así enfrentan largas internaciones solos o con visitas una vez al mes.
¿Qué es la Ley de Garantías y Protección Integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes?
Abuso Sexual Intra-Residencial
El abuso sexual es parte integral de la vida de muchos de los niños internos. Es la segunda o tercera causa de ingreso a la red, afectando a cerca de un 10% de los niños. La encuesta de 2011 “Mi derecho a ser escuchado” del Sename detectó más de 200 casos de abusos sexuales. En el grupo de 7 a 12 años, el 7,8% (157 niños) afirmó que alguien les había tocado partes íntimas de su cuerpo. El informe de la Corporación Administrativa del Poder Judicial consigna 208 casos de abuso intra-residencial, la mayoría cometidos por otros niños internos, repitiendo probablemente la experiencia de la que fueron víctimas.
La Responsabilidad de la Comunidad y el Futuro de la Protección Infantil
La protección de la infancia es una tarea de toda la comunidad, no solo del Estado. Aunque la responsabilidad estatal es innegable, como lo ha reconocido el presidente de la Corte Suprema, las instituciones no pueden suplir la necesidad básica de un vínculo familiar, y la internación opera, de forma velada, como una sanción para el niño y su familia, culminando en la privación del medio familiar.
La adopción y la internación deben ser los últimos recursos. Para que esto sea posible, es necesario apostar institucionalmente por las familias, abandonando la mirada fiscalizadora y sancionadora que pesa sobre ellas, comprendiendo el contexto adverso en que se desenvuelven, y dejando de verlas como intrínsecamente malas o casos perdidos.
Institutionalización por Pobreza
Gran parte de los niños que están en el sistema de protección no fueron maltratados ni abusados por sus padres y podrían volver a sus hogares si las familias recibieran la ayuda adecuada. Muchos mantienen un lazo con su familia de origen, por lo que no se encuentran en situación de abandono. La “negligencia” de las familias, que encierra un sinnúmero de situaciones desde el abuso al consumo de sustancias nocivas, pasando por el abandono y la deserción escolar, es un problema recurrente.
La internación opera, de forma velada, como una sanción para el niño y su familia. Esto plantea la pregunta de si existe institucionalización por pobreza. A juicio de expertos, la respuesta es sí, aunque el discurso institucional es distinto. Un hecho que en personas de un nivel social acomodado se interpreta con cierta tolerancia, se cataloga como “negligencia parental” cuando lo realizan personas de otros sectores, lo que sugiere criterios de discriminación.
El Acogimiento Familiar como Alternativa
La adopción solo puede ser la última opción, procediendo solo cuando la familia de origen no es capaz de brindar al niño la satisfacción de sus necesidades espirituales y materiales. La ley obliga al juez a verificar que la inhabilidad de los padres es real y que la adopción representa ventajas concretas y objetivas para el niño. También exige verificar que se han agotado los esfuerzos para habilitar a los padres y la familia extensa antes de recurrir a otras alternativas.
Los procesos de adopción pueden ser lentos y difíciles debido a la oposición de la familia extensa o la falta de trabajo con la familia de origen. También influyen los informes de “habilidades parentales” realizados por las propias instituciones de adopción, lo que puede generar demoras y confusión.
Una gran cantidad de familias de acogida disponibles permitiría que las residencias se orientaran solo a aquellos niños que requieran atenciones especializadas, como niños con patologías de salud severa o postrados. Este “acogimiento familiar” requiere de una comunidad solidaria que se preocupe y ofrezca apoyo de manera temporal, transformando la vida de miles de niños. Aunque existen familias de acogida, la mayoría son miembros de la misma familia extensa, a menudo en situación de vulnerabilidad. Se necesitan “familias externas” vinculadas comunitariamente al niño o no, y una sociedad dispuesta a acoger.