El Servicio Nacional de Menores (Sename) de Chile, encargado de la protección de niños y adolescentes vulnerables y en riesgo social, enfrenta una profunda crisis evidenciada por graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Estas falencias no solo exponen a los menores a abusos y maltratos, sino que también dificultan su desarrollo integral, incluida la culminación de su educación secundaria, dejando a muchos adolescentes en una situación de extrema vulnerabilidad al egresar del sistema.
El Marco Legal y la Crítica al Rol del Estado
La Ley que rige a los jóvenes infractores de ley en Chile se aplica a quienes, al momento de cometer un delito, sean mayores de 14 y menores de 18 años, recogiendo las recomendaciones de la CDN (Convención sobre los Derechos del Niño) en relación a relevar las características propias de la adolescencia en el abordaje penal. Además, establece tiempos límite de imposición de una sanción: para imputados que dieron principio de ejecución de un delito siendo mayores de 14 y menores de 16 años, el tiempo máximo de sanción es de 5 años, mientras que para quienes hayan dado principio de ejecución de un delito siendo mayores de 16 y menores de 18 años, el tiempo máximo puede ser de hasta 10 años de sanción. En la ejecución de la sanción, junto al adolescente se construye un plan de intervención individual que es aprobado judicialmente, en el cual se establecen ciertos compromisos que apuntan a disminuir la reincidencia y apoyar su reinserción social.
Sin embargo, a pesar de este marco, el Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños que están bajo su tutela. Esta es la conclusión de un lapidario informe de la PDI que en 2017 investigó 240 hogares de menores. El mismo documento de la PDI indica que en el 100% de los centros que dependen directamente del Sename se han cometido “de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes”. El Comité de los Derechos del Niño, organismo a cargo de velar por el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, afirmó en 2018 que el Estado de Chile es responsable de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado.
Abusos y Vulneraciones Sistemáticas: Un Sistema Fallido
El informe de la PDI de 2017 reveló que en el 100% de los centros que administra el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares se constataron 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual. Este reporte, mucho más completo que el de la ONU al considerar 240 de los 241 hogares del país, da cuenta de la situación de los cerca de 6.500 niños que el Sename tiene en el sistema de residencias. Es especialmente grave que la PDI haya constatado que la violación de derechos sistemática se ha cometido en el 100% de los hogares administrados directamente por el Sename. Este informe policial fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, pero no se hizo público, lo que generó críticas sobre la falta de transparencia.
La muerte de la pequeña Lissette Villa en abril de 2016 conmovió al país y movilizó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia para detener los abusos, pero, como señala el documento de la PDI, eso no sucedió. La Fiscalía inició una investigación penal a cargo del fiscal Marcos Emilfork para indagar sobre las 1.313 muertes ocurridas en los últimos 12 años (2005-2016). Un equipo especial de la PDI visitó 240 residencias, donde desglosó los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos en:
- 432 maltratos por parte de adultos.
- 1.265 maltratos entre pares.
- 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos.
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos.
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores.
El informe policial fue categórico: “Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros”. Además, se detectó que en al menos 88 residencias se denunciaron menos abusos de los que efectivamente se habían producido. Los maltratos por adultos se concentraron en los Centros de Internación Provisoria (CIP) y los Centros de Internación en Régimen Cerrado (CRC), destinados a adolescentes procesados por la justicia. En los Cread (Centros de Reparación Especializada de Administración Directa) se registraron 105 maltratos de adultos y en los hogares colaboradores, 137. Los abusos sexuales se constataron en el 50% de los hogares, siendo la mayoría cometidos por adultos en organismos colaboradores (92 casos) o por otros menores en estas mismas residencias (62% del total).
Deficiencias en la Atención, Cuidado y Desarrollo Educativo
El equipo policial estableció que el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename. Los resultados son alarmantes: el 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas, y un 76,7% carece de protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”. Esta situación es particularmente grave considerando que la muerte de Lissette Villa se debió a errores en la contención de una crisis. La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor. A pesar de que el 98,3% de los centros recibe fiscalización periódica del Sename, “en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa”, restándoles efectividad. Los tribunales de familia también deben fiscalizar los centros, pero la PDI confirmó visitas anuales en lugar de semestrales en algunos casos.
Problemas de Salud Mental y Sobremedicación
La cifra de menores a cargo del Sename que padecen alguna enfermedad psiquiátrica es altísima: el 37,3% de los residentes. Además, un 14,2% presenta patología médica, el 13,9% sufre una enfermedad crónica, y el 0,4% está en estado terminal o riesgo vital. Un 19,8% presenta algún tipo de discapacidad. En este contexto, 42 centros no tienen un encargado de salud, y en 55 la función es ejercida por personal sin el perfil necesario, a menudo técnicos de áreas distintas a la salud. Más grave aún es que en 159 centros (66,3%), “la persona encargada de la administración de los fármacos en jornada diurna es un educador de trato directo sin la formación profesional ni técnica en el área de la salud”. Un educador es un funcionario al que solo se le exige cuarto medio rendido para ser contratado, lo que resalta la carencia de personal cualificado.
Una investigación de CIPER en 2016 constató cómo los fármacos se suministran sin ningún control, muchas veces como paliativo para contener a los niños. El psiquiatra Rodrigo Paz, parte de la querella por la muerte de Lissette, afirmó que la menor estaba "sobremedicada" con fármacos que, en la dosis administrada, actuaban como antipsicóticos. El exdirector del Sename, Francisco Estrada, asegura que la "poca prolijidad" con la que se manipulan estos medicamentos es "generalizada", y el stock está "en cualquier parte", sin personal especializado. La situación es crítica, considerando que el 63% de los niños está con tratamiento farmacológico y más de 3.000 niños están sin la debida atención de personal especializado. Además, el 93,8% de los centros del Sename “no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos”.
Chile tiene la tasa de suicidio adolescente más alta de la región y no cuenta con camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil. La falta de psiquiatras infantojuveniles es severa, especialmente en regiones. El caso de Guillermina, una adolescente de 16 años con historial de consumo de alcohol, drogas y depresión, quien falleció por suicidio en un centro del Sename, ilustra la falta de un apoyo psiquiátrico adecuado y la ausencia de protocolos para manejar estas situaciones complejas. Su muerte, registrada como un "egreso" más, subraya la deshumanización del sistema.
Un 62,9% de los hogares (151) presentaban casos de “deserciones del sistema”, cifra que asciende a 76,2% si se excluyen residencias para lactantes y discapacitados. Estos "egresos" y "deserciones" representan la salida de adolescentes, a menudo sin haber completado su educación, debido a la deficiente atención y el contexto de abuso.
Institucionalización por Pobreza y sus Consecuencias
Actualmente, aproximadamente 10.000 niños y niñas están internados en centros del Sename o en organismos colaboradores. En Chile, el sistema tiene como regla general proteger mediante la separación de la familia y la internación, lo que se denomina “institucionalizar”. Esta práctica no se cuestiona mayormente, a pesar de contravenir acuerdos internacionales y de que existe consenso sobre las graves falencias del sistema residencial, que van desde la precariedad de la infraestructura hasta la falta de personal adecuado.
El mecanismo de financiamiento es "perverso", ya que las instituciones colaboradoras reciben un pago por niño/día atendido, lo que no fomenta el regreso del menor a su familia. Especialistas señalan que un mismo hecho, interpretado con tolerancia en familias acomodadas, se cataloga como “negligencia parental” en sectores más vulnerables. Esto sugiere una institucionalización por pobreza, una forma velada de sanción que culmina en la privación del medio familiar y la deserción escolar debido a la falta de apoyo educativo dentro de los centros.
Una mujer de 27 años, "sobreviviente del sistema Sename", relató que fue internada a los dos años por "pobreza", no por violencia o maltrato familiar, lo que plantea la pregunta sobre cuántos niños son "rescatados" de la pobreza en lugar de ser apoyados en su entorno familiar. Psicólogos han precisado que gran parte de los niños en el sistema no fueron maltratados por sus padres y podrían regresar a sus hogares si sus familias recibieran la ayuda adecuada. El problema más recurrente era la “negligencia” de las familias, una etiqueta que abarcaba situaciones como el abuso, el consumo de sustancias nocivas, el abandono y la deserción escolar, entre otras. Estas circunstancias, en muchos casos, se derivan de la exclusión social y económica y la falta de oportunidades, no necesariamente de una incapacidad intrínseca de los padres.
El tránsito por estas instituciones, según especialistas, debe ser breve, nunca más de dos años, pero la realidad dista mucho de eso, con un tiempo promedio de permanencia de 2,7 años. Las huellas de estas estadías son profundas, y la falta de familia se convierte en un dolor que permanece. Los niños se encuentran "privados de libertad" sin que se considere en su real dimensión el impacto de esta medida. La ruptura de vínculos familiares y la violencia institucional, manifestada en prácticas internas, se suman a un sistema que no está diseñado para proteger realmente, sino que repite y actualiza la violencia sobre los niños. La separación, aunque busca proteger, a menudo es experimentada como un castigo, sin que existan condiciones mínimas para la promoción de relaciones familiares (horarios restringidos, espacios inapropiados, distancias excesivas).
Hacia una Solución Integral: Más allá de la Adopción
Existe la necesidad de un apoyo y seguimiento psiquiátrico adecuado, con "unidades polivalentes, con niños adecuadamente medicados, con personal dedicado que también trabaje con las familias y no que las aísle". El objetivo final debe ser que los niños vuelvan con sus familias de origen. La solución no es quitárselos, sino "romper el círculo, entregarles herramientas, acompañarlos". Es crucial que los niños cuenten con una defensa jurídica adecuada que vele por sus derechos, a diferencia de lo que ocurre con los menores "infractores de ley" que sí tienen buenos defensores.
La adopción, consagrada en el artículo 1° de la Ley 19.620, debe ser la última opción, solo cuando la familia de origen es realmente incapaz de satisfacer las necesidades del niño y se han agotado todos los esfuerzos para habilitar a los padres y la familia extensa. Sin embargo, los procesos suelen ser lentos y complejos, a menudo por la oposición de la familia extensa o la falta de trabajo con ella.
Lo que se necesita, cuando el niño no puede mantenerse en su familia de origen o extensa, son "familias externas" o el "acogimiento familiar", una instancia que permite a la comunidad solidaria ofrecer apoyo temporal. Esto permitiría que las residencias se orientaran a niños con atenciones especializadas (patologías severas, niños postrados). La Defensoría de la Niñez recomendó en 2020 la “creación de una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación” para esclarecer los hechos y reparar a las víctimas, petición que no recibió respuesta.
La reparación de los derechos vulnerados no se reduce a un ambiente que supla carencias afectivas o materiales, sino que requiere de la comunidad, de la familia (si es posible), de educadoras de trato directo, profesionales y directores, para que el niño recupere la confianza y sea reconocido más allá de su historial de vulneraciones y estigma. La propuesta de cerrar el Sename y transitar a un nuevo servicio, planteada por el Consejo para la Infancia, es un paso, pero los niños no pueden esperar. Es imperativo que el sistema de protección infantil se reconfigure para asegurar que los adolescentes no solo reciban protección, sino también las herramientas educativas y el apoyo familiar necesarios para una reinserción exitosa y la culminación de sus estudios, evitando que "salgan sin 4 medio" o sin preparación para la vida adulta.
El Caos Estadístico y la Realidad Oculta de los Fallecimientos
Lo único claro respecto del número de menores vulnerables muertos cada año bajo la tutela del Estado es que no se sabe con certeza. Un informe del Ministerio de Justicia indicó 185 muertes entre 2005 y mayo de 2016, mientras que un reporte de UNICEF reveló que el número de fallecimientos en 2010 era cinco veces el reportado. El gobierno chileno aclaró que la cifra solo incluía menores del área de "protección". Sin embargo, un análisis de BBC Mundo de los anuarios oficiales del Sename de 2010 a 2014 arrojó 318 fallecimientos. La Defensoría de la Niñez logró determinar que de las 878 muertes de niños, niñas y adolescentes registradas en la red Sename entre enero de 2005 y julio de 2016, solo 347 casos fueron conocidos por la Fiscalía y 200 de ellos investigados. Este "problema de cifras" es parte de la complejidad del servicio, e indica que el Estado de Chile "ni siquiera sabe cuántos niños hay en sus establecimientos y mucho menos cuántos de ellos han fallecido y cuáles son sus causales".
El diputado Saffirio, quien presidió una comisión investigadora sobre el Sename, presentó en su momento un informe con 200 medidas urgentes, asegurando que "ninguna se han cumplido". Esta falta de transparencia y de datos fiables impide comprender la magnitud del problema y, por ende, implementar soluciones efectivas para los adolescentes que transitan por el sistema, muchos de los cuales terminan abandonando sus estudios.