Un lapidario informe de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, elaborado en 2017 y entregado en 2018, ha puesto de manifiesto una grave realidad: el Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes que están bajo su tutela, particularmente en el Servicio Nacional de Menores (Sename). Este documento, al que CIPER tuvo acceso, revela un patrón alarmante de abusos y negligencias que sacude los cimientos del sistema de protección infantil en el país.
El Alarmante Informe de la PDI y su Ocultamiento
La investigación de la PDI se centró en 240 hogares de menores, de un total de 241 existentes en todo el país, y constató una escalofriante cifra de 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual. Lo más grave es que en el 100% de los centros administrados directamente por el Sename se confirmaron "de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes". En el caso de los centros gestionados por particulares, el porcentaje de vulneraciones alcanzó el 88%.
Este informe policial, de 257 páginas que resumen una extensa investigación en 28 tomos, fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, pero no se hizo público. A juicio del diputado René Saffirio, quien reveló la existencia del informe el 2 de julio de 2019, es muy grave que ni la Fiscalía ni el gobierno hayan dado a conocer este documento, y pidió la renuncia del ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien posteriormente descartó haber conocido el documento, afirmando que "El Ministerio de Justicia no ha recibido ningún informe de la PDI ni de otro organismo referido a una investigación en el Sename. Es falso lo que dice el diputado Saffirio". El ministro añadió que tenía conocimiento de que se estaba realizando el estudio, pero que este era para un proceso judicial del que el Ejecutivo no es parte.
Contexto de la Crisis: La Muerte de Lissette Villa y Otras Investigaciones
La conmoción que generó la muerte de la pequeña Lissette Villa en abril de 2016 dentro de un centro del Sename movilizó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia para detener los abusos. Este trágico suceso llevó a la Fiscalía a iniciar una investigación penal sobre las 1.313 muertes en centros del Sename reportadas entre 2005 y 2016. A cargo de esa indagatoria quedó el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien trabajó con un equipo especial de la PDI, conocido como la "Fuerza de Tarea Sename".
El informe de la PDI es el último eslabón en una "cadena siniestra de reportes" elaborados por diversas instituciones a lo largo de los últimos siete años. Entre ellos destaca el Informe Jeldres, una investigación del Poder Judicial y Unicef encabezada por la jueza de familia Mónica Jeldres, cuyos hallazgos dieron pie a múltiples investigaciones, incluyendo dos comisiones de diputados, una Misión de Observación del Sename en 2017 y varios informes de la Contraloría. A estos se suma un reporte de la ONU que visitó solo cuatro residencias, siendo el de la PDI mucho más completo al considerar 240 de las 241 residencias existentes.
Análisis Detallado de las Vulneraciones
Tipos de Maltratos y Abusos
Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos contra los niños constatados por la PDI se desglosan en:
- 432 maltratos por parte de adultos.
- 1.265 maltratos entre pares.
- 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos.
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos.
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores.
El documento detalla que buena parte de los maltratos por adultos se produjeron en los Centros de Internación Provisoria (CIP) y los Centros de Internación en Régimen Cerrado (CRC), destinados a adolescentes procesados por la justicia. En los Cread (Centro de Reparación Especializada de Administración Directa), hubo 105 maltratos de adultos hacia menores, y en los hogares de organismos colaboradores se produjeron otros 137 casos. En total, se contabilizaron 310 abusos con connotación sexual, de los cuales 123 fueron cometidos por adultos (92 en hogares gestionados por organismos colaboradores, 21 en Cread y 10 en otros centros), y 187 por otros menores, la mayor parte en residencias de organismos colaboradores para adolescentes (62% del total).
El informe policial es categórico: "Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros".
Fallas en los Protocolos y Supervisión
El equipo policial estableció que "el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename". Los resultados son aterradores:
- El 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas.
- Un 76,7% de los hogares no cuenta con protocolo para "sujeción y contención física frente a desajustes conductuales", a pesar de que la muerte de Lissette Villa se debió a errores en la contención de una crisis.
- La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor.
Aunque el 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica por parte del Sename, la PDI determinó que "en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa". Además, los tribunales de familia, que deben fiscalizar los centros al menos cada seis meses, en dos hogares solo realizaron visitas anuales. Un 62,9% de los hogares (151) presentaban casos de "deserciones del sistema", cifra que crece al 76,2% si se excluyen las residencias para lactantes y discapacitados.
Condiciones de Salud y Discapacidad
La cifra de menores a cargo del Sename que padecen alguna enfermedad psiquiátrica es altísima: el 37,3% de los residentes. Además, un 14,2% presenta alguna patología médica, el 13,9% sufre una enfermedad crónica, y el 0,4% está en estado terminal o en evidente riesgo vital. Otro 19,8% presenta algún tipo de discapacidad.
El desglose de esta situación es preocupante: 42 centros no tienen un encargado de salud. De los 198 centros que sí cuentan con uno, la función es ejercida por funcionarios que no cumplen el perfil necesario, o por técnicos de un área distinta a la salud en 55 casos. En 159 centros (el 66,3% del total), "la persona encargada de la administración de los fármacos en jornada diurna es un educador de trato directo sin la formación profesional ni técnica en el área de la salud". Esta situación es crítica, considerando que una investigación de CIPER de 2016 ya había constatado que los fármacos se suministran sin ningún control a los niños y adolescentes del Sename, muchas veces como paliativo para contenerlos. Esta dramática situación se acrecienta si se considera que el 93,8% de los centros del Sename "no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos".
Salud Mental en Niños y Adolescentes Patologías más Frecuentes - telecapacitación INSN
El Sistema de Protección y Reinserción Juvenil: Medidas Judiciales
El Sename, dependiente del Ministerio de Justicia, articula territorialmente a diversos actores con el propósito de generar una oferta programática de calidad que sea pertinente a las necesidades de reinserción educativa, laboral y/o social de la población juvenil en conflicto con la ley. Los jóvenes tienen derecho a defensa gratuita y, en caso de ser enviados a centros privativos de libertad, no son derivados a recintos carcelarios adultos, sino a centros especiales. Las medidas cautelares pueden ser privativas o no privativas de libertad, ordenadas por los tribunales mientras se realiza la investigación.
- Medida Cautelar Ambulatoria (MCA): Asegura que se lleven a cabo los fines del procedimiento penal, favoreciendo que el adolescente imputado participe en todas las diligencias de la investigación y actuaciones decretadas por los tribunales.
- Internación Provisoria: Se ejecuta en Centros de Internación Provisoria (CIP). Es una medida cautelar excepcional que impone al adolescente imputado un estado de privación de libertad, decretada por el juez de garantía o el tribunal oral a solicitud del fiscal o del querellante.
- Servicios en Beneficio de la Comunidad y Reparación del Daño (SBC y RD): Consiste en el cumplimiento de una medida asignada por un juez, donde el adolescente debe realizar actividades de servicio no remuneradas a favor de la colectividad o de personas en situación de precariedad. La sanción de reparación del daño causado implica que el joven subsane a la víctima el perjuicio.
- Libertad Asistida: Se ejecuta a través de un Programa de Libertad Asistida (PLA). El adolescente ingresa a un programa ambulatorio con intervención personalizada a cargo de un delegado, requiriendo asistencia a actividades educativas, de terapia, de promoción de derechos, de participación, y su asistencia regular al sistema escolar.
- Libertad Asistida Especial: Se ejecuta a través de un Programa de Libertad Asistida Especial (PLE). El adolescente está sujeto a una intervención ambulatoria intensiva controlada por un delegado, de acuerdo a un plan de intervención personalizado aprobado por el tribunal.
- Régimen Cerrado con Programa de Reinserción Social: Se ejecuta en centros de régimen cerrado (CRC). La participación en este programa es una de las condiciones que puede considerar el Ministerio Público para la suspensión condicional del procedimiento.
Una Perspectiva Histórica y Reflexiones Futuras
La crisis del Sename ha sido abordada desde diversas disciplinas, analizando la calidad de los programas, la carencia de lugares capacitados para tratar trastornos de personalidad, y la falta de recursos. La académica del Instituto de Historia UC, Ximena Illanes, y el psicólogo y doctorante Miguel Morales, han publicado una columna en El Mercurio sobre la necesidad de otorgar una perspectiva histórica a esta crisis. Aseguran que la situación actual "volvió a instalar la pregunta por el estado actual de las políticas de protección hacia la infancia vulnerada en nuestro país, en particular, por las condiciones de vida a las que se ven enfrentados miles de niños y niñas que viven en instituciones públicas y privadas dedicadas a acogerlos y resguardar sus derechos fundamentales".
Los casos de menores fallecidos en este contexto, que llegan a 1.313 desde 2005, "parece tratarse de hechos sistemáticos y prolongados en el tiempo". Illanes y Morales señalan que políticos y especialistas han puesto el foco en "las causas de las muerte, los problemas de atención médica, especialmente psiquiátrica, la mala infraestructura y las responsabilidades del Estado".
Estos menores vulnerados e institucionalizados, aseveran, son "verdaderos espejos de una sociedad y su historia, no tan solo en Chile, sino que en todo el mundo". Illanes y Morales enumeran hechos históricos donde se vislumbra la temática de la infancia vulnerable, como las instituciones de asistencia a fines de la Edad Media en la Barcelona del siglo XV, donde "pequeñas cartas, ropas y abrigos, medallas partidas por la mitad y señales de identificación, reflejaron un doloroso proceso de separación momentánea o definitiva". Estos registros, a su vez, mencionaron historias de maltratos y abusos.
A partir de estas investigaciones, los académicos reflexionan sobre la realidad actual del Sename, y recalcan que el uso del concepto de abandono puede promover "la invisibilización de la precariedad y desigualdad social de los niños, niñas y sus familias, que son usuarios de este sistema". Sugieren que parte de las estrategias futuras deberían relacionarse con "la conservación los vínculos existentes, ya sea, haciendo partícipes a sus familias cuando sea posible, o a través del diverso personal que convive diariamente con los niños y niñas".
Finalmente, los investigadores remiten a los dos objetivos de los hospitales bajomedievales que acogieron a menores abandonados: el primero fue que sobrevivieran a los primeros años de vida, debido a la alta mortandad infantil. Ante todo lo expuesto, Illanes y Morales se preguntan: "¿Cuáles son las estrategias del siglo XXI? ¿En qué ha cambiado la relación de la sociedad con la infancia del ayer y la de nuestro presente?", y responden que los estudios históricos permiten poner en perspectiva que las instituciones que forman parte del Sename deberían desempeñar un papel que fuese incluso más allá de la protección o restitución de los derechos del niño, ofreciendo una mirada sobre la infancia como parte integrante y partícipe de la construcción de una sociedad.
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