La discusión sobre cuánto cuesta mantener el Servicio Nacional de Menores (Sename) en Chile ha revelado cifras y desafíos significativos en la atención de niños, niñas y adolescentes (NNA) vulnerables. La complejidad del sistema de subvenciones y la comparación con otros gastos estatales, como el de los reclusos, han puesto en el centro del debate la eficacia y equidad del modelo actual.
Subvenciones y montos base
Desde el Sename se confirmó que el valor de las subvenciones por cada menor de edad parte de una base de $237.600 mensuales, tal como indicó el presidente el 3 de abril y como dice la página web del Gobierno. Esta cifra fue ratificada por el Presidente Piñera, quien aseguró que los “8.400 niños residentes o en programas de 247 organismos dependientes del Sename” reciben “una subvención base de $237.600 por mes”.
Sin embargo, es importante señalar que esta es una valor base que aumenta por criterios como zona geográfica, plazas convenidas y complejidad de la población atendida. Los criterios de aumento de subvenciones se encuentran estipulados en la ley 20.032 que regula la red de centros y centros colaboradores del Sename. En el artículo 30 de esta ley se indica que los Centros Residenciales tienen una subvención base entre $134.640 y $237.600 mensuales.
Pese a que lo publicado por el gobierno se encuentra entre las cifras estipuladas en la ley, solo considera la más alta en su declaración. Este aporte mensual podría aumentar bajo el ítem de diagnóstico entre $126.720 y $158.400 por cada servicio prestado.
Programas especializados y su impacto en las subvenciones
Respecto al financiamiento de los programas, el de Reinserción para infractores de ley significa un aumento entre $7.920 y $126.562 en la subvención mensual por cada niño atendido. En temas de protección existen dos programas: general y especializado. El primero es por población atendida con valor unitario, y va desde los $7.920 a los $142.402 extra en la subvención.
Debido a las distintas especificaciones de la ley, es imposible establecer un monto exacto mensual por niño en todos los centros relacionados al Sename.
Cifras del Sename vs. Gendarmería: Una comparación polémica
La ministra vocera del Gobierno, Paula Narváez, aseveró que "no resulta para nadie proporcional conocer las cifras que se entregan para la atención de un reo en relación a las cifras del Sename". La ministra fue consultada por los $724 mil que gasta el Estado en mantener un preso en Chile, lo cual supera en $430.000 el dinero que por subvención el Fisco destina a los niños atendidos por el Servicio Nacional de Menores.
Pese a admitir que la diferencia "no puede resultar evidente al sentido común", la ministra destacó que el alto monto para los internos "tiene explicación". Esta cifra generó diversas reacciones en políticos y expertos.
El director nacional de Gendarmería, Jaime Rojas, indicó que los $724 mil dedicados a cada reo contemplan todos los gastos propios del sistema, incluidos salud, educación, traslado y personal custodio. Según detalló, el 73% del presupuesto de Gendarmería va dirigido a sueldos, el 20% para traslados y consumo, mientras el restante a infraestructura. En opinión de Rojas, con el dinero actual se han aumentado las plazas laborales y educacionales para los internos, aunque advirtió que aún es insuficiente: "Siempre es poco en materia de reinserción, se puede hacer mucho más. Por ejemplo, incorporar a la empresa privada para que dé trabajo".
Respecto de los $294 mil que se destinan aproximadamente a cada niño del Sename, Narváez destacó el aumento en los recursos a partir de 2018, luego de que el Congreso aprobara el presupuesto para la institución con un alza del 8,2%, en comparación a 2017. La partida para el próximo año superará los $7.500 millones y hará crecer la subvención por encima de los $300 mil.
16.05 | Intervención de ANA CUARTERO sobre OPERACIONES de FINANCIACIÓN de DEUDA PÚBLICA
Insuficiencia del sistema de subvenciones
No obstante el alza, la directora nacional del Sename, Solange Huerta, indicó que los estudios elaborados tanto por organismos colaboradores como por el propio servicio "concluyen que el sistema actual de subvención es insuficiente". En este sentido, remarcó que la discusión parlamentaria en torno a la reestructuración del modelo de protección y reinserción juvenil apunta a corregir el actual sistema.
La directora nacional del Sename, Solange Huerta, si bien reconoció que los aportes del Estado son insuficientes, destacó que para el próximo año aumentarían. Huerta remarcó que "a partir del año 2018 se aumenta la subvención al máximo que permite la ley en actual vigencia y que, por cierto, está en discusión la revisión del sistema de subvención, porque la actual ley supone que existe coparticipación en términos del apoyo o el aporte tanto por el Estado como por los organismos colaboradores.
El presidente de la fundación, José Pedro Silva, aseguró que "cuando yo hablo de los 300 mil pesos, estamos hablando simplemente de mínimos". "Lo que a nosotros nos gustaría es que realmente se aplicara la ley de subvenciones en tanto se suba el estándar en forma definitiva y permanente, con vocación de permanencia para el futuro".
Críticas al modelo de subsidiariedad y la Ley de Garantía de Derechos
Hay suficiente evidencia de que el modelo de subvenciones - regulado por la Ley 20.032- no permite cumplir incluso con las exigencias actuales y que existe una alta rotación de profesionales y técnicos por los salarios y por el desgaste que implica el trabajo. No se generaron modificaciones al modelo de subsidiariedad. Se propuso durante la tramitación de la Ley de este nuevo servicio, incorporar, al menos, un artículo transitorio que indicara que el sistema de financiamiento sea en base a estándares de calidad y al logro de resultados medibles.
La polivictimización y la muldimensionalidad de las vulneraciones de derechos exige foco en la prevención y en que los demás ministerios y servicios cumplan su rol de garantes, y brinden los programas, servicios y prestaciones que apoyen el trabajo de restitución de derechos que le corresponde a este servicio especializado.
Desde la perspectiva de diversas organizaciones, es necesaria una Ley de Garantía de Derechos que instale un sistema de protección integral y administrativo a nivel local y en los demás niveles de administración del Estado, orientado a la prevención efectiva y apoyo a los niños, niñas y adolescentes (NNA), y sus familias. Se cree que mientras no exista esta Ley de Garantía, este Servicio estará limitado, pudiendo verse enfrentado a las mismas situaciones que hoy vive el Sename.
Presupuesto 2018 y distribución desigual del gasto
El Presupuesto 2018 para el Servicio Nacional de Menores (Sename) considera un gasto de $319.410 millones, es decir, $27.254 millones más que en el presupuesto anterior, lo que equivale a un incremento de 9,3%. La Unidad de Subvención Sename (USS) tiene un valor para 2017 de $15.480. Además, el presupuesto contempla un incremento importante en el gasto en personal, siendo que casi el 30% de los recursos del Sename son destinados a los funcionarios.
Un estudio de Libertad y Desarrollo (LyD) califica de “alarmante” la brecha en la distribución del gasto, ya que el presupuesto del Sename tiene una desigual distribución entre los menores que reciben subsidio directo del Estado y que son atendidos por entidades privadas, y los que son atendidos directamente por centros estatales, en los que están contratados funcionarios públicos.
Según cálculos de LyD, el 91% de las plazas de los centros residenciales son privadas, el 95% de las atenciones son llevadas a cabo por estos organismos colaboradores que reciben solo el 63% del presupuesto, pese a que los niños derivados a los centros estatales podrían corresponder a casos más complejos. LyD hace una diferenciación entre los recursos destinados a la atención de los niños administrados directamente por el servicio y los gestionados por los organismos colaboradores (sociedad civil), entre los cuales se encuentran los centros residenciales, oficinas de protección de derechos, diagnóstico y programas de intervención ambulatoria.
Paulina Henoch, investigadora de LyD, plantea que el presupuesto del Sename para el próximo año “no asigna mayores recursos a los niños del Sename y eso también contribuye a que la atención que reciben los niños sea insuficiente”. Henoch señala que “los mayores aumentos se deben a cambios de grados para 104 funcionarios, por criterios de antigüedad y gradualidad definidos, en vez de criterios de competencias”.
Inequidad en la atención y modelo de vida familiar
De la información disponible, se puede señalar que el Sename gasta en un niño en un centro de administración directa entre $2.500.000 y $3.000.000 en el modelo de vida familiar que está reemplazando a los CREAD. Pero las organizaciones que disponen de una mayor cantidad de recursos por su capacidad de recaudación de fondos y redes, gastan alrededor de $1.500.000 por niño, pero una institución pequeña, gasta el monto correspondiente a la subvención.
Esto genera inequidad, desigualdad, discriminaciones y diferencias en la atención a niños, niñas y adolescentes que tienen características y necesidades similares.
El artículo 80 bis y sus implicaciones
Otro aspecto que devela el estudio es que el artículo 80 bis permite a los Tribunales de Familia derivar casos urgentes obligando a las instituciones a prestar el servicio de manera inmediata, aun cuando no exista oferta programática o plazas disponibles para la intervención requerida. El financiamiento del 80 bis se efectúa con meses y a veces años de retraso, lo que implica que las propias instituciones colaboradoras tengan que financiar las atenciones impuestas por esta norma.
Nuevas perspectivas y desafíos
Hay que reconocer que el Nuevo Servicio de Protección Especializado tiene algunos cambios que son valorados como positivos: como la flexibilidad de mantener la subvención del Estado para los jóvenes hasta los 24 años que están en el sistema de cuidados alternativos y el establecimiento de programas de acompañamiento y preparación para la vida independiente, cuando la revinculación familiar de aquellas/os que perdieron el cuidado de sus padres no fue posible, asumiendo el Estado la responsabilidad de apoyarlos en su proceso de independización.
Cabe señalar que según el Anuario Estadístico 2016 del Sename, el más actualizado del servicio, son 10.437 los menores que están en centros residenciales, no ocho mil como estableció en su premisa el Presidente Sebastián Piñera.