La figura del cuidado personal de los hijos, tras la ruptura de una pareja, constituye un mecanismo esencial para la organización de la vida familiar. Este sistema permite que la crianza y educación de los menores, en sus entornos habituales, sean compartidas por ambos progenitores. Dicha corresponsabilidad abarca tanto la toma de decisiones relevantes en la vida de los hijos como la provisión directa de cuidados. El principio de corresponsabilidad, como mandato de optimización de conducta, implica que el titular exclusivo del cuidado personal carece de un poder absoluto en decisiones cruciales, como intervenciones médicas, elección de profesión religiosa o cambios educativos, ya que estas deben ser tomadas en conjunto con el otro progenitor, siempre priorizando el interés superior de los hijos.
En este contexto, ha surgido una situación de alarma relacionada con una pareja de cuidadores denunciados por el Servicio Nacional de Menores (Sename) de sustraer a un niño de casi un año. La pareja confirmó encontrarse fuera de la región y haber tomado la decisión de no devolver al menor hasta que la justicia se pronuncie. Según su testimonio, el pasado 22 de abril sostuvieron una reunión con la coordinadora del programa Familias de Acogida (FAE) y la directiva, pero posteriormente confirmaron que ya no se encontraban en la región de Valparaíso.
Desde el Sename, se indicó a través de un comunicado que el niño no ha sido declarado susceptible de adopción por el tribunal, lo que significa que no está en condiciones de ser adoptado por esta familia de acogida ni por ningún otro interesado. Respecto a los protocolos adoptados, Jorge Borreda, dirigente nacional de Trabajadores del Sename, respaldó al servicio, indicando que las medidas se acogieron a lo correcto. Borreda manifestó su preocupación ante la situación de los niños y niñas que no tienen una familia que los proteja y cuide, y expresó que es "terrible que una pareja se tenga que fugar con un bebé para que puedan darle lo que ellos creen que es mejor y que el sistema claramente no cubre".
El Proceso de Mediación Familiar y los Tipos de Cuidado Personal
El primer paso para abordar las cuestiones de cuidado personal es concurrir a un proceso de mediación familiar, un trámite que es obligatorio. Si se llega a un acuerdo, este se envía al Tribunal de Familia para su aprobación. Este trámite puede realizarse durante todo el año a través del sitio web y oficinas de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ). La CAJ también ofrece patrocinio de abogados sin costo para quienes no cuenten con recursos para pagarlo.
Existen diferentes tipos de cuidado personal:
- Convencional: Ocurre cuando los padres que viven separados llegan a un acuerdo para determinar el cuidado personal de los hijos, que puede ser asignado a la madre, al padre o a ambos de forma compartida.
- Legal: En ausencia de un acuerdo que determine el cuidado personal compartido, la ley establece que los hijos permanecerán bajo el cuidado personal de la madre o del padre con quien ya convivan.
- Judicial: Es establecido por un juez del Tribunal de Familia cuando las circunstancias así lo exigen y el interés superior del niño lo hace conveniente, en casos de cuidado personal convencional o legal. El juez puede determinar el cuidado a otro progenitor o limitarlo a uno solo, si previamente existió cuidado personal convencional.
La demanda de cuidado personal debe ser presentada antes de que el hijo o hija cumpla la mayoría de edad y se tramita ante el Juzgado de Familia competente según el domicilio del demandado. Es importante recordar que el primer paso para tramitar esta demanda es la mediación familiar obligatoria.
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Investigaciones sobre Casos de Maltrato y Abuso Infantil en el Sistema de Protección
Una investigación realizada por CIPER profundiza en casos donde la justicia ha confiado el cuidado de niños a personas acusadas, investigadas o condenadas por delitos como abuso de menores o maltrato infantil. Se relatan historias de menores que han sido víctimas de abuso sexual en varias ocasiones mientras estaban bajo el cuidado del Estado.
CIPER reconstruyó estos casos con antecedentes de 14 causas judiciales que involucran a 13 niños. Entre ellos, se incluye la historia de un niño de dos años que murió bajo el cuidado de sus padres, a pesar de que un tribunal de familia había aprobado un programa de acercamiento familiar mientras estos eran investigados por maltrato. La tragedia de Tomás, nombre modificado para proteger su identidad, comenzó cuando tenía un mes de vida y llegó a un hospital con signos de maltrato infantil. Su pequeño cuerpo aguarda en el Servicio Médico Legal (SML) a la espera de que la fiscalía autorice su retiro, tras fallecer el 13 de enero de 2024, cuando estaba al cuidado de sus padres.
Durante la audiencia de control de detención de los padres de Tomás, se detallaron 11 moretones en su cuerpo. CIPER investigó cuatro casos en los que menores fueron confiados a personas acusadas o condenadas por delitos de abuso o maltrato infantil, además del caso de un menor vulnerado bajo el cuidado del Estado.
Irregularidades y Conflictos de Interés en Procesos Judiciales
En dos casos revisados por CIPER, uno en Los Andes y otro en Putaendo, ambos en la Región de Valparaíso, se repiten los nombres de una jueza y la abogada que representa a ambos padres, quienes fueron acusados de abuso de menores. En el primer caso, un adulto fue sentenciado por abuso sexual reiterado de su hijastra y recibió la custodia de sus dos hijos, a pesar de figurar en el registro de inhabilitados para trabajar con menores. En septiembre de 2021, el Centro Iberoamericano de Derechos del Niño (Cideni) entregó un informe a la Corte Suprema sobre 79 causas de protección en tribunales de familia, pero este informe fue mantenido bajo reserva.
El informe señala que en más del 74% de las causas, el tribunal no considera el interés superior del niño al separarlo de su familia. CIPER tuvo acceso a informes del Programa de Protección Especializada en Maltrato y Abuso Sexual Infantil (PRM) que presentaban inconsistencias, como el cambio de nombre y género de un niño en informes de avance.
El Caso de Tomás: Un Análisis Detallado
El 13 de enero de 2024, en la comuna de Lo Espejo, Tomás, de dos años, falleció al cuidado de sus padres. La primera advertencia sobre el peligro que corría Tomás ocurrió el 7 de diciembre de 2021, cuando ingresó al hospital con signos de maltrato. El personal médico solicitó una medida de protección, ordenando el ingreso de Tomás al hogar de lactantes de la Corporación Misión de María. La familia ya había tenido contacto con el sistema de protección en 2020, cuando se inició una medida similar por posible maltrato a favor del hermano mayor de Tomás.
Según un informe sobre Tomás, el plan de intervención para el bebé estaba dando resultados positivos, con una fuerte vinculación con sus padres y adherencia a sus tratamientos psicológicos. Con estos antecedentes, el hogar solicitó al tribunal la implementación de un programa para que el niño viviera con sus padres. A pesar de que las acusaciones de maltrato no se habían aclarado, el 30 de agosto de 2023, una consejera técnica del tribunal dio su visto bueno a la solicitud, y el tribunal aprobó el inicio del programa, permitiendo que Tomás comenzara a vivir con sus padres el 12 de septiembre de ese mismo año.
CIPER consultó a la Corporación Hogar Misión de María sobre las acciones para evaluar el riesgo previo al inicio del programa de acercamiento. La presidenta del directorio señaló que la muerte del menor está siendo investigada y que "aún no hay información clara de lo sucedido". El programa de acercamiento llevaba 123 días cuando Tomás falleció. Actualmente, sus padres se encuentran en prisión preventiva, formalizados por el delito de parricidio.
El Caso de Sofía: Abuso y Custodia Paterna
Sofía, nombre modificado, relató haber sido abusada por primera vez por su padrastro a los seis años. El 24 de febrero de 2023, un hombre fue condenado por abuso sexual reiterado de su hijastra y recibió la libertad vigilada intensiva. Desde enero de 2020, tras una mediación con la madre, este hombre tiene la tutela de su hijo mayor, de 13 años. A pesar de la condena por abuso sexual, el tribunal decidió no modificar la situación, debido a la negativa del adolescente a vivir con su madre, a quien acusó de maltrato. Diez meses después de la sentencia por abuso, el Juzgado de Familia de Los Andes le otorgó, de forma provisoria, el cuidado de su otro hijo, un niño de 8 años.
El 30 de noviembre de 2023, se resolvió dejar a ambos niños bajo el cuidado exclusivo de su padre, atendiendo la recomendación de una consejera técnica. Sin embargo, en esa última decisión, no se le dio el mismo énfasis a la opinión del hijo menor, quien expresó su deseo de mantenerse bajo los cuidados de la madre y solo realizar visitas al padre. El 12 de enero de 2024, una consejera técnica informó la preocupación de la madre por la resolución que otorgó el cuidado exclusivo de los niños a su padre, debido a su condena previa por abuso sexual. Recién en esa oportunidad, se solicitó actualizar el Sistema Informático de Tramitación de Tribunales de Familia (SITFA) para ingresar el extracto de los antecedentes del progenitor.
El Caso de Anaís: Acusación de Abuso y Conflictos en la Custodia
En el Juzgado de Letras y Garantía de Putaendo, se tramita otra causa en la que se repiten los nombres de una jueza y la abogada que representa al padre, Paola Luraschi. En este caso, se le entregó el cuidado de una niña a un adulto sobre el que pesaba una acusación de abuso sexual en contra de esta menor. CIPER se comunicó con la abogada Luraschi, quien indicó no recordar casos con características similares.
Un antecedente importante en la causa de Putaendo es que una de las consejeras técnicas del proceso judicial es cónyuge del psicólogo particular del padre, profesional cuyos informes son considerados por el magistrado para resolver la custodia de Anaís (nombre modificado). El 30 de diciembre de 2021, la madre de Anaís denunció un posible abuso sexual en la fiscalía, presentando videos en los que la niña relataba los hechos. En junio de 2024, se modificó el cuidado de la niña, pasando del padre a la abuela paterna, a solicitud del fiscal a cargo de la investigación de abuso. Aunque los informes del programa interventor indican que se realizó la audiencia, no quedó registro en el expediente judicial ni se notificó a la madre.
La Situación de una Menor en Colina y la Respuesta del Sistema
El 4 de junio de 2024, en el Juzgado de Familia de Colina, se presentó un requerimiento de protección en favor de una menor de cuatro años, solicitado por el colegio de la niña debido a su ausencia prolongada sin justificación. El tribunal rechazó el requerimiento, determinando que "no existe situación de inminente riesgo y amenaza".
Un mes después, un ingreso de emergencia alertó a los funcionarios de un hospital: un lactante de tres meses llegó con dificultad respiratoria grave, sufriendo dos convulsiones durante su internación. El bebé se encontraba intoxicado y con síndrome de abstinencia. El paciente era el hermano menor de la niña sobre la cual el Tribunal de Familia de Colina había decidido no dar lugar a una medida de protección, pero cuya situación y la de sus hermanos debían ser monitoreadas por la Oficina Local de la Niñez (OLN) de esa comuna.
La Subsecretaría de la Niñez señaló que la OLN de Colina "llevó a cabo acciones de búsqueda de la familia". La Seremi Metropolitana de Desarrollo Social y Familia solicitó revisar el caso en detalle para evaluar la posible adopción de una medida de protección. Las OLN comenzaron a recibir casos de tribunales en diciembre de 2022, y hasta el 15 de julio de 2024, las 174 OLN operativas habían atendido a 23.903 niños.
El Caso de Matías: Abuso y Explotación en el Cuidado Estatal
La primera intervención judicial de Matías, nombre modificado, ocurrió en diciembre de 2011, cuando tenía cinco años. Fue institucionalizado en 10 programas de protección distintos del Sename y luego trasladado a una residencia de Mejor Niñez. En ese centro, Matías fue víctima de abuso sexual por parte de un funcionario de la residencia. La denuncia del niño no fue un caso aislado, ya que poco después la prensa dio cuenta de un caso de explotación sexual comercial al interior de esa residencia.
Esta no era la primera vez que Matías enfrentaba una situación de abuso. Antes de ingresar a un Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAD) en mayo de 2021, ya había sido víctima de abuso sexual y fue incluido en un programa para niños víctimas de explotación sexual. Estando institucionalizado en el CREAD, Matías solicitó una audiencia reservada para expresar su deseo de regresar al colegio. En octubre de 2014, cuando Matías tenía 8 años, comenzó uno de los procesos de protección en su favor, y se determinó la elaboración de peritajes que debían ser presentados...