La protección de la infancia vulnerada en Chile, especialmente aquella que recae bajo el amparo del Servicio Nacional de Menores (SENAME), es un tema de profunda complejidad y urgencia. El SENAME es un organismo gubernamental dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Estado chileno. Un reciente estudio realizado por UNICEF y el Poder Judicial ha vuelto a revelar abusos en residencias de protección, evidenciando que cerca de quince mil niños son atendidos anualmente en estos centros.
Paradójicamente, la solución legal frente al maltrato grave y la negligencia trae consigo otras formas de vulneraciones: la ruptura parcial o total de los vínculos con la familia de origen y la violencia institucional inherente a las prácticas de las residencias.
La Internación Residencial: Una Solución con Consecuencias
La separación de un niño con su familia de origen se entiende como una situación excepcional y transitoria, dada la gravedad de los efectos psicológicos que este tipo de acontecimientos produce, estudiados desde hace más de 60 años. Sin embargo, en Chile, la internación de niños ha sido un medio frecuente de protección para la infancia gravemente vulnerada y se ha mantenido vigente desde 1758, con la fundación de la primera casa de expósitos de Santiago.
Un estudio de 2010 - "Focalización del sujeto de atención y propuestas metodológicas para la intervención con niños, niñas y adolescentes en protección residencial" -, encargado por UNICEF y SENAME, señala que el tiempo promedio de permanencia en las residencias es de 2,7 años. Esto significa que la situación provisoria a menudo se prolonga e incluso se convierte en permanente.
Esta problemática se agrava por el diseño del sistema de visitas al interior de las residencias. Habitualmente no existen condiciones mínimas para encuentros que permitan la promoción de relaciones familiares, observándose horarios de visitas restringidos, espacios inapropiados para compartir con los niños, o una distancia excesiva entre la residencia y el hogar familiar.
Desde esta perspectiva, la separación que busca proteger es experimentada como un castigo, antes que como una oportunidad para modificar un problema en las relaciones entre padres e hijos. La separación protege a los niños del maltrato de los padres, pero en sí misma no cambia a los padres.
Desafíos en la Restitución de Derechos y la Construcción de Confianza
En este contexto de gran adversidad, se presenta una tremenda dificultad para los niños, las familias y los equipos de las residencias: la imposibilidad de desarrollar lazos de confianza, apoyo o solidaridad en función de la restitución de los derechos vulnerados. Este desencuentro, prácticamente cotidiano, es el síntoma más evidente de un sistema de protección que en sus cimientos hace inviable la posibilidad de reconstruir los vínculos que se han fragmentado a través de la historia.
El problema de la separación y la internación residencial como mecanismo de protección de los derechos no elude, evidentemente, el problema del maltrato infantil o de la negligencia parental. Describir los efectos de la protección residencial nos muestra la complejidad y la desarticulación con la que opera un sistema que, en su afán por proteger, repite y actualiza la violencia sobre los niños, las familias y los profesionales.
La frecuencia con que en Chile se destapan situaciones de vulneración en residencias de protección, seguidas de la negación y el silenciamiento de las historias de los niños y niñas internados, es un claro indicador de estas fallas. Hemos terminado por crear y legitimar un sistema de protección de la infancia segregado, donde la desconfianza circula entre los organismos colaboradores, el SENAME y el Poder Judicial.
Si se desea un proyecto que realmente considere a los niños como sujetos plenos de derechos, es fundamental no infantilizar la infancia negando su dimensión política y proponiendo que este es un problema de eficiencia o voluntarismo que se resuelve con mejores prestaciones y servicios. Abordar el maltrato infantil familiar o los abusos institucionales no puede desligarse de una discusión que cuestione el lugar de los niños y niñas en nuestra sociedad, así como el contexto en que se desarrolla y reproduce la violencia.
La reparación de los derechos vulnerados no se reduce a la conformación de un ambiente que supla o compense las carencias afectivas y materiales del niño, ni se resuelve por la sustitución de un adulto deficiente por otro mejor. La restitución de los derechos requiere del apoyo de la familia (si es posible), de las educadoras de trato directo, de los profesionales, directores y directorios de las fundaciones; en definitiva, requiere de la comunidad. Solo así la posibilidad de que un niño recupere la confianza en otro, especialmente en un adulto, se sostiene en que pueda ser reconocido como un sujeto más allá de sus antecedentes, de su historial de vulneraciones y del estigma de su historia previa.
La "Psicologización" de la Crianza y las Competencias Parentales
La reflexión sobre las lógicas y prácticas institucionales de intervención en el ámbito de las llamadas “competencias parentales” surge, en parte, de la experiencia laboral en un organismo colaborador del SENAME en la Región del Maule (Chile). No se realizará una conceptualización etiológica de la noción teórica o jurídica de competencia parental, para lo cual se recomienda leer el texto de Matías Marchant denominado “Inhabilidad Parental”.
Un Programa de Prevención Focalizado (PPF), por ejemplo, es un programa de mediana complejidad que brinda atención psicosocial a niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos en el ámbito familiar. Las vulneraciones incluyen ser testigo de violencia intrafamiliar, maltrato físico, psicológico y negligencia. El trabajo con los adultos responsables busca el fortalecimiento de las competencias parentales para favorecer la restitución de los derechos vulnerados. Para esta tarea, se realizan evaluaciones de dichas competencias o habilidades.
El Desplazamiento del Saber en la Crianza
Francisco Aleste (2014), en "Psicoanálisis y dificultades parentales", plantea que los saberes “psi” contemporáneos (psicología, psiquiatría, psicopedagogía y neurociencias) se han apropiado de la transmisión de los saberes y prácticas en torno a la crianza. Antiguamente, las dificultades de la crianza se abordaban a través del intercambio verbal y la experiencia de miembros de la familia (madres o abuelas). En la actualidad, ese saber se ha desplazado hacia las tecnologías de crianza, amparadas en teorías psicológicas como la teoría del apego, parentalidad positiva y crianza respetuosa.
Este desplazamiento se traduce en un cambio del “Otro familiar al Otro de la ciencia y el conocimiento (la puericultura que hace uso de la psicología y la medicina como norma)”. El saber ahora reside en discursos que se adjudican una verdad absoluta y monopólica sobre la crianza ideal, plasmado en textos (libros, manuales, escalas de evaluación) y utilizado como una “biblia”. La valoración del habla ha declinado en favor de la palabra escrita; de la conversación a la lectura. Los padres y las madres ya no poseen el saber, sino que son posicionados como objetos de reeducación por la figura del experto, que en los programas de la red SENAME son, generalmente, psicólogos y trabajadores sociales.
La Evaluación Psicológica y su Dimensión Política
La función principal del psicólogo en un PPF es habilitar y educar a los padres, madres y/o adultos responsables en la crianza de sus hijos. Esta función, de carácter psico-educativo, no es ajena a la posición simbólica y política del evaluador-experto. La evaluación psicológica, presentada como una herramienta supuestamente neutral, científica y apolítica, tiende a atribuir los errores y dificultades en la crianza a las características psicológicas individuales de los adultos responsables, desconsiderando las condiciones contextuales (materiales, sociales, educativas y culturales) como determinantes.
La dimensión política de la evaluación psicológica, en el marco del neoliberalismo, es crucial. Como plantea Ismael Fernández (2017), el neoliberalismo genera una psicopolítica donde el sujeto internaliza al amo y al esclavo, capitalizando el yo como infraestructura de las demandas de modernización. En la parentalidad, las posibilidades de ser “buen padre” o “buena madre” se convierten en una coacción al rendimiento y optimización de la conducta. En esta subjetividad, el fracaso es siempre individual, y la “inhabilidad” siempre corresponde a los padres, nunca al sistema. Esto revela una operación política de psicologización de las prácticas de crianza, que diluye una mirada colectiva de la realidad social y material, despojando la psique de lo social y lo político para invisibilizar las desigualdades, la estratificación social y la lucha de clases.
Violencia Institucional y Social en los Sistemas de Protección
Las intervenciones con un fundamento psicologizador suelen ir acompañadas de lógicas de sospecha, control y fiscalización del ejercicio de la crianza, legitimando la sospecha constante de fallas. De este modo, los adultos responsables son posicionados como objetos de reeducación, negando significativamente sus historias, sufrimientos y condiciones materiales de existencia.
Se identifican diversas formas de violencia en este contexto:
- Violencia simbólica: Reproduce un ideal abstracto de “buen padre” o “buena madre”, basado en ciertos comportamientos, valores y prácticas. Quien no se adecúa a dicho ideal es catalogado como “negligente”, “inhábil” o “incompetente”.
- Violencia social: El público objetivo de estas prácticas de control, sospecha y desconfianza son, en su mayoría, familias provenientes de sectores de vulnerabilidad socioeconómica. No es casualidad que no existan Oficinas de Protección de Derechos en comunas de altos ingresos como Providencia, Las Condes y Vitacura.
- Violencia institucional: La clasificación de “inhabilidad parental” es utilizada, muchas veces, como argumento suficiente por el discurso jurídico y psicológico para separar abrupta e injustificadamente a niños y niñas de sus familias de origen y trasladarlos a hogares residenciales. Datos del SENAME de 2012 muestran que solo el 5% ingresó al sistema residencial por maltrato y menos del 7% por abuso sexual, mientras que otras causales incluyen “niño vive en sector de exclusión”, “interacción conflictiva con la escuela” o “familia indigente”. Esto sugiere que las violencias de la evaluación tienen un carácter de clase.
La Violencia de Género en la Evaluación de Madres
Un elemento imprescindible en este análisis es la cuestión de género. La psicóloga Ana Paula Viñales (2014) plantea un dilema ético en el SENAME respecto a la evaluación de habilidades marentales en mujeres víctimas de violencia de género: ¿Madres negligentes o víctimas del patriarcado? Viñales sostiene que el abordaje de habilidades marentales suele reproducir la violencia patriarcal, subordinando a la mujer al lugar exclusivo de madre y negando su subjetividad e historia como mujer. La retórica de “habilitar” a la madre recae en discursos morales, normativos y punitivos sobre lo que configuraría una madre “hábil” o “capaz”.
La mayoría de las intervenciones psicosociales con adultos responsables están dirigidas hacia las madres, reproduciendo la violencia patriarcal al sobre-responsabilizarlas y culpabilizarlas por las dificultades en la crianza. Así, estas mujeres sufren una doble opresión: por parte de sus agresores y por parte de la institución.
Cuestionando la Violencia de la Intervención
El trabajo con las competencias parentales no solo se configura como una forma de violencia institucional, sino en una institucionalización de la violencia. Surge la pregunta: ¿Pueden los fenómenos de violencia ser tratados mediante la violencia de la intervención? Esta violencia, sin duda, implica una fuerte segregación. El saber "experto" ausculta la pobreza y sus riesgos; el alcoholismo, la cesantía, la desescolarización y la precariedad material son convertidos, por una asombrosa subversión, en nombres que designan cualidades esenciales desvinculadas de su realidad: negligencia, abandono, vulneración.
Estas etiquetas pseudocientíficas borran, mediante un diagnóstico, la violencia estructural de una forma de vida social marcada por la postergación, el desamparo y la inequidad. Si las evaluaciones psicológicas de las prácticas de crianza, especialmente con instrumentos estandarizados, dificultan observar y escuchar las dificultades más allá de lo visible, ordenable, categorizable y cuantificable, ¿qué efectos significativos tienen los procesos psico-educativos y de transmisión de habilidades parentales/marentales en la relación adulto-niño? ¿Existe un proceso de acompañamiento que respete los tiempos y dificultades inherentes al ejercicio de la crianza misma?
La Importancia de la Historia y la Memoria en la Crianza
Es fundamental reflexionar sobre el lugar y el valor que se otorga a la historia y la memoria de los padres y madres en los dispositivos de intervención del SENAME. Pensar la crianza sin historia y memoria es ubicarla en un presente que borra el pasado, cuando todo presente remite necesariamente a él. Borrar el pasado implica desconocer aquello esencial que nos constituye como sujetos. Concebir a los padres y las madres como sujetos sin historia es olvidar que, en algún momento de sus vidas, también fueron niños y niñas.
Referencias Bibliográficas
- Aliste, F. (2014). El psicoanálisis y las dificultades parentales. Revista Rufián, N°20. De restos y clasificados. Psicoanálisis y malestares de la época actual.
- Fernández, I. (2017). Evaluación de Habilidades Parentales: Reflexiones en torno a la violencia de la transparencia en la sociedad neoliberal del rendimiento.
- Gómez, E. y Muñoz, M. (2014). Escala de Parentalidad Positiva. Fundación Ideas para la Infancia.
- Viñales, A. (2014). Madres negligentes o víctimas del patriarcado: Uno más de los problemas éticos del Sename. El Desconcierto, Santiago.
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