La inclusión social de las personas con discapacidad intelectual es un pilar fundamental para el desarrollo de una sociedad equitativa y justa. Este concepto abarca desde la participación plena en la comunidad hasta el acceso a oportunidades laborales dignas que promuevan la autonomía y el bienestar.
Definición y Principios Fundamentales de la Discapacidad Intelectual
Según la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo (AAIDD), a la cual adscribe Fundación Coanil, la discapacidad intelectual se caracteriza por la presencia de desafíos en procesos cognitivos y de aprendizaje, además de dificultades en la conducta adaptativa, entendidas como la capacidad para responder de manera efectiva a las demandas del medio. Se entiende, además, que es una condición del neurodesarrollo; por lo tanto, se hace manifiesta antes de los 22 años. La discapacidad intelectual no es una enfermedad, sino una condición donde hay trayectorias de desarrollo que son diferentes a lo comúnmente observado.
Las personas con discapacidad intelectual son sujetos de pleno derecho y es deber del Estado y la sociedad trabajar para disminuir las barreras y elevar su participación en igualdad de oportunidades. Para ello, cada persona requiere un patrón de apoyos que le es específico y dimensional, además de ser dinámico, pues cambia con el tiempo. Es crucial entender que las personas con discapacidad intelectual sí pueden aprender. Su ritmo de aprendizaje es diferente y dependerá de múltiples factores como las necesidades de apoyo y los contextos donde se desarrollen. Pueden aprender, desarrollar habilidades y trabajar.
La pronta detección de la discapacidad intelectual y un despliegue de apoyos adecuados permite que las barreras disminuyan significativamente y que estas personas alcancen autonomía e independencia. Estos apoyos son individuales y dinámicos en el tiempo, y permiten garantizar su derecho y participación. Una buena parte de los apoyos que se ofrecen respaldan el desarrollo de la autonomía progresiva en niñas, niños y adolescentes, mientras que otros van pavimentando el camino para una expresión libre de autonomía, autorrepresentatividad y libertad en la edad adulta.
Marco Normativo Chileno para la Inclusión
La inclusión laboral de personas con discapacidad ha avanzado globalmente, y en Chile, diversas normativas buscan garantizar la participación de este colectivo en el mercado laboral.
El 10 de febrero del año 2010 entró en vigencia la Ley N° 20.422, que Establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de las Personas con Discapacidad. Esta ley se basa en los principios de vida independiente, accesibilidad universal, diseño universal, intersectorialidad, participación y diálogo social.
En el año 2017, con la Ley N°21.015, que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral, se produjo una actualización y modificación de la Ley N°20.422. Esta nueva ley tiene por objetivo incentivar, tanto en los organismos del Estado como en empresas privadas, la inclusión laboral de personas con discapacidad en igualdad de condiciones, prohibiéndose todo acto discriminatorio por su condición. La Ley N°21.275 también contribuye a fortalecer este marco normativo.
Desafíos y Orientaciones en la Inclusión Laboral
Para el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), la inclusión laboral va más allá de un simple cumplimiento de cuotas. El Director Nacional del Senadis, Pedro Goic Boroevic, expresó: «para nuestro Servicio no se trata solo de cumplir una cuota de inclusión laboral, sino de dar oportunidades reales y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. De esta forma podremos seguir consolidando un Chile más inclusivo.»
Es importante promover un cambio cultural que signifique que las políticas institucionales, desde los objetivos estratégicos de las empresas, consideren la gestión de la diversidad y que dichos planes de acción sean monitoreados. En Santiago, la actividad contó con la participación de la directora del Observatorio de Inclusión de la Universidad Andrés Bello, Sra. Alejandra Ríos, quien puso énfasis en la importancia que tiene contar con data sistematizada y actualizada para que la toma de decisiones, especialmente en materia de política pública, se haga en la dirección correcta y basada en información recogida en primera persona.
En esta línea, Sra. Ríos mencionó: «quienes trabajamos en inclusión de personas con discapacidad, vemos que muchas veces se impulsan iniciativas que, sin duda, están motivadas por buenas intenciones, pero si no se escucha la voz de quienes requieren que los procesos de inclusión sean efectivos y realmente estén orientados a eliminar las barreras que enfrentan a diario, se corre el riesgo de quedarse en eso, en buenas intenciones.»
Un Estudio Clave para la Inclusión Laboral
Un estudio reciente tuvo como objetivo central ofrecer orientaciones de política pública que fortalezcan la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual, a partir de un enfoque cualitativo y participativo. El informe analiza el marco normativo nacional e internacional, destacando instrumentos como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y la Ley N°21.015 en Chile.
El estudio resuelve que el trabajo es un pilar esencial para la autonomía, la autoestima y la inclusión social de las personas con discapacidad intelectual. Pese a estas dificultades, la investigación identifica experiencias valiosas de inclusión, así como prácticas innovadoras de empresas, instituciones educativas y comunidades que han logrado abrir caminos hacia la equidad. Con este esfuerzo conjunto, las instituciones participantes reafirman su compromiso con la inclusión como un principio transversal de las políticas públicas y de la vida social.
Este proyecto, financiado por el Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos (FONAPI), representa un paso decisivo en el compromiso por promover políticas públicas basadas en evidencia, que garanticen la inclusión laboral plena de las personas con discapacidad intelectual en Chile. Al respecto, el Sr. Javier Azócar, director de OEI Chile, señaló: «Desde la OEI valoramos profundamente el trabajo colaborativo con SENADIS, la Universidad Andrés Bello y la Fundación Plena Inclusión España, porque nos permite construir orientaciones que surgen de las propias voces de las personas con discapacidad, de informantes claves y expertos.»
Inclusión laboral y discapacidad intelectual. Apoyo profesional.
Permanencia Laboral y Desafíos del Envejecimiento
A pesar de los avances en inclusión laboral, aún faltan políticas para acompañar y garantizar la inclusión de este grupo en lo que respecta a su permanencia laboral y su transición hacia el envejecimiento. Los recursos y estrategias que promueven los intereses y el bienestar de las personas tienen como resultado una mayor independencia y productividad personal, mayor participación en una sociedad interdependiente, mayor integración comunitaria y una mejor calidad de vida (Thompson, Hughes et al., 2002, p. 1).
En contraste, en España se han creado novedosas iniciativas como la Herramienta PROLAB, que permite evaluar las necesidades de las personas con discapacidad intelectual en su transición hacia el envejecimiento laboral, abordando los desafíos físicos y cognitivos que enfrentan en esta etapa de la vida. En la publicación "Envejecimiento y permanencia laboral de personas con discapacidad intelectual/cognitiva: Un desafío para Chile a la luz de la experiencia española", se profundiza en cómo Chile podría avanzar, creando políticas y herramientas que permitan una inclusión laboral que apoye a este grupo de la población, en el que se van deteriorando ciertas habilidades a medida que pasa el tiempo.
El presente diploma responde a la necesidad de contar con un programa de formación especializado que logre aportar al cambio del paradigma con el que se aborda al colectivo de personas en situación de discapacidad intelectual. Para ello, es necesario comprender la inclusión social como un constructo socio-ecológico que incluye las relaciones interpersonales y la participación en la comunidad; entendiendo entonces que las relaciones interpersonales deben ser de libre elección, y la participación considera los distintos espacios de desarrollo a lo largo del ciclo vital y el acceso a los bienes y servicios regulares disponibles en una comunidad.