La inclusión de la discapacidad infantil es un tema de creciente relevancia a nivel global, que requiere un análisis detallado de sus estadísticas y los desafíos inherentes a su plena implementación. Este documento explora la situación en diferentes contextos, los marcos normativos internacionales y los obstáculos persistentes en la práctica, prestando especial atención a casos como España, México y Chile.
Contexto Global de la Discapacidad
La discapacidad afecta a una proporción significativa de la población mundial. Se estima que el 15 % de la población mundial, es decir, 1000 millones de personas, sufren algún tipo de discapacidad, siendo la prevalencia mayor en los países en desarrollo.
Las personas con discapacidad tienen más probabilidades de experimentar resultados socioeconómicos adversos, incluyendo menos educación, resultados de salud más deficientes, menores niveles de empleo y mayores tasas de pobreza. La pobreza puede aumentar el riesgo de sufrir una discapacidad a través de la malnutrición, el acceso inadecuado a educación y atención de salud, condiciones laborales inseguras, un ambiente contaminado y la falta de acceso a agua potable y saneamiento. A su vez, la discapacidad también puede aumentar el riesgo de pobreza por la falta de oportunidades de empleo y educación, los salarios más bajos y el mayor costo de vida que supone vivir con una discapacidad.
Obstáculos a la Plena Inclusión
Entre los obstáculos a la plena inclusión social y económica de las personas con discapacidad se encuentran:
- Los entornos físicos y el transporte inaccesibles.
- La falta de disponibilidad de dispositivos y tecnologías de apoyo.
- Los medios de comunicación no adaptados.
- Las deficiencias en la prestación de servicios.
- Los prejuicios y estigmas discriminatorios en la sociedad.
Marcos Internacionales y Conciencia Global
Cada vez es mayor la conciencia mundial sobre el desarrollo inclusivo de personas con discapacidad. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CPRD), ratificada por 185 países, promueve la plena integración de este grupo en la sociedad. Este documento se refiere específicamente a la importancia del desarrollo internacional en la protección de los derechos de las personas con discapacidad.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible establece claramente que la discapacidad no puede ser un motivo ni criterio para privar a las personas del acceso a programas de desarrollo y el ejercicio de los derechos humanos. El marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) contiene siete metas referidas explícitamente a las personas con discapacidad y otras seis que se focalizan en las personas en situaciones vulnerables, entre ellas las personas con discapacidad.
Impacto de la COVID-19 en Niños con Discapacidad
Los impactos considerables de la COVID-19 siguen afectando a las personas con discapacidad, incluso a nivel de consideraciones relacionadas con los sectores de la salud, la educación y el transporte.
Salud y Accesibilidad de la Información
En el ámbito de la salud, muchas personas con discapacidad tienen necesidades sanitarias subyacentes adicionales que las hacen especialmente vulnerables a los síntomas graves de la COVID-19, si la contraen. Las personas con discapacidad también corrieron un mayor riesgo de contraer el virus porque la información sobre la enfermedad, incluidos los síntomas y las formas de prevención, no se proporcionó normalmente en formatos accesibles como materiales impresos en braille, interpretación de lenguaje de señas, subtítulos, contenidos audibles y materiales gráficos.
Educación y Servicios Básicos Interrumpidos
Debido al cierre generalizado de las escuelas, los niños con discapacidad no tuvieron acceso a servicios básicos, como programas de alimentación, tecnologías de asistencia, personal de apoyo, programas de recreación, actividades extracurriculares, y programas de agua, saneamiento e higiene.
Impacto de la pandemia en la educación de los niños
Situación de la Discapacidad Infantil en España
En España, las estadísticas proporcionan una imagen clara de la prevalencia de la discapacidad en la infancia. La Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD 2008), estima que residen alrededor de 130.000 niños y niñas con discapacidad menores de 15 años. Esta cifra supone el 2% del total de niños y niñas menores de 15 años residentes en el país.
De acuerdo con la Base Estatal de datos de personas con valoración del grado de discapacidad, a 31 de diciembre de 2019 había en España 3.257.058 personas con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento. De éstas, el 5% son personas menores de 17 años (162.699 personas). El tipo de deficiencia que presenta mayor prevalencia en este tramo de edad son las demencias y trastornos mentales.
Inclusión de la Discapacidad Infantil en México
Datos y Realidad Educativa Actual
En México, hay más de 2.700.000 niños y jóvenes con algún signo de discapacidad; de ellos, más de 606.000 menores no reciben servicios educativos. De los 2.100.000 que obtienen alguna ayuda, más de 303.000 son atendidos por servicios de educación especial y solo 11.000 están integrados en escuelas regulares (Nungaray, 2018, p.).
Los estudios realizados muestran que en su gran mayoría estos niños “integrados”, aparte de ser marginados por sus capacidades físicas, comparten los rasgos específicos de la marginación socioeconómica, habitando en localidades deprimentes y socialmente aisladas, cuyas condiciones de vida inciden para incrementar la frecuencia de las enfermedades y la carencia de estímulos que afectan diversas formas o niveles del aprendizaje.
De acuerdo con la Encuesta Nacional Sobre Discriminación en México (2010), la condición de discapacidad ha llevado a fenómenos como la discriminación, creando prejuicios de que hay personas consideradas “normales” o “competentes” y otras que por su condición física son “anormales” o “incapaces”, por lo que es de esperar que su participación en la sociedad sea limitada (Nungaray, 2018, p.).
Evolución Histórica de la Educación Especial en México
La institucionalización de los servicios para las personas con discapacidad en México inicia en el siglo XIX. En 1806 surge el Departamento de Corrección de Costumbres con el propósito de instruir a menores huérfanos pordioseros con o sin discapacidades. Durante el movimiento por la Independencia (1810-1821), se articuló un plan educativo uniforme con el principio de educar a toda la población sin exclusiones. La Constitución de Apatzingán de 1814 señalaba que “la instrucción, como necesaria a todos los ciudadanos, debe ser favorecida por la sociedad en todo su poder”. No obstante, la cobertura necesaria para los más vulnerables no existía, y no se consideraba que las personas con discapacidad pudieran integrarse en los centros escolares, reflejando una “triste tradición oficial [...] las leyes afirman con palabras enfáticas lo que se niega en la realidad” (Meneses Morales, 1983, p.).
El establecimiento de escuelas especializadas marcó un hito: la primera escuela de sordomudos con reglamento especial se fundó en el Distrito Federal en 1861, seguida por la Escuela Municipal de Sordomudos en 1866 y la Escuela Normal de Sordomudos en 1867. Entre 1877 y 1882, los Congresos de Higiene y Pedagogía reconocieron la importancia de la educación especial. Hacia 1890-1891, se incrementó la cantidad de escuelas especiales para ciegos, sordomudos y delincuentes juveniles. En 1925, se estableció el Departamento de Psicopedagogía e Higiene (más tarde, el Instituto Nacional de Psicopedagogía) para el estudio de “los anormales infantiles”. A pesar de un discurso de “educación para todos”, la integración de personas con diferencias físicas o mentales en el sistema educativo regular era inconcebible en esa época.
La necesidad de la educación especial dentro del contexto de la educación general se reconoció en México hasta 1970 con la creación de la Dirección General de Educación Especial (DGEE). En los años ochenta del siglo XX, se creó el Programa de Grupos Integrados, permitiendo la atención de alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE) en los primeros grados de primaria regular. A finales del siglo XX e inicios del XXI, los servicios de educación especial se reorientaron (Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica 1992, reformulación del artículo tercero constitucional, promulgación de la Ley General de Educación, Artículo 41), abriendo el acceso a la educación básica regular y adecuando el currículo con énfasis en la inclusión. Actualmente, el sistema mexicano de educación básica trabaja con el Modelo Social de la Discapacidad, que pone el análisis en los entornos inadecuados y las actitudes sociales hostiles que agudizan la discapacidad, en lugar de considerar la discapacidad como inherente a la persona.
Desafíos en la Implementación de Políticas Inclusivas
A pesar de la nueva política educativa nacional de inclusión de niños con NEE en aulas regulares, implementada desde hace décadas, un estudio de campo reveló que, si bien las acciones de integración se llevan a cabo, la calidad de atención deja mucho que desear. Los estudios sobre los factores que facilitan y obstaculizan la implementación del proyecto de integración escolar muestran múltiples limitaciones en infraestructura, cobertura e inclusión. Se carece de una visión de política que articule los componentes del sistema educativo, se observan fallas administrativas y operativas, y, sobre todo, una falta de seguimiento y evaluación en la implementación de esta política pública educativa en materia de discapacidad, que podría considerarse obsoleta frente a las expectativas actuales en la formación ciudadana (Nungaray, 2018, p.).
Inadecuada Formación Docente
Respecto a la formación de los profesores, estudios previos indican que las competencias del docente que atiende a alumnos con NEE no están en sincronía con la conceptualización del Modelo Social de la Discapacidad, donde se entiende que la discapacidad es generada por contextos inadecuados, estereotipados y rígidos. Los planes de estudio de las licenciaturas reformadas en el marco del Programa para la Transformación y el Fortalecimiento Académicos de las Escuelas Normales desde 2004 no logran desarrollar esta idea en el maestro.
Brechas entre la Auto-percepción y la Práctica Docente
Una investigación descriptiva, realizada con especialistas USAER, docentes frente a grupo y directivos, incluyó observaciones directas en el aula para evaluar las estrategias docentes para la inclusión. Los datos arrojaron serias discrepancias entre la información proporcionada por los docentes en las encuestas y su actitud frente al grupo:
- Generación de ambientes formativos para autonomía y desarrollo de competencias: 48% de los profesores afirmaron que "siempre" lo hacen, mientras que un 52% respondió que lo hacen "eventualmente".
- Aplicación crítica del plan y programas de estudio: 52% de los encuestados contestaron que "siempre" lo hacen, frente a un 44% que lo hace "eventualmente".
- Uso de la evaluación para intervenir y corregir: Solo el 40% de los maestros "siempre" aplican evaluaciones de seguimiento, y el 60% lo hacen "eventualmente".
- Adecuaciones al currículo para atender diferencias de los alumnos: El 55% de los docentes aseguraron que lo hacen, y el 45% que lo hacen "no regularmente".
Estas cifras demuestran que la mayoría de los docentes no cumplen en la práctica con lo que afirman en las encuestas, lo que dificulta la implementación de la política educativa de inclusión de niños con NEE en aulas regulares.
Falta de Colaboración y Apoyo
La investigación también destacó la falla no solo en el trabajo conjunto del docente con el especialista en educación especial, sino también la ausencia de intervención colaborativa de los profesores con los padres de familia, las autoridades educativas y la comunidad escolar en general. En la toma de decisiones y desarrollo de alternativas que contribuyan al éxito de todos los alumnos, solo el 24% de los docentes lo hace permanentemente.
Estadísticas Recientes de Discapacidad Infantil en Chile
En Chile, el Tercer Estudio Nacional de la Discapacidad (Endisc), que continúa la serie de estudios realizados en 2004 y 2015, se enfoca en el análisis y comprensión de las problemáticas que enfrentan las personas con discapacidad. Según esta encuesta, el 14,7% de los niños, niñas y adolescentes de 2 a 17 años presentan algún grado de discapacidad, lo que representa a 587.709 niños, niñas y adolescentes.
Entre los hallazgos específicos, el 1,1% de esta población tiene sordera o dificultad para oír. En cuanto a la situación socioeconómica, el 54,3% de las personas sin discapacidad y el 41,5% de las personas con discapacidad indican que han tenido suficiente dinero para hacer las mismas cosas que sus amigos y amigas, mostrando una brecha.
La encuesta también reveló que el 86% de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad recibió alguna atención de salud en los últimos 12 meses. Sin embargo, del total de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, un 18,7% necesita más recursos de apoyo.
Las autoridades chilenas han expresado la intención de "poner a los niños y niñas con algún tipo de discapacidad en el centro, de enfocarse en políticas públicas basadas en datos y en evidencia, y en avanzar de forma sostenible y rigurosa y responsable en políticas públicas que mejoren la calidad de vida, sobre todo de los grupos que han sido lamentablemente más postergados, abandonados sistemáticamente por el Estado."
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