El Servicio Nacional de Menores (SENAME) de Chile ha sido históricamente objeto de fuertes críticas por su rol como garante de los derechos de la infancia. La situación de sus centros, en su mayoría privatizados y precarizados, ha sido descrita como lugares donde niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad social son acogidos sin garantías de seguridad, llegando a ser comparados con cárceles para menores. Esta problemática se agrava por el rol represivo que a menudo desempeñan los trabajadores de la institución, no solo en centros de internamiento para jóvenes condenados, sino también en hogares de acogida.
La discusión política sobre la infancia ha estado marcada por el cinismo y la hipocresía. Mientras la derecha criminaliza la pobreza y los sectores marginales, la Nueva Mayoría ha lucrado con la privatización. Los menores que llegan a estos hogares necesitan espacios de cuidado y seguridad para crecer sanos y con futuro, pero el sistema actual ofrece todo lo contrario.
Problemas Estructurales y Condiciones Laborales
Condiciones Laborales Críticas y Jornadas Excesivas
Una auditoría solicitada por un grupo de educadoras de trato directo de la Casa Nacional del Niño reveló situaciones alarmantes en varios Centros de Administración directa del SENAME. Se constató que trabajadoras llegaron a realizar turnos de 27 horas seguidas y turnos de 24 horas varias veces al mes. El SENAME atribuye esta situación a la falta de cuidadoras en los hogares, sumado a un alto número de licencias médicas, que representan un 37.8% del total de trabajadores del servicio, debido a las precarias condiciones laborales.
Sin embargo, se argumenta que estos centros requieren una atención de 24/7, y la escasez de personal no puede ser excusa para desatender a los menores. Como parte de las denuncias, las trabajadoras señalaron que la institución no estaría pagando el total de las horas extras trabajadas.
El Problema de las Licencias Médicas y el Ausentismo Laboral
El alto número de licencias médicas en el SENAME es una preocupación recurrente. Según datos obtenidos a través de la Ley de Transparencia, en 2017 el organismo recibió 15.533 licencias médicas para una dotación promedio de 4.418 personas. La entonces directora del SENAME, Susana Tonda, ha expresado su inquietud al respecto, indicando que se estaba revisando este tema y que fue abordado en la mesa de trabajo presidencial del Acuerdo Nacional por la Infancia.
Se ha observado una baja cantidad de reemplazos, ya que la suplencia no se realiza si los permisos médicos son por quince días o menos. Además, se señala que algunos trabajadores acceden a bonificaciones por buen funcionamiento del centro a pesar de no haber trabajado. En un Centro de Internación Provisoria y Centro de Régimen Cerrado, el punto más alto de licencias médicas en 2017 fue del 40% de los funcionarios, sin bajar nunca del 20%. Estos problemas se agudizan en un sistema "bastante capturado por las asociaciones de funcionarios", según Pizarro. Alicia del Basto, presidenta de la Asociación de Funcionarios del SENAME, explica que el ausentismo se debe tanto al "ambiente violento" y a las condiciones "no muy humanas", como a un mal uso de las licencias, señalando que "hay gente que para las fiestas siempre tira licencia médicas".
Consecuencias del Ausentismo para los Menores
El ausentismo laboral tiene efectos directos en la vida diaria de los menores. Cuando falta un funcionario, tareas como la hora del almuerzo se vuelven complejas, llegando a situaciones donde una sola persona queda a cargo de hasta 10 lactantes. Estas alteraciones en el funcionamiento normal de los centros han sido criticadas en informes.
Denuncias, Informes y Fallos Internacionales
Informes de la ONU y el INDH
El informe elaborado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la crisis del SENAME señala una "insuficiencia e incapacidad de recursos humanos, tanto para las labores de supervisión como en los equipos profesionales y educadores de trato directo". El organismo internacional también cita un documento del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que indica que algunos turnos de trabajadores "pueden llegar a 24 o 36 horas por la recurrente falta de personal".
Resoluciones de la Contraloría General de la República
La Contraloría General de la República (CGR) ha establecido que los trabajadores que cumplen turnos no podrán percibir el pago promedio de las horas consideradas "extraordinarias" durante feriados, licencias médicas o permisos con goce de remuneraciones. Las Asociaciones han solicitado audiencia a la Contraloría sin obtener respuesta, y señalan que la solución definitiva requiere una modificación legal que establezca expresamente la naturaleza continua y especial de los sistemas de turno.
Posteriormente, la Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades tras fiscalizar los programas de protección del derecho de los menores del Sename entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2018, instruyendo un nuevo sumario. El informe final abordó el cumplimiento de las supervisiones técnicas y financieras realizadas por el Sename a los programas señalados y detectó carpetas con fichas de menores incompletas o desactualizadas, profesionales con experiencia insuficiente en temas de infancia y adolescencia y fallas de seguridad en sistemas informáticos. Asimismo, la Contraloría identificó falta de control del personal contratado en los OCAS.
La Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
La investigación sobre violaciones a los derechos humanos cometidas contra niñas, niños y adolescentes en recintos del SENAME entre 1979 y 2021 se ve amenazada por un eventual cierre de la Comisión de Verdad y Niñez. Esta instancia, creada tras una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), permite a quienes sufrieron violaciones a los derechos humanos en el SENAME enviar antecedentes para su investigación, incluyendo casos de abuso eclesiástico. Se estima que cerca de 689.288 personas pasaron por estos centros durante casi 50 años de existencia del SENAME.
La Comisión nace a raíz de una sentencia dictada en 2024 por la CIDH, que evidenció la muerte de diez adolescentes en el centro "Tiempo de Crecer" en 2007, y violaciones a los derechos humanos de 271 jóvenes en cuatro recintos. El fallo internacional no solo abordó el incendio, sino también un problema estructural más amplio, señalando la responsabilidad del Estado chileno por la vulneración de derechos fundamentales en perjuicio de jóvenes privados de libertad. Estos espacios carecían de medidas básicas de seguridad, atención médica adecuada y criterios de segregación. Informes previos del INDH reforzaron la idea de que lo ocurrido no era un hecho aislado, y advertencias de una Comisión investigadora de la Cámara de Diputados señalaron que hechos que ponen en peligro la seguridad y la vida de menores y funcionarios seguían ocurriendo.
El Rol del Poder Judicial en la Supervisión
El comité de la ONU que visitó Chile en enero de 2017 confirmó que la violación de los derechos humanos de los niños bajo el cuidado del SENAME es sistemática y grave. El informe constató graves deficiencias en infraestructura, supervisión y recursos humanos, estableciendo que el Estado es responsable de las violaciones de derechos que sufren los niños, niñas y adolescentes (NNA), quienes están expuestos a violencia y enfrentan graves problemas de acceso a educación y atención de salud oportuna.
En particular, el informe criticó a los jueces porque privilegian la adopción de medidas que separan al niño de su familia, aunque esta opción debiese ser la última, tras explorar todas las posibilidades de mantener a los NNA en su núcleo familiar. La separación, por lo demás, debe ser "excepcional y transitoria", mientras se evalúan los cambios en las condiciones de la familia para concretar la pronta reintegración. El sistema judicial también falla porque "la frecuente ausencia de motivación suficiente de las sentencias impide conocer los elementos considerados (para decretar la internación del menor)".
El documento de la ONU deja establecido que el Poder Judicial es responsable "de la supervisión de la situación del NNA y su avance en el programa de integración". Pero esto no se cumple por dos razones:
- La primera es que "la mayor parte de los jueces carecen de formación específica para evaluar dichos avances".
- La segunda apunta a que "las decisiones judiciales no determinan en muchos casos qué derechos han sido vulnerados, lo que no permite identificar para qué se interna y de qué debe recuperarse el NNA".
Esto último, genera la ausencia casi total de "planes de intervención y falta de seguimiento". Los expertos de la ONU constataron que el Poder Judicial ha enviado a más de 400 menores a "organismos coadyuvantes", debido a la falta de plazas en los hogares que dependen o están bajo regulación del Sename. Finalmente, el documento establece que los jueces de Familia, "por regla general", deciden internar al menor "con escasa o sin participación del NNA y de la familia (…), lo que no permite evaluar sus condiciones particulares y las medidas necesarias para ayudar a la familia". El informe reporta que solo el 32,1% de los menores dice que tiene oportunidad de hablar con el magistrado y el 30,8% con un abogado que lo represente.
Condiciones Físicas de los Centros
Las visitas de los jueces, desarrolladas durante el primer semestre de 2017 en 298 establecimientos a lo largo de todo Chile, diagnosticaron "importante sobrepoblación en algunas de las residencias visitadas", lo que redunda en una atención insuficiente de los niños, niñas y adolescentes. Al respecto, el texto indica que "se advierte la presencia de basura, desechos y desperdicios en las dependencias comunes, como patio, biblioteca, lavandería", lo que resulta insalubre y pernicioso para los residentes. A pesar de esto, el informe indica que se han invertido importantes sumas de dinero en mejorar los centros, desde 2015, con un total de $4.500 millones para arreglar 121 residencias.
Casos Emblemáticos y Problemas de Cifras
La Falta de Claridad en las Cifras de Fallecidos
No hay claridad respecto al número de menores vulnerables fallecidos anualmente bajo tutela del Estado. Un informe del Ministerio de Justicia indicó 185 muertes entre 2005 y mayo de 2016, mientras que un reporte de Unicef sugirió que el número de fallecimientos en 2010 era cinco veces mayor. Análisis de anuarios oficiales del SENAME de 2010 a 2014 arrojaron 318 fallecimientos, sumando un total de 395 con datos de Justicia. Expertos señalan un "problema de cifras" y complejidad del servicio. El diputado René Saffirio afirma que el Estado chileno "ni siquiera sabe cuántos niños hay en sus establecimientos y mucho menos cuántos de ellos han fallecido y cuáles son sus causales". A pesar de informes y medidas urgentes propuestas, ninguna se ha cumplido.
Casos de Negligencia y Fallecimientos
El caso de Guillermina, una adolescente de 16 años que llegó al Centro de Protección Alborada y fue encontrada colgada con sus propios cordones menos de media hora después, ilustra la falta de protocolos. Contrario a los estándares internacionales, no fue llevada a un hospital para su evaluación tras llegar a medio vestir. La querella presentada por su familia no prosperó, y su muerte quedó registrada como un egreso más del sistema.
El caso de Lissette Villa, de 11 años, quien falleció en el Centro Galvarino, puso de manifiesto la falta de protocolos y la sobremedicación. A pesar de sus episodios de crisis, no se aplicó ningún protocolo acorde a parámetros internacionales. La explicación inicial de la entonces directora del SENAME, Mariela Labraña, sobre una "crisis emocional" fue considerada insatisfactoria y le costó el puesto. Expertos señalan que Lissette estaba sobremedicada, recibiendo fármacos que podían tener efectos adversos en menores. La "poca prolijidad" en la manipulación de medicamentos en los centros es generalizada, con stock en cualquier parte y problemas graves de dosificación.
Las causas de muerte determinadas por autopsias en menores del SENAME incluyen ahogamientos con fluidos, golpes, homicidios y suicidios por ahorcamiento. Una causa "indeterminada" de muerte fue la de Lissette, detonando la crisis por fallecimientos. El sistema se caracteriza por niños vulnerables cuidados por personal sin capacitación, quejas por maltratos, sobremedicación y negligencia.
Se argumenta que el problema no es solo del servicio, sino de la sociedad en su conjunto, que durante años no se ha hecho cargo de estos niños, los más pobres de los pobres. Existe una estigmatización de la pobreza, ya que ningún niño del 50% del nivel económico más alto del país se encuentra en estas instituciones, a pesar de que el abuso sexual y la violencia son transversales.
Hacia una Solución Definitiva
Reemplazo del SENAME y Persistencia de Problemas
El SENAME fue reemplazado oficialmente en octubre de 2021 por el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez) y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Sin embargo, los problemas estructurales persisten.
Propuestas de Solución
Las soluciones propuestas incluyen:
- Un apoyo y seguimiento psiquiátrico adecuado, con unidades polivalentes y personal dedicado que trabaje con las familias.
- El objetivo de que los niños vuelvan con sus familias de origen, entregándoles herramientas y acompañamiento para romper el círculo de maltrato y pobreza.
- Una defensa jurídica adecuada para los menores, que vele porque todos los actores del proceso cumplan su labor.
- La implementación de nueva tecnología para el proceso de supervisión. El objetivo del Módulo es aplicar tecnología en el proceso de supervisión técnica en terreno y disminuir el tiempo de preparación del Informe de Supervisión. Conjuntamente con lo anterior, el Módulo aporta a levantar la información de supervisión en terreno y registrarla en la Plataforma Senainfo, disponer de la información de las supervisiones en Senainfo de forma oportuna y confiable y, por último, contar con reportes según necesidades del Servicio.
- El pleno de la Cámara aprobó el informe en el que se detallaban las graves falencias que presenta la institución, entre ellas los escasos recursos con los que cuenta. Los recursos son un claro impedimento en mejorar la calidad de atención que se da a los niños.
- En la comisión de Familia se propone casi cuadruplicar la subvención que el Estado le otorga a cada niño. Ese dinero se necesita para trabajar con los niños más dañados y más frágiles de Chile, entonces se necesitan psicólogos, psiquiatras, neurólogos, fonoaudiólogos, educadores, etc.
Francis Valberde, directora ejecutiva de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas, no comparte el diagnóstico hecho por algunos actores. Recordemos que, en reiteradas oportunidades, organismos internacionales y expertos en materia de promoción de la infancia han cuestionado duramente el sistema que rige la prevención y protección de la infancia en el país. Las autoridades del Servicio Nacional de Menores, Rolando Melo a la cabeza, "faltaron gravemente a sus funciones, no supervisaron, dejaron sin control, sin resguardo, sin protección, a los niños de miles de lugares licitados a privados por Sename". La realidad de aquellos niños intervenidos de sus hogares y residentes de la red Sename no es auspiciosa.
tags: #falta #de #supervision #en #sename