La trágica muerte de Lissette Villa la noche del 11 de abril de 2016, a causa de una crisis no atendida adecuadamente en el hogar Galvarino, administrado por el Servicio Nacional de Menores (Sename), puso de manifiesto las profundas deficiencias en el sistema de protección de menores en Chile. Las cuidadoras de Lissette, Conne Fritz y Thiare Oyarce, sin la formación ni los protocolos necesarios, aplicaron técnicas de contención que resultaron fatales, reflejando una falta crítica de capacitación.
Este lamentable suceso desencadenó una investigación por parte de la comisión del Sename II de la Cámara de Diputados, cuyas conclusiones, publicadas un año y dos meses después, arrojaron luces sobre la respuesta del Estado y las áreas críticas que requerían atención urgente.
Déficit Crítico en Presupuesto y Capacitación
Uno de los puntos más preocupantes señalados por la comisión fue la drástica reducción del presupuesto destinado a la capacitación y formación de los funcionarios del Sename. Este déficit en la formación, precisamente lo que faltó a las cuidadoras de Lissette, se reflejó en una disminución del 399% en los fondos asignados a esta área, según el borrador del informe preliminar al que tuvo acceso CIPER. Esta alarmante tendencia ponía en riesgo el bienestar y la seguridad de los menores bajo la tutela del Estado.
Además de la falta de inversión en capacitación, se reveló que 338 proyectos privados financiados por el Estado para el cuidado e intervención de menores no habían sido revisados por la administración central en los últimos tres años. En 2017, el Sename destinó $146 mil millones a 1.204 programas de atención a menores prestados por privados, lo que subraya la magnitud de los fondos que requerían una fiscalización rigurosa.
Testimonios sobre la Escasez de Capacitación
Christopher Simpson, educador de trato directo (ETD) en el Centro Metropolitano Norte del Sename en Til Til, expresó su temor ante la falta de preparación para atender crisis de salud mental o agresiones, debido a la escasa capacitación recibida en sus casi cinco años de servicio. Indicó que el curso recibido el año pasado fue insuficiente. “No sé si disminuir los recursos en capacitación va a hacer que la situación sea mucho peor de lo que ya es. La falta de capacitaciones atenta contra nuestra formación y desarrollo profesional”, afirmó.
Luis Ortúzar, director del Hogar Aldea Mis Amigos en Peñaflor, afirmó que en su centro no habían recibido capacitación centralizada en al menos los últimos cinco años. Esta situación “afecta directamente las competencias de los educadores y las organizaciones tenemos que hacer capacitaciones internas, lo que nos quita tiempo de trabajo con los niños. Esto es especialmente preocupante porque hay temas, como la inclusión, que son muy relevantes. Si llega un chico o una chica trans, ¿qué hacemos?”, cuestionó.
Matías Marchant, psicólogo y director de la Corporación Centro de Salud Mental Casa del Cerro, enfatizó que el problema era aún más profundo, señalando que los bajos sueldos y los sistemas de turnos irracionales agotaban a las educadoras, “terminan reventando literalmente a las educadoras”. Según datos del Sename, a septiembre del año anterior, había 1.275 educadores de trato directo (ETD) contratados a nivel nacional.
Responsabilidades Políticas vs. Prioridades Institucionales
Si bien el foco del debate público se centró en las responsabilidades políticas de la ex ministra de Justicia, Javiera Blanco; los ex directores del servicio, Marcela Labraña y Hugo Herrera; y la actual jefa del Sename, Solange Huerta, funcionarios y colaboradores de la institución señalaron a CIPER que el problema de fondo radicaba en cómo el Sename fijaba sus prioridades para el destino de sus dineros. Las capacitaciones existentes, además de ser muy escasas, a menudo poco aportaban al trabajo real que desarrollaban los funcionarios en contacto con menores, y las fiscalizaciones eran laxas.
La jueza de familia Mónica Jeldres, quien dirigió una comisión investigadora en 2012, ya había alertado sobre graves abusos en los hogares del Sename. Su informe, junto con advertencias de la Contraloría al Ministerio de Justicia y al Sename sobre falencias institucionales, de infraestructura, supervisión y administración financiera, no habían generado una respuesta inmediata y efectiva. Jeldres indicó: “Es sabido y así ha sido advertido por la Contraloría al Ministerio de Justicia y Sename de una serie de falencias institucionales, de infraestructura, de supervisión, administración financiera, entre otras, sin que haya existido una respuesta inmediata para dar solución ni establecer responsables. Si todo lo anterior no fuera suficiente, continúan las denuncias por violaciones, maltratos, abusos, explotación sexual.”
Fiscalización Insuficiente y Desvío de Recursos
El diputado Ramón Farías, al ser consultado por CIPER, afirmó que la falta de capacitación y perfeccionamiento para los funcionarios del Sename incidía directamente en la disminución de las fiscalizaciones, debido a la insuficiencia presupuestaria. Además, criticó la metodología de fiscalización, que a su juicio, dejaba mucho que desear: “La fiscalización debe ampliarse, porque hoy lo único que hacen es ir y revisar en el lugar con un checklist. ¿Cuántos niños hay?, ¿cuántos extintores?, ¿cuántos camarotes?”.
Todos los entrevistados por CIPER coincidieron en que la fiscalización técnica y financiera de las instituciones privadas que colaboran con el Sename (OCAS) era, por lo menos, insuficiente. El dato de que 751 programas fueron examinados entre dos y ninguna vez en los últimos tres años empeoraba el panorama, especialmente tras la eliminación del Programa de Fiscalización a Centros de Menores del presupuesto para este año, según los datos contenidos en el borrador del informe de la segunda comisión investigadora.
Un funcionario que trabaja en el área de licitaciones de la administración central del Sename, y que pidió la reserva de su nombre, explicó por qué este gigantesco monto destinado a la atención y protección de los niños permanecía sin ejecutar. Por ejemplo, dijo, los OCAS “guardan” esos fondos por si se cierra el programa y se ven obligados a pagar finiquitos, pero eso rara vez pasaba, por lo que los recursos sencillamente se desaprovechaban.
Se planteó la crítica de que el 70% de los fondos iba para los colaboradores y el 30% a los centros que administraba directamente el Sename. “Si van a fiscalizar menos a las organizaciones que se llevan el pedazo más grande, nos parece crítico”, señaló. Simpson cuenta que las inspecciones de los fiscalizadores eran, por decir lo menos, someras: el registro sobre la situación de los niños era principalmente cuantitativo, haciendo difícil establecer si realmente había avances en la intervención. Con las inspecciones financieras, sostuvo, el panorama era más gris: “Básicamente, revisan las boletas, ven que cuadren, pero no se sientan con calculadora a revisar una por una, sino que solo calce.”
El psicólogo Matías Marchant creía que la forma en que se hacía la supervisión de los recursos profundizaba las deficiencias del sistema: “Ayuda más a ocultar las falenas que a encontrarlas”. La Ley 20.032, que establece mecanismos para subvencionar ciertos gastos asociados a la intervención, no especificaba la “glosa” (planilla que establece cuánto se gastaría de un presupuesto en un determinado ítem). “La supervisión financiera del servicio, históricamente, nunca ha tenido control sobre eso”, lo que significaba que si se licitaba un programa que iba a atender teóricamente a cien niños, pero en la práctica atendía solo a 20, igual se pagaba por los cien.
El Rol de los Organismos Colaboradores (OCAS)
Luis Ortúzar, director de un hogar en Peñaflor, defendió el rol de los OCAS, señalando que la subvención mensual por niño -$180 mil mensuales por niño, para 90 menores- era insuficiente para garantizar un buen cuidado, especialmente al mantener un equipo profesional estable. Su hogar tenía 35 funcionarios, entre los que se contaban educadores de trato directo, un psiquiatra, un nutricionista, tres asistentes sociales y dos psicólogos: “No puedo embargar los sueldos de mis funcionarios. Necesito mantener a mi equipo, que sea estable, porque eso es fundamental para el cuidado de los chicos.”
A pesar de que ha pasado más de un año desde la muerte de Lissette, Ortúzar expresó su sincera creencia de que ni en el hogar Galvarino, que es donde falleció, ni el Sename, que debía asegurarse de que ella estuviera bien, habían tenido mejoras.
Reformas y Nuevos Organismos
La crisis del Sename ha relevado el tema de la infancia en Chile y su constante vulneración de derechos. El gobierno de Michelle Bachelet anunció medidas para reformular la institución, incluyendo un aumento del presupuesto, la separación del Sename en dos entidades y la entrega de mayores recursos. El 05 de octubre, la presidenta Michelle Bachelet anunció una serie de medidas a corto, mediano y largo plazo para resolver la profunda crisis que vivía el Sename, con el fin de reformular el organismo gubernamental.
El Sename, organismo gubernamental chileno centralizado dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuya gestión se alineaba con las instrucciones de los tribunales de justicia, se encontraba en un proceso de cierre y traspaso gradual a dos nuevos servicios especializados. Desde 2021, el Sename se enfocó exclusivamente en justicia y reinserción juvenil, mientras que el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia se convirtió en su continuador legal en materia de protección de derechos. Este proceso culminó el 12 de enero de 2026.
Dimas Santibáñez, del Departamento de Antropología, pensaba que si la iniciativa finalmente se concretaba, traería consigo un cambio importante en términos institucionales, dejando atrás el concepto tan instalado hoy en día de la subvención, que generaba una serie de prácticas perversas, “porque finalmente la asignación que el Estado realiza por cada niño(a) que Sename atiende es diferencial en función del tipo de problema que éste(a) posee”. Más allá de la separación, Santibáñez consideraba necesario “repensar el conjunto de recursos estructurales para los distintos problemas que van a enfrentar las dos instituciones”. Otro elemento a considerar en esta división institucional era si se continuaría bajo una estructura centralizada o con políticas que se implementaran a nivel local, en los territorios y en las comunas.
Contexto Histórico y Visión de la Infancia
Recordando su origen, el Sename es un organismo creado en 1979, durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. Su nombre da cuenta de la concepción de infancia como un estado irregular. Depende, administrativamente, del Ministerio de Justicia y desde sus fundamentos se aprecia su enfoque tutelar hacia la infancia. Viviana Soto, académica del Depto. de Educación, recalca que como institución, y tal como lo señala su nombre, presta servicios entre cuyos objetivos destacan “reinsertar y rehabilitar y reparar los derechos de los(as) niños(as) que han sido vulnerados”.
En Chile, la profunda crisis que sufre el Sename revelaba la precaria situación que vivían cientos de niños y niñas, donde la vulneración de sus derechos y la afectación de su vida emocional, social y económica no habían sido una de las preocupaciones de la sociedad. Si bien desde los 90 ha habido cambios positivos y alentadores en torno a la infancia, como la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, persistían muchas otras formas de maltrato infantil que “nosotros(as) todavía ni siquiera hemos podido reconocer. Yo creo que, de alguna manera, todavía tenemos un resabio de que los(as) niños(as) son personas inacabadas e insuficientes, como si fueran minusválidos(as)”, criticaba la psicóloga jurídica y académica del Depto.
En ocasiones, los(as) niños(as) se veían afectados(as) y triangulados(as) por los conflictos no resueltos de sus padres, lo que constituía “otra forma de maltrato poco visible” explicaba Salinas. La creación y desarrollo del Servicio Nacional de Menores ha replicado esta visión del niño-objeto que recibe ayuda y asistencia del Estado, al cual hay que controlar y “reparar” como si fueran “utensilios”, siendo que a los sujetos no se les repara. Viviana Soto señala que el Estado a través de sus políticas públicas ha actuado de manera lenta y tardía, por lo que era perentorio anunciar y llevar a la práctica un nuevo trato con la infancia, con un paradigma totalmente distinto al que se ha desarrollado.
Formación en Educación Social y Pedagogía Inclusiva
Por otro lado, las personas que trabajan con niños(as) requieren de una formación en educación social. “No se ha discutido en Chile qué tipo de pedagogía se debiera ejercer para trabajar con estos niños y niñas vulnerados(as). Esto no implica que tengamos una pedagogía especial para ellos(as), porque eso también es sesgar, estamos hablando de una pedagogía que mire al sujeto, que sea consciente de él(ella) y lo(a) invite a construir desde sus necesidades”, aclaraba Soto.
Hoy, pese a los avances vividos por la sociedad chilena en relación a la infancia, persistía una serie de situaciones que reflejaban el maltrato hacia la niñez, cayendo en una “lógica de patrón de fundo, de un Estado tutelar o de ‘padre omnipotente’ que todo lo sabe, discriminando a los(as) niños(as)”. Se ha tendido a separar las infancias, la infractora de ley de aquella que ha sufrido maltrato. No obstante, ambas “son parte de la infancia y son responsabilidad nuestra como sociedad”. Al respecto, la ley de Responsabilidad Penal Adolescente (N°20.084) señala lo siguiente: “La sanción no es la intervención” y “los(as) niños(as) son responsables, penalmente, pero no van a ir al sistema penal adulto, sino que tendrán un sistema penal especial”, aclaraba la psicóloga jurídica.
Casos Emblemáticos y la Urgencia de la Reforma
El caso de Lissette Villa no fue aislado. La prensa informó el fallecimiento de Lissette Villa (11 años) en el Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) Galvarino en Santiago. Su caso reveló una serie de irregularidades al interior del organismo. Dos meses antes, el propio Sename publicó la cifra de niños(as) fallecidos(as) al interior de centros pertenecientes al organismo entre 2005 y 2006, alcanzando un total de 210 casos; la cifra ascendía a 865 decesos ocurridos en 11 años.
Inicialmente, la entonces directora nacional del Sename, Marcela Labraña, atribuyó la muerte de Lissette a traumas de abuso sexual y decepción familiar, explicaciones que fueron cuestionadas y que finalmente la llevaron a renunciar a su candidatura y declarar como imputada.
Otro caso trágico fue el de Guillermina, una adolescente de 16 años que, tras ser reingresada al Centro de Protección Alborada por la policía, fue encontrada colgada con sus propios cordones menos de media hora después. A pesar de su historial de intentos de suicidio, no fue llevada a un hospital para una evaluación médica completa. La querella por cuasi delito de homicidio presentada por su familia no prosperó, y su muerte quedó registrada como un “egreso” más del sistema.
Estos casos, junto con otros, revelaron un sistema en "estado terminal", según María Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia. La falta de claridad en las cifras de menores fallecidos bajo tutela estatal era alarmante. Informes del Ministerio de Justicia y reportes de Unicef presentaban discrepancias significativas, y análisis de anuarios oficiales del Sename arrojaban cifras aún mayores de fallecimientos.
El diputado René Saffirio, miembro de la comisión investigadora, denunció que el Estado chileno no cumplía con sus compromisos internacionales en materia de infancia y ni siquiera sabía cuántos niños había en sus establecimientos ni cuántos habían fallecido. A pesar de las 200 medidas urgentes presentadas por una comisión investigadora anterior, ninguna se había cumplido.
Sobremedicación y Falta de Atención Especializada
La sobremedicación de los menores fue otro grave problema evidenciado. El psiquiatra Rodrigo Paz, parte de la querella por la muerte de Lissette, señaló que la niña estaba siendo medicada con benzodiazepinas en dosis que actuaban como antipsicóticos, además de antidepresivos cuyo efecto en niños no estaba demostrado. La sertralina, otro fármaco que tomaba Lissette, podía generar efectos adversos como agresividad e impulsividad.
La "poca prolijidad" en la manipulación de medicamentos en los centros era generalizada, con stock almacenado en cualquier lugar y problemas de dosificación. Esto era especialmente preocupante considerando que el 63% de los niños bajo el sistema requerían tratamiento farmacológico, y más de 3.000 estaban sin la debida atención médica especializada.
La falta de camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil en Chile, sumada a la escasez de psiquiatras infantojuveniles en el sector público, exacerbaba la situación. El caso de Guillermina, quien a pesar de su historial de consumo de alcohol, drogas y depresión, no fue diagnosticada con ninguna patología psiquiátrica grave, ilustraba esta carencia.
Hacia una Solución Integral
Según el análisis de Francisco Estrada, abogado experto en infancia y exdirector del Sename, una solución definitiva requería tres pilares fundamentales: unidades polivalentes con personal dedicado y adecuado seguimiento psiquiátrico, que trabajaran también con las familias; el retorno de los niños a sus familias de origen, brindando herramientas y acompañamiento para romper el círculo de maltrato y pobreza; y una defensa jurídica adecuada para los menores, que velara por el cumplimiento de sus derechos.
Se cuestionó la "estigmatización de la pobreza" en el sistema, dado que ningún niño del 50% de mayor nivel económico se encontraba en el Sename, a pesar de que el abuso sexual y la violencia son transversales. La defensa jurídica de los menores vulnerados, a diferencia de los infractores de ley, a menudo recaía en abogados jóvenes que los veían más como un trámite burocrático que como sujetos de derecho.
El Consejo para la Infancia, creado por la presidenta Michelle Bachelet, tenía como objetivo a mediano plazo cerrar el Sename y transitar hacia un nuevo servicio.
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