En este artículo abordamos la situación de las mujeres con discapacidad en consonancia con las líneas de investigación dedicadas al estudio sociopolítico de la ciudadanía en las personas con discapacidad. A partir del análisis de datos secundarios, observamos que las mujeres con discapacidad presentan una mayor vulnerabilidad social en relación a otros grupos de mujeres e, incluso, a los hombres con discapacidad. En términos generales, y tal y como muestran los escasos estudios existentes, estas mujeres tienen menores tasas de escolarización y de empleo, mayor precariedad laboral, problemas de acceso a la vivienda y a las nuevas tecnologías, y mayor aislamiento social. Estos factores suelen ir asociados a procesos de exclusión y muestran la existencia de una discriminación interseccional, que se ha agravado por la crisis financiera que atraviesan varios países, entre ellos España. De esta forma, centramos nuestro estudio en un grupo social que históricamente ha sido desatendido tanto por los estudios de género como por los estudios de discapacidad.
Prevalencia Global y Regional de la Discapacidad
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el 15 % de la población global presenta alguna discapacidad; es decir, cerca de 1000 millones de personas, de las cuales, alrededor de 200 millones tienen dificultades para el desarrollo de su vida cotidiana (Bourne et al., 2013). Para el año 2015, se reportaron en el mundo 36 millones de personas ciegas y 216 millones con discapacidad visual moderada y grave, de las cuales el 56 % y el 55 % respectivamente son mujeres (Bourne et al., 2017).
En Colombia, la prevalencia por sexo de quienes tienen dificultades para realizar actividades cotidianas es de 7,5 % para mujeres y 6,8 % para hombres (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2018); además, al revisar la distribución de la discapacidad visual, se encuentra el 53 % de mujeres contra el 47 % de hombres (Instituto Nacional para Ciegos, 2010).
Construcción Social de la Discapacidad y el Género
Las mujeres con discapacidad han sido objeto de estudios cuyos resultados dan cuenta de la manera como históricamente han sido significadas y ubicadas en la realidad social de los grupos. Esta significación va desde la deficiencia, la caridad, la compasión y la lástima, hasta enfoques que buscan la reivindicación del sujeto, con un énfasis en las capacidades, la diversidad de la vida humana y el reconocimiento de sus derechos y de su dignidad. Si bien se reconoce un cambio en la forma como la sociedad ha venido elaborando la construcción conceptual y social de la discapacidad y se han propuesto enfoques más progresistas, aún persisten miradas limitantes que conviven simultáneamente, lo cual ha dificultado la superación de esquemas ligados a una historia de beneficencia y caridad (Oviedo-Cáceres et al., 2019) y muestra que aún persisten imaginarios atávicos que dan sentido y significación a nuestros actos (C. E. Martínez, 2016).
La categoría de discapacidad, al igual que la de género, es una construcción social que ubica y clasifica a unas personas en condición de superioridad sobre otras (Gómez, 2014). Las influencias culturales sobre las percepciones de discapacidad y género se pueden encontrar en las formas de lenguaje utilizadas para referirse a las personas con discapacidad; sin embargo, dichas influencias no solo se ven reflejadas en esta dimensión, pues las percepciones permean el comportamiento cotidiano y las actitudes que asumen los sujetos en la interacción. Es así como la desventaja social que viven las mujeres con discapacidad emerge como resultado de la cultura y su mirada de la normalidad, en la que se ven las deficiencias como dificultades para la vida social (Diniz et al., 2009). La relación que exista entre cultura y discapacidad es fundamental, pues el constructo de discapacidad se moldea a través de las experiencias sociales y físicas de las personas dentro de una cultura (Díaz y Muñoz, 2005).
La Intersección entre Género y Discapacidad: Una Doble Discriminación
Este panorama es aún más complejo dada la interacción del género y la discapacidad, pues ubica a las mujeres con esta condición en una posición desigual respecto a los hombres con esta discapacidad y a las personas sin discapacidad, lo cual incrementa la marginación y exclusión social afectando, así, el ejercicio de sus derechos humanos. Dicha desigualdad se identifica, entre otras situaciones, en que las mujeres con discapacidad tienen un mayor índice de analfabetismo, menores niveles educativos, mayores dificultades para el desarrollo de actividades laborales, menor salario, mayor dependencia económica y mayores probabilidades de ser víctimas de violencia de género (González, 2010; Soler et al., 2008).
El informe mundial de discapacidad menciona que, adicional a los obstáculos que provocan mayor discapacidad, las mujeres con esta condición también se ven enfrentadas a discriminación de género. Por tanto, ser mujer con discapacidad genera una doble discriminación: como mujer y como persona con discapacidad, lo cual aumenta las barreras que pueden dificultar el ejercicio de sus derechos, su participación social y el logro de objetivos de vida que se consideran vitales; por tanto, la discriminación de género, añadida a la discapacidad, acarrea una doble marginación (Cordoba et al., 2014; García-Santesmases, 2014; Soler et al., 2008).
Entre la categoría de género y la de discapacidad se identifican elementos comunes, tales como el cuerpo marcado, las desigualdades e inequidades y las relaciones de poder, entre otros. Al respecto, la propuesta de Foucault (2000) resulta relevante por cuanto resalta el hecho de que sobre los cuerpos se inscriben normas de regulación de la existencia; se trata de prescripciones normativas en las que lo “normal” cumple la doble función de señalar una regularidad estadística y una prescripción moral. En el caso de las personas con discapacidad, esa naturalización del cuerpo hace que las directrices normalizadoras sean estipuladas por la ciencia médica, estableciéndose una vinculación entre discapacidad y enfermedad, lo cual explica que la respuesta social esté dada en función de rehabilitación clínica y funcional, desdibujando al sujeto (Oviedo-Cáceres et al., 2019). Así mismo, el estigma en el caso de la discapacidad está relacionado con la construcción de las imágenes de cuerpo que se hacen en cada cultura.
¿Qué es la interseccionalidad?
La lucha por los derechos de las mujeres con discapacidad ha implicado tener una mirada amplia para que se logre una perspectiva más acertada acerca de la múltiple discriminación a la que se ven sometidas (Gómez, 2014). Las teorías feministas en este sentido aportan el análisis sobre el papel que juega la discapacidad como categoría de análisis social y su conexión con otras diferencias sociales, como la pertenencia a una etnia, clase social, género y orientación sexual (Gómez, 2016).
De la Exclusión a la Inclusión Social: Conceptos y Enfoques
Para hablar de inclusión social, es necesario tener claro lo que implica su contraparte, la exclusión social. Arjan de Hann menciona que “la exclusión es un fenómeno multidimensional y que expresa la situación de una sociedad fragmentada, caracterizada por la negación de los derechos sociales, económicos y culturales de un conjunto de la población” (citado en R. Molina, 2005). Se entiende, por tanto, que los problemas de inclusión social son aquellas condiciones que afectan severamente la calidad de vida de una parte de la población tanto en los ámbitos materiales como simbólicos. Estos problemas se refieren a las desventajas de individuos o de grupos sociales, las cuales surgen por estar excluidos de las oportunidades compartidas por otros. Al encontrar la causa de la exclusión social en las fallas y deficiencias de los procesos y formas de relacionarse tanto de los individuos como de los grupos sociales, es posible identificar el rol que juega la política social en la construcción de las oportunidades (Sen, 2000).
De acuerdo con Sen (2000), el análisis de la exclusión social desborda la noción de pobreza; esta debe ser entendida como privación de capacidades; dicha privación puede estar relacionada con aspectos económicos, pero -sin duda- no es la única dimensión que juega un papel importante; por el contrario, las privaciones son multidimensionales y, por ello, también sus modalidades. En este sentido, las condiciones limitantes pueden ser superadas si se identifican las estructuras sociales y las formas de interacciones comunitaria y social como los escenarios propicios para favorecer la inclusión social. El Estado, a través de la política pública y sus proyectos de intervención, puede fijar un marco de acción en el que operen todos los actores sociales articuladamente, lo que permitirá lograr un impacto más amplio (Rodríguez, 2009).
El Enfoque de las Capacidades como Base para la Inclusión
Los esfuerzos políticos deben apuntar, según Nussbaum (2012), a posibilitar el desarrollo de capacidades centrales para todos los ciudadanos, amparados en los derechos humanos universales. La vida, la salud y la integridad física; los sentidos, la imaginación y el pensamiento, la salud emocional, la razón práctica, la afiliación, la relación y cuidado de otras especies, el juego y el control del propio entorno constituyen la base social en torno a la cual deberían ordenarse los Estados. Si bien las capacidades no tienen jerarquía, son la razón práctica y la afiliación las que, desde la perspectiva de Nussbaum, las nuclean: la primera, porque en ella se rescata la libertad de elección y, la segunda, porque la deliberación sobre las políticas públicas es un asunto social en el que todo un conjunto de relaciones familiares, de amistad, grupales y políticas desempeñan una función estructurante (Nussbaum, 2012).
Bajo la pregunta de qué es capaz de ser y de hacer cada persona, el enfoque de las capacidades ubica a los sujetos como fin en sí mismos, respetando la autodefinición y la pluralidad y asumiendo que la libertad se configura en el marco de las facultades personales y los entornos relacionales, políticos y sociales donde transcurre la vida de las personas. En este contexto, las disposiciones innatas y biológicas no son determinantes, pues lo que define la oportunidad son los arreglos sociales.
La inclusión social pasa por las dinámicas que vinculan el desarrollo de capacidades con el acceso a oportunidades durante la vida y, con ello, el acceso al bienestar, a redes de relaciones y al ejercicio de la ciudadanía, lo que implica acceder a mínimos de bienestar y de protección conforme al nivel de desarrollo de la sociedad. En este sentido, la inclusión social no siempre significa incorporarse en un contexto educativo o laboral, porque la participación en estos escenarios depende del interés del sujeto (García y Fernández, 2005) y de la libertad que tiene para elegir, o no, vincularse a ellos.
Pensar la libertad de elección de una vida que se considere valiosa es pensar la inclusión social como el desarrollo de capacidades; un enfoque desde las capacidades posibilita una mirada pluralista y diversa que reconoce las construcciones vitales de los sujetos en sus diferencias, rescatando la libertad de elección y de agencia (Sen, 2000). Para este enfoque es claro que el recurso disponible no se traduce necesariamente en capacidad y que, por ello, no se trata tanto de garantizar oportunidades como de garantizar la libertad para elegir la vida. En el caso de las personas con discapacidad, podría decirse que la inclusión social -aunque requiere, por ejemplo, de adecuaciones en los medios de transporte- se verá realizada cuando la libertad de movimiento sea garantizada, o cuando se tenga acceso a ingresos igualitarios respecto al resto de la población; lo cual no implica necesariamente que esos recursos puedan ser destinados según indiquen el razonamiento y la decisión del sujeto respecto a su bienestar y calidad de vida (Toboso y Arnaú, 2008). La anterior precisión invita a una concepción de la persona con discapacidad como un agente; esto es, como un sujeto capaz de decidir y razonar para construir una noción del bien que le permita orientar su vida; un sujeto autónomo, autodeterminado, libre, con decisión y capacidad de acción (Toboso y Arnaú, 2008). Esto es ya una invitación a situar en otros marcos de referencia las discapacidades y la diversidad que implican.
Evolución de los Paradigmas de Discapacidad y las Políticas Públicas
Pese a lo anterior, el modelo social de la discapacidad y sus postulados han abierto el camino hacia la construcción de políticas públicas que reconocen a las personas en esta condición desde una mirada de derechos humanos (Rozo, 2015). Sumado a ello, la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud - CIF, contribuyó a marcar un cambio en el concepto de la discapacidad poniendo el acento en lo biopsicosocial, pasando de una mirada de bienestar social a una cuestión de derechos humanos que considera los aspectos individuales de la persona con discapacidad en relación con un contexto social, cultural y físico. Las condiciones de interacción entre el individuo y el contexto son las que determinan la magnitud de la discapacidad de un individuo, su familia y la sociedad (Alarcón, 2014; Cruz-Velandia et al., 2015; Parra Dussan, 2013).
Esta evolución en los paradigmas del acercamiento a la discapacidad ha propiciado, a la vez, una transformación en la configuración de las políticas públicas para su manejo, desde aquellas asistenciales hasta políticas que promueven la reivindicación de los derechos y la inclusión plena de cada ciudadano (Garzón-Díaz, 2016). Desde esta lógica, se promueve el cambio de la elaboración de las políticas enfocándose no en la existencia de personas con necesidades que deben ser asistidas, sino en sujetos con derechos en un marco de deberes y de corresponsabilidad. Este cambio requiere de ajustes normativos y medidas que, simultáneamente, tengan en cuenta la perspectiva de género para que se contribuya de manera efectiva a alcanzar la igualdad (Martín y De la Fuente, 2014).
Por consiguiente, se empieza a hablar de la inclusión social como un aspecto fundamental que busca que las personas puedan participar plenamente en los distintos sectores del desarrollo; se habla de una sociedad inclusiva como aquella que aspira a que todos los habitantes de un país puedan ejercer sus derechos, gozar de una vida con calidad y acceder equitativamente al espacio de las oportunidades (Chamorro y Silvero, 2014); así mismo, la inclusión social se ve como un proceso en el que influyen aspectos personales y comunitarios que, al potencializarse mediante acciones de participación comunitaria, permiten transformaciones que contribuyen a minimizar la exclusión (Alvarado et al., 2009).
¿Qué es la interseccionalidad?
Desafíos en la Implementación de Políticas Inclusivas
Pese a que, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, fueron necesarias varias décadas para que la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD) -un instrumento internacional que destaca el principio de la no discriminación y la inclusión de las personas- fuese aprobada (Chamorro y Silvero, 2014).
A pesar de que los gobiernos han adoptado un enfoque de derechos, se perciben tendencias paternalistas y de caridad, así como modelos médicos de asistencia que siguen perpetuando ese parámetro excluyente (Garzón-Díaz, 2016). Es notorio ver, por ejemplo, cómo las políticas sobre discapacidad tienen, de manera generalizada, su énfasis en cuatro aspectos: el acceso a la educación (a través de lo que actualmente se llama inclusión educativa), el acceso al trabajo (inclusión laboral), el acceso a la salud (para facilitar los procesos de habilitación, rehabilitación y el acceso a dispositivos técnicos de apoyo) y la igualdad ante la ley (para reconocer a las personas con discapacidad como sujetos de derechos y deberes). Estos énfasis claramente están dirigidos a cierto tipo de discapacidades que, desde la postura médica, pueden lograr el proceso de incorporación a la sociedad.