La discusión sobre la eutanasia es un tema complejo que afecta a toda la sociedad, generando intensos debates éticos, legales y sociales. Tanto quienes la apoyan como quienes se oponen, coinciden en la necesidad de combatir el sufrimiento extremo y se declaran "compasivos". Sin embargo, una ley de eutanasia implica acabar con la vida de personas o asistirlas en el suicidio, lo que plantea la pregunta fundamental de si realmente protege a los vulnerables y evita su daño o muerte. Este artículo explora las implicaciones de la eutanasia, con un enfoque particular en la protección de las poblaciones vulnerables y las diversas dimensiones que rodean este fenómeno.
Argumentos Centrales Contra la Eutanasia y la Protección de los Vulnerables
La Eutanasia y el Valor de la Vida Humana
La eutanasia legal envía un mensaje a la sociedad (y a los enfermos y vulnerables) de que hay vidas que "valen menos", las de los "eutanasiables". Más aún, mantenerlos vivos implica costes de dinero, esfuerzo y atención. Si se eutanasian, se ahorran costes al Estado y a sus familias, sugiriendo que "muertos son mejores para todos". Así, el "derecho a morir" puede convertirse rápidamente en "el deber de morir". Es un tema que nos obliga a ser compasivos también con aquellos a quienes casi nadie protege.
El Riesgo de la "Pendiente Resbaladiza"
Una vez legalizada, la eutanasia no es posible ni racional limitarla a grupos de personas con condiciones específicas. En Canadá, en apenas 3 años de eutanasia legal, el número de víctimas a las que se aplica se ha doblado. Se aprobó para pacientes terminales, pero en solo dos años el Tribunal Supremo de Quebec dictaminó que, para no "discriminar", debía aplicarse también a enfermos no terminales, como discapacitados. En Holanda, donde comenzó para casos "extremos", ahora se busca aplicarla a cualquiera que considere "acabado su ciclo vital" o simplemente declare estar triste y no querer vivir. En Bélgica casi se ha triplicado en 10 años (de 954 eutanasias en 2010 a 2.655 en 2019, y en crecimiento). A veces se aprueba insistiendo en que la pida el enfermo, pero pronto se amplía a que la pida un pariente, o un juez que considera que es "el mejor interés del enfermo" (caso Charlie Evans) o alguien que dice que el enfermo años atrás comentó estar a favor de la eutanasia. En Canadá, resulta preocupante, por ejemplo, la ampliación de causales para acceder a la eutanasia, incluyendo la fibromialgia, y el hecho de que actualmente entre el 5% y el 10% de las muertes se produzcan vía eutanasia.
Impacto en la Profesión Médica
Los médicos son personas que decidieron dedicar su vida a cuidar, sanar y acompañar. Con la eutanasia legalizada, la Asociación Médica de EEUU se reafirmó en 2019 en que "es incompatible con el papel del médico como persona que cura" y que la eutanasia legal es "difícil o imposible de controlar". ¿Seguiremos llamando médicos o medicina al siniestro "arte" de matar enfermos o ayudarles a suicidarse? ¿Qué pensarán los nuevos médicos de sí mismos? ¿Cuántos pensarán que tienen no solo la capacidad técnica de matar, sino la capacidad de decidir, sugerir, impulsar, animar, conducir a sus pacientes hacia la eutanasia? ¿Cuántos lo harán si reciben primas de aseguradoras o de empresas sanitarias que buscan siempre una gestión más eficaz, ahorrando costes?
Si se aceptara y legalizara la eutanasia, surgirían interrogantes sobre la autonomía del médico, su identidad profesional y su libre decisión. ¿Dónde quedaría la lex artis del médico, llamada siempre a curar o paliar el dolor, y jamás a dar muerte "ni siquiera movido por las apremiantes solicitudes de cualquiera" (Juramento Hipocrático)? ¿Qué lugar ocuparía el diálogo y la confianza entre médico y paciente, si la opinión particular del médico y la ética de su profesión se supeditaran a los deseos del enfermo? En Reino Unido, casi el 30% de los galenos se encuentran a favor de la eutanasia cuando se trata de enfermedad terminal.
El Papel de los Cuidados Paliativos y la Inversión en Salud
Aunque el arsenal médico contra el dolor, la angustia emocional y el miedo es increíblemente grande, aún debe crecer y mejorar, y, sobre todo, debe llegar a más personas. Con la eutanasia legalizada, no se invertirá dinero ni recursos en cuidados paliativos ni en otros muchos campos que afectan al final de la vida. En cambio, mientras está ilegalizada, la sociedad se ve forzada a invertir y esforzarse en estos campos, haciendo avanzar la ciencia y la cobertura médica. Un ejemplo está en la eutanasia en Canadá: un informe oficial del Gobierno indica que solo un 28% de los técnicos de eutanasia consultó a un experto en paliativos respecto a un caso, y solo un 6% se molestó en hablar con un psicólogo.
Es fundamental garantizar una buena comprensión de la atención mediante cuidados paliativos, con el objetivo de que esto no conlleve a solicitar un suicidio asistido. Es erróneo pensar que con sistemas paliativos la eutanasia no es necesaria, sobre todo en países donde no se cuenta con un sistema paliativo bueno, sumado a un sistema de salud deficiente. Además, donde sí los tienen, como en Bélgica, las personas prefieren la eutanasia.
La Autonomía y el Deseo de Morir
La eutanasia se basa en el deseo de morir, un deseo suicida que a menudo -quizá casi siempre- va ligado a la depresión, la cual causa pensamientos suicidas. La solución no es matar al enfermo -aunque lo pida- sino tratar la depresión. En una sociedad sin eutanasia legal, donde el suicidio se ve como algo difícil, casi impensable, todo orienta a la persona a apostar por la vida y superar sus dificultades. Si no podemos enfadarnos porque nuestra abuela pidió la eutanasia, nuestros padres (o hijos) tampoco tienen por qué enfadarse o sentirse dañados si uno se suicida pese a estar sano. Simplemente, se entenderá que "algunos suicidios están bien".
En Nueva Zelanda, calculan que 1 de cada 10 ancianos sufre abusos físicos o psíquicos, siendo maltratados. Muchos más sufren soledad. A esta población tan frágil y vulnerable, ¿quién les protege de ser conducidos a la muerte por eutanasia? Con la eutanasia ilegal, estas presiones al suicidio simplemente no existen o son tan burdas que enseguida se detectan y castigan. Con la eutanasia legal, serían cotidianas y extendidas. Los abusos con la eutanasia legal casi no se pueden controlar si los cometen particulares, pero serán aún más incontrolables si los comete el Estado, una máquina ciega al dolor individual y muy difícil de parar.
La Abolición de la Pena de Muerte como Precedente
Muchos países, como Nueva Zelanda, abolieron la pena de muerte para evitar que se matara a nadie por crímenes no cometidos, por errores de distinto tipo (identificaciones, burocracia, etc.). La muerte es tan grave e irreversible que el mero riesgo de matar a un inocente se consideró suficiente para abolir este castigo.
La Dimensión Social de la Eutanasia
Más Allá de la Decisión Individual
Pensar que la eutanasia solo redunda en uno mismo es un grave error. No es un asunto puramente privado o individual, en aras de una falsa autonomía del paciente, o un "derecho" de una persona que ha pedido morir de manera expresa y libre, sino que tiene una importante repercusión social. La eutanasia no solo afecta al sujeto que toma la decisión de terminar con su vida; compromete siempre a un tercero al que no se puede negar su posibilidad de determinar si está a favor o no de la acción eutanásica y del suicidio asistido.
La vida humana es un bien común de la sociedad. Los retos sociales y éticos, como la eutanasia, están todos interconectados y nos obligan a proclamar nuestra responsabilidad unos hacia los otros. El ser humano, por ser tal, debe cuidar del otro y la sociedad tiene que preocuparse, especialmente, por el cuidado de los enfermos, ancianos y discapacitados. Esto es lo que nos hace y lo que hace a la sociedad verdaderamente humanos. Por tanto, el tema de la eutanasia nos sumerge en una ética de la responsabilidad colectiva, del cuidado esencial para con los demás.
Nadie, ni uno mismo, puede erigirse en dueño absoluto de su vida, como si la vida humana fuese exclusivamente autorreferencial o como si la vida de cada uno no significase nada para los demás. Nuestra vida "vale" para los demás; es el otro quien nos define y nos da forma como ser humano. El ser humano no es un ser aislado, sino que vive en sociedad, en convivencia con los demás. La vida de cada uno, y por lo tanto, también su manera de morir, afecta a todos. El Estado tiene la obligación de proteger y promover el bien común, ya que este redunda en beneficio de la población. La responsabilidad social consiste, sobre todo, en hacerse cargo de la vida humana débil y frágil de quien ya no tiene capacidad de cuidar de sí mismo.
El Concepto de Dignidad Humana
Algunos asocian la eutanasia con el término "dignidad", considerando justificados ciertos tipos de eutanasia para permitir una "muerte digna". Pero ¿puede traducirse la eutanasia por una "muerte digna" para el ser humano? Resulta contradictorio que el concepto de dignidad se utilice, desde el punto de vista ético, tanto para defender la legitimidad de la eutanasia como para negarla, por lo que es urgente clarificar su significado. En este contexto, el término "dignidad" se utiliza con un significado esencial: la dignidad de cada persona radica en su individualidad única y original. La vida humana "vale" por sí misma. No es una preeminencia lograda por razón de alguna actividad o característica, sino la excelencia del ser humano por el solo hecho de serlo. Su ser es su dignidad; no se es más o menos digno, dependiendo del cumplimiento de una serie de propiedades.
Por eso, es errónea la postura que considera que la dignidad de la persona humana no radica en su individualidad única y original, sino que lo que le otorga esa excelencia es su conciencia, su memoria, su capacidad mental, su capacidad de autodeterminación o el disfrute de una calidad de vida. Esta mentalidad vulnera la dignidad humana, y más, al final de la vida. Todas las vidas humanas merecen la pena vivirse, por muy enfermos y deteriorados que estén sus cuerpos. Si en la práctica se sostiene lo contrario, se corre el riesgo de considerar que una persona humana que ha perdido o ha visto disminuida su autonomía física o mental, carece de una vida digna y se le puede despojar de la dignidad intrínseca que posee por el hecho de ser humano. La dignidad, que abarca toda la vida de un individuo humano, es el límite absoluto de carácter ético anterior a cualquier tipo de cálculo. Estas personas vulnerables mantienen intacta su dignidad, porque esta se adquiere cuando se nace y, por tanto, nunca se pierde.
Libertad y Autonomía: Alcances y Límites
La vida, como la libertad, es un bien de la humanidad, por eso no puede eliminarse ni siquiera a petición propia. Nadie puede pedir la muerte, como nadie puede entregarse como esclavo voluntariamente. La eutanasia se justifica en aras de la libertad. Pero solo se puede hablar de la eutanasia como un derecho individual si se parte de un concepto de libertad individualista y solipsista, cerrado en sí mismo, que erigiría la propia libertad en fuente del derecho y, en consecuencia, los deseos individuales serían los creadores de derechos. Desde esta equivocada concepción de libertad se justifica la petición del enfermo. Suprimir la vida significa destruir las raíces mismas de la libertad. Es un error pensar que existe una libertad individualista todopoderosa y egocéntrica fuera de todo límite racional. La libertad solo es totalmente libre y humana si se traduce en el compromiso individual para hacer el bien, no un mal, y morir siempre es un mal.
El término "autonomía" es un principio imprescindible en bioética, pero debe estar vinculado al de dignidad. La dignidad es más amplia que la autonomía; es el "ser hombre", no el poseer mayor o menor autonomía, lo que hace gozar de una dignidad incontestable y ofrece un fundamento sólido para construir una sociedad que respete la igualdad de todos y la no discriminación. La sociedad debe proteger al individuo incluso frente a sí mismo, cuando pretenda vulnerar sus propios derechos humanos. Por eso, la exigencia de tratar a las personas respetando su dignidad podrá significar, en ocasiones, limitar sus decisiones que vayan en contra de su dignidad, aunque se lleven a cabo de manera autónoma.
Perspectivas Internacionales y Debates Nacionales
Contexto Global y la Controversia Legal
La eutanasia activa y el suicidio asistido (EAS) son legales en Luxemburgo, Países Bajos, Colombia, Alemania, Nueva Zelanda, Bélgica, Canadá, Suiza y en algunos estados de los Estados Unidos y Australia. España se sumó a estos países con la ley aprobada el 17 de diciembre de 2020. Las personas que pueden acogerse a dicha ley serían aquellas mayores de edad y en plena capacidad de obrar y decidir, que tendrían que tener un padecimiento grave, crónico e imposibilitante o una enfermedad grave e incurable causantes de un sufrimiento físico o psíquico intolerables. Un respaldo a las decisiones médicas al final de la vida es realizarlo mediante una práctica cuidadosa. En sus inicios la eutanasia se concibe para casos específicos como las enfermedades terminales; sin embargo, la práctica se ha extendido no siendo determinante ese requisito.
La legalidad de la eutanasia, así como las normas que la regulan, son controvertidas. La percepción de la muerte asistida varía teniendo en cuenta la educación, la religión, las cuestiones legales y el miedo a morir. La eutanasia conlleva al análisis en tres áreas: la ética, el derecho y la política. En Serbia, se precisa la eutanasia como el derecho a morir con dignidad, de ahí que se encuentren solicitudes de diversos pacientes, no solo terminales. La Corte Suprema de Canadá defiende la eutanasia, con el argumento de que criminalizar el hecho estaría violando las leyes constitucionales de los ciudadanos del país. Las organizaciones deben abordar el derecho a morir.
El Debate en Chile
El reciente fallecimiento de la activista por los derechos humanos Cecilia Heyder, quien padecía una enfermedad terminal y había luchado durante años por el derecho a una muerte digna, ha reavivado el debate sobre la necesidad de una ley de eutanasia en Chile. Especialistas de las facultades de Medicina, Derecho y Filosofía de la U. de Chile concuerdan en la urgencia de un marco normativo que permita a las personas en situación de sufrimiento extremo y enfermedades intratables decidir sobre su propia vida. Chile es uno de los pocos países en el mundo donde la eutanasia está completamente prohibida.
Para avanzar en esta materia, el Gobierno anunció que se le pondría urgencia al Proyecto de Ley que Establece el derecho a la eutanasia, regula las condiciones para su ejercicio, y modifica en conformidad a ello el Código Penal (boletín n° 11745-11), el cual fue ingresado en 2018, aprobado por la Cámara de Diputados y hoy está a la espera de ser puesto en tabla en el Senado. Para el profesor Miguel Kottow, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, "nos estamos demorando demasiado". Insiste en que la eutanasia "va a tener que llegar sí o sí y que hay que ponerle ciertas condiciones", como estar en una situación física, no psíquica, de sufrimiento no paleable o no paleado, con una declaración repetida e insistente de que se quiere la eutanasia y que se autorice directamente, pues es una situación urgente.
Para Raúl Villarroel, decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, la discusión sobre la eutanasia nos enfrenta a una situación que nunca habíamos administrado de una manera correcta. Menciona que, como la sociedad se está haciendo cada vez más laica y plural, aparece la posibilidad de reivindicar el derecho a morir con dignidad. En el ámbito legal, Antonio Bascuñán, académico del Departamento de Ciencias Penales de la Facultad de Derecho de la U. de Chile, dice que la primera prioridad es otorgar prestaciones de salud que eviten la muerte a quienes quieren sanarse y sobrevivir, y la segunda es otorgar cuidados paliativos al enfermo terminal que desea prolongar su vida. El decano de Filosofía concluye que la opción de una muerte digna no puede ser desechada.
#DebateLT | ¿De debe legalizar la eutanasia en nuestro pais?
El Caso de Ana Estrada en Perú
En el caso peruano, la eutanasia no está legalizada, lo que es un obstáculo para aquellos pacientes que desean culminar con su vida debido a que padecen de alguna enfermedad incurable que les genera un sufrimiento permanente. Ana Estrada, de 46 años, psicóloga de profesión, padece de polimiositis, una enfermedad incurable, progresiva y degenerativa diagnosticada a los 14 años. Conforme avanzó su enfermedad, y debido a que en 2015 se sometió a una traqueostomía y una gastrostomía, inició un proceso para que se inaplique el artículo 112 del Código Penal y no se sancione a los responsables de llevar a cabo la eutanasia a su favor. Asimismo, solicitó se desarrollen protocolos para que se aplique el derecho a la muerte digna. El artículo 1 de la Constitución precisa que la persona humana y su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado.
Ana Estrada acude a los tribunales en busca de justicia, no se trata de generar lástima por su condición, tampoco pide un favor; lo que pide es justicia para el ejercicio de su derecho a la libertad encaminado a culminar con su vida y que garantice su derecho a morir con dignidad. La eutanasia se desarrolla en el contexto de que el paciente fue desahuciado para evitar el sufrimiento y el dolor innecesario. El artículo 112° del Código Penal peruano tipifica: "el que, por piedad, mata a un enfermo incurable que le solicita de manera expresa y consciente para poner fin a sus intolerables dolores, tiene una pena de cárcel no mayor de tres años". La sentencia del caso Ana Estrada le permite la práctica de eutanasia, pero solo a ella. No es una carta abierta para dañar, matar o permitir la eutanasia a cualquier persona. Es necesario aclarar que se logró inaplicar el artículo 112°, mas no autorizar la figura jurídica de la eutanasia.
Vulnerabilidad Específica: Pacientes Psiquiátricos y Geriátricos
La ley de eutanasia empodera a pacientes que pueden estar viviendo bajo circunstancias insoportables, dándoles la opción de morir. Sin embargo, también abre la puerta a que pacientes psiquiátricos con un trastorno mental (muchos de ellos considerados como crónicos, imposibilitantes y causantes de dolor psíquico) puedan solicitar EAS. Una revisión sistemática reciente ha constatado un aumento de los pacientes psiquiátricos que demandan EAS en los países donde está legalizada. Estos sujetos suelen tener características clínicas similares a las de pacientes psiquiátricos que realizan suicidio consumado: historia de intento previo, aislamiento, trastorno depresivo y trastorno de personalidad.
Otra población vulnerable a la aplicación de esta ley es la geriátrica. Existe un crecimiento en las demandas de EAS de pacientes con síndromes geriátricos en los países menos restrictivos con la ley. El problema es que estos síndromes suelen venir acompañados de problemas psiquiátricos y emocionales, así como de problemas cognitivos. La ley de eutanasia requiere que el paciente tome la decisión de solicitar EAS de forma consciente, siendo capaz de entender las consecuencias de solicitarla frente a las alternativas de tratamiento disponibles. Aunque padecer un trastorno mental no incapacita al paciente a la hora de tomar decisiones, sí que puede limitar su capacidad. De hecho, los déficits cognitivos en toma de decisiones son un rasgo de vulnerabilidad en los pacientes suicidas. Estos pacientes toman decisiones en base a las recompensas a corto plazo (p. ej., alivio del dolor) sin tener en cuenta las consecuencias a largo plazo (p. ej., muerte), dando lugar a tomar decisiones más arriesgadas. Además, una gran cantidad de pacientes psiquiátricos retiran su solicitud de cometer EAS a medio camino, lo que muestra que el deseo de morir no es estable en el tiempo y se relaciona con variables de estado que pueden ser tratadas.
Es lógico considerar la combinación de psicoterapia y tratamientos con propiedades analgésicas como una solución para el dolor tanto físico como psicológico, además de los tratamientos recomendados para los trastornos mentales. No se trata de psiquiatrizar a los pacientes que solicitan EAS ni de dejar en manos de los psiquiatras la decisión sobre quién puede beneficiarse de esta ley, sino más bien de proteger a los pacientes psiquiátricos con riesgo de suicidio, ya que se les podrían dar los medios necesarios para consumarlo, algo que choca frontalmente con los esfuerzos de prevención del suicidio recomendados a nivel mundial desde hace décadas. La cuestión, por tanto, no es si el dolor psicológico es irreversible, sino más bien, si el sistema de salud es capaz de ofrecer medios suficientes para tratar este dolor psicológico dando todas las opciones de tratamiento posibles al paciente. En cuestión de costes y beneficios, es más barato prescribir EAS que dotar al sistema de salud de mayor número de profesionales y costear las consultas y la psicoterapia adecuadas, sobre todo cuando hablamos de pacientes geriátricos y psiquiátricos que "gastan más que aportan".