Un crudo informe sobre abusos sistemáticos en el Servicio Nacional de Menores (Sename) generó una profunda controversia debido a su retraso en la difusión. Este documento, crucial para la protección de la infancia, estuvo entrampado durante meses en distintas esferas del poder, poniendo en evidencia la falta de urgencia de diversas autoridades ante la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes.
El Informe de la PDI: Hallazgos Alarmantes y un Proceso Entrampado
Origen y Elaboración del Informe
El 13 de noviembre de 2018, la Policía de Investigaciones (PDI) recibió el Oficio Reservado N° 1.391, firmado por el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork. El persecutor solicitaba a la PDI un informe que había encargado seis meses antes. Emilfork, a cargo de la investigación de 1.313 muertes ocurridas en el Sename entre 2005 y 2016, ya estaba al tanto de los espeluznantes hallazgos del equipo policial denominado Fuerza de Tarea Sename.
El comisario Francisco Ceballos, jefe de este grupo, había informado al fiscal sobre los descubrimientos realizados en 240 de las 241 residencias para menores que existen en el país. El informe final, que Emilfork urgía, debía contener una sistematización de esos hallazgos y prometía ser una "bomba". El equipo policial apuró el trabajo y tuvo listo el documento a mediados de diciembre de 2018.
Conclusiones Cruciales y Graves Vulneraciones
La principal conclusión del informe de la PDI es brutal: "A partir de la información levantada y reportada por los mismos encargados de las residencias, es posible afirmar que en el 100% de los centros que administra el Estado, a través del Servicio Nacional de Menores, se han cometido -de manera permanente y sistemática- acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes".
En solo un año (2017), los policías constataron 2.071 casos de vulneraciones graves contra los niños. Además, verificaron que en la gran mayoría de las residencias no existían protocolos para actuar ante intentos de suicidio, contener a menores en crisis o proceder en caso de fallecimientos. El informe también reveló que en el 50% del total de los centros indagados durante parte de 2017, se registraron vulneraciones de índole sexual.
El Misterioso Retraso en la Difusión
A pesar de la urgencia y la gravedad de sus hallazgos, el informe no vio la luz hasta siete meses después de su finalización, cuando fue revelado por CIPER el 2 de julio. El documento, titulado “Análisis del funcionamiento residencial en centros dependientes del Servicio Nacional de Menores”, estuvo listo en diciembre de 2018, fecha estampada en su segunda página. Su análisis jurídico habría finalizado a inicios de febrero de 2019, momento en que el 4 de febrero fue enviado por la Fuerza de Tarea a la Fiscalía Regional de Los Lagos vía correo electrónico.
A partir de esa fecha, todo se empantanó. El fiscal Emilfork siguió solicitando a la PDI la entrega formal del informe. La PDI confirmó que en marzo la dirección general de la policía civil había enviado informalmente una copia a Jorge Abbott, Fiscal Nacional. Sin embargo, la Fiscalía Nacional indicó a CIPER que la PDI remitió el informe a Emilfork recién el 25 de abril de 2019.
Este entrampamiento generó interrogantes clave: ¿Por qué la dirección general de la PDI solo entregó formalmente el informe a fines de abril, si el análisis jurídico que lo demoraba estuvo listo en febrero? ¿Por qué el fiscal nacional no ha dicho que recibió una copia del documento en marzo? Estas incógnitas son cruciales para establecer las responsabilidades en el retraso de antecedentes vitales para detener el abuso infantil en hogares del Sename. La defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, resaltó precisamente este retraso.
Consecuencias del Retraso y Reacciones de las Autoridades
Desde que se terminó el informe, en diciembre de 2018, han continuado los fallecimientos de residentes en los hogares del Sename. Un reporte remitido al Congreso por la directora del servicio, Susana Tonda, el 17 de abril de 2019, da cuenta de que solo en marzo de ese año se registró el deceso de diez personas bajo la tutela del Sename, cinco de ellas en centros residenciales a su cargo.
La PDI había detectado 40 residentes con “alta complejidad médica y posible riesgo vital” en centros del Sename y había remitido esta información en junio de 2018 a la Fiscalía, al Sename y a los ministerios de Justicia y de Salud. No obstante, el Ministerio de Salud afirmó haber recibido el informe recién en julio, y con una lista reducida de 25 personas, 15 menos de las consignadas por la PDI.
El ministro de Justicia, Hernán Larraín, y el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, fueron acusados por el diputado René Saffirio de ocultar la información. El mismo ministro Larraín señaló: "Tuve conocimiento de que se estaba realizando". El fiscal nacional Jorge Abbott se reunió con el Presidente Sebastián Piñera el 4 de julio en La Moneda, donde el informe fue uno de los temas tratados. Tanto Abbott como la directora del Sename, Susana Tonda, y el subsecretario de Justicia, Juan José Ossa, calificaron el informe de la PDI como un "aporte adicional" a lo ya realizado por el gobierno, restándole importancia y sobrevalorando la gestión del Ejecutivo, a pesar de que el informe de la PDI tiene como principal destinatario a las autoridades políticas.
La Investigación de Marcos Emilfork: Profundizando en las Vulneraciones y Búsqueda de Responsables
El Rol del Fiscal Emilfork y la Unidad Especializada
El fiscal Marcos Emilfork lleva la investigación de más de 878 muertes de niños a cargo del Sename. Fue él quien promovió la creación de una unidad especializada en delitos de derechos humanos dentro del Ministerio Público, tras conocer las realidades que vivían cientos de niños en las residencias. Esto le permitió plantear, por primera vez, la hipótesis de que estos menores de edad estaban siendo vulnerados en sus derechos fundamentales por el Estado chileno.
El mismo Emilfork ha afirmado: "Estamos reconstruyendo, junto a la Fuerza de Tarea Sename de la PDI, la historia de todos los niños que están bajo tutela del Estado. Nunca más serán un número solamente, les estamos dando identidad". Recientemente, en mayo, Emilfork ordenó a la Fuerza de Tarea de la PDI cruzar la información del informe sobre el funcionamiento de los hogares con los antecedentes de las más de 1.300 muertes ocurridas en los centros desde 2005, con el objetivo de dar con los responsables finales.
El Caso Lissette Villa: Un Hito en la Indagatoria
La muerte de la pequeña Lissette Villa Poblete, de 11 años, el 11 de abril de 2016, en el CREAD Galvarino en Santiago, remeció al país y reveló la realidad de los niños bajo el cuidado del Estado. Emilfork destaca que el caso de Lissette "marcó un antes y un después" y su muerte "no fue en vano".
La investigación del caso Lissette condujo a la imputación de apremios ilegítimos que causaron su muerte, equiparable a una hipótesis de tortura. La violencia ejercida por sus cuidadoras, que la asfixiaron durante aproximadamente 10 minutos, llevó a la fiscalía a demostrar que Lissette, aunque no detenida o presa, se encontraba en una situación de "privación de libertad" al no tener libertad ambulatoria dentro del centro.
Un informe de la ONU dio la razón a la fiscalía en cuanto a que en el país se han violado sistemáticamente los derechos del niño, un diagnóstico que, según Emilfork, impulsa su misión. Las conclusiones de este informe "debiera avergonzarnos a todos los chilenos y, especialmente, a quienes han tenido en sus manos la responsabilidad de mejorar las cosas".
Caso Sename: Ordenan diligencia en 31 nuevos casos no denunciados a la justicia
Descubrimiento de Otros Casos y la Falta de Denuncia
Durante la investigación de Lissette, se allanó el Sename con orden judicial. La falta de celeridad en la entrega de información por parte de la institución llevó al equipo investigador a descubrir una situación más profunda. Se constató que la información sobre la cantidad de niños fallecidos entre 2005 y 2016 no estaba disponible, lo que reveló que "nadie quiso que se contaran" esas muertes.
De las 878 muertes investigadas, 278 (32%) nunca se denunciaron. El fiscal Emilfork lamenta: "No les importó a sus familias, tampoco a quienes debían cuidarlos desde el Estado". Este hallazgo llevó a la investigación de casos como el de Krishna, en la V Región, un caso no denunciado que estaba al borde de la prescripción. Tras la exhumación de su cuerpo, se encontró que la pequeña tenía tres kilos de heces, lo que confirmó una clara responsabilidad penal por cuasidelito de homicidio de quienes estaban a su cargo.
Críticas a la Gestión y "Cultura Organizacional" del Sename
Lo observado en los casos de niños maltratados y descuidados en los centros revela que las autoridades fueron "indolentes" tras la muerte de Lissette, no haciéndose cargo de las disfuncionalidades, carencias y urgencias. El fiscal Emilfork ha expresado su sorpresa por las respuestas de las autoridades a cargo del Sename, quienes "sentían que su responsabilidad era administrar la institución, pero me sorprendía que no supieran de los fallecimientos que ocurrían". Esta "cultura" denota una mala comprensión del rol y una falta de responsabilidad pública mínima.
Esta "cultura organizacional" se refiere a situaciones normalizadas como el uso de fuerza con los niños, la poca calificación del personal a cargo, la infraestructura de los centros (tipo carcelario en casos como el CREAD Galvarino), la forma de administrar medicamentos e, incluso, la supervisión de los Tribunales de Justicia.
Investigaciones Derivadas y Autocrítica Institucional
La indagatoria por muertes en el Sename llevó a abrir otras investigaciones, como la del uso de fondos públicos del programa de Aseguramiento de Calidad de las Residencias (ASCAR) en el Ministerio de Justicia. Este programa, paradójicamente diseñado para "mejorar la calidad de vida" de los niños, es investigado por la Bridec para determinar si los fondos se usaron con ese propósito. Se investiga a autoridades de gobiernos pasados, y los exministros Javiera Blanco y José Antonio Gómez podrían ser citados en calidad de imputados.
El Ministerio Público también ha realizado una autocrítica. El fiscal Emilfork señaló que en la reconstrucción de casos, se percataron de hechos denunciados que fueron investigados, pero cuyas indagatorias "no tuvieron la calidad que debió haber tenido", lo que ha llevado a reabrir casos. "No es posible que como fiscalía no pongamos los énfasis investigativos donde tienen que estar. Lo primero son las víctimas, y si son vulnerables, con mayor razón. No puede ser que como fiscalía investiguemos la muerte de un niño del Sename con el mismo estándar que un hurto", reflexionó Emilfork.
Compromiso del Fiscal y el Futuro de la Infancia
El fiscal Emilfork ha manifestado su compromiso de llegar "hasta quien sea responsable penalmente de lo que ha ocurrido en Chile con los niños", sin miramientos hacia altas autoridades o funcionarios. Su objetivo es "contribuir de todas las maneras que podamos como fiscales a la construcción de un nuevo país respecto de la infancia".
A pesar de los eslóganes de campaña de "los niños primero", en infancia vulnerable se observa "discursos y vacíos de acciones concretas". La investigación busca no solo determinar responsabilidades penales, sino también generar información que sirva de insumo para un cambio real y efectivo en el sistema de protección de menores en Chile.