Desde el trágico caso de Lisette, la sociedad chilena ha tomado mayor conciencia sobre la precaria situación de los niños, niñas y adolescentes (NNA) bajo el cuidado de la Red del Sename. Esta preocupación se fundamenta en alarmantes estadísticas: la prevalencia de muerte entre estos NNA fue significativamente más alta que en la población infantil general.
En el periodo de 2006 a 2014, un promedio anual de 0,94 NNA por cada 1000 fallecieron mientras recibían atención en la Red del Sename, en contraste con un promedio de solo 0,68 por cada mil entre todos los NNA en Chile. Si bien es cierto que el Estado se hace cargo de muchos NNA con mayor riesgo de muerte no natural debido a sus vulnerabilidades previas, estas cifras no son menos graves. La magnitud real del problema se complejiza al desconocer cuántas de estas muertes se debieron a negligencia, descuido y falta de debida diligencia por parte del sistema.
La Responsabilidad Estatal: Deber de Cuidado y Garantía de Derechos
La responsabilidad del Estado implica el deber de respetar, proteger y garantizar los derechos de los NNA bajo su cuidado. Las investigaciones sobre las causas de las muertes de los 856 niños fallecidos en la red del Sename deben abarcar preguntas estructurales, indagando por qué el Estado cumplió - o no cumplió - su deber de cuidado. Esto va más allá de investigar la posible negligencia de funcionarios, directores o proveedores; se debe cuestionar si se hizo todo lo necesario para evitar cada muerte.
Las interrogantes clave incluyen: ¿Existía la posibilidad real de derivación a un especialista una vez identificado un riesgo? ¿Hay mecanismos eficaces de denuncia de violaciones que aseguren una respuesta pronta y adecuada? ¿Son suficientes los recursos del sistema y han sido utilizados de manera diligente y eficaz? Considerando que los NNA atendidos por el Sename son más vulnerables, sufren más frecuentemente adicciones, enfermedades crónicas o discapacidades que conllevan una mayor mortandad, es aún más imperativo proveer los recursos, mecanismos e instituciones para que puedan llevar una vida digna.
La responsabilidad del Estado para con ellos es mayor y es una responsabilidad transversal. Si el Estado delega sus funciones a proveedores privados, mantiene el mismo nivel de responsabilidad, tal como lo indica el derecho internacional general, por lo que debe ejercer una fiscalización estricta. La garantía del derecho compete al Estado, e independientemente del medio que escoja para cumplir, tiene la plena responsabilidad.
El Legado del SENAME: Un Ciclo de Vulneración Histórica
El cierre del Sename representa un momento de inflexión necesario en la relación del Estado con la infancia. Este proceso forma parte de una modernización institucional que busca adecuar no solo la ordenación jurídica, sino también la institucionalidad a un enfoque de derechos humanos.
El 12 de enero de 2021 se puso fin a un largo ciclo que comenzó en 1979, bajo la doctrina del “niño en situación irregular”, transitando hacia una visión que considera a niñas y niños como sujetos de derechos. Durante décadas, el Estado fue directamente responsable de la vida, el cuidado y la protección de NNA que ya habían sido vulnerados por la pobreza, la violencia, la exclusión o el abandono. Lejos de reparar, el sistema profundizó el daño a través de:
- Muertes evitables
- Tratos crueles
- Negligencias estructurales
- Medicalización del sufrimiento
- Castigos como método de control
La privatización del sistema bajo la dictadura profundizó estas lamentables características. El Servicio Nacional de Menores (1979) encabezó el proceso de ampliación de los sistemas de atención de carácter privado y la aplicación de un modelo de intervención que privilegió la institucionalización. A pesar de los cambios normativos y administrativos que siguieron a la firma de la Convención de los Derechos del Niño en 1990, la estructura de protección a la niñez no varió sustancialmente. Al basarse en subvenciones a instituciones privadas por niño atendido, se mantuvo un fuerte componente privado, dejando al Estado un rol subsidiario con tareas de supervisión y control financiero.
La Comisión Verdad y Niñez: Un Imperativo Ético
Por ello, la creación y apoyo a la Comisión Verdad y Niñez es una obligación ética del Estado. Las personas que fueron niños y niñas bajo custodia del Sename no son solo cifras, sino adultos y jóvenes que arrastran trayectorias quebradas y violencias normalizadas, así como familias que nunca obtuvieron respuestas. La Comisión busca mostrar lo que durante años se negó, relativizó o escondió, y dejar constancia de que lo ocurrido no fue inevitable ni natural, sino consecuencia de decisiones políticas, presupuestarias y culturales. Sin memoria, no hay justicia.
Cierre del SENAME y la Nueva Institucionalidad: Esperanzas y Desafíos
Tras 46 años de funcionamiento, el Servicio Nacional de Menores cerró formalmente sus puertas, dividiendo sus funciones en dos nuevos organismos especializados: el Servicio de Mejor Niñez y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Esta decisión busca mejorar la protección de los derechos de los menores y separar las responsabilidades de justicia juvenil, enmarcada en un proceso de reestructuración tras las diversas críticas y el alto número de fallecimientos.
La ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, destacó que el fin del Sename representa una “deuda histórica” con la niñez y adolescencia. El gobierno del presidente Sebastián Piñera trabajó en crear una institucionalidad robusta, que se hiciera cargo de las necesidades específicas de los NNA vulnerados. Asimismo, se avanzó en la Ley sobre el Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez, adecuando su contenido a la Convención de los Derechos del Niño y creando un sistema de protección administrativa con bajada territorial y recursos suficientes.
La Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown, expresó su gratitud al Senado por la oportunidad que se les da a los niños más vulnerables de Chile de “creer, de confiar, de no perder la esperanza en un nuevo comienzo”. Este proceso no solo incluye a los nuevos servicios, sino también al sistema preventivo, que busca evitar la vulneración de derechos antes de que sea necesaria la reparación.
Desafíos y Críticas a la Implementación de la Nueva Institucionalidad
A pesar de las intenciones, la transición ha estado lejos de ofrecer una mejor protección. Estudios nacionales e internacionales, como los de la Defensoría de la Niñez (2024), INDH, el Centro de Derechos Humanos-UDP (2023), y organismos como la Corte Interamericana y el Comité de Derechos del Niño (2022), certifican una persistente vulneración de derechos, lo que muchos describen como parte de una negligente mirada de la política pública.
Deficiencias del Nuevo Servicio de Protección Especializada
El proyecto de ley que crea el nuevo Servicio de Protección Especializada de la Niñez, aunque enfatiza mayores controles para quienes ejecutan la oferta, ha sido criticado por no abordar el contenido de la misma. Algunas de las deficiencias señaladas incluyen:
- Falta de definición de la intervención ambulatoria: A pesar de que el 90% de los NNA que requieren intervención es bajo esta modalidad, el proyecto no la define claramente.
- Ausencia de programas para víctimas de violencia institucional: No contempla programas de reparación para quienes han sufrido graves vulneraciones de derechos por violencia institucional, como el caso de adolescentes agredidos por funcionarios policiales.
- Paradoja en el enfoque: Contempla programas para niños menores de 14 años sindicados como autores de delitos, derivándolos a programas en función de su condición de supuestos infractores inimputables, y no en función de las vulneraciones de derechos que tengan a la base. Esto sugiere un Estado más dispuesto a reprimir y sancionar que a reparar.
Persistencia de Vulneraciones y Falta de Responsabilidad
El colapso del Sename no fue accidental, y sus cifras, con más de 1313 NNA fallecidos vinculados al servicio, no se han traducido en responsabilidades reales. El cierre y el traspaso de funciones al nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil no garantizan por sí solos verdad, justicia ni reparación. Incluso bajo la nueva institucionalidad, se han registrado incidentes graves:
- En enero de 2025, un adolescente se suicidó en el CIP San Joaquín, sin generar cambios estructurales inmediatos ni responsabilidades claras.
- En Til Til, se produjo una violación grupal contra un menor al interior de un centro, con responsables que siguen en sus cargos. Además, un joven de 17 años lideraba una banda de delitos desde el mismo recinto.
- En el hogar Las Gaviotas de Valdivia, un grupo de niños fue encerrado con candado por más de 24 horas, sin acceso a baños, expuestos al frío y en riesgo vital.
Sobrevivientes como Cristian Acosta, miembro de la Comisión Verdad, Justicia y Reparación para la Niñez, denuncian la incertidumbre sobre la continuidad de estos procesos en futuros gobiernos, lo que es una forma de clausura política de la memoria. Cerrar una institución sin hacerse cargo del daño que provocó no es justicia.
Problemas Estructurales y de Implementación
La crisis también se visibiliza en la implementación de los programas ambulatorios, administrados por organismos colaboradores. Estos externalizan la relación de trabajo con los empleados y la responsabilidad del Estado, lo que a menudo lleva a una poca experiencia y capacitación de los profesionales. A pesar de los fundamentos técnicos, hay una clara orden de no enviar a NNA a centros residenciales, manteniéndolos en familias de origen con graves vulneraciones, lo cual pone en riesgo su estabilidad emocional y física.
Los tribunales de familia, por su parte, a menudo hacen la vista gorda ante situaciones de vulneración reiterada y muestran resistencia a revisar medidas de protección en plazos acotados, con tiempos de espera que pueden superar los tres meses. El Estado sigue fallando a la niñez, concentrándose más en las estadísticas que en una actuación debida.
La creación del Servicio, realizada de manera apresurada en un intento por calmar a la opinión pública, ha generado que, a casi cuatro años de su puesta en marcha, no exista un acuerdo que permita a los NNA contar con un servicio que pueda trabajar de manera tranquila. Los Tribunales de Familia continúan derivando niños a residencias sin que estas estén preparadas. La demanda de ayuda especializada es creciente y el Servicio no da abasto. No basta con asignar fondos; se requiere personal idóneo y preparado, y esto toma tiempo.
La sociedad también enfrenta su propio desafío: la oposición de vecinos a la instalación de residencias de Mejor Niñez. Esto plantea la pregunta de qué estamos dispuestos a hacer como sociedad para abordar este tema, o si se lo dejaremos exclusivamente al Estado. Es crucial abordar la situación de los niños menores de 8 años en residencias, ya que un niño institucionalizado, por muy capacitado que sea el personal, no puede vivenciar el vínculo necesario que genera apego. Estos niños, ya dañados, necesitan estabilidad.
Se requiere una planificación ordenada, con calma, con gente especializada y sin "apitutamientos" políticos, que enturbian el desempeño de la nueva institucionalidad a través de conflictos entre asociaciones de funcionarios. El resultado no será de la noche a la mañana.