Estadísticas de Vulnerabilidad de los Pueblos Indígenas

Los pueblos indígenas constituyen uno de los grupos de mayor vulnerabilidad social en el mundo. Aunque representan solo el 6 % de la población mundial, conforman aproximadamente el 19 % de las personas extremadamente pobres. Esta situación de desigualdad y exclusión ha incrementado su vulnerabilidad frente a diversos desafíos, incluyendo los impactos del cambio climático y brotes de enfermedades como la COVID-19.

Panorama Global y Regional de la Vulnerabilidad Indígena

Se estima que hay 476 millones de personas indígenas en todo el mundo. En América Latina, la población indígena alcanzaba cerca de 58 millones de personas en 2018, lo que representa aproximadamente el 10% de la población regional. Sin embargo, en la mayoría de los países, más de la mitad de la población indígena es pobre, y están sobrerrepresentados en los segmentos más pobres de la población.

Desafíos Estadísticos y de Definición

El seguimiento estadístico a la población indígena no es sencillo, ya que desde el mismo concepto de "población indígena" existen divergencias. Para fines estadísticos, se ha recurrido principalmente a la autoidentificación como persona indígena. Es importante considerar la diversidad de las comunidades indígenas, ya que cada país las define de manera distinta y presentan diferentes proporciones de población. Las estadísticas deben utilizarse con cautela debido a la marginación de las comunidades y la limitada representación propia.

Dimensiones de la Vulnerabilidad

La situación de los pueblos indígenas es, en la mayoría de los aspectos, mucho peor que la de otras personas no indígenas con características similares. Esto apunta a la existencia de barreras que los afectan de manera diferenciada y excluyente.

• Pobreza Extrema: A nivel global, representan alrededor del 19% de las personas extremadamente pobres. En América Latina, conforman el 14% de los pobres y el 17% de los extremadamente pobres.
• Acceso a Servicios Básicos: Las brechas de desarrollo en las comunidades indígenas han provocado un acceso limitado al agua potable y a los servicios médicos. Suelen ser los últimos en recibir inversiones públicas en servicios básicos e infraestructura.
• Salud: La población indígena cuenta con menor acceso a servicios de salud. La esperanza de vida de las personas indígenas es hasta 20 años inferior a la de las no indígenas a nivel mundial. Además, presentan una mayor mortalidad materna e infantil (de 3 a 5 veces mayor en Venezuela y Brasil) y alta prevalencia de enfermedades trazadoras de inequidad como la tuberculosis, así como diabetes tipo 2 (afecta al 50% de los adultos indígenas mayores de 35 años). Las Naciones Unidas han expresado preocupación por los niveles de morbimortalidad más desfavorables, evidenciando un "daño acumulativo y más intenso" entre los pueblos indígenas.
• Educación: Si bien hay un aumento en la escolarización en toda Latinoamérica, las poblaciones indígenas constituyen el grupo con menor acceso a la educación. Por ejemplo, en Brasil, menos del 1% de la población indígena accede a educación superior, mientras que en Argentina las diferencias son muy marcadas entre comunidades.
• Empleo: La situación de empleo para las comunidades indígenas enseña una prevalencia en la precarización y empleos de baja calificación.
• Pérdida Cultural y Lingüística: Numerosos pueblos indígenas aún mantienen idiomas distintos a los oficiales, pero muchos han perdido sus lenguas nativas o están al borde de la extinción debido al desalojo o reubicación. Se estima que hablan más de 4000 de los 7000 idiomas del mundo, pero más de la mitad están en riesgo de extinguirse para 2100.
• Tenencia de la Tierra: A menudo carecen de reconocimiento formal de sus tierras, territorios y recursos naturales. La tenencia insegura de la tierra es un factor que produce conflictos, degradación ambiental y escaso desarrollo económico y social, poniendo en peligro su supervivencia cultural y sistemas de conocimiento.
• Impacto del Cambio Climático: Reciben una carga desproporcionada de los impactos negativos del cambio climático. Su legado de desigualdad y exclusión ha aumentado su vulnerabilidad.

Impacto Específico de la Pandemia de COVID-19

La evolución de la pandemia de COVID-19 y sus repercusiones socioeconómicas incide de forma particularmente intensa en los pueblos indígenas. Las condiciones de vida precarias, el hacinamiento y la falta de acceso a medios adecuados de sanitización hacen que el virus sea una amenaza real y grave. Las brechas de desarrollo preexistentes exacerban un mayor riesgo a los impactos negativos causados por el COVID-19.

Vulnerabilidad Agravada

Algunos análisis preliminares estiman un alto impacto en la desigualdad por la crisis del COVID-19, que repercute de manera más gravosa en la población de menores ingresos. La historia también muestra patrones preocupantes: la mortalidad por Influenza H1N1 fue entre 4 y 7 veces mayor en poblaciones indígenas en América Latina, y el 95% de la población indígena de Latinoamérica se redujo en 300 años producto de enfermedades contagiadas por colonizadores.

Respuestas y Desafíos de las Comunidades

Ante la pandemia, varias comunidades han decidido aislarse y han requerido a los gobiernos que impidan el acceso de foráneos. Muchas se han organizado para establecer controles territoriales, levantar barreras sanitarias o realizar autocuarentenas. Sin embargo, las medidas de encierro se vuelven difíciles de cumplir para poblaciones que no tienen capacidad de ahorro y cuya subsistencia requiere del trabajo diario.

La pandemia, además, ha tenido un fuerte impacto en las mujeres indígenas al enfrentar una enorme carga de trabajo y ser las encargadas del cuidado y seguridad alimentaria familiar y comunitaria.

El Caso de Chile: Un Análisis Detallado

Datos Demográficos y Reconocimiento Legal

Según el Censo de 2017, 2.185.792 personas se autoidentificaron como indígenas en Chile, lo que equivale al 12.8% de la población total del país. Los pueblos mapuche-williche, kawésqar y yagán, entre otros, están reconocidos por la Ley 19.253 de 1993, conocida como “Ley Indígena”. A pesar de que esta ley urge su reforma para adecuarla a estándares internacionales como el Convenio 169 de la OIT (ratificado por Chile en 2008), no ha sufrido modificaciones significativas.

Impacto del COVID-19 y Ausencia de Políticas Diferenciadas

En Chile, no ha existido una estrategia nacional de atención con enfoque diferenciado para los pueblos indígenas, ni se cuenta con datos oficiales sobre el impacto de la pandemia en ellos. Tampoco han sido llamados a participar en la respuesta estatal frente a la pandemia. Un caso crítico es el de la Comunidad Yagán en Puerto Williams, Magallanes, donde el COVID-19 se ha convertido en una nueva amenaza a su supervivencia, en una región con la mayor tasa de incidencia acumulada del país. Esta comunidad, integrada por solo 94 personas, es particularmente vulnerable.

Participación Política y Proceso Constituyente

El estallido social de octubre de 2019, que visibilizó la exclusión de los pueblos indígenas, llevó a un proceso para la elaboración de una nueva constitución. A pesar de la diversidad de visiones indígenas, el parlamento aprobó una reforma constitucional para reservar 17 escaños (siete para el pueblo mapuche, dos para el aymara y uno para cada uno de los demás pueblos reconocidos) de los 155 convencionales electos, lo que marcó un hito en su representación política.

Criminalización y Conflictos Territoriales

Las políticas de criminalización de la protesta social mapuche, el uso excesivo de la fuerza y la militarización de las comunidades se han mantenido e incluso acentuado. Las personas mapuche privadas de libertad enfrentaron una seria amenaza a su salud en el contexto de la pandemia debido a las precarias condiciones penitenciarias. Un caso emblemático fue la huelga de hambre del Machi Celestino Córdova, cuyas demandas por mejores condiciones y cumplimiento de condenas según el Convenio N°169 de la OIT fueron parcialmente acogidas tras un acuerdo.

Adicionalmente, se han registrado actos de violencia y racismo contra comunidades mapuche, como el desalojo violento de municipios y el incendio de símbolos culturales, en ocasiones con la presencia activa de fuerzas policiales.

Conflictos Mineros y Defensa del Territorio

En el norte de Chile, los pueblos andinos enfrentan conflictos mineros. Se han constatado avances jurisprudenciales, como la sentencia del Primer Tribunal Ambiental en 2019 contra la empresa SQM Salar S.A. por afectaciones a los sistemas hídricos del Salar de Atacama, en respuesta a reclamaciones de comunidades atacameñas. Aunque inicialmente recurrida, la sentencia quedó firme, abriendo la posibilidad de reabrir procedimientos sancionatorios y debatir sobre la propiedad del litio.

Otro caso relevante es la demanda por daño ambiental presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) contra Minera Escondida Limitada por impactos negativos en el Salar de Punta Negra debido a la extracción de agua para la producción de cobre, con pronósticos de recuperación del acuífero en un siglo y severo impacto en el ecosistema y la vida atacameña. Fallos recientes de la Corte Suprema también han protegido los derechos de comuneros aymaras fundados en el uso ancestral.

Pueblos Australes y la Ley Lafkenche

En la Patagonia chilena, pueblos como los mapuche-williche, kawésqar y yagán mantienen una estrecha relación con el espacio marino y costero. Sus territorios ancestrales, de alto interés para la conservación de la biodiversidad, se superponen con Áreas Silvestres Protegidas por el Estado y la industria salmonera, generando importantes impactos en sus modos de vida.

La Ley 20.249, conocida como “Ley Lafkenche”, que crea los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), busca resguardar el uso consuetudinario de estos espacios. Sin embargo, su aplicación ha sido lenta y arbitraria, enfrentando trabas por la sobreposición con intereses de la industria acuícola y pesquera. A enero de 2020, el 65% de los ECMPO solicitados se encontraban en territorios australes, pero solo una minoría había obtenido sus decretos de destinación. A pesar de las dificultades, estas solicitudes han logrado frenar la expansión de la industria salmonera en la Patagonia chilena.

Reconocimiento de Derechos y Recomendaciones

En los últimos 30 años, los derechos de los pueblos indígenas han recibido mayor reconocimiento a través de instrumentos internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2016), el Acuerdo de Escazú (2021) y el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales de 1991 (Convenio 169 de la OIT). Estos instrumentos y las observaciones de organismos como las Naciones Unidas, que reconocen la discriminación contra los pueblos indígenas como discriminación racial, son fundamentales.

Hacia un Desarrollo Sostenible e Incluyente

Para abordar la vulnerabilidad, es crucial la inclusión de las comunidades indígenas en el proceso de toma de decisiones. Las políticas para reducir la desigualdad social deben considerar, de manera transversal, sus propias formas de entender el bienestar desde sus cosmovisiones. La falta de incorporación de estas comunidades y el escaso reconocimiento de su diversidad cultural han contribuido al fracaso de muchas políticas implementadas.

Medidas cruciales para reducir los aspectos multidimensionales de la pobreza y contribuir al desarrollo sostenible incluyen:

• Mejorar la seguridad de la tenencia de la tierra.
• Fortalecer el buen gobierno.
• Promover inversiones públicas en servicios de buena calidad y culturalmente adecuados.
• Apoyar los sistemas indígenas de resiliencia y sus medios de subsistencia.

Los pueblos indígenas poseen conocimientos y experiencias ancestrales esenciales sobre cómo adaptarse, mitigar y reducir los riesgos climáticos y de desastres, y salvaguardan el 80% de la biodiversidad restante del mundo. Ignorar sus voces y aspiraciones representa una pérdida no solo para ellos, sino para el desarrollo global.

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