La accesibilidad urbana es esencial para garantizar que todas las personas, independientemente de sus capacidades, puedan participar plenamente en la vida de la ciudad. Las barreras arquitectónicas presentes en muchos entornos urbanos dificultan la movilidad y limitan la independencia de personas con discapacidad. A medida que las ciudades crecen y evolucionan, es importante que se adopten prácticas de diseño inclusivo para crear espacios que todos puedan disfrutar.
Definición e Importancia de la Accesibilidad Urbana
La accesibilidad urbana se refiere a la capacidad de las personas para moverse y utilizar espacios urbanos sin enfrentar obstáculos innecesarios. Es un concepto que va más allá de la simple eliminación de barreras físicas, abarcando también la accesibilidad sensorial y cognitiva. La importancia de la accesibilidad urbana radica en su papel fundamental para asegurar la inclusión social. Un entorno urbano accesible permite que todas las personas, incluyendo aquellas con discapacidad, participen plenamente en actividades cotidianas como trabajar, estudiar, recrearse y socializar.
Marco Normativo y Principios Rectores
Ley 20.422 y sus Modificaciones
En Chile, la Ley 20.422, en su artículo 3, establece como parte de sus principios rectores los de vida independiente, accesibilidad y diseño universal. El Párrafo 1º del Título IV de esta ley establece Medidas de Accesibilidad referentes a la eliminación de barreras arquitectónicas, promoción de la accesibilidad universal, ajustes necesarios, acceso a edificios y espacios de uso público, programas habitacionales, medios de transporte público, diseño de estacionamientos, rotulación de productos y puestos comerciales, entre otros.
Para dar cumplimiento a esta ley, el 4 de marzo de 2016 se publicó el DS 50 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que modifica la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Dicho reglamento establece las normas a las que deberán sujetarse las obras y edificaciones, viviendas destinadas a Personas con Discapacidad (PcD), estacionamientos en espacios públicos y edificios, acceso a los medios de transporte público y a los bienes nacionales de uso público.
Ley 21.545 (TEA)
La Ley 21.545 (TEA) dispone que el Estado considerará impulsar medidas orientadas por el principio de accesibilidad universal en el ejercicio del derecho de acceso a la información.
Cumplimiento Parcial de la Normativa
El cumplimiento de la normativa se considera parcial, toda vez que, si bien existe legislación específica al respecto, la misma contempla excepciones que debilitan la protección de la accesibilidad universal. Por ejemplo, el reglamento exceptúa de su aplicación a naves dedicadas al transporte de personas dentro de un mismo puerto, radas o bahías, o aquellas con fines recreativos o de turismo. Así mismo, exceptúa a vehículos considerados como patrimonio cultural o histórico, y los destinados a fines meramente turísticos o de recreación.
Aunque en el transporte aéreo existe un reglamento específico que introduce prohibiciones y obligaciones de las empresas aéreas, se señala que el artículo 9.3 de la legislación sobre construcción y planificación, incluyendo los requisitos para otorgar la autorización, incorpora estándares obligatorios de accesibilidad sobre el entorno físico y los servicios abiertos al público.
Accesibilidad a la Información y Comunicaciones
El marco legal que establece estándares obligatorios de accesibilidad a la información y a las comunicaciones, tanto para agentes públicos como privados que proporcionan información y servicios al público en general, incluyendo los medios de comunicación masiva, internet y las redes sociales, presenta un cumplimiento parcial. Se considera parcial toda vez que el reglamento contiene algunas excepciones que debilitan el marco legal establecido, entre ellas, la programación emitida entre 1 y 6 am, programas en idiomas distintos del español, programas musicales, programas deportivos, programas dirigidos a niños y niñas menores de 4 años de edad, programas producidos, grabados, editados o postproducidos con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del reglamento. Además, no se encuentra normativa aplicable a internet y redes sociales. Este indicador se refiere, por ejemplo, a las disposiciones sobre accesibilidad en la legislación sobre telecomunicaciones, los códigos de radiodifusión, regulaciones conexas y lo referido a Internet, las tecnologías digitales, el teléfono, incluidos los servicios de retransmisión de telecomunicaciones y la telefonía móvil.
Involucramiento de Personas con Discapacidad
Se observa que los Diálogos Participativos Macrozonales desarrollados el año 2021 con los Consejeros y Consejeras Regionales de la Sociedad Civil de SENADIS, como parte de la formulación del Plan Nacional de Accesibilidad Universal, son un ejemplo de cumplimiento. Este indicador requiere la verificación de las actividades concretas emprendidas por las autoridades públicas para involucrar a las personas con discapacidad en los procesos de toma de decisiones relacionados con cuestiones que les afectan directa o indirectamente, de conformidad con el artículo 4.3 de la CDPD y la Observación general N.º 7 del Comité, incluidas reuniones de consulta, sesiones informativas técnicas, encuestas de consulta en línea, solicitud de comentarios sobre proyectos de ley y políticas, entre otros métodos participativos.
Estadísticas de Discapacidad y Accesibilidad en Chile y México
Situación en Chile
En Chile, un 20% de la población de 18 años o más se encuentra en situación de discapacidad. A nivel nacional, el 12,9% de la población (más de 2 millones de personas) vive con discapacidad, lo que equivale a 1 de cada 8 chilenos. De los 464.632 hogares de la región, en 110.676 vive al menos una persona con discapacidad. La discapacidad afecta predominantemente a las mujeres: representan el 59,6% del total regional (83.031 mujeres) frente al 40,4% de hombres (56.368). La situación laboral es crítica: solo 1 de cada 4 personas con discapacidad en la región tiene un trabajo remunerado. Existe una brecha de 5 puntos respecto al promedio nacional. Además, el 45% se dedica exclusivamente a labores domésticas. La exclusión educativa es profunda: el 91,5% de este grupo no estudia. Las cifras de escolaridad son preocupantes: un 7% no tiene estudios, un tercio no terminó la básica y solo un ínfimo 1,6% llegó a la universidad. Existe una relación directa entre pobreza y discapacidad, donde en los estratos bajos, el 38,1% de las personas tiene una discapacidad (1 de cada 7). El 75% de los afectados accedió a servicios de salud o rehabilitación en el último año, destacando que la tasa de rehabilitación regional (13,5%) duplica la nacional.
Si consideramos que la accesibilidad universal es uno de los elementos clave que deben promoverse para alcanzar la inclusión, se entiende el interés de la Subsecretaría de Turismo por garantizar el acceso de todas las personas a los atractivos turísticos existentes a lo largo del país. Este tema sin duda se ha transformado en un desafío importante para la administración del Estado. También se ha dado énfasis al posicionamiento de este tema a nivel público y ciudadano, promoviendo el desarrollo de instancias de discusión a nivel nacional, como la jornada de capacitación Diálogos sobre accesibilidad universal en áreas protegidas y el Seminario Internacional sobre Turismo Accesible.
Estudios de Caso y Normativas Específicas en Chile
Veredas y Movilidad Peatonal
La accesibilidad física se refiere a la eliminación de barreras relacionadas con la movilidad y el uso del cuerpo, buscando que todas las personas puedan desplazarse y utilizar un espacio de manera segura y autónoma. La falta de accesibilidad en las veredas en Chile es un problema que afecta directamente a la calidad de vida de muchas personas, especialmente a aquellas con movilidad reducida, como personas mayores, personas con discapacidad o incluso a padres con coches de bebé. Por ejemplo, a menudo se encuentran veredas angostas, con baches, grietas o desniveles, que dificultan el paso. También pueden estar obstruidas por postes, árboles mal ubicados o vehículos estacionados, lo que obliga a las personas a caminar por la calle, poniéndose en peligro.
En Chile, las veredas deben cumplir con un conjunto de normativas de accesibilidad que aseguren un entorno seguro y funcional para todas las personas, incluidas aquellas con movilidad reducida. Estas normativas buscan garantizar que el espacio público sea transitable para todos, sin barreras físicas ni obstáculos, y promueven el uso de elementos como rampas, pasamanos y pavimentos táctiles para facilitar el desplazamiento de quienes lo necesiten. Las superficies de la ruta accesible deben ser estables, firmes y antideslizantes.
Accesibilidad en Bordes de Playa
El principio de accesibilidad universal establece la importancia de que todas las áreas públicas, incluidos los bordes de playa, sean accesibles para todas las personas, incluyendo a personas mayores y con movilidad reducida. El Código Civil de 1994 señala que "Toda persona tiene derecho a hacer uso de este bien público y contar con las condiciones de accesibilidad necesarias para que esto se cumpla". Se sugiere que los bordes de playa deben contar con anchos adecuados que faciliten la movilidad de personas mayores, luminarias que iluminen servicios, aceras, senderos y espacios de descanso, y acceso a servicios básicos como baños públicos.
Mejoras en el Transporte Público
Un ejemplo de mejora en el transporte público son las puertas de vidrio con apertura automática en el Tren Limache-Puerto, cuya mayor dimensión ofrece un espacio libre de 150 x 150 centímetros, asegurando la correcta maniobra de una silla de ruedas o un coche. Esta medida se suma a los beneficios tarifarios que ofrece el Tren Limache-Puerto para personas mayores y en situación de discapacidad: una rebaja del 50% sobre el valor general, en todo horario y durante los 365 días del año.
Eliminando barreras arquitectónicas. LADDROLLER – Grecia (EUROPA)
Estudio de Barreras en Valparaíso
El estudio "Barreras del entorno y la movilidad de los adultos mayores en el Plan de Valparaíso" realizado por Macarena More (2020), analiza los obstáculos que enfrentan los adultos mayores en su movilidad cotidiana dentro del centro de Valparaíso. La investigación destaca cómo barreras urbanas como veredas en mal estado, la presencia de vendedores ambulantes y la aglomeración de personas limitan el desplazamiento seguro de este grupo etario. Además, se examinan las dificultades ocasionadas por las manifestaciones sociales, que, al generar destrozos en las calles, no solo obstaculizan el paso, sino que también crean un ambiente de inseguridad que lleva a los adultos mayores a evitar salir de sus hogares. A través de entrevistas a quince adultos mayores que transitan regularmente por el área de estudio, el trabajo revela que las barreras urbanas permanentes, semi-permanentes y esporádicas afectan la independencia y calidad de vida de los adultos mayores, particularmente en zonas de alto tránsito como la Avenida Pedro Montt.
En 2025, se despejaron las calles paralelas al Mercado Municipal de Valparaíso, lo que hizo que las veredas se despejen y descongestionen de gente y de elementos que no son parte de la calle, lo cual hacían que obstaculizaran el paso del peatón, para cualquiera, ya sea persona discapacitada o no. Se han sugerido soluciones como la mejora de las veredas y mantenerlas en buen estado, el despeje de vendedores ambulantes, realizar una planificación urbana para evitar aglomeraciones, rutas alternativas para las manifestaciones y una mejora en el transporte público.
Situación en México
El informe mundial sobre la discapacidad de 2011 estima que 785.000.000 de personas (15.6%) de 15 años y más viven con alguna discapacidad, y 190.000.000 de personas (3.8%) han sido diagnosticadas con una discapacidad grave. La Carga Mundial de Morbilidad estima que 95.000.000 de niñas y niños cuentan con algún problema de discapacidad (OMS, 2011). En el caso de México, en 2010, había 5.739.270 personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa 5.1% de la población total, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2013). En 2012 el 6.6% de la población de Ciudad de México tenía algún tipo de discapacidad (INEGI, 2012), siendo las principales causas la enfermedad (38.5%), la edad avanzada (31%), el nacimiento (15%) y los accidentes (12.0 por ciento).
El 13 de diciembre de 2006, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el primer instrumento que aborda los derechos humanos sobre la integración y el respeto por la diferencia, y la aceptación de la discapacidad. Según la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPD) de México, decretada en 2011, las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad y al diseño universal que garantice la accesibilidad obligatoria en instalaciones públicas y privadas, y que les permita el libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras.
En las dos últimas décadas del siglo XX, se dan los primeros avances en el marco jurídico normativo en México. El Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 dio origen en 1987 al Programa de Rehabilitación. El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 motivó la elaboración del Programa Nacional para el Bienestar y la Incorporación al Desarrollo de las Personas con Discapacidad (CONVIVE) en 1995. Durante el gobierno de Vicente Fox (2000-2006) se crearon el Consejo Nacional Consultivo para la Integración de las Personas con Discapacidad (CODIS) y la Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social para Personas con Discapacidad (ORPIS). En 2007, México participa en la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, comprometiéndose a reconocer jurídicamente los derechos de las personas con discapacidad y a abolir cualquier forma de discriminación motivada por ella. Esta Convención dio la pauta para modificar muchas leyes federales, como el artículo primero de la Constitución, donde establece el reconocimiento de los derechos humanos a todos los mexicanos. En los últimos treinta años, el Gobierno de la República ha promovido diversas acciones de intervención legal para crear un marco jurídico administrativo que proteja a la población con discapacidad y la incluya al capital social del país.
Barreras a la Accesibilidad en Ciudad de México
Las normativas y programas tanto federales como estatales parecen fomentar una estructura administrativa de protección e inclusión, pero la realidad es otra. Los resultados de la Encuesta sobre Discriminación de la Ciudad de México, realizada en junio de 2017, señalan que la discapacidad es la novena causa más recurrente de discriminación y que ocho de cada diez personas discriminan a las personas con discapacidad. De los resultados obtenidos, el 28.5% de los entrevistados fueron discriminados en la calle, el 8.6% conoce a una persona que ha sido discriminada por discapacidad y se considera que los espacios públicos donde existe más discriminación es el transporte público y las plazas/parques (COPRED, 2017).
Existen obstáculos en el espacio público que impiden una accesibilidad eficiente. Los obstáculos y las barreras físicas, sociales y culturales son algunas de las problemáticas que enfrentan las personas con discapacidad en el espacio público de Ciudad de México. La movilidad peatonal es uno de los requerimientos principales en la accesibilidad física de las ciudades. La falta de ella repercute en la calidad de vida de las personas con discapacidad. El peatón habrá de tener la posibilidad de circular por banquetas, plazas, jardines y usar el espacio público sin riesgos, y acceder por sus propios medios.
Características de los Espacios Públicos Urbanizados Accesibles
Para que los espacios públicos sean verdaderamente accesibles, deben incorporar una serie de características clave:
- Rampas y/o ascensores: Deben estar disponibles en todas las áreas con desniveles.
- Aceras amplias y lisas: Facilitan el tránsito de sillas de ruedas y otros dispositivos de movilidad.
- Señalización clara y accesible: Incluye señales en braille y auditivas para personas con discapacidades visuales y auditivas.
- Baños accesibles: Deben estar equipados para personas con diferentes tipos de discapacidades.
- Espacios de descanso: Bancos y áreas de descanso deben estar disponibles a intervalos regulares.
Para mejorar la accesibilidad es necesario replantear el papel del transporte público en la ciudad y ofrecer un servicio de calidad que pueda ser utilizado de forma autónoma por todos los habitantes sin importar su condición física o mental. Se debe garantizar en el espacio público la seguridad en los recorridos, el acceso al equipamiento que permita utilizar el transporte público y los estacionamientos, y promover una organización clara de recorridos y flujos. Para resolver lo anterior, es necesaria la aplicación del diseño universal y los criterios de los manuales de accesibilidad, los cuales permiten el diseño de los espacios públicos con relación a las dimensiones mínimas requeridas por los seres humanos. Para lograr la integración de todos los usuarios al espacio público es necesario una lectura clara de los espacios y servicios, preponderancia en la disposición de las circulaciones y el diseño de mobiliario, pavimentos y accesorios para personas con discapacidad.
Desafíos y Soluciones para la Inclusión
Barreras de Implementación y Sensibilización
Ciudad de México cuenta con un marco legal y administrativo sólido que promueve y protege los derechos de la población con discapacidad. El Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (PRONADIS) sanciona leyes, normas y reglamentos que garantizan la accesibilidad en los espacios públicos e instalaciones públicas y privadas. En los últimos años, el Instituto para la Integración al Desarrollo de las personas con Discapacidad (INDEPEDI) ha creado diferentes campañas de sensibilización que buscan concientizar a la ciudadanía sobre los obstáculos que enfrentan la población con discapacidad en la ciudad.
A pesar de la existencia de un aparato legal y jurídico a nivel federal y estatal que promueve programas y acciones para el beneficio de la población con discapacidad, existe un índice alto de discriminación y una falta de sensibilización de la ciudadanía. Los principales factores son:
- La falta de derecho a la ciudad, reflejada en el abandono y descuido de los espacios públicos por parte de las autoridades, lo que ha generado exclusión, pérdida de identidad, segregación, fragmentación e inseguridad. Los problemas de accesibilidad física tienen que ver con el diseño urbano ineficiente, la falta de voluntad y de recursos por parte de las dependencias gubernamentales para proporcionarlos o mantenerlos.
- La falta de resultados de los programas de sensibilización e integración para fomentar la inclusión y el respeto por la población vulnerable. Por ejemplo, el INDEPEDI reportó 63 talleres de sensibilización dirigidos a funcionarios públicos, estudiantes y profesores universitarios en 2015, con una participación de 2.148 personas, pero la participación individual a menudo fue baja (16 alumnos y un profesor en un taller de febrero de 2015).
- La discriminación, la apatía y la poca participación social. Las calles de la ciudad contemporánea son espacios vulnerables a las necesidades de tránsito libre y sociabilización de la población con discapacidad, aunado a la actitud negativa o pasiva de los ciudadanos, dificultando la apropiación física y simbólica de la ciudad. La insensibilización crea un ambiente de indolencia, donde vendedores ambulantes bloquean las banquetas con la justificación de la falta de trabajo, conductores ocupan cajones para discapacitados o se estacionan sobre las cebras peatonales excusándose en la falta de tiempo.
Sensibilización y Cultura Ciudadana
La relación entre accesibilidad y percepción está condicionada por las actividades realizadas en las calles y en los espacios recreativos, donde las emociones son generadas por la convivencia. Un espacio conflictivo genera emociones desagradables y, por lo tanto, incomoda al ciudadano. La reflexión teórica sobre la ciudad debe revalorizar el espacio público como el lugar donde la espacialidad del sujeto le permite relacionarse con otros individuos. La falta de un diseño urbano a escala humana afecta la calidad de vida de los ciudadanos, limita los espacios de encuentro y la construcción del tejido social. La defensa del espacio público contribuye a la búsqueda de espacios de convivencia en condiciones de igualdad.
Para lograr la integración es necesario la participación de la comunidad en la consolidación de la cultura ciudadana, entendida como "el conjunto de costumbres, acciones y reglas mínimas compartidas que generan sentido de pertenencia, facilitan la convivencia urbana y conducen al respeto del patrimonio común y al reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos". La construcción de redes promueve la cohesión social y una participación positiva de la ciudadanía. Es necesario replantear el espacio público como un lugar de encuentro que promueve la cultura ciudadana, un espacio polivalente donde los ciudadanos con discapacidad puedan disfrutar de la infraestructura recreativa como parques, jardines y plazas sin ser limitados física o socialmente.
Para que la ciudadanía pueda superar las barreras sociales sobre la inclusión de la población con discapacidad es necesario sensibilizarla. La sensibilización es una actividad que invita a la reflexión y promueve la inclusión por medio de actitudes positivas de respeto, valoración, solidaridad y tolerancia frente a la discapacidad. Su objetivo es desarrollar la empatía para favorecer la aceptación, el reconocimiento y la concientización de la ciudadanía. La sensibilización es el primer paso para acercar al colectivo a la cotidianeidad y a los problemas que enfrenta la población con discapacidad en el espacio público.
Esta insensibilización solo se puede soslayar con la educación y la construcción de una cultura ciudadana necesaria para conformar un capital social y evitar la sensación de indolencia en las ciudades.
tags: #estadistica #accesibilidad #servicios #publicos #adaptados