La crisis del Servicio Nacional de Menores (Sename) en Chile ha puesto en evidencia una compleja red de fallos institucionales, donde el Poder Judicial y los organismos colaboradores juegan un papel crítico. La investigación sobre el funcionamiento del sistema ha revelado no solo posibles fraudes económicos, sino también graves errores metodológicos y procedimentales en las sentencias que afectan la vida de miles de niños, niñas y adolescentes.
Presuntos fraudes e irregularidades en los informes
Todo se remonta al 24 de junio de 2018, cuando un reportaje televisivo denunció presuntas irregularidades en los informes de distintos organismos colaboradores del Sename y un posible fraude de prestaciones del Estado. Se trata de una prueba determinante que tienen los jueces de familia para dictar el ingreso de los menores a sus programas y que, entre los años 2014 y 2017, fueron duplicados para su uso en múltiples casos. Por este hecho, hay cinco instituciones colaboradoras involucradas.
La asesora de la Dirección Nacional del Sename, Emilia González, reconoció que durante la investigación se hizo revisión a 1.900 pericias de organismos colaboradores, de los cuales 960 corresponden a las instituciones en cuestión. Aunque admitió inconsistencias técnicas, sostuvo que no constituían un fraude sistemático. Por su parte, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló por el delito de obtención fraudulenta de prestaciones estatales, señalando que solo en 2017 las instituciones investigadas realizaron prestaciones por 4 mil millones de pesos.
La responsabilidad del Poder Judicial en el error
La jueza de familia Mónica Jeldres ha sido enfática al señalar que los informes actuales -que describen las habilidades y déficits del entorno familiar sin permitir que los profesionales sean interrogados- determinan un deficiente conocimiento de los hechos e incrementan el error en un número importante de sentencias judiciales.
Presión por metas de gestión
El trasfondo de esta problemática radica en una lógica institucional que prioriza la estadística sobre el bienestar del menor:
- Las metas de gestión fijadas por la Comisión Interinstitucional exigen que el 85% de las causas se terminen en 120 días.
- Esto presiona a los jueces a cerrar causas "a como dé lugar", afectando principalmente las medidas de protección donde las familias no cuentan con representación legal.
- La falta de una "radicación" de las causas provoca que un mismo menor pase por distintos jueces, fragmentando el seguimiento de su caso.
Condiciones del sistema de protección
El informe nacional de visitas a hogares y residencias de protección 2019, elaborado por el Poder Judicial, confirmó que el sistema sigue fallando. El documento subraya deficiencias estructurales críticas:
| Indicador | Estado detectado |
|---|---|
| Sobrepoblación | Alcanzó el 24% en 2019, afectando a 31 residencias. |
| Infraestructura | Inmuebles antiguos con problemas persistentes de aseo e higiene. |
| Personal | Falta de calificación y baja preparación técnica para la atención. |
| Salud Mental | Incapacidad del sistema para atender patologías complejas. |
El fracaso institucional y la invisibilidad del niño
La investigación encabezada por la jueza Jeldres -que reveló abuso sexual y violencia física sistemática- fue cuestionada y archivada por sectores del mismo Poder Judicial. Expertos y parlamentarios han señalado que el sistema se ha vuelto "perverso", donde la subvención estatal por niño crea un estímulo para mantenerlos confinados en centros en lugar de buscar su reinserción familiar.
Tratado de invisibilidad - Tráiler Oficial
Como señaló la abogada Paulina Gómez, los jueces están obligados a ser agentes activos de la protección de los menores. Sin embargo, la realidad muestra que, ante la falta de recursos y la urgencia burocrática, el sistema prefiere pasar por alto las vulneraciones de derechos, dejando a miles de menores en una situación de indefensión frente a un Estado que debería ser su garante.