El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaría de Evaluación Social, presenta una nueva herramienta que permitirá fortalecer el enfoque en el diseño, asignación, monitoreo y evaluación de programas sociales que son implementados por los distintos servicios y organismos del Estado. Este SIVUST complementa la mirada anterior centrada en la Calificación Socioeconómica (CSE) del Registro Social de Hogares y amplía la analítica hacia una clasificación territorial basada en siete dimensiones: Ingresos, Trabajo y Pensiones, Salud y Dependencia, Educación, Vivienda, Accesibilidad y Seguridad.
La ministra Javiera Toro subrayó que esta herramienta representa un cambio de paradigma al pasar de un foco exclusivamente en el hogar como unidad de análisis a uno con enfoque multidimensional y territorial en el Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de Prestaciones Sociales. Paula Poblete, subsecretaria de Evaluación Social, destacó que promueve la cohesión social y permite identificar desigualdades, barreras estructurales y oportunidades de desarrollo para promover la movilidad y la integración social. El objetivo es superar la fragmentación y gestionar de manera más coordinada los recursos públicos y privados en función de las necesidades territoriales.
La discusión teórica sobre territorio y sociabilidad se nutre de un giro espacial en las ciencias sociales, que concibe el espacio no como contenedor neutro sino como una construcción social relacional y en constante transformación. Desde los aportes de Sassen, Massey, Harvey y otros, el análisis de las desigualdades se entrelaza con la geografía de las ciudades, el lugar y la región, invitando a entender la territorialidad como una dimensión disputada por múltiples actores: Estados, empresas, comunidades y movimientos sociales. En América Latina, este giro ha permitido vincular lo local con lo global y comprender las dinámicas de extractivismo, migración y urbanización en clave de poder y justicia territorial.
Dimensiones del enfoque territorial en la vulnerabilidad socioespacial
- Dimensión Físico-Ambiental: indicadores que examinan la calidad ambiental, la disponibilidad de recursos y la resiliencia ante desastres, con énfasis en la sostenibilidad de los hábitats y la exposición a riesgos.
- Dimensión Social: condiciones de educación, salud, integración social y cohesión comunitaria. Se prioriza la participación de la sociedad civil y de actores públicos y privados en la definición de parámetros y ponderadores.
- Dimensión Económico: empleabilidad, ingreso, movilidad laboral y vulnerabilidad ante shocks económicos, con atención a las dinámicas de la economía local y regional.
La metodología para la evaluación de la vulnerabilidad social territorial (VST) propone un set de variables y sub-dimensiones que se estructuran en estas tres dimensiones. Se emplean encuestas y procesos de ponderación, utilizando herramientas como el Analytic Hierarchy Process (AHP) para trasladar la realidad percibida por los actores a una escala cuantificada y priorizar elementos con consistencia lógica. La normalización de datos permite operar con variables de diversa índole y facilita la comparación interterritorial a escala nacional, regional y comunal.
Aplicación práctica y gobernanza territorial
El sistema de protección social busca articularse a nivel regional y local, integrando a la sociedad civil, el sector privado y los gobiernos municipales en la definición de políticas. La descentralización se propone como medio para mejorar la participación ciudadana, la eficiencia en la asignación de recursos y la pertinencia de las intervenciones. La gobernanza territorial post pandemia se orienta a la democratización de las decisiones y a la construcción de ciudades más inclusivas y democráticas, donde los municipios sean actores centrales y las políticas sectoriales se articulen con las realidades regionales.
La literatura sobre territorialidad en América Latina subraya que el desarrollo territorial requiere contrarrestar la fragmentación entre políticas sectoriales y territoriales, promoviendo cohesión y sostenibilidad ambiental. En este marco, ciudades intermedias pueden actuar como nodos de articulación entre lo rural y lo urbano, fortaleciendo redes de producción, movilidad y servicios para evitar la segregación y promover la equidad.

La experiencia chilena ilustra un movimiento hacia la vulnerabilidad social territorial como marco analítico para identificar lugares con carencias persistentes y diseñar intervenciones que fortalezcan la cohesión territorial. En la bibliografía citada, se destacan definiciones operativas y metodologías para medir la vulnerabilidad, así como la necesidad de integrar indicadores ambientales, sociales y económicos en una matriz de diagnóstico y planificación.
En el plano metodológico, la construcción de indicadores se apoya en la participación de estamentos públicos, privados y sociedad civil. Se enfatiza la necesidad de estandarización, proyección y normalización de la información para asegurar la comparabilidad y la representatividad de los ponderadores, evitando sesgos por desequilibrios en la muestra territorial.
Implicaciones para políticas públicas y prácticas profesionales
Las políticas con enfoque territorial exigen no solo capacidades técnicas y fiscales, sino también habilidades de gestión, comunicación y diferenciación para grupos específicos dentro del territorio. La descentralización debe ir acompañada de mecanismos de transparencia, financiamiento adecuado y presencia de actores locales en la toma de decisiones. La gobernanza urbana, entendida como coordinación entre actores y niveles de gobierno, se propone como un marco para enfrentar retos como envejecimiento poblacional, migración y desigualdad de género, entre otros.
El Trabajo Social desempeña un rol estratégico en este nuevo marco: aporta una visión holística de las condiciones geográficas y socioculturales que determinan el desarrollo de barrios, ciudades intermedias y áreas metropolitanas. Su ética de derechos humanos y su enfoque intercultural contribuyen a diseñar intervenciones inclusivas y democráticas, que promuevan la cohesión social y el acceso equitativo a servicios y oportunidades.
La literatura regional también señala que la urbanización acelerada demanda enfoques que integren lo local con lo global, que reconocen la diversidad y que previenen la exclusión de grupos vulnerables. La migración, el envejecimiento y las identidades urbanas diversas requieren políticas específicas para su integración, fomentando una gestión territorial que acompañe el cambio demográfico con planificación participativa y sostenible.
Ejemplos y evidencia regional
Estudios y prácticas en América Latina muestran que la vulnerabilidad socioespacial se manifiesta en territorios con acceso desigual a servicios, empleo precario y vivienda inadecuada. El marco VST propone un diagnóstico que incluye dimensiones ambientales, sociales y económicas, con subdimensiones como calidad ambiental, accesibilidad-conectividad, educación, hábitat, salud, integración social y socioeconómica. La articulación entre encuestas, ponderadores y métodos de validación (como AHP) facilita la construcción de un índice robusto para la planificación local y regional.
En el caso de Manta y otros territorios ecuatorianos, investigaciones recientes muestran la importancia de analizar la vulnerabilidad socioespacial con indicadores que permitan entender la interacción entre condiciones de vida, el entorno físico y las redes de apoyo social. Estas experiencias destacan la necesidad de herramientas que permitan monitorear cambios en el tiempo y orientar intervenciones centradas en el fortalecimiento de la movilidad, la inclusión y la equidad.

Tabla de conceptos clave y relaciones
| Concepto | Descripción | Ejemplos de indicadores |
|---|---|---|
| Enfoque territorial | Política pública que interviene en espacios públicos y promueve cohesión social a partir de la ubicación geográfica | Presencia de servicios, conectividad, gobernanza local |
| Vulnerabilidad social territorial | Capacidad de un territorio para resistir, adaptarse y recuperarse ante shocks sociales y ambientales | Calidad ambiental, educación, empleo, vivienda |
| Giro espacial | Concepción del espacio como construcción social relacional, no como contenedor pasivo | Redes de producción, flujos migratorios |
| AHP | Método de toma de decisiones multicriterio que asigna ponderaciones con consistencia lógica | Jerarquía de variables, consistencia de juicios |
La implementación práctica de estos enfoques implica una coordinación entre el sector público y la sociedad civil, con una atención especial a las diferencias regionales y a la necesidad de políticas diferenciales que atiendan a grupos específicos, como migrantes, adultos mayores y comunidades rurales en transición. El objetivo es superar la parcialidad sectorial y lograr una integración territorial que fortalezca la protección social y mejore la calidad de vida de las personas en distintos entornos geográficos.
Territorio y enfoque territorial
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