La Educación como Eje de Reinserción Social en el Contexto del SENAME
La educación es considerada una herramienta esencial para la reinserción social de los adolescentes en desarrollo, entendiendo los múltiples beneficios que ello conlleva. Claudia De La Hoz, entonces directora del Servicio Nacional de Menores (Sename) en La Araucanía, afirmaba que "La integración social plena de los adolescentes y jóvenes que han sido atendidos por Sename es un desafío y un derecho al cual deben acceder todos y todas, en un contexto digno y justo." La educación se plantea como uno de los ejes de la oferta programática entregada a los jóvenes que se encuentran en programas de semi-cerrado o de régimen cerrado.
El Servicio Nacional de Menores (Sename) fue un organismo gubernamental chileno centralizado, colaborador del sistema judicial y dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que llevó a cabo su gestión conforme a las instrucciones de los diversos tribunales. Es importante señalar que no debe confundirse con SENAMA. Desde 2021, Sename se enfocó exclusivamente en el área de justicia y reinserción juvenil, siendo el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia el continuador legal en materia de protección de derechos. Sename vive un proceso de cierre y traspaso al Servicio de Reinserción Social Juvenil, desarrollado de forma paulatina desde 2024 y que culminará el 12 de enero de 2026. Este traspaso implica que las funciones del Servicio Nacional de Menores fueron divididas en dos servicios especializados: el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (para la protección) y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil (para la justicia juvenil).

La Realidad Educativa en los Centros del SENAME (y sus Sucesores)
Desafíos y Estadísticas de Escolarización
Entre los múltiples dramas que enfrentan los niños y jóvenes a cargo del Sename, la falta de escolaridad ha sido un problema persistente. La Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, cuestionó al organismo por no poseer antecedentes sobre la asistencia, reprobación y retiro de sus niños a cargo. Muñoz afirmó tener conocimiento, de la propia directora del Sename (Susana Tonda) en su momento, de que "hay niños a los que se les cancela la matrícula desde las escuelas públicas", catalogándolos como escolares "complejos". Por ello, se ofició al Mineduc para evitar la cancelación de matrícula de estos menores.
A fines de 2018 (última estadística disponible), de 3.151 niños y niñas bajo la tutela del Sename, 441 (14%) no asistían al colegio, ya sea por no tener matrícula o por haber sido retirados del establecimiento, lo que significa que uno de cada siete niños no estaba escolarizado. El Sename explicó que "en la práctica hay dificultades para encontrar programas acordes para estos niños. Los colegios tradicionales no siempre cuentan con herramientas para apoyar de manera personalizada a los niños, quienes en ocasiones deben enfrentarse a situaciones adversas en términos de trato, o a una intervención educativa inadecuada a sus necesidades". Un informe de la ONU reveló que un 19,8% de los niños, niñas y adolescentes de estos centros están con retraso escolar y de estos, 21,7% no recibe apoyo en las tareas. Un 7% no sabe leer y/o escribir y un porcentaje similar no va a la escuela. La gran mayoría de los NNA frecuentan escuelas públicas, donde ni los profesores ni el personal está capacitado y sensibilizado para su situación particular, lo que impacta negativamente en la atención necesaria.

Barreras y "Nudos Críticos" Identificados
Para la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, existen "nudos críticos" en la relación entre el Sename y el sistema escolar que explican este escenario, como la oferta disímil de cupos escolares y la falta de cupos asegurados en colegios cercanos a los centros de cuidado, lo que fomenta la desescolarización. La diputada Camila Rojas (Comunes) señaló la "falta de apoderados para los niños y niñas que viven en residencias" como una preocupación. Asimismo, el informe de la ONU menciona que en algunos casos, las residencias tienen sus propias aulas escolares, lo que implica el aislamiento social de los NNA, y que ambas situaciones no contribuyen a eliminar o minimizar los efectos de las vulneraciones.
A pesar de la complejidad de estos contextos educativos, no existen políticas especiales y sistemáticas por parte del Estado para garantizar el acceso a educación. Un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de 2016 reveló que la subvención que reciben los centros cerrados del Sename es inferior a la educación regular y depende de la asistencia, un factor muy variable en estos contextos (por términos de condena o transferencia a otros recintos). Además, los establecimientos que imparten educación de adultos (que permite cursar básica o media en menor tiempo) no pueden postular a la Subvención Escolar Preferencial. La infraestructura es deficiente y los docentes a menudo no cuentan con preparación para desempeñarse en establecimientos que atienden a población privada de libertad o en contextos de vulnerabilidad. Ignacio Moya, coordinador de un programa de reinserción en CREAD Pudahuel Sename, afirma que "ningún centro de formación docente prepara a profesionales para atender en este contexto".
Iniciativas y Programas Educativos Implementados
Convenios y Colaboraciones para la Continuidad Educativa
Para enfrentar la situación, el Sename implementó un programa de
El director regional del Sename, Víctor Echeverría, manifestó alegría por un convenio que permite a los jóvenes "optar a la educación básica y media en todos los niveles", un anhelo de años. El seremi de Educación, Francisco Prieto, explicó que este convenio ofrece "servicio educativo a 47 estudiantes privados de libertad que podrán iniciar o continuar su educación". En la misma línea, el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Patricio Torres, destacó la necesidad de "crear una cultura social que abra espacio y oportunidades a las personas que han cometido delito".
En el caso de un centro de justicia juvenil, cuando Soria recibió la propuesta de impartir clases, "lo tomamos como una obligación y un derecho de los muchachos que están acá". La Cormudesi se hizo presente acogiendo el llamado de los ministerios de Educación y Justicia. Esto ha permitido nivelar y preparar a los adolescentes en reinserción social y laboral. Un ejemplo concreto es el
Ejemplos de Esfuerzos Educativos en Centros
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Desafíos Persistentes y Propuestas para el Futuro
El derecho a la educación, "la mejor arma contra la injusticia", se niega sistemáticamente a niños, niñas y adolescentes que llegan a centros del Sename. En 2016, la ministra de Educación Adriana Delpiano explicó que "de los más de 11 mil niños y jóvenes del Sename, un tercio está fuera del sistema escolar". Para resolver esto, se inició un trabajo con programas especializados en reinserción y retención, como un convenio con la Fundación Súmate del Hogar de Cristo, que trabaja con aproximadamente 100 a 200 niños del Sename.
Loreto Jara, profesora e investigadora de Política Educativa de Educación 2020, manifestó que la educación "no ha sido considerada adecuadamente en estos casos". Las y los menores de 18 años que requieren protección especial o han sido infractores de Ley deben incorporarse a procesos educativos regulares y participar de programas de protección especializada en intervención educativa.
Financiamiento y Recursos
El Ministerio de Educación tiene el compromiso de entregar soluciones a estos niños para su reinserción educativa y debe garantizarles su derecho a la educación. Retomar una trayectoria educativa interrumpida es fundamental. Se requieren escuelas de reingreso (también llamadas de segunda o nueva oportunidad) que sean reconocidas y cuenten con el financiamiento necesario. Un esfuerzo real, como la aprobación de escuelas de reingreso en 2009, no prosperó. Urge la creación de una
Capacitación Docente e Infraestructura
Los centros del Sename, a través de su oferta educativa, deberían cumplir un rol formativo, generando mecanismos que permitan una reinserción exitosa. Se necesita mejorar la capacitación de los docentes y la infraestructura de los establecimientos educativos que atienden a esta población. Los mismos docentes son los que se han ido especializando a partir del trabajo diario y del compromiso, a pesar de que estos son "espacios precarios a nivel laboral", como señala Ignacio Moya.
Articulación Institucional y Voluntad Política
Es crucial mejorar la articulación entre las instituciones. El gobierno local, la unidad educativa y Gendarmería deben establecer diálogos fructíferos centrados en la educación de los jóvenes y adultos. Es posible que la voluntad y los acuerdos políticos sean más fáciles de conseguir, dado el consenso en la necesidad de reducir las vulneraciones de derechos y los índices de delitos cometidos por menores de edad. La respuesta no radica en reducir la edad de la responsabilidad penal, sino en resolver las causas del problema y en entregar soluciones que se acomoden a una realidad compleja con urgencia.