El crudo informe sobre abusos sistemáticos en el Servicio Nacional de Menores (Sename) estuvo entrampado cuatro meses en la jefatura de la Policía de Investigaciones (PDI), desde enero hasta fines de abril. No obstante, el director de la policía despachó informalmente una copia a la Fiscalía Nacional en marzo, donde el documento permaneció otros dos meses en la oficina de Jorge Abbott. Recién a fines de abril se cumplió el conducto regular y le llegó al fiscal que investiga las muertes en el Sename, Marcos Emilfork.
El Informe Emilfork: Una Radiografía del Horror
El 13 de noviembre de 2018, la PDI recibió el Oficio Reservado N° 1.391, firmado por el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork. El persecutor solicitaba un informe que le había encargado seis meses antes, en el marco de la investigación de 1.313 muertes ocurridas en el Sename entre 2005 y 2016. El equipo policial, denominado Fuerza de Tarea Sename y liderado por el comisario Francisco Ceballos, ya había informado sobre hallazgos espeluznantes en 240 de las 241 residencias para menores en el país.
La principal conclusión del informe de la PDI es brutal: “A partir de la información levantada y reportada por los mismos encargados de las residencias, es posible afirmar que en el 100% de los centros que administra el Estado se han cometido -de manera permanente y sistemática- acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.
Estadísticas de Vulneraciones Graves
En solo un año (2017), los policías constataron 2.071 casos de vulneraciones graves. A continuación se presenta el desglose de los tipos de maltratos y abusos detectados:
| Tipo de Vulneración | Cantidad de Casos |
|---|---|
| Maltratos por parte de adultos | 432 |
| Maltratos entre pares (menores) | 1.265 |
| Maltratos por parte de familiares dentro de recintos | 53 |
| Abusos sexuales cometidos por adultos | 123 |
| Abusos sexuales cometidos entre menores | 187 |
| Total | 2.071 |
Protocolos Inexistentes y Falta de Supervisión
El equipo policial verificó que en la gran mayoría de las residencias no existían protocolos para actuar ante intentos de suicidio, contener a menores en crisis o proceder en caso de fallecimientos. Esto resulta alarmante considerando que el 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas y un 76,7% carece de lineamientos para la sujeción y contención física.
A pesar de que el 98,3% de los centros recibe fiscalización periódica por parte del Sename, el informe determinó que, en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa, lo que impide detectar la realidad cotidiana de los menores. Los jueces de familia, que por ley deben visitar los centros dos veces al año, tampoco detectaron estas vulneraciones sistemáticas.
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Crisis de Salud en las Residencias
- El 37,3% de los residentes padece alguna enfermedad psiquiátrica.
- El 66,3% de los centros deja la administración de fármacos en manos de educadores de trato directo sin formación técnica en salud.
- En 42 centros no existe un encargado de salud, y en muchos otros, la labor la realiza personal no calificado.
- Un 93,8% de los centros no cuenta con la estructura necesaria para casos de alta complejidad médica.
Casos Emblemáticos: Lissette Villa y Krishna
La muerte de Lissette Villa, de 11 años, marcó un antes y un después. Falleció por asfixia por sofocación debido a una maniobra de contención violenta donde una cuidadora puso su rodilla sobre el omóplato de la niña. Según Emilfork, este caso representa una hipótesis de tortura y apremio ilegítimo cometido por agentes del Estado.
Otro caso estremecedor es el de Krishna, en la V Región. Tras exhumar su cuerpo, se descubrió que la pequeña tenía tres kilos de fecas en su cuerpo al momento de morir, lo que llevó a imputar el cuasidelito de homicidio a una profesional de la salud. De las 878 muertes investigadas inicialmente, el 32% nunca habían sido denunciadas.
Controversia por el Retraso y Reacciones Políticas
Aunque el informe estuvo listo en diciembre de 2018, no se difundió. El fiscal nacional Jorge Abbott quiso entregarlo al gobierno en un evento formal fijado tentativamente para julio de 2019. Mientras el documento "dormía", siguieron falleciendo menores bajo tutela del Estado; solo en marzo de 2019 se registraron diez decesos.
El diputado René Saffirio pidió la renuncia del ministro de Justicia, Hernán Larraín, y del fiscal Abbott por el ocultamiento del documento. Por su parte, el ministro Larraín negó haber recibido el informe formalmente: “El Ministerio de Justicia no ha recibido ningún informe de la PDI... Es falso lo que dice el diputado Saffirio”. No obstante, admitió tener conocimiento de que el estudio se estaba realizando.
La Postura de la Defensoría de la Niñez
La defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, calificó de lamentable haberse enterado del informe a través de los medios de comunicación. Manifestó que la vida de los niños en el Sename no es un tema político, sino un imperativo ético y legal que involucra al Estado de Chile tras casi 30 años de ratificar la Convención Sobre los Derechos del Niño.