La reciente revelación de un convenio entre el Servicio Nacional de Menores (Sename) y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) ha generado una profunda conmoción y ha puesto de manifiesto las graves falencias en la protección de niños, niñas y adolescentes institucionalizados en Chile. Es fundamental que se transparenten los motivos y efectos de la información que el Sename pudo haber compartido con la ANI antes de dejar sin efecto este acuerdo, planteando interrogantes sobre con quiénes más se comparte información sensible y si realmente ha primado el bien superior del niño.
La reacción ante la filtración del convenio, con un comunicado oficial intentando minimizar su alcance, sugiere una operación de inteligencia destinada a controlar la narrativa pública, pero la sociedad chilena ha despertado ante esta realidad. La infantilización de la infancia y los abusos a los menores institucionalizados deben cesar de una vez por todas.
La Ruptura de la Confianza y el Estigma de la Institucionalización
La institución creada para la protección y el resguardo de los derechos de niños, niñas y adolescentes ha roto el último código de confianza con la sociedad civil. Para quienes egresaron del Sename, incluso hace décadas, el estigma de la institucionalización acompaña de por vida, evidenciando el profundo impacto de la experiencia.
El entusiasmo por el acuerdo entre la ANI y el Sename duró poco, ya que el subsecretario de Justicia confirmó su anulación. Sin embargo, surge la pregunta: ¿ha puesto la institución el foco en el lugar equivocado, criminalizando a quienes egresan del sistema en lugar de abordar las causas subyacentes de su vulnerabilidad?
Críticas y Demandas de Mayor Celso y Transparencia
Se cuestiona la prioridad dada a este convenio en comparación con la urgente necesidad de investigar el estado de salud de los internos y cuidadores durante la pandemia, o el seguimiento de la escolaridad de los niños, niñas y adolescentes. En tiempos de "posverdad", donde la información oficial puede ser manipulada, las redes sociales exponen realidades alternativas.
El ministro de Justicia, Hernán Larraín, declaró la anulación del convenio "para disipar dudas de nuestro total compromiso con el interés superior del niño". Sin embargo, esto podría interpretarse como un reconocimiento implícito de un fracaso previo en el cuidado de la infancia. La falta de no discriminación e inclusión pone de manifiesto la deuda histórica de Chile en estas áreas, perpetuando la exclusión.
Se lamenta la falta de reclamo por parte de los organismos colaboradores que, en su momento, buscaron ser parte del nuevo sistema de protección. Los mismos niños y trabajadores que dicen proteger se vieron expuestos a prácticas cuestionables.
Denuncias y Casos Emblemáticos de Vulneración de Derechos
La institución debió haber enfocado sus esfuerzos en otras áreas críticas, como la investigación de la idoneidad de los directores a nivel nacional. La reciente denuncia contra la directora de la residencia Nido en Hualpén, Evelyn Oñate, por facilitar niños para el comercio sexual, es un ejemplo alarmante.
Otra interrogante sin respuesta es el paradero de miles de niños, niñas y adolescentes desaparecidos, cuyas cifras policiales difieren. La experiencia personal de quienes fueron institucionalizados revela un marcado estigma, la pérdida del derecho a una familia, la limitación de la libertad por parte de los organismos colaboradores y la exclusión por parte de la clase política.
El cierre del Sename debe ser un momento de inflexión, marcando la transición de una doctrina de "niño en situación irregular" a un enfoque de derechos humanos y sujeto de derechos. Durante décadas, el Estado fue responsable directo del cuidado y protección de niños vulnerados, pero el sistema, lejos de reparar, profundizó el daño con muertes evitables, tratos crueles, negligencias estructurales y la medicalización del sufrimiento.
La Comisión Verdad y Niñez: Una Obligación Ética y una Oportunidad
La creación y apoyo a la Comisión Verdad y Niñez es una obligación ética del Estado. El riesgo y las oportunidades están presentes, y el cierre del Sename no puede ser un simple pasar página sin comprender la historia. La verdad no prescribe, y las personas que fueron niños y niñas bajo custodia del Sename son adultos y jóvenes con trayectorias quebradas y violencias normalizadas.
La Comisión Verdad y Niñez existe para visibilizar lo que durante años se negó, relativizó o escondió, demostrando que lo ocurrido no fue inevitable, sino consecuencia de decisiones políticas, presupuestarias y culturales. Muchos miraron hacia otro lado o justificaron lo injustificable en nombre del orden y la seguridad.
Investigaciones y Avances en la Protección de la Infancia
Se ha iniciado el proceso de investigación de casos por parte de la Comisión Asesora Presidencial para esclarecer la verdad sobre las vulneraciones de derechos humanos a niños, niñas y adolescentes resguardados por el Sename. Los silencios, la falta de reconocimiento, verdad, justicia y reparación profundizan el trauma.
La muerte de Lissette Villa en 2016 y el Informe Jeldres en 2013, que reveló que el 88% de las residencias registró vulneraciones graves y el 100% de los centros públicos incurrió en prácticas sistemáticas que lesionan derechos, evidenciaron la gravedad de la situación.
A pesar de los avances del actual Gobierno, como la creación del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, la Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, y la reforma al sistema de adopción, la lentitud en detener la violencia es alarmante. La comisión representa una oportunidad para superar la desmentida histórica y los eufemismos.
Denuncias Laborales y Deficiencias en el Servicio Mejor Niñez
La Asociación Nacional de Trabajadores de la Protección (ANTRAP) ha denunciado prácticas antisindicales, acoso y hostigamiento laboral en la región de Coquimbo, así como la ausencia de coordinación entre el servicio de protección y la red de salud, dejando a 597 niños, niñas y adolescentes en total abandono o hacinamiento.
El 90% de las residencias del país pertenecen a privados, en su mayoría fundaciones. Se ha expresado preocupación por el estilo de conducción problemático de la directora regional de Mejor Niñez, Julia Sandes Pérez, y la insuficiencia de las medidas tomadas por el Servicio de Protección Especializada.
La hostilidad se ha extendido a otros trabajadores, afectando el clima laboral y generando elevados índices de ausentismo. Se critica la designación de personas sin suficiente experiencia en la administración pública para ocupar cargos clave en el nuevo servicio.
Prostitución Infantil y Adolescente: Un Problema Persistente
Magallanes se ha convertido en un polo de prostitución infantil y juvenil, con hogares considerados los más peligrosos de Chile. Se destaca la necesidad de avanzar en prevención y se valoran las campañas publicitarias que iniciarán el Gobierno Central y regional.
Se señala que las niñas y adolescentes no están encerradas en las residencias y pueden salir a socializar, siendo en esas salidas donde se cometen estos delitos. La actual residencia de Punta Arenas no reúne las condiciones adecuadas de infraestructura.
La instalación de una oficina de la Defensoría de la Niñez en la región es un paso positivo, pero aún faltan medidas por ejecutar. La antigua directora reconoció más de 200 denuncias al interior del Servicio de Protección Especializada.
Explotación Sexual y Silencios que Profundizan el Trauma
El Ejecutivo tiene la responsabilidad frente a los organismos internacionales de erradicar la explotación infantil. La revelación de fiestas sexuales con menores de edad en Magallanes ha sido estremecedora, y lamentablemente, esta situación no ha sido prioritaria en todos los espacios involucrados.
Se reitera la dificultad de fiscalizar a los recintos privados y la necesidad de destinar mayores recursos para enfrentar la dramática situación de los niños, niñas y adolescentes que dependen del Estado. Es ingenuo no reconocer la existencia de redes de explotación sexual infantil y el manto de silencio que las rodea.
Estadísticas y Falencias del Sename: Un Diagnóstico Crítico
El informe "estadístico de los niños/as privados de cuidado parental en Chile" ha evidenciado graves falencias en el Sename. En varias regiones, un porcentaje significativo de niños institucionalizados se encontraba en riesgo alto, muchos de ellos pertenecientes a Aldeas SOS Arica.
Se registraron casos de abuso intrarresidencial, donde niños participaron en abusos sexuales mientras estaban al cuidado de la residencia, perpetrados por otros menores. En el Maule, un gran porcentaje de niños con discapacidad intelectual, visual y del aparato motor no recibía tratamiento.
A pesar de que la higiene, el estado de la ropa y la comida fueron evaluados positivamente, un porcentaje considerable de niños afirmó haber sido agredido por adultos dentro de la residencia, y este resultado se elevó al preguntar por agresiones de pares.
El Precio de la Corrupción Institucional y la Desolación Transgeneracional
El precio de la corrupción institucional que rodea al Sename es la desolación a nivel transgeneracional. Los candidatos a la Convención Constitucional tienen el deber de reconocer el carácter supraconstitucional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el derecho social a la verdad.
Una sociedad cruel con la infancia no podrá pasar impunemente. El Estado no ha estado a la altura para protegerlos, investigar los delitos cometidos ni hacer verdad y reparación. Las niñas y niños no votan, y el Sename no tiene amigos.
La solución no será automática ni mágica. La exigencia de la creación de una Comisión de Verdad sobre el Sename, realizada por Corina, demuestra cómo se manejan las urgencias y prioridades en Chile, donde los niños no suelen estar al frente.
La Deuda Pendiente: Adopción y Permanencia Institucional
El 68% de los niños bajo protección del Sename tiene más de ocho años, lo que impide su adopción. La falta de padres interesados y el cuidado por la reputación del sistema dejan a la mayoría de estos menores institucionalizados de por vida, conviviendo con infractores a la ley.
La historia de Violeta Lara, quien escapó de un hogar del Sename a los 18 años, evidencia la falta de oportunidades y la ausencia de redes de apoyo. Muchas niñas y niños que cumplen las condiciones para ser adoptados no encuentran familias interesadas, especialmente a medida que crecen.
En 2016, se identificaron 1.334 menores en estado "crítico" con riesgo vital y patologías mentales complejas, reforzando la urgencia de revisar un sistema en crisis por falta de recursos y personal calificado.
El Proceso de Adopción: Obstáculos y Realidades
A pesar de que la ley permite iniciar causas de adopción hasta los 18 años, en la práctica, la edad es un factor limitante. El psicólogo Carlos Soto señala que a mayor edad, menor es la posibilidad de encontrar padres interesados.
Para que un menor sea declarado candidato a la adopción, un Tribunal de Familia debe investigar diversas situaciones, como el abandono o la inhabilidad parental. La falta de coordinación y la lentitud en los informes de los hogares del Sename retrasan el proceso.
La jueza Luz María Barceló explica que la demora en los informes de los hogares del Sename, que pueden tardar hasta seis meses, duplica el tiempo legalmente establecido. La inhabilidad parental es el factor más difícil de probar y el que más extiende el proceso, que puede durar 16 meses en promedio.
El Tribunal de Familia de Santiago ha declarado adoptables a seis menores, ninguno de los cuales supera los ocho años de edad, lo que confirma que el sistema prioriza a los más pequeños.
Convivencia con Infractores y Rutas Poco Claras en el Sistema
Los menores que nunca fueron adoptados ni declarados susceptibles de adopción conviven con menores que cometen delitos, especialmente en la Región Metropolitana. Los niños vulnerados en sus derechos que no son adoptados y que han delinquido terminan en los Centros de Reparación Especializada (CREAD).
Los niños que infringen la ley y tienen menos de 14 años van a parar a los CREAD, pero lo más grave es que adolescentes mayores de 14 años con delitos previos son derivados a protección y llegan a los CREAD con conductas de reclusión.
La falta de claridad en las rutas que siguen los niños dentro del sistema contribuye a esta convivencia. Los informes de fiscalización del Sename en 2014 y 2015 señalaron la carencia de mapas de procesos y la falta de registro sistemático de los niños en ADOPSEN (base de datos de la Unidad de Adopción).
La Persistencia de la Violencia y el Daño de la Institucionalización
La violencia dentro de los centros del Sename ha sido documentada, con menores portando armas y formando jerarquías violentas. Los "perkins" son los jóvenes más vulnerables, que sufren abusos, incluso sexuales, por parte de los líderes.
La experiencia de Matías Orellana, quien vivió 12 años en una residencia del Sename, destaca las marcas de la institucionalización y la falta de preparación para la vida independiente. El Programa de Preparación para la Vida Independiente, que comienza a los 15 años, es criticado por su superficialidad.
La psicóloga Lorena Bustamante explica que a mayor tiempo institucionalizado, mayor es el daño y la dificultad para generar vínculos familiares. El daño es directamente proporcional al tiempo que los menores permanecen en el sistema de protección.
El Legado del Sename: Muertes, Negligencias y Trastornos Mentales
Entre 2005 y 2016, murieron 1.313 personas mientras se encontraban en algún programa del Sename. El organismo, creado en 1979, ha estado en la mira debido a numerosas negligencias, que se esperan mitigar con la implementación del nuevo Servicio Mejor Niñez.
En 2017, se identificaron vulneraciones de todo tipo, principalmente centradas en una falta de atención generalizada, descuidos básicos como controles médicos o educación. El 69.1% de los menores bajo protección presentaba al menos un trastorno de salud mental.
Existe un problema de género, con más niñas en el sistema residencial que niños. Los casos de abuso sexual dentro de los centros son una realidad, tanto por parte de los NNA como del personal.
La Ley 21.302, publicada en 2021, crea el "Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia", reemplazando al Sename. Sin embargo, la creación del Servicio Mejor Niñez es una declaración de intenciones que no asegura cambios sustanciales si no se abordan las causas profundas de la crisis.