El Servicio Nacional de Menores (SENAME) de Chile ha sido objeto de escrutinio y críticas debido a las graves deficiencias en la protección y cuidado de niños, niñas y adolescentes vulnerables bajo su tutela. Diversos informes y testimonios han revelado un sistema en "estado terminal", con cifras poco confiables, falta de protocolos, sobremedicación y vulneraciones sistemáticas de derechos.
El documental "Bajo Custodia"
El documental chileno “Bajo Custodia”, coproducido por el Observatorio de la Fundación Para La Confianza y la productora Pimiento Films, ha sido nominado en tres categorías por los premios “World Class Film Awards”. La película fue realizada por Sofía Aliaga Bustos y Byron Oróstica Ramírez. El documental fue exhibido en 2022 en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, y en 2023 fue nominado por los “World Class Film Awards” en las categorías de Mejor Guión, Mejor Corto Documental y Mejor Director (Filmmaker Globe Award).
Sinopsis y realizadores
“Bajo Custodia” cuenta la historia de Luis Maicol y Edison, quienes comparten una triste similitud: ambos pasaron por el Servicio Nacional de Menores (SENAME). Los dos vienen de familias pobres, marcadas por las carencias y el abandono por parte del Estado de Chile. Sus historias tienen mucho en común pero suceden en lugares, épocas y contextos distintos. Sumado a la opinión de activistas y profesionales relacionados con la protección de los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en Chile, el documental intenta aproximarse a esta dura realidad a través de los testimonios de quienes generalmente quedan relegados al silencio o al olvido.
Los realizadores son Sofía Aliaga Bustos y Byron Oróstica Ramírez. Byron Oróstica Ramírez actualmente se desempeña como trabajador del archivo audiovisual del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, en el área de Colecciones e Investigación.
Recepción y propósito
La película, que cuenta con un elenco liderado por Iván Cáceres, César Herrera, Paulina García, Andrew Bargsted, Julia Lübbert y Sebastián Ayala, narra la historia de Ángel y Franco, dos hermanos que llevan un año recluidos en una cárcel juvenil. Allí, ambos anhelan su libertad, sufren por una madre ausente y luchan por mantenerse lúcidos en un sistema que los relega al olvido.
La realizadora Sofía Aliaga Bustos, al presentar la película “Mala Junta” a jóvenes en los centros, comenzó a recopilar testimonios. Su interés en personajes "prejuiciados" y su propia identidad mapuche, la llevaron a encontrar similitudes con el trato hacia la juventud del SENAME. Ella resalta que el documental busca ser más que una denuncia, un reflejo de lo que significa emocionalmente estar en un centro de reclusión, alejado de la familia, sin noción del tiempo y con libertades coartadas.
La película busca dar cuenta de la mucha desinformación respecto del Sename, presentando protagonistas con quienes uno empatiza fácilmente, gracias a la investigación de campo.
Trailer documental "Bajo Custodia"
Un sistema en "estado terminal": testimonios y denuncias
El caso de Guillermina
El caso de Guillermina, de 16 años, quien llegó a las 04:19 de la mañana "a medio vestir" y con dinero al Centro de Protección Alborada del Servicio Nacional de Menores, es un ejemplo de las fallas del sistema. Según la querella por cuasi delito de homicidio presentada por su familia, Guillermina se resistió violentamente al reingreso. Menos de media hora después, la encontraron colgada con sus propios cordones. No era la primera vez que intentaba suicidarse.
Contrario a todo protocolo internacional de manejo de menores vulnerables, Guillermina no fue llevada a un hospital para cerciorarse qué tipo de sustancia la tenía en ese estado y estabilizarla. Tampoco para hacerle un chequeo completo luego de que llegara a medio vestir. La única lesión constatada en un papel suelto de la policía, según el abogado querellante Oliver Pérez, fue una herida en su rodilla.
La querella no prosperó y la muerte de Guillermina, en agosto de 2012, quedó registrada como un número más de la larga lista de lo que el organismo encargado de proteger los derechos de los menores vulnerables en Chile llama "egresos" de su sistema. Así, el término de la vida de uno de estos niños es equiparable a su escape de uno de los centros donde vive o a la reinserción con su familia.
El caos estadístico y la falta de transparencia
Según María Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, el sistema está en "estado terminal". Lo único claro respecto del número de menores vulnerables muertos cada año bajo la tutela del Estado es que no se sabe. Según un informe del Ministerio de Justicia, 185 menores murieron entre 2005 y mayo de 2016. Sin embargo, un reporte de Unicef reveló que el número de fallecimientos durante 2010 era cinco veces el reportado por el informe.
El gobierno chileno aclaró que la cifra solo incluye a los menores del área "protección". El sistema chileno se divide en dos grandes áreas: "protección", que vela por los derechos de menores vulnerados cuyas familias no están capacitadas para hacerse cargo, y una segunda parte que se encarga de recibir a niños infractores de la ley. BBC Mundo analizó los anuarios oficiales del Sename de 2010 a 2014 y el resultado arroja 318 fallecimientos, los que, sumados a los 77 correspondientes a ese período de la lista entregada por Justicia, darían un total de 395.
Sin embargo, el número oficial no parece confiable ni siquiera para quienes lo publicaron. Francisco Estrada, abogado experto en infancia y exdirector del Sename, asegura que "no tengo ninguna confianza en las cifras. Es posible que esté replicada la información. Por ejemplo, si un niño ingresó a distintos programas y murió, su muerte será contabilizada como egreso en todos ellos". El diputado René Saffirio, miembro de la comisión investigadora del Sename en el Congreso, afirma que "el Estado de Chile no cumple con sus compromisos internacionales en materia de infancia, ni siquiera sabe cuántos niños hay en sus establecimientos y mucho menos cuántos de ellos han fallecido y cuáles son sus causales".
El factor "Lissette" y la sobremedicación
Actualmente existen más de 8.000 niños que han sido separados de sus familias y están internados en centros del Sename. Según información del Servicio Médico Legal, las causas de muerte determinadas por algunas autopsias son variadas, pero sorprenden por su grado de violencia: lactantes o preescolares ahogados con sus propios fluidos, un menor muerto por un golpe en la cabeza por caer de altura, homicidios y suicidios por ahorcamiento.
En la lista hay una causa "indeterminada" de muerte que fue precisamente la que detonó la crisis por los fallecimientos: la de Lissette. De sus 11 años, Lissette pasó más de la mitad entrando y saliendo de centros dependientes del Sename. En el centro donde estaba internada, era conocida por sus episodios de rabia, sus "pataletas" y una fuerza que ni cinco "tías" (cuidadoras) podían contener. El lunes 11 de abril, pasadas las 20 horas, Lissette sufrió una crisis grave, se golpeó la cabeza y murió. Ni ella ni su compañera que estaban a cargo de las 20 niñas de esa casa tenían conocimientos en primeros auxilios, tampoco estudios superiores o técnicos. Para cuando se dieron cuenta de que estaban frente a una crisis grave, intentaron reanimarla, pero Lissette ya estaba muerta. Nuevamente, no se aplicó ningún protocolo acorde con los parámetros internacionales.
El psiquiatra Rodrigo Paz, parte de la querella por la muerte de Lissette, asegura que "mi impresión clínica es que Lissette estaba sobremedicada". Le estaban suministrando un fármaco (benzodiazepina) que en dosis bajas sirve como estabilizador del ánimo, pero que en la cantidad que se le daba a Lissette actúa como antipsicótico. Además, la menor estuvo "expuesta a antidepresivos por años", a pesar de que, a excepción de la fluoxetina, no está demostrado que hagan efecto en niños. Por el contrario, otro de los fármacos que tomaba Lissette, la sertralina, puede tener un efecto adverso en menores, volviéndolos "más agresivos, impulsivos e irritables".
Francisco Estrada asegura que la "poca prolijidad" con la que se manipulan este tipo de medicamentos en los centros es "generalizada". El stock está en cualquier parte, cualquiera lo manipula. Y hay problemas graves con la dosificación. El senador Alejandro Navarro afirmó que "el 63% de los niños están con tratamiento farmacológico y más de 3.000 niños están sin la debida atención medica de personal especializado".
Informes y recomendaciones de la PDI y otros organismos
El informe de la PDI de 2017
El Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños que están bajo su tutela. Esa es la conclusión de un lapidario informe de la PDI que en 2017 investigó 240 hogares de menores. En el 100% de los centros que administra el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares se constataron 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual. Tan grave como lo anterior es que el informe policial fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, pero no se hizo público.
El mismo documento de la PDI indica que en el 100% de los centros que dependen directamente del Sename se han cometido “de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes”. CIPER accedió a ese informe de 257 páginas. El documento es un resumen de la extensa investigación -contenida en 28 tomos- realizada por un equipo de la PDI a petición del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien investiga las 1.313 muertes en centros del Sename (entre 2005 y 2016) reportadas tras el deceso de Lissette.
El diputado Rene Saffirio, quien reveló la existencia del informe el 2 de julio, dijo a CIPER que es muy difícil que entre las autoridades informadas por la PDI no se encuentre el ministro de Justicia, Hernán Larraín, a quien le pidió la renuncia ante la gravedad de los hechos. A juicio del parlamentario, es muy grave que ni la Fiscalía ni el gobierno hayan dado a conocer este documento en diciembre del año pasado, cuando estuvo listo.
El reporte de la PDI es mucho más completo que el de la ONU, que visitó solo cuatro residencias. El de la policía consideró 240, de un total de 241 que hay en todo el país. Por lo tanto, da cuenta de los cerca de 6.500 niños que el Sename tiene en el sistema de residencias. Por ello, es especialmente grave que la PDI haya constatado que la violación de derechos sistemática se ha cometido en el 100% de los hogares administrados directamente por el Sename. Varias instituciones deben responder públicamente por este desastre. No solo el Sename, sino también el Poder Judicial, que queda especialmente en entredicho. Los jueces de familia tienen que visitar los centros dos veces al año. ¿Nunca encontraron estas vulneraciones sistemáticas? ¿Han ordenado que esas vulneraciones cesen, se solucionen, se investiguen?
Cadena de informes y las violaciones de derechos
El documento de la PDI es el último eslabón de una cadena siniestra de reportes elaborados por media docena de instituciones a lo largo de los últimos siete años. En esa cadena destaca el Informe Jeldres, una investigación del Poder Judicial y la Unicef que encabezó la jueza de familia Mónica Jeldres. La brutalidad de los hallazgos expuestos por el informe Jeldres dieron pie a una media docena de investigaciones: dos comisiones de diputados, una Misión de Observación del Sename en 2017 y varios informes de la Contraloría. A ellos se suman el reporte de la ONU y ahora el de la PDI.
Tras cada informe, la autoridad ha anunciado medidas, sanciones y reformas. La muerte de Lissette Villa provocó que el país se fuera enterando por goteo de otras historias similares al interior del Sename. La dificultad de las autoridades del segundo gobierno de Michelle Bachelet, especialmente de su ministra de Justicia, Javiera Blanco, para entregar una cifra precisa de cuántos niños habían fallecido en los hogares, motivó que la Fiscalía iniciara una investigación penal.
A cargo de esa indagatoria quedó el fiscal Marcos Emilfork, quien comenzó a trabajar con un equipo especial de la PDI. A esos policías se los mandató con dedicación exclusiva para indagar sobre las 1.313 muertes ocurridas en los últimos 12 años.
Trailer documental "Bajo Custodia"
Tipos de vulneraciones y condiciones de los centros
Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos contra los niños constatados por la PDI se desglosan en:
- 432 maltratos por parte de adultos.
- 1.265 maltratos entre pares.
- 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos.
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos.
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores.
En junio de 2018 la Fiscalía ordenó a la Fuerza de Tarea Sename (como se denomina el equipo de la PDI) que confeccionara un informe con el resumen de todos sus hallazgos. Había casos que debían ser atendidos con urgencia, como los 40 menores que presentaban “alta complejidad médica” y “posible riesgo vital”. Esta apremiante nómina fue informada en mayo de 2018 al Ministerio de Justicia, al Sename y al Ministerio de Salud, “para que se adoptaran todas las medidas posibles para salvaguardar la integridad de los residentes en riesgo vital”.
El equipo de la PDI también constató que en al menos 88 residencias se denunciaron menos abusos de los que efectivamente se habían producido. La mayoría de los directores de los centros informaron a la PDI que no contaban con información anterior a 2017 sobre vulneraciones graves de derechos contra los niños a su cargo. Por eso, los datos que se pudieron levantar son casi exclusivamente de 2017.
El documento detalla que buena parte de los maltratos hechos por adultos se produjeron en los Centros de Internación Provisoria (CIP) y los Centros de Internación en Régimen Cerrado (CRC), que son los lugares donde van los adolescentes procesados por la justicia. En los Cread (Centro de Reparación Especializada de Administración Directa, que pertenecen al área de protección), hubo 105 maltratos de adultos hacia menores. Y en los hogares de organismos colaboradores que atienden a adolescentes se produjeron otros 137 casos similares.
En el 50% de los hogares se constataron abusos sexuales. En total, se contabilizaron 310 abusos con connotación sexual. De ellos, 123 fueron cometidos por adultos (92 en hogares gestionados por organismos colaboradores, 21 en los Cread administrados por el Sename y 10 en otros centros). También se constataron 187 abusos sexuales cometidos por otros menores, la mayor parte de ellos en residencias de organismos colaboradores para adolescentes (62% del total).
El informe policial es categórico: “Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros”. Un 62,9% de los hogares (151) presentaban casos de “deserciones del sistema”. Si se excluyen las residencias para lactantes y discapacitados, la cifra crece hasta un 76,2%.
Incumplimiento de protocolos y fiscalización deficiente
El Sename ha fijado protocolos prioritarios para el funcionamiento de los centros, nociones básicas para asegurar que los niños tengan un piso mínimo de resguardo a su integridad. El equipo policial estableció que “el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename”.
Los resultados son aterradores:
- El 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas.
- Un 76,7% de los hogares no cuenta con protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”. Esto, a pesar de que la muerte de Lissette Villa, que gatilló la investigación judicial, fue justamente por errores en la contención de una crisis de la menor.
La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor, como ocurrió con Lissette. El Sename, dependiente del Ministerio de Justicia, debe fiscalizar que estos protocolos existan y se cumplan. Sin embargo, la policía determinó que aunque el 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica por parte del Sename, “en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa.
Los centros del Sename también deben ser fiscalizados por los tribunales de familia al menos cada seis meses. Sin embargo, la PDI confirmó que dos hogares solo recibieron visitas anuales.
Salud mental y condiciones estructurales
La cifra de menores a cargo del Sename que padecen alguna enfermedad psiquiátrica, según el reporte de la PDI, es altísima: 37,3% de los residentes. Más allá de los problemas de salud mental, un 14,2% de los residentes presenta alguna patología médica. El 13,9% sufre una enfermedad crónica. El 0,4% está en estado terminal o en evidente riesgo vital. Otro 19,8% presenta algún tipo de discapacidad.
El desglose de esa afirmación sorprende: 42 centros no tienen un encargado de salud. Y de entre los 198 centros que sí cuentan con uno, la función es ejercida por funcionarios que no cumplen el perfil necesario. En 55 centros que sí cuentan con un responsable, la labor la realiza un técnico de un área distinta a la salud. Lo mismo ocurre con los funcionarios a cargo de suministrar los medicamentos. En 159 centros (el 66,3% del total) “la persona encargada de la administración de los fármacos en jornada diurna es un educador de trato directo sin la formación profesional ni técnica en el área de la salud”. Un educador es un funcionario al que solo se le exige cuarto medio rendido para ser contratado.
Una investigación de CIPER de 2016 constató cómo los fármacos se suministran sin ningún control a los niños y adolescentes del Sename, muchas veces como paliativo para contenerlos. Esta dramática situación se acrecienta, si se considera que el 93,8% de los centros del Sename “no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos”.
Una búsqueda de soluciones y el rol de la comunidad
Pilares para una solución definitiva
Según el análisis de Francisco Estrada, una solución definitiva para el problema del Sename se basa en tres pilares:
- Apoyo y seguimiento psiquiátrico adecuado: "Necesitamos unidades polivalentes, con niños adecuadamente medicados, con personal dedicado que también trabaje con las familias y no que las aísle". "Chile tiene la tasa de suicidio adolescente más alta de la región [América Latina] y no tiene camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil", asegura Estrada.
- Reinserción familiar como objetivo final: "Los niños son internados por pobreza. Vienen de padres que en su infancia también fueron maltratados y la solución no es quitárselos, sino que romper el círculo. Entregarles herramientas, acompañarlos". Sin embargo, Estrada plantea que quienes toman las decisiones "muchas veces tienen muy baja formación, en un caso complejo no saben qué hacer y la decisión más fácil es internar al niño".
- Defensa jurídica adecuada para los niños: Es necesario que los niños cuenten con una defensa jurídica adecuada "que vele porque todos los actores del proceso hagan su trabajo". Actualmente, existe una diferencia sustancial entre los menores "infractores de ley", que cuentan con "muy buenos defensores", y aquellos que llegan a los tribunales de familia vulnerados, para ser protegidos por el sistema, quienes son atendidos por abogados con poca experiencia y el caso es tratado como un trámite burocrático.
A mediano plazo, el Consejo para la Infancia pretende cerrar el Sename y realizar una transición a un nuevo servicio, que Ortiz espera "dejar instalado" en este gobierno, es decir, antes de 2019. El problema es que los niños no pueden esperar.
La perspectiva mapuche y el arte como resistencia
La realizadora Sofía Aliaga Bustos también aborda la situación de los jóvenes mapuches en estos centros. No tiene el porcentaje exacto, pero resalta que, "sobre todo en las regiones de La Araucanía y de Los Ríos el número era muy alto". Aliaga Bustos, como mapuche, se siente con la responsabilidad de abordar lo que está pasando en Wallmapu desde la mirada de la infancia y lo que eso puede significar en nuestro país. El arte es sumamente importante como espacio de resistencia, especialmente, el cine, por la difusión de distintos mensajes que no tienen cabida en otros espacios.
Su próximo proyecto en desarrollo se llama "Mapurbe", que es un término que acuñó el poeta David Aniñir para representar a aquellos que, a pesar de ser mapuche, son diáspora y no crecieron en su comunidad, sino que les tocó vivir en la capital. Es una historia centrada en los años 90, inspirada en el 12 de octubre de 1992, cuando se desarrollaba la resistencia indígena en Chile, liderada en gran parte por mujeres mapuches.
Llamado a la acción y dignificación
La Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, conversó con Rock & Pop sobre las críticas al Sename, señalando que existe una dinámica dañina en torno a lo que ocurre con estos casos de violencia. Además, hizo un llamado a dejar de referirse a estos niños y adolescentes como "del Sename", y utilizar en su lugar "niños que están en residencias", buscando dignificarlos, porque "son tan importantes como los niños de cualquier persona".
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