La situación de los niños, niñas y adolescentes bajo la tutela del Estado de Chile, específicamente en el Servicio Nacional de Menores (Sename), ha sido objeto de una profunda y alarmante crisis. Diversos informes y denuncias han puesto en evidencia la violación sistemática de derechos fundamentales, la negligencia institucional y la presencia de redes de explotación sexual dentro de los centros de protección.
Un Lapidario Informe de la PDI Revela la Profundidad de la Crisis
En 2017, una extensa investigación de la PDI (Policía de Investigaciones) sobre 240 hogares de menores arrojó conclusiones devastadoras. El informe, de 257 páginas, elaborado a petición del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien investiga las 1.313 muertes en centros del Sename entre 2005 y 2016 (reportadas tras el deceso de Lissette Villa en abril de 2016), constató una realidad crítica.
Hallazgos Alarmantes del Informe Policial
- En el 100% de los centros que administra directamente el Sename se constataron "de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes".
- En el 88% de los centros gestionados por particulares también se registraron vulneraciones.
- Se documentaron 2.071 abusos, de los cuales 310 tenían connotación sexual.
Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos contra los niños constatados por la PDI se desglosan en:
- 432 maltratos por parte de adultos.
- 1.265 maltratos entre pares.
- 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos.
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos.
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores.
El informe policial fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, pero no se hizo público. Esta omisión fue calificada como "muy grave" por el diputado Rene Saffirio, quien reveló la existencia del documento en julio de 2019, solicitando la renuncia del ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien por su parte descartó haber conocido el informe, afirmando que su Ministerio no lo había recibido.
La PDI visitó 240 de las 241 residencias existentes en el país, lo que da cuenta de la situación de cerca de 6.500 niños en el sistema. Esto contrasta con el reporte de la ONU del año anterior, que visitó solo cuatro residencias, haciendo del informe policial un documento mucho más completo sobre la violencia sistemática en el Sename.
Fallas Sistémicas y Protocolos Ignorados
El informe de la PDI es el último eslabón de una cadena de reportes elaborados por diversas instituciones a lo largo de los últimos siete años, incluyendo el Informe Jeldres (investigación del Poder Judicial y Unicef), comisiones de diputados, una Misión de Observación del Sename en 2017 y varios informes de la Contraloría. Tras cada uno, las autoridades han anunciado medidas y reformas, pero la realidad en los centros persiste.
Incumplimiento de Protocolos y Deficiencias en la Gestión
El equipo policial estableció que el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename, que son nociones básicas para asegurar la integridad de los niños. Los resultados son aterradores:
- El 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas.
- Un 76,7% de los hogares no cuenta con protocolo para "sujeción y contención física frente a desajustes conductuales", a pesar de que la muerte de Lissette Villa fue causada por errores en la contención de una crisis de la menor.
- La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor.
El Sename, dependiente del Ministerio de Justicia, debe fiscalizar la existencia y cumplimiento de estos protocolos. La policía determinó que, aunque el 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica por parte del Sename, "en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa". Además, los tribunales de familia, que deben fiscalizar los centros al menos cada seis meses, en algunos casos solo realizaron visitas anuales, lo que pone en entredicho el rol del Poder Judicial.
Salud Mental y Física sin el Respaldo Adecuado
La situación de salud de los residentes es crítica: el 37,3% padece alguna enfermedad psiquiátrica, el 14,2% presenta alguna patología médica, el 13,9% sufre una enfermedad crónica y el 0,4% está en estado terminal o en evidente riesgo vital. Un 19,8% presenta algún tipo de discapacidad.
A pesar de estas cifras, 42 centros no tienen un encargado de salud. En 55 centros, esta labor la realiza un técnico de un área distinta a la salud. Más preocupante aún, en 159 centros (el 66,3% del total), "la persona encargada de la administración de los fármacos en jornada diurna es un educador de trato directo sin la formación profesional ni técnica en el área de la salud". Un educador es un funcionario al que solo se le exige cuarto medio para ser contratado, lo que genera una dramática situación en la que los fármacos se suministran sin ningún control, muchas veces como paliativo para contener a los niños.
Esta situación se agrava al considerar que el 93,8% de los centros del Sename "no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos".
Casos de Abuso y Explotación Sexual: Involucrando a Educadores y Redes Criminales
El informe policial es categórico: "Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros".
Denuncias y Formalizaciones Involucrando a Educadores
Recientemente, el Ministerio Público formalizó a una educadora de la residencia del Sename Nido, en Hualpén, región del Biobío. Los menores, en su relato, indican que fueron agredidos sexualmente por adultos que ingresaban al recinto para realizar dicha actividad y que pagaban por ello. Las primeras denuncias se hicieron en 2017, pero la Fiscalía las archivó. A pesar de la evidencia de "comportamientos hipererotizados", inicialmente se aseguró no haber detectado la intervención de terceros.
Otro caso implicó a una educadora de 38 años del hogar Carlos Macera de Talcahuano, contra quien se interpusieron dos querellas (una por estupro de la Defensoría de la Niñez y otra por abuso sexual del Sename) por abusar y mantener relaciones sexuales con un adolescente de 16 años. Se reveló que la mujer estaba embarazada. La fundación a cargo de la residencia informó que "otros integrantes del equipo de la residencia estaban al tanto de lo que había ocurrido, pero no lo habían comunicado ni denunciado", lo que llevó al Sename a solicitar el cambio de la mayor parte de dicho equipo.
Sename alerta por cifras de abuso sexual y maltrato a menores
Redes de Explotación Sexual Comercial en Residencias
Un estudio del Hogar de Cristo, "Ser Niña en una Residencia de Protección en Chile", y una investigación de revista Sábado de El Mercurio, han revelado cómo operan redes de explotación sexual que acosan a adolescentes bajo protección estatal. Utilizando "falso cariño y drogas", estas redes integran a las menores a su nefasto negocio.
El Caso de la Residencia Anita Cruchaga (Viña del Mar/Quilpué)
Paula, una ex-trabajadora social de la residencia Anita Cruchaga del Hogar de Cristo (colaboradora del Sename), relató cómo un joven de 25 años, identificado como "S", contactaba y acechaba a las adolescentes. "S" no actuaba solo, sino que era el nexo entre las adolescentes y seis adultos que las invitaban a fiestas con alcohol y drogas, a las que asistían hombres mayores de 50 años. Las adolescentes, muchas con historiales de abandono y violencia, volvían de las fiestas "en mal estado, muchas veces dopadas", llegando a la dependencia. A pesar de los esfuerzos del equipo, que incluso invitaba a carabineros a las celebraciones para sensibilizarlos, la lentitud de la investigación y la normalización de las fugas hacían que "S" se sintiera impune.
En un caso específico, una adolescente regresó de una fiesta tres días después de escapar, "muy drogada, estaba ida". Otra niña informó a las educadoras que "S le echó algo en el trago y tuvo relaciones sexuales con ella" sin consentimiento. La situación era frustrante para el equipo, quienes sabían que cada vez que las niñas no regresaban a dormir, estaban siendo explotadas sexualmente, contrayendo incluso infecciones de transmisión sexual.
La explotación sexual comercial en niñas, niños y adolescentes (ESCNNA) es considerada una forma atroz de abuso de poder y una moderna esclavitud. Denisse Araya, directora ejecutiva de la ONG Raíces, explica que "no cualquier niña llega a la ESCNNA. Si lo hizo es porque ha sido vulnerada en todos sus derechos, entonces viene un tipo, le habla bonito, la trata como persona y ella cae".
El Caso de la Residencia Laura Vicuña (Antofagasta)
En Antofagasta, la residencia Laura Vicuña, también del Hogar de Cristo, enfrentaba una situación similar. Nueve niñas solían escaparse y eran llevadas a fiestas con adultos en un campamento. Seis hombres, de entre 27 y 30 años, acechaban a las adolescentes. El contacto lo establecía "M", un joven de 25 años, quien motivaba a "Sofía", de 15 años y diagnosticada con trastorno bipolar, a invitar a sus compañeras a estas fiestas.
Andrea Cox, trabajadora social y jefa de operación social-territorial del Hogar de Cristo en Antofagasta, describe la situación: "Estos tipos eran como un virus, un imán en el hogar. Siempre creaban una estrategia para derribar nuestros obstáculos. En Antofagasta, una residencia de niñas es un blanco fácil para las personas que quieren abusar de ellas".
El Rol del Personal y la Ética Profesional
La crisis del Sename evidencia una institución en la que su misión principal - resguardar los derechos de niños, niñas y adolescentes - se ha desdibujado por una lógica de tercerización y precarización de "servicios", lo que muchas veces profundiza daños y produce mayores brechas de desigualdad vital.
El Colectivo Notros ha reflexionado sobre la dimensión ética, política y moral de esta situación, especialmente al constatar que una profesional, amparada en su título y cargo, pudiese haber ejercido actos que constituyen una violación a los derechos humanos. Consideran urgente que la comunidad profesional y las Escuelas de Psicología y organizaciones gremiales se interroguen sobre estos hechos, y que se incorpore una formación en derechos humanos en los currículums de los profesionales de las ciencias sociales. Esto permitiría "cuestionar y prevenir la reproducción de lógicas abusivas, violentas y cómplices frente a las problemáticas con las que trabajamos".
El saber psicológico, según Ignacio Martín Baró, "debe ponerse al servicio de una sociedad donde el bienestar de los menos, no se asiente sobre el malestar de los más". Parece ser que, como sociedad e instituciones encargadas de la formación de profesionales, se ha postergado, negado e invisibilizado el maltrato grave hacia niños y niñas, un silencio que el Colectivo Notros cree que "no tiene justificación".
Consecuencias y Desafíos
La reparación de una niña en explotación sexual comercial es un proceso que dura, al menos, tres años. Sin embargo, el Sename solo otorga un año para este proceso, aduciendo que es "muy caro". Denisse Araya de la ONG Raíces, asegura que solo seis de cada 10 casos de ESCNNA logran completar el proceso de reparación. Los cuatro casos restantes "no salen adelante y se convierten en facilitadoras de otras adolescentes".
La lentitud de la justicia también es un factor. Un año después de interpuesta una querella contra "S" en Viña del Mar, los trabajadores de la residencia lamentaban la inacción policial: "Siempre llamábamos a Carabineros, pero nunca se llevaban detenido a S. Él se sentía dueño de la residencia, de que nada le iba a pasar".
Las amenazas son una realidad para los menores que denuncian. En junio de 2019, "S" amenazó a Antonia y a otra compañera con un cuchillo y una pistola si las denuncias eran ciertas y ellas aportaban información.
Más que nunca se necesitan profesionales comprometidos con la protección de los derechos humanos y de la infancia, dispuestos a estar al servicio de las necesidades de las comunidades para enfrentar esta grave crisis que sigue afectando a los más vulnerables de la sociedad chilena.
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