La crisis del Servicio Nacional de Menores (SENAME) en Chile ha sido un tema recurrente y doloroso en el debate público, abordado desde diversas disciplinas y perspectivas. Desde el año 2005, se han registrado 1.313 fallecimientos de menores en este contexto, lo que, según especialistas, "parece tratarse de hechos sistemáticos y prolongados en el tiempo". Este dramático panorama ha llevado a políticos y expertos a centrar la atención en las causas de estas muertes, los problemas de atención médica (especialmente psiquiátrica), la deficiente infraestructura y las responsabilidades del Estado.
Una Mirada Histórica a la Vulneración Infantil
La académica del Instituto de Historia UC, Ximena Illanes, y el psicólogo y estudiante de doctorado, Miguel Morales, publicaron una columna en El Mercurio enfatizando la necesidad de otorgar una perspectiva histórica a esta crisis. Ellos señalan que la situación de la infancia vulnerada e institucionalizada es "verdaderos espejos de una sociedad y su historia, no tan solo en Chile, sino que en todo el mundo".
Illanes y Morales enumeran hechos históricos que reflejan la temática de la infancia vulnerable. Por ejemplo, a fines de la Edad Media, diferentes instituciones de asistencia se especializaron en acoger a miles de criaturas abandonadas en los espacios urbanos, como es el caso de la Barcelona del siglo XV. Los historiadores dan cuenta de cómo "pequeñas cartas, ropas y abrigos, medallas partidas por la mitad y señales de identificación, reflejaron un doloroso proceso de separación momentánea o definitiva". Esto dificultaba la creación de lazos afectivos y la integración a la comunidad. Además, "los registros, a su vez, mencionaron historias de maltratos y abusos". A partir de estas investigaciones históricas, los académicos proponen reflexionar sobre la realidad actual del SENAME y el papel que estas instituciones han jugado en las sociedades que las han creado.
Illanes y Morales recalcan que el uso del concepto de abandono en estos casos puede promover "la invisibilización de la precariedad y desigualdad social de los niños, niñas y sus familias, que son usuarios de este sistema". Los investigadores remiten a los dos objetivos de los hospitales bajomedievales que acogieron a menores abandonados:
- Que sobrevivieran a los primeros años de vida, debido a la alta mortandad infantil.
- Proteger los derechos del niño o la restitución de los mismos, ofreciendo una mirada sobre la infancia como parte integrante y partícipe de la construcción de una sociedad.
Frente a este contexto histórico, se preguntan: "¿Cuáles son las estrategias del siglo XXI? ¿En qué ha cambiado la relación de la sociedad con la infancia del ayer y la de nuestro presente?".
Radiografía de una Crisis: Denuncias y Evidencias
La crisis del SENAME no es un fenómeno reciente. Un doctor que trabajó en el Servicio Nacional de Menores en 2006, relató que detectó la falta de programas especializados para niños con patologías psiquiátricas o de familias con graves problemas de salud mental, sin acceso a medicamentos o psicoterapia. En su experiencia, el SENAME funcionaba "como una especie de tiradero de todos los niños pobres de Chile que por su situación de marginalidad social no tienen dónde estar" y "se limita a actuar como una especie de orfanato público, sin ningún interés, ninguna preocupación, ningún cuidado por rehabilitar a la familia, por hacer intervenciones que tengan algún destino".
La falta de programas y atención adecuada tiene consecuencias devastadoras. Cuando un niño con descontrol de impulsos vive en un barrio acomodado, recibe atención especializada. Sin embargo, para los niños del SENAME, esta ausencia de apoyo los lleva a "tener problemas en el colegio o a veces teniendo problemas de drogas".
El Lapidario Informe de la PDI (2017-2018)
Informe de PDI que reveló brutales abusos en el Sename permaneció oculto
Un informe de la Policía de Investigaciones (PDI) de 2017-2018, que investigó 240 hogares de menores, concluyó que "el Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños que están bajo su tutela". Este documento, de 257 páginas, resume una extensa investigación realizada a petición del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien indaga las 1.313 muertes en centros del SENAME entre 2005 y 2016, reportadas tras el deceso de Lissette Villa en abril de 2016.
Los hallazgos de la PDI fueron contundentes:
- En el 100% de los centros administrados directamente por el SENAME y en el 88% de los gestionados por particulares se constataron 2.071 vulneraciones graves de derechos.
- De estas, 310 tenían connotación sexual.
- Los 2.071 casos de vulneraciones se desglosan en:
- 432 maltratos por parte de adultos.
- 1.265 maltratos entre pares.
- 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos.
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos.
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores.
- El informe policial es categórico al afirmar que "estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros".
- Un 62,9% de los hogares (151) presentaban casos de "deserciones del sistema". Excluyendo residencias para lactantes y discapacitados, la cifra asciende a 76,2%.
El diputado René Saffirio, quien reveló la existencia de este informe, criticó que ni la Fiscalía ni el gobierno lo hicieran público en diciembre de 2018, cuando estuvo listo. La gravedad del informe reside en que constata una violencia sistemática, tal como ya lo había señalado un documento de la ONU el año anterior, pero con una cobertura mucho más amplia.
Deficiencias en Salud y Educación
El reporte de la PDI también arrojó cifras alarmantes sobre la salud mental y física de los menores:
- El 37,3% de los residentes padece alguna enfermedad psiquiátrica.
- Un 14,2% presenta alguna patología médica, y el 13,9% sufre una enfermedad crónica.
- El 0,4% está en estado terminal o en evidente riesgo vital.
- Otro 19,8% presenta algún tipo de discapacidad.
Sorprendentemente, 42 centros no tienen un encargado de salud, y en los 198 que sí lo tienen, la función es ejercida por personal sin el perfil necesario, a menudo técnicos de áreas distintas a la salud. Más grave aún, en 159 centros (66,3%), "la persona encargada de la administración de los fármacos en jornada diurna es un educador de trato directo sin la formación profesional ni técnica en el área de la salud", un funcionario al que solo se le exige cuarto medio rendido para ser contratado. Esto agrava la dramática situación de la administración de fármacos sin control, a menudo usada como paliativo para contener a los niños.
En cuanto a la educación, un proceso fundamental, hay 1.187 niños en residencias del Servicio que no se encuentran inscritos en ningún establecimiento educacional.
Incumplimiento de Protocolos y Fiscalización
El informe policial estableció que "el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el SENAME". Los resultados son "aterradores":
- El 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas.
- Un 76,7% de los hogares no cuenta con protocolo para "sujeción y contención física frente a desajustes conductuales", a pesar de que la muerte de Lissette Villa fue precisamente por errores en la contención de una crisis.
- La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor.
Aunque el 98,3% de los centros recibe fiscalización periódica, "en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa". Además, los tribunales de familia, que deben visitar los centros al menos cada seis meses, en algunos casos solo lo hacen anualmente.
Responsabilidades y Obstáculos Políticos
Omisión Estatal y Neoliberalismo
Existe una "responsabilidad estatal" en la crisis del SENAME, que va más allá de la gestión de un gobierno en particular. El doctor entrevistado señala que el Ministerio de Salud no tiene interés en hacerse cargo de los problemas de salud mental que afectan a la mayoría de los niños del SENAME y sus familias, priorizando la economía de recursos sobre la salud de una población "invisibilizada". La ciudadanía, según el doctor, a menudo cree que estos niños "son basura, que no tienen vuelta, que sus problemas conductuales son resultado de la mala educación o incluso porque hay un racismo encubierto".
Se argumenta que los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia (ahora Nueva Mayoría) sabían de esta situación desde hace mucho tiempo y no actuaron, pues su política "ha sido el neoliberalismo, básicamente que el Estado se reduzca cada vez a su más mínima expresión". De hecho, "los grandes impulsores de la privatización del SENAME fueron los gobiernos de la Concertación".
Comisiones Investigadoras y Silenciamiento
La Cámara de Diputados aprobó dos Comisiones Investigadoras. Una de ellas, calificada como "trucha", fue creada de manera apresurada con un plazo de apenas 40 días para investigar. La otra, con 180 días de plazo, tiene como objetivo principal "establecer por qué y cómo en noviembre del año pasado un juez de la República, un magistrado de la Corte Suprema, el señor Héctor Carreño, tuvo en su poder denuncias que dejaban clarísimo que había niños en el Servicio Nacional de Menores que estaban siendo víctimas de abuso sexual, que había una red de explotación sexual funcionando en Arica, que había niños que estaban siendo medicados sin supervisión médica y terminaban intoxicados en Aysén, que había niños internados sin que hubiera ningún plan de tratamiento o reinserción, nada".
Según la denuncia, el señor Carreño, al recibir esta información, indicó que "debía ser silenciada, que hay que guardarla y no hacer nada". Solo después de que Ciper Chile accedió a los informes y los hizo públicos, se nombró a un fiscal para investigar. Se señaló que algunos diputados se habrían "coludido" para boicotear la comisión con un mandato claro de establecer por qué "niños chilenos, habiendo denuncias claras de hechos criminales, no recibieron justicia a tiempo".
Intereses Cruzados y Lucro
Se denuncia que "hay mucha gente de la Concertación que le presta servicios al SENAME". Por ejemplo, María Angélica Marín, encargada de protección del SENAME por años, está vinculada a la Democracia Cristiana. También se menciona a personas de la Democracia Cristiana y el PPD en Unicef Chile, y gente del PPD, PS y DC en corporaciones como Opción y ACHNU. Estas instituciones, a pesar de conocer las irregularidades, habrían "lucrado con programas que no sirven para nada, con dinero que reciben del SENAME para hacer intervenciones que no tienen ningún destino". Unicef Chile, que recibe financiamiento de Naciones Unidas, también tendría responsabilidad por no haber hecho presentes las denuncias, a pesar de que la legislación chilena obliga a cualquier funcionario público o adulto a denunciar delitos contra niños.
El Problema del Racismo y Clasismo en la Justicia
Un aspecto crítico es el racismo y clasismo en el sistema judicial. Se afirma que "los jueces de familia, la mayoría de ellos ven a estos niños como mestizos, morenos, flaites. No como sujetos de derecho". Se argumenta que, si un niño de un barrio acomodado fuera víctima de una situación similar, "ahí sí que la justicia opera". Esta discriminación explicaría por qué los jueces de familia envían a los niños a "hogares indecentes sabiendo lo que significa" y "nunca más vuelven a preguntar qué pasó con ellos, porque para la mayoría de los jueces estos niños son la basura de la sociedad y, si no lo piensan, al menos los tratan como si lo fueran".
"Mejor Niñez": Una Nueva Esperanza con Viejos Desafíos
El 5 de enero de 2021, se publicó en el Diario Oficial la Ley 21.302, que crea el “Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y modifica normas legales que indica”, conocido como Mejor Niñez, en reemplazo del SENAME. El objetivo era saldar "deudas vergonzosas del Estado de Chile en materia de protección infantil".
Sin embargo, a dos años de su implementación en octubre de 2021, la puesta en marcha del nuevo Servicio ha adolecido de imperfecciones y errores. Varios de los problemas que caracterizaron al antiguo SENAME no solo no se han superado, sino que en algunas áreas "son aún más graves".
- Los problemas en las licitaciones de proyectos de "Mejor Niñez" han sido tan serios que justificaron la creación de una comisión especial investigadora en el Congreso.
- El número de supervisiones realizadas es bajo debido a los déficits en la contratación de personal.
- La instalación de nuevas residencias ha presentado dificultades, incluso obligando al cierre de más de alguna.
Las causas de estos problemas son diversas:
- Aspectos legislativos, como aprobar la ley del Servicio antes de la Ley de Garantías, o fijar un periodo de vacancia muy acotado.
- Decisión de contar con un equipo implementador pequeño (apenas seis personas), varias sin experiencia previa en el sistema proteccional.
La directora actual de Mejor Niñez ha reconocido ante la comisión investigadora los "nudos críticos" del Servicio. Se espera que una reflexión crítica sobre los primeros años de implementación permita enmendar el rumbo, lo cual "requerirá esfuerzos significativos y transversales, no solamente de 'Mejor Niñez' sino también de todo el Estado y la sociedad en su conjunto".
Propuestas y Soluciones desde Diversas Perspectivas
La Necesidad de una Nueva Institucionalidad
La presidenta de la Asociación de Funcionarios, Alicia del Basto, y el experto en políticas públicas, Jorge Araya, coinciden en la necesidad de dividir el servicio. Araya sugiere instaurar una institución para quienes son vulnerados en sus derechos y otra para quienes cometen delitos, tal como propone uno de los proyectos de ley. Sin embargo, Araya advierte que una reforma de esta envergadura requeriría una cantidad "muy superior al existente para el SENAME", lo que se ha convertido en una "causa no confesada que ha entrampado su avance".
Informe de PDI que reveló brutales abusos en el Sename permaneció oculto
Alicia del Basto enfatizó que la infraestructura actual de los centros no es adecuada para la integración social, asemejándose más a prisiones que a escuelas de formación. Explicó que los centros están sobrepoblados y presentan déficit de personal administrativo, profesional y médico, lo que genera hacinamiento. Propone la creación de más centros de administración directa y de acogida en cada región para evitar complejos traslados.
Atención Especializada en Salud Mental
El líder de Anfur, Rubén Munizaga, explicó que "no tenemos capacidad de atender a niños con trastornos psiquiátricos, sin embargo, la mayoría de los menores que tenemos tienen alguna patología asociada". Lamentablemente, "el Ministerio de Salud no se hace cargo de esto". El hacinamiento contribuye a que niños sin trastornos psiquiátricos terminen desarrollándolos al convivir con aquellos que sí están enfermos. Munizaga señala que el 70% de los niños requieren psicofármacos y un 10% internación.
Walter Arancibia, presidente de Antrase, criticó que los Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread), creados para niños altamente complejos, reciben a muchos que no cumplen con ese perfil, enviados por los Juzgados de Familia. Esto impide que los Cread cumplan su función específica. Indica que, de 190 mil niños que ingresaron al sistema de protección en 2014, poco más de 3 mil fueron derivados a estos centros, y ni siquiera la mitad debía ingresar a un Cread. La realidad es que hay dos educadores por casa con un promedio de 30 niños, y un solo profesional para esa proporción es insuficiente para realizar intervenciones adecuadas. Cada niño debería tener al menos dos sesiones semanales.
Fomentar Vínculos y Cambiar la Visión de la Infancia
Más allá de las investigaciones concretas, los académicos Ximena Illanes y Miguel Morales sugieren que las estrategias futuras se deberían relacionar con "la conservación de los vínculos existentes, ya sea, haciendo partícipes a sus familias cuando sea posible, o a través del diverso personal que convive diariamente con los niños y niñas". El actual diseño del sistema de visitas dificulta esto, con horarios restringidos, espacios inapropiados y distancias excesivas, lo que hace que la separación sea experimentada como un castigo.
El psicoanalista Mariano Ruperthuz explicó que la relación entre el Estado y las familias vulnerables ha sido históricamente "muy vertical", viendo a los niños "como objetos de intervención y no como protagonistas de intervención". Desde los años 50, el discurso sobre la urgencia de actuar se ha repetido sin que las "variables estructurales de Chile" sean tocadas. Esto, sumado a la concepción de que el individuo es producto de sus esfuerzos o fracasos, "hace muy cuesta arriba salir de la pobreza y esta produce malestar psicológico altamente complejo".
La reparación de los derechos vulnerados no se reduce a suplir carencias afectivas y materiales o sustituir a un adulto o familia deficiente. Requiere de una red de apoyo que incluya a la familia (si es posible), educadores, profesionales, directores de fundaciones y la comunidad en su conjunto. De esta forma, un niño podrá "recuperar la confianza en otro, en particular de un adulto, se sostiene en que pueda ser reconocido como un sujeto más allá de sus antecedentes, de su historial de vulneraciones y del estigma de su historia previa".
Es fundamental cambiar la visión que se tiene de la infancia en Chile. Abordar el maltrato infantil y los abusos institucionales no puede desligarse de una discusión que considere el lugar de los niños y niñas en la sociedad y el contexto en el que se reproduce la violencia. Para que un proyecto considere realmente a los niños como sujetos plenos de derechos, es necesario dejar de infantilizar la infancia y abordar su dimensión política, más allá de la eficiencia o el voluntarismo.