La Discapacidad: Conceptos, Clasificación y Marco Regulatorio

La discapacidad forma parte del ser humano y es consustancial a la experiencia humana, siendo el resultado de la interacción entre diversas afecciones, como la demencia, la ceguera o las lesiones medulares, y una serie de factores ambientales y personales. Se calcula que 1300 millones de personas, es decir, el 16% de la población mundial, sufren actualmente una discapacidad importante.

Grados de Discapacidad

Los grados de discapacidad se refieren a niveles o categorías utilizadas para evaluar y clasificar el grado de limitación funcional que puede experimentar una persona debido a una discapacidad. Estos grados son fundamentales para determinar el nivel de necesidades de apoyo o asistencia que una persona con discapacidad puede requerir en diferentes aspectos de su vida diaria, como la movilidad, la comunicación, el autocuidado, así como la participación en actividades sociales o laborales.

En muchos casos, se emplean porcentajes para describir la intensidad de la discapacidad, donde un mayor porcentaje indica una discapacidad más severa. Por ejemplo, una discapacidad del 25% podría indicar una limitación funcional moderada, mientras que una discapacidad del 75% podría indicar una limitación funcional grave.

La evaluación de los grados de discapacidad generalmente se realiza mediante exámenes médicos, evaluaciones funcionales y la consideración de diversos factores, como la capacidad de movimiento, la visión, la audición, el habla, la cognición y la interacción social. Estos grados pueden utilizarse para acceder a beneficios sociales, derechos legales, servicios de apoyo y asistencia, así como para la planificación de políticas de inclusión y accesibilidad.

Grados de Discapacidad en Chile: Clasificación y Certificación

En Chile, la discapacidad se clasifica en grados de acuerdo con los artículos 4 y 14 de la Ley 20.422 sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad. Esta ley ordena la dictación de un reglamento que establezca la forma de determinar la existencia de la discapacidad, su calificación y certificación.

Dicho reglamento se fija en el Decreto N° 47-22-08-2013 del Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social. Esta norma, en su artículo 10, establece un sistema de calificación de la discapacidad que utiliza porcentajes para determinar el grado de limitación funcional de una persona. La Certificación de Discapacidad busca determinar la situación de discapacidad de la persona que lo solicite con el objetivo de facilitar el acceso a los beneficios del Estado.

Proceso de Solicitud de Certificación de Discapacidad en Chile

Para solicitar la certificación de discapacidad, es necesario recopilar la siguiente documentación y presentarla directamente en la COMPIN o a través de su sitio web:

• Cédula de identidad vigente.
• Informe Biomédico-Funcional: Debe ser completado y firmado por un médico de la Red de Salud, un psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional o kinesiólogo. En este informe deben estar adjuntados los certificados, exámenes e informes médicos que acrediten los diagnósticos. Debe estar en formato PDF.
• Informe Social y de Redes de Apoyo: Debe ser completado y firmado por un asistente o trabajador social de la Red de Salud.

La solicitud de certificación se puede realizar durante todo el año en el sitio web de la COMPIN. Es importante que la persona que solicita la certificación tenga la ClaveÚnica. El padre o la madre también pueden realizar el trámite. Para ello, se debe ingresar el RUN y la ClaveÚnica, y hacer clic en “Continuar”. Como resultado del trámite, se habrá solicitado la certificación de discapacidad.

Discapacidad Intelectual (Trastorno del Desarrollo Intelectual) según DSM-5

La discapacidad intelectual, también conocida como trastorno del desarrollo intelectual, es un trastorno que comienza durante el período de desarrollo y que incluye limitaciones del funcionamiento intelectual, como también del comportamiento adaptativo en los dominios conceptual, social y práctico.

Para su diagnóstico, se deben cumplir los siguientes criterios:

• Deficiencias de las funciones intelectuales: Esto incluye problemas en el razonamiento, la resolución de problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, el juicio, el aprendizaje académico y el aprendizaje a partir de la experiencia. Estas deficiencias deben ser confirmadas mediante la evaluación clínica y pruebas de inteligencia estandarizadas individualizadas.
• Deficiencias del comportamiento adaptativo: Estas deficiencias producen un fracaso en el cumplimiento de los estándares de desarrollo y socioculturales para la autonomía personal y la responsabilidad social. Sin apoyo continuo, las deficiencias adaptativas limitan el funcionamiento en una o más actividades de la vida cotidiana, como la comunicación, la participación social y la vida independiente en múltiples entornos, tales como el hogar, la escuela, el trabajo y la comunidad.

Las habilidades mentales generales que se examinan para diagnosticar la discapacidad intelectual incluyen razonamiento, resolución de problemas, planificación, pensamiento abstracto, juicio, aprendizaje a partir de la instrucción y la experiencia, y comprensión práctica. Estas habilidades se miden mediante pruebas de inteligencia administradas individualmente por un médico capacitado. Si bien las versiones anteriores del DSM definían la gravedad de la discapacidad intelectual por puntaje de CI, la gravedad ahora se define por la capacidad de satisfacer las demandas de la vida diaria, en comparación con sus pares. La gravedad de la discapacidad intelectual se clasifica en leve, moderada, grave o profunda.

Otros rasgos de comportamiento asociados con la discapacidad intelectual, pero que no se consideran criterios para un diagnóstico, incluyen agresión, dependencia, impulsividad, credulidad, pasividad, autolesión, terquedad, baja autoestima, baja tolerancia a la frustración y un alto riesgo de suicidio. Es común que las personas con discapacidades intelectuales tengan afecciones mentales, de neurodesarrollo, médicas y físicas concurrentes. Por ejemplo, otros trastornos mentales y epilepsia son de tres a cuatro veces más altos en personas con discapacidad intelectual que en la población general. Si una afección genética ha causado la discapacidad intelectual, la persona también puede tener otras discapacidades.

Comités Municipales y Locales de Discapacidad (CMDD/CLD)

Los Comités Municipales de Discapacidad (CMD) y Comités Locales de Discapacidad (CLD) son actores clave en la implementación de políticas públicas en el ámbito de la discapacidad. Las autoridades municipales y/o locales tienen la responsabilidad de considerar la representación en el CMD o CLD de un representante de las instituciones de educación superior con cobertura en la respectiva jurisdicción, de la Defensoría del Pueblo y de otras instituciones o entidades públicas del orden nacional y municipal o local que tengan competencia y responsabilidad con el tema de discapacidad.

Las administraciones Municipales y Locales deben reglamentar el mecanismo para la elección de los representantes de las organizaciones sin ánimo de lucro de personas con discapacidad y de los representantes de personas jurídicas cuya capacidad de actuación gire en torno a la atención de las personas con discapacidad. Una de las responsabilidades fundamentales de los integrantes del CMD o CLD es articular acciones con el CDD como nivel intermedio de concertación, asesoría, consolidación y seguimiento de la política pública de discapacidad, según lo estipulado en el Artículo 17 de la Resolución 3317 de 2012.

Los CMD deben designar, entre los representantes de las personas con discapacidad, un delegado para hacer parte del Consejo Municipal de Política Social. El Consejo Nacional de Discapacidad (CND), a través de su secretaría técnica, reglamentó en 2012 lo establecido por el artículo 16º de la Ley 1145 de 2007 mediante la Resolución 3317 de 2012.

Es importante destacar que la Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad es el Organismo rector del Sistema Nacional de Discapacidad (SND), según el Artículo 8 de la Ley 1145 y el Artículo 10 del Decreto 179 de 2019, modificado por el Artículo 12 del Decreto 1784 de 2019 y a su vez modificado por el artículo 33B del Decreto 1185 de 2021.

Factores que Contribuyen a las Desigualdades en Relación con la Salud

Las desigualdades en materia de salud se derivan de las situaciones injustas a las que se enfrentan las personas con discapacidad. Estas desigualdades pueden agruparse en varios factores:

• Factores Estructurales: Las personas con discapacidad experimentan el capacitismo, la estigmatización y la discriminación en todas las facetas de su vida, lo que afecta su salud física y mental. A menudo, sus necesidades específicas en este terreno no son atendidas, lo que no solo las perjudica a ellas, sino también a las personas que las atienden (en su mayoría mujeres y niñas). Además, suelen quedar al margen de las intervenciones de salud pública, lo que contribuye a una menor actividad física.
• Sistema de Salud: Las personas con discapacidad se enfrentan a barreras significativas en todos los aspectos del sistema de salud. Estas barreras incluyen la inaccesibilidad de las instalaciones e información, así como la falta de recopilación y análisis de datos específicos sobre discapacidad, lo que dificulta la planificación de intervenciones de salud adecuadas.

Existen dos marcos internacionales importantes en relación con la equidad en la salud para las personas con discapacidad, que buscan garantizar servicios de salud con la misma calidad que las demás personas, intervenciones eficaces como parte de la cobertura sanitaria universal, igual protección ante las emergencias y acceso igualitario a las intervenciones de salud pública intersectoriales.

Hacer Realidad el Objetivo de la Salud para Todos

La inclusión de las personas con discapacidad es fundamental para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible y abordar las prioridades mundiales de la estrategia para hacer realidad la salud para todos. La cobertura sanitaria universal no se logrará si las personas con discapacidad no reciben servicios de salud de calidad en condiciones de igualdad con las demás personas. La inversión en la inclusión de la discapacidad supondrá un beneficio no solo en el plano individual, sino también en el comunitario. Por cada US$ invertido en la aplicación de medidas de prevención y atención de las enfermedades no transmisibles que incluyan a las personas con discapacidad, se podría obtener un rendimiento de casi US$ 10.

Durante la pandemia de COVID-19, se observaron tasas de mortalidad más elevadas entre las personas con discapacidad intelectual, quienes también tuvieron menos probabilidades de recibir servicios de cuidados intensivos, y también se observó un aumento de conductas autolesivas.

Para abordar estas desigualdades y avanzar hacia la salud para todos, los gobiernos y asociados del sector de la salud pueden llevar a cabo las siguientes acciones:

• Incluir a las personas con discapacidad en los procesos de toma de decisiones relacionadas con la salud.
• Asegurar que las personas con discapacidad reciban servicios de salud y bienestar de calidad que les permitan alcanzar el grado máximo de salud posible, como parte de intervenciones intersectoriales de salud pública.
• Proporcionar a los Estados Miembros y los asociados para el desarrollo datos empíricos, análisis y recomendaciones actualizados en relación con la inclusión de la discapacidad en el sector de la salud.

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