El Impacto Devastador de los Conflictos Armados
Todos los años, los conflictos armados y las guerras destrozan la vida de millones de personas. En muchos de esos conflictos -y, en concreto, en la invasión rusa de Ucrania- intervienen distintos Estados, pero son muchos más los que ocurren dentro de las fronteras de un mismo Estado. Por ejemplo, en Siria, las fuerzas del gobierno, apoyadas desde hace tiempo por Rusia, continúan luchando con grupos armados apoyados por fuerzas extranjeras para hacerse con el control del territorio.
Sean cuales sean las causas de las guerras o las fuerzas en ellas implicadas, los resultados suelen ser los mismos. De Afganistán a Yemen, Amnistía Internacional documenta y hace campaña contra las violaciones del derecho internacional ocurridas en los conflictos armados, con independencia de quiénes las cometan o dónde se cometan. La organización pone en evidencia el especial peligro que corren ciertos grupos en situación de riesgo, como las personas de edad avanzada, los niños y niñas y las personas con discapacidad.
Marco Legal Internacional y Crímenes de Guerra
El derecho internacional humanitario -también conocido como leyes de la guerra- establece lo que pueden y no pueden hacer las partes intervinientes en un conflicto armado. Esas leyes tratan de minimizar el sufrimiento humano y proteger a la población civil y a los combatientes que han dejado de participar en las hostilidades (por ejemplo, los prisioneros de guerra). Aun así, muchas de las más graves violaciones de derechos humanos se cometen en guerras. Entre ellas figuran el empleo de la violación como arma de guerra, el reclutamiento de niños y niñas para servir en primera línea, los ataques directos contra la población y las infraestructuras civiles y los ataques indiscriminados o desproporcionados.
De conformidad con las leyes de la guerra, no se puede atacar deliberadamente a civiles, aunque estos sí puedan morir o sufrir lesiones en el marco de un ataque proporcionado contra un objetivo militar. Todas las partes en el conflicto deben adoptar medidas para reducir al mínimo los daños a civiles y bienes de carácter civil (como edificios residenciales, escuelas y hospitales) y deben evitar llevar a cabo ataques en los que no se distinga entre civiles y combatientes, o que causen daños desproporcionados a la población civil.
Algunos de los más graves delitos de derecho internacional se cometen durante conflictos armados:
- Crímenes de lesa humanidad: crímenes cometidos en el marco de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil perpetrado por un Estado o una organización, o en su nombre, ya sea en tiempos de paz o de guerra. Los actos considerados crímenes de lesa humanidad son 11, entre ellos asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de una población, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, desaparición forzada y apartheid.
- Genocidio: ciertos actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, un grupo nacional, étnico, racial o religioso.
A lo largo del tiempo, la comunidad internacional ha ido estableciendo tribunales especializados para pedir cuentas a quienes cometen delitos de derecho internacional, tales como los tribunales especiales para la ex Yugoslavia, Ruanda y Sierra Leona. Tras una amplia investigación, Amnistía Internacional concluyó que las fuerzas armadas rusas habían cometido un crimen de guerra el 16 de marzo de 2022 al atacar el teatro de Mariúpol (Ucrania), a consecuencia de lo cual murieron decenas de civiles.
Armas y sus Consecuencias Indiscriminadas
Tanto la guerra como las armas empleadas en los conflictos están en continua transformación. El derecho internacional humanitario prohíbe expresamente el uso de armas que sean por naturaleza de efecto indiscriminado. El empleo de esas armas no permite distinguir entre civiles y combatientes, ni entre bienes civiles y objetivos militares. Con frecuencia, son poco precisas y los daños que provocan son desproporcionados. Otras armas, como las bombas aéreas de gran tamaño o las descargas de cohetes no guiados, pueden no estar prohibidas, pero el daño que provocan cuando se emplean entre grupos amplios de civiles es considerable.
Amnistía Internacional ha llevado años documentando y criticando incansablemente violaciones de derechos humanos en Myanmar. En julio de 2022, la organización reveló que el ejército de Myanmar está cometiendo crímenes de guerra al plantar minas terrestres antipersonal a escala masiva en aldeas del estado de Kayah (antes Karenni) y sus alrededores. Las minas terrestres antipersonal son por naturaleza indiscriminadas y su uso está prohibido internacionalmente. Las minas terrestres plantadas por el ejército de Myanmar han matado y herido de gravedad a civiles, y tendrán importantes consecuencias a largo plazo, por ejemplo, en la capacidad de las personas desplazadas de volver a sus hogares y de trabajar sus tierras.
Además, Amnistía Internacional lideró la lucha por el Tratado sobre el Comercio de Armas, de carácter vinculante, que ha sido ratificado ya por 111 Estados y entró en vigor en diciembre de 2014. La organización identifica armas y municiones y analiza sus efectos. Tras la publicación de una investigación, uno de los principales llamamientos de Amnistía Internacional fue que las fuerzas de la coalición dejaran de negar la estremecedora magnitud de las muertes de civiles y la destrucción causadas por su ofensiva en Raqqa.
Grupos en Situación de Riesgo Especial
Algunos grupos civiles corren especial peligro de sufrir daños durante las guerras. En 2021, más de 19.000 niños y niñas fueron reclutados como soldados, o víctimas de homicidio o mutilación, o sometidos a violencia sexual o secuestrados en conflictos armados. El mayor número de estas violaciones verificadas por la ONU tuvo lugar en Afganistán, República Democrática del Congo, Israel y los Territorios Ocupados, Myanmar, Somalia, Siria y Yemen.
En numerosos conflictos, las fuerzas combatientes continúan utilizando la violencia sexual contra las mujeres y las niñas para infligir de manera deliberada un daño físico y psicológico duradero. Además, Amnistía Internacional ha llevado a cabo amplias investigaciones sobre el impacto de los conflictos en la población de edad avanzada. La organización ha concluido que las personas de edad avanzada del noreste de Nigeria han sufrido de manera especial a causa del conflicto entre el ejército y Boko Haram que estalló hace ya casi 10 años.
Durante sus investigaciones sobre el impacto de la guerra en las personas con discapacidades, Amnistía Internacional concluyó que millones de yemeníes con discapacidades penaban por acceder incluso a la más básica ayuda humanitaria. Muchas de esas personas fueron abandonadas cuando sus familias huyeron de los combates debido, con frecuencia, a la dificultad de escapar con sillas de ruedas, muletas u otros aparatos.
La Crisis de las Personas con Discapacidad en Yemen
Un panorama desolador
Millones de personas con discapacidad en Yemen no solo han soportado años de conflicto armado, sino que también se cuentan entre las más excluidas en lo que Naciones Unidas ha calificado de la peor crisis humanitaria del mundo, ha afirmado hoy Amnistía Internacional. Un primer informe de Amnistía Internacional, que examina el impacto de la guerra en personas con diversos tipos de discapacidad, reveló el escaso apoyo para al menos 4,5 millones de yemeníes con discapacidad y una respuesta insuficiente de la comunidad internacional de donantes.
El informe, titulado Excluded: Living with disabilities in Yemen’s armed conflict, se publicó coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad (3 de diciembre). El documento es fruto de seis meses de investigación, que ha incluido visitas a tres gobernaciones del sur de Yemen y entrevistas con casi 100 personas, y documenta la experiencia de 53 mujeres, hombres, niñas y niños con un amplio espectro de discapacidades.
“La guerra de Yemen se caracteriza por bombardeos ilícitos, desplazamiento y escasez de servicios básicos, y deja a muchas personas sin recursos para sobrevivir. La respuesta humanitaria está desbordada, pero las personas con discapacidad -que ya están entre las que más riesgo corren en el conflicto armado- no deben hacer frente a desafíos aún mayores para acceder a una ayuda imprescindible”, ha afirmado Rawya Rageh, asesora general de Amnistía Internacional sobre respuesta a las crisis. “Los donantes internacionales, Naciones Unidas y las organizaciones humanitarias que trabajan con las autoridades yemeníes deben hacer más para superar las barreras que impiden que las personas con discapacidad satisfagan incluso sus necesidades más básicas.”
El conflicto en Yemen deriva en una crisis humanitaria
Violencia y Desplazamiento Forzado
Las personas con discapacidad encuentran mayores dificultades para huir de la violencia. Muchas de estas personas dijeron a Amnistía Internacional que habían emprendido extenuantes desplazamientos sin silla de ruedas, muletas u otros dispositivos de asistencia. Casi todas ellas dependían de sus familiares o amistades. “El viaje fue tortuoso. […] Me trasladaron de un autobús a otro, en total cuatro autobuses. […] Mi vecino cargaba conmigo”, dijo Migdad Ali Abdullah, de 18 años, con movilidad limitada y dificultades para comunicarse, al describir el viaje de 18 horas que emprendió a principios de 2018 junto con su familia desde Al Hudaida hasta un campo para personas desplazadas en Lahij.
Algunas personas con discapacidad quedaron abandonadas al huir sus familias porque el caos las separó de ellas, o porque el viaje era demasiado difícil para que la persona con discapacidad lo emprendiera. En los casos en los que las personas con discapacidad lograban huir, el viaje a menudo empeoraba su estado de salud o su discapacidad. Algunas personas quedaron discapacitadas porque las partes beligerantes no avisaron debidamente de ataques que afectaban a la población civil. Una mujer de 92 años que ya tenía la movilidad limitada dijo que se cayó y sufrió múltiples fracturas de huesos cuando intentaba huir de los combates en su localidad de Taiz.
En los campos para las personas desplazadas, Amnistía Internacional observó deficiencias de diseño que afectan a las personas con discapacidad. Entre ellas se cuentan el diseño de las letrinas y la ubicación de los puntos de distribución de ayuda, que privan a las personas con discapacidad de su independencia y dignidad al obligarlas a depender de sus familiares u otras personas. Un hombre de 75 años con movilidad limitada dijo que necesitaba que sus hijos lo llevaran a la letrina: “Me llevan a rastras. No pueden cargar conmigo”.
Enormes Necesidades No Atendidas
Yemen es Estado Parte en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y dispone de leyes concebidas para proteger a los no menos de 4,5 millones de personas -el 15% de la población- que tienen alguna discapacidad, según cálculos de la Organización Mundial de la Salud. Los datos fiables son escasos, y dado el impacto del conflicto en curso, algunos expertos creen que el número real es más alto. Los servicios públicos de atención de la salud y de bienestar social se han visto profundamente afectados por la guerra y el colapso económico de Yemen, lo que ha desembocado en la ausencia sistemática de garantías de los derechos de las personas con discapacidad.
Muchas de estas personas dependen de limosnas o deben valerse por sí mismas, y algunas se ven arrastradas a la pobreza para pagar suministros básicos como medicinas o pañales para adultos. Un hombre con discapacidad se vio obligado a mendigar en la carretera. Algunos familiares dijeron que habían vendido pertenencias o demorado el pago de alquileres u otros conceptos esenciales para dar prioridad a los gastos asociados al apoyo a un ser querido con discapacidad. La madre de una niña de tres años con epilepsia y atrofia muscular espinal dijo: “Vendí los muebles de mi casa y la llevé a Saná para que recibiera allí su tratamiento. […] Cuatro meses después, vi que no se movía ni reía ni jugaba. La llevé [a Saná] de nuevo. […] El otro día incluso pregunté a mi amiga por la venta de uno de mis riñones. Vendería un riñón y le compraría los medicamentos de un año, los zapatos que necesite y cualquier otra cosa.”
También se observa una gran escasez de dispositivos de asistencia. Personas con discapacidad que sí los tienen dijeron a Amnistía Internacional que en muchos casos no cumplen su propósito; por ejemplo, sillas de ruedas que no son aptas para el terreno accidentado de los campos para personas desplazadas, o dispositivos protésicos que no ajustan bien. En el sur de Yemen hay un solo centro ortopédico, que tiene que enviar algunos tipos de prótesis a otros países para su reparación.
Los reiterados conflictos en Yemen han provocado una crisis de salud mental, y una proporción considerable de la población -incluidos muchos niños y niñas- sufre graves traumas. Una persona yemení de 25 años ha vivido una media de 14 conflictos armados en su vida. Pero apenas hay apoyo psicosocial; sólo hay 40 psiquiatras en todo el país, la mayoría radicados en las ciudades.
Necesidad de Mejorar la Inclusión
Amnistía Internacional reconoce que las organizaciones humanitarias hacen frente a enormes desafíos en Yemen. Pero pueden tomar algunas medidas sencillas para mejorar su respuesta. Por ejemplo, deben mejorar la recopilación y el análisis de datos desglosados sobre todo el espectro de personas con discapacidad que están bajo su cuidado. También deben incluir directamente a las personas con discapacidad en el diseño y la prestación de la ayuda, lo que garantizará su derecho a participar en las decisiones que afectan a sus vidas.
“Las personas con discapacidad de todo el mundo reclaman legítimamente que no se tome ninguna decisión ‘sobre nosotros sin nosotros’, y Yemen no es una excepción. Los donantes internacionales deben avanzar hacia la plena financiación de los compromisos humanitarios y esforzarse más para garantizar que las personas con discapacidad en Yemen no quedan abandonadas a su suerte”, ha afirmado Rasha Mohamed, investigadora de Amnistía Internacional sobre Yemen. “Acciones relativamente sencillas pueden suponer una gran contribución para colmar las lagunas, como obtener directamente las opiniones de las personas con discapacidad, suministrar dispositivos de asistencia en mayor cantidad y más apropiados, y proporcionar letrinas que satisfagan sus necesidades específicas.”