La situación de los niños, niñas y adolescentes (NNA) bajo la tutela del Servicio Nacional de Menores (Sename), actualmente "Mejor Niñez", ha sido históricamente un foco de preocupación en Chile. Las problemáticas van desde la deserción escolar hasta la exposición a la violencia y el abuso, evidenciando un sistema con profundas falencias estructurales y de protección. Este artículo explora las causas, consecuencias y la compleja realidad que enfrentan estos menores, así como los desafíos para su reinserción social y educativa.
Contexto del Sename y "Mejor Niñez"
La voz de alerta puesta por el diputado René Saffirio en la Comisión Investigadora del Sename II, donde se reveló que 185 menores a cargo de la institución fallecieron desde 2005, puso nuevamente al organismo en el centro de la polémica. Esta cifra reflotó la precaria realidad que se vive a todo nivel en parte de los 299 recintos del servicio. En Chile, existen 250 centros de los cuales solo 11 corresponden a Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAD) por parte del Sename, mientras que el 95,6% restante es administrado por organizaciones colaboradoras acreditadas.
Estos centros, que incluyen 255 de organismos colaboradores, 11 del Estado y 33 destinados para justicia juvenil, albergan a más de 8 mil niños, niñas y adolescentes. Ingresan por diversas causales como maltrato y/o abuso sexual, inhabilidad de uno o ambos padres, prevención, protección, deserción escolar o sin acceso, solicitud de diagnóstico, trabajo infantil, factores asociados a vulnerabilidad, abandono o cedido en adopción, drogas, o falta y delitos no penalizables.
A la fecha, 112.813 menores están siendo atendidos en uno o más proyectos del Sename, ya sea de las líneas de Diagnóstico Ambulatorio (DAM), Oficinas de Protección de Derechos (OPD), como de los programas ambulatorios de intervención o residenciales: 296 por adopción; 99.435 por protección de derechos y primera infancia; y 13.082 por justicia juvenil. De estos, 1.596 niños están procesados por la ley de responsabilidad adolescente por infracción a la ley penal, que apunta a que "la sanción forme parte de una intervención socioeducativa amplia y orientada a la plena integración social".
Funcionamiento de los Centros de Justicia Juvenil
Para la justicia juvenil, existen los Centros de Régimen Cerrado y los de Internación Provisoria, administrados por el Sename bajo tutela de Gendarmería, previa resolución del juez. Las medidas que no implican privación de libertad son ejecutadas por colaboradores acreditados. Al ingresar el adolescente (de 14 a 17 años) al centro o programa del Sename, se confecciona un informe diagnóstico psico-social llamado Plan de Intervención Individual (PII), que contiene los objetivos que el joven deberá cumplir a lo largo de su proceso de sanción. Los adolescentes en estos programas tienen entrevistas diarias con psicólogos, asistentes sociales, terapeutas ocupacionales y psiquiatras si lo requieren, además de otros programas complementarios como los de drogas.
Actualmente, el servicio cuenta con 4.274 funcionarios, divididos en funciones de dirección, jefatura, coordinación y educadores de trato directo, quienes están a cargo de los menores en los centros las 24 horas del día. El personal trabaja en materia de justicia juvenil con 11 programas y en protección con 35 programas, incluyendo oficinas de protección de derechos, familias de acogida y programas de reparación de maltrato.
Adopción y Protección Familiar
Según la ley Nº 19.968 de 2014, los jueces de familia que tomen conocimiento de situaciones de vulneración a un niño/a o adolescente podrán, entre otras medidas, adoptar la separación de la familia y solicitar su protección a un centro residencial o a una familia de acogida. Ambas modalidades son ejecutadas directamente por el Sename y/o por organismos colaboradores acreditados. Esta decisión se toma si el menor fue entregado en adopción por su familia, si un trabajo de intervención con los padres no logró que asumieran adecuadamente la crianza y protección, o si no existe familia extensa (hasta tres generaciones) que pueda hacerse cargo.
El magistrado define a qué recinto ingresará el menor, quien es trasladado a la residencia por un adulto de la familia, profesionales de algún programa social y, en algunas situaciones, por Carabineros. A la llegada, la dirección de la residencia activa el protocolo de acogida y debe informar al juez la situación del niño cada tres meses, entendiéndose que la permanencia en dicho centro es temporal. El Sename cuenta con cinco planes de trabajo para "entregar bienestar en ámbitos personales, proveer de recursos y satisfacer sus necesidades, recibiendo intervención integral".
A pesar de estas intenciones, la internación y la adopción debieran ser los últimos recursos. Los esfuerzos estatales deben ir encaminados ante todo a lograr que el niño permanezca o vuelva a estar bajo la guarda de sus padres o, cuando proceda, de otros familiares cercanos. El sistema chileno, según diversos estudios, protege mediante la separación de la familia y la internación, lo que en términos de proceso psicosocial se llama "institucionalizar".
Crisis y Deficiencias del Sistema
El sistema de protección de menores en Chile ha sido calificado como "en estado terminal" por María Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia. Las deficiencias son múltiples y sistémicas.
El Caos Estadístico y la Invisibilización de Muertes
Uno de los problemas más graves es la falta de claridad en las cifras. Según un informe del Ministerio de Justicia, 185 menores murieron entre 2005 y mayo de 2016. Sin embargo, un reporte de Unicef reveló que el número de fallecimientos durante 2010 era cinco veces el reportado. El gobierno chileno aclaró que la cifra solo incluía a los menores del área "protección". Un análisis de los anuarios oficiales del Sename de 2010 a 2014 arrojó 318 fallecimientos, sumando un total de 395 con la lista entregada por Justicia. Pero, incluso para quienes las publicaron, estas cifras no parecen confiables.
El diputado René Saffirio ha afirmado que "el Estado de Chile no cumple con sus compromisos internacionales en materia de infancia, ni siquiera sabe cuántos niños hay en sus establecimientos y mucho menos cuántos de ellos han fallecido y cuáles son sus causales". Francisco Estrada, abogado experto en infancia y exdirector del Sename, explica que la información puede estar replicada: "si un niño ingresó a distintos programas y murió, su muerte será contabilizada como egreso en todos ellos".
Falta de Capacitación y Maltrato
Más allá de los números, las investigaciones han evidenciado un sistema donde los niños vulnerables son cuidados por personal sin ninguna capacitación, ni siquiera en primeros auxilios. Se han recibido quejas por maltratos, sobremedicación y negligencia. Ortiz enfatiza que "la institución no tiene protocolos ni normas de primer nivel. Ese es uno de los grandes problemas; no hay sistema de acreditación, no hay normativas con altos estándares para todos igual".
Casos Emblemas de la Crisis: Guillermina y Lissette
El caso de Guillermina, de 16 años, quien se suicidó en un centro de protección en 2012 tras un reingreso violento y sin atención médica adecuada, ilustra la falta de protocolos y la negligencia. A pesar de su historial de intentos de suicidio, alcohol, drogas y depresión, no fue llevada a un hospital ni diagnosticada con patología psiquiátrica grave. Su muerte, como la de muchos otros, fue registrada como un "egreso" del sistema.
La muerte de Lissette, de 11 años, en 2016, fue el detonante de la crisis. Lissette, quien padecía maltrato físico y psicológico, abuso sexual y abandono, falleció por una "crisis emocional" en un centro donde el personal carecía de conocimientos en primeros auxilios. Un psiquiatra parte de la querella, Rodrigo Paz, afirmó que Lissette estaba "sobremedicada" con fármacos que en dosis inadecuadas podían tener efectos adversos, como aumentar la agresividad.
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Sobremedicación y Salud Mental
La "poca prolijidad" en la manipulación de medicamentos en los centros es generalizada, según Estrada. Esto es preocupante, ya que el 63% de los niños bajo la tutela del Sename están con tratamiento farmacológico, y más de 3.000 niños carecen de la debida atención médica especializada. Chile tiene la tasa de suicidio adolescente más alta de la región, y una grave falta de camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil y de psiquiatras especializados en este ámbito.
Hallazgos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)
Entre enero y abril de 2017, un equipo del INDH visitó 171 centros en todas las regiones del país. Los objetivos incluyeron evaluar las condiciones de cumplimiento de los derechos humanos, las condiciones laborales de los funcionarios y las eventuales vulneraciones de derechos de los NNA residentes.
Perfil de NNA y Trabajadores
- La población de los centros es fundamentalmente femenina (63,5%), con un 37,8% de niñas entre 8 y 13 años.
- La mayoría de los trabajadores son mujeres (87,9%), lo que refleja una feminización del personal.
Condiciones de Vida y Cuidado
- Las necesidades básicas (camas, baños, comedor, cocina) están generalmente satisfechas, pero la calidad de las instalaciones no es óptima, afectando la calefacción, recreación y privacidad.
- Es preocupante que en un 20% de los casos, adolescentes convivan con niños y niñas de menor edad en el mismo dormitorio, o que no se les separe por sexo.
- El 21% de los centros presenta sobrecupo, llegando al 50% en el 12,5% de los casos y superando el 75% en un 3%.
- En un 1,6% de los establecimientos, los NNA reciben solo entre 1 y 2 comidas diarias, y el 16% de los entrevistados declara pasar hambre.
- El 22% de los NNA considera que el personal no siempre les da un trato respetuoso y cariñoso, y el 34% declara trato discriminatorio.
Vinculación con el Medio y Educación
- En un 4% de los centros, los NNA no están autorizados para hablar directamente con el juez. Solo el 32% de los NNA tuvo la posibilidad de hablar con el juez durante las visitas periódicas.
- El 93% de los NNA entrevistados asiste a un establecimiento educacional, pero solo el 88% de los jóvenes de 14 a 17 años lo hace, un 8% por debajo del promedio nacional. El 20% presenta retraso escolar.
- Solo el 77% de los centros "autoriza" a los padres a participar en las reuniones de apoderados, sumando una vulneración de derechos al acceso y progreso educativo.
Familia e Identidad
- El 40% de los centros restringe los horarios de visita familiar, y el 30% no admite más de dos visitas a la semana.
- El 57% de los centros se encuentra fuera de la comuna de origen familiar, lo que potencia el desarraigo y la pérdida de identidad.
- El 16% de los centros usa el retraso al ingreso de visitas como sanción, y el 13% suspende las visitas por mal comportamiento del niño o niña.
Salud Mental, Violencia y Abuso Sexual
- El 69% de los NNA de 14 o más años presenta sintomatología de cuadro depresivo. El 45% de ellos no ha podido acceder a un psicólogo o psiquiatra, y el 70% no se encuentra en tratamiento.
- El 80% de los NNA encuestados declaró haber recibido algún tipo de castigo del personal. El 15% fue privado de contacto familiar, el 7% fue dejado sin comida, el 7% fue encerrado, y el 12% fue "contenido físicamente". El 46% reportó maltrato psicológico y el 18% agresión física (leve o grave).
- El 48% de los NNA ha sido objeto de maltrato físico y/o psicológico entre pares, y al menos el 19% de los centros no tienen protocolos para atender estas situaciones.
- El 6,4% de los NNA entrevistados reportó haber sufrido abuso sexual en los últimos 12 meses. El 80% de las víctimas son niñas, y en el 78% de los casos el abuso fue cometido por otro menor de edad. El 69% de las víctimas sigue en contacto con el abusador.
Deserción Escolar y Delincuencia Juvenil
El estudio "Trayectorias de vida de jóvenes infractores de ley internados y respuesta educativa en el Servicio Nacional de Menores de Chile" (Domínguez, Arjona y Sanhueza) revela cifras preocupantes:
- El 10% de los jóvenes en el exSename nunca vivió con sus padres, y el 34% proviene de familias monoparentales.
- El 38% indica que la mayoría de sus amigos delinquen.
- El 35% consumía drogas antes de cometer su primer delito; el consumo antes de los 12 años aumenta la probabilidad de cometer delitos más violentos.
- La mayoría de los jóvenes experimentan el abandono temprano del sistema educativo.
- Mientras más pequeño ingresa un menor a un centro, más posibilidades tiene de tener una trayectoria delictual.
El Caso de Alejandro: Un Reflejo de la Desprotección
La historia de Alejandro, un joven de 15 años asesinado mientras huía tras un robo, es un trágico ejemplo de las consecuencias de la desprotección y la deserción escolar. Ingresó a un hogar del Sename a los 4 años debido a la pobreza de su familia y la depresión de su madre. A pesar de los esfuerzos de un familiar por darle estabilidad, su trayectoria estuvo marcada por la deserción escolar y la inmersión en la delincuencia, impulsado por amigos y la búsqueda de bienes materiales.
Alejandro y sus amigos, Jorge y Benjamín (quienes también murieron en incidentes similares), representan un patrón común: deserción escolar, paso por el Sename proteccional o sancionatorio, y una interacción tardía y reactiva con el Estado. Estos jóvenes, inmersos en una contracultura de ostentación y violencia, tienen una reducción de expectativas a un plazo de vida corto, lo que los lleva a tomar riesgos y a usar drogas psicoestimulantes para "detonarse".
La Ley de Garantías y Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Artículo N°50) señala que los NNA que infrinjan la ley tienen derecho a protección especializada por polivictimización, recuperación física y psicológica, y plena integración social y educativa. Sin embargo, la realidad de Alejandro y otros muestra las deficiencias en la aplicación de estas garantías.
Hacia una Solución Integral
Expertos como Francisco Estrada proponen una solución basada en tres pilares:
- Apoyo y seguimiento psiquiátrico adecuado: Necesidad de unidades polivalentes, con niños medicados correctamente y personal que trabaje con las familias, no que las aísle.
- Reunificación familiar como objetivo principal: Romper el círculo de la pobreza y el maltrato, apoyando a las familias en lugar de quitárseles a los niños.
- Defensa jurídica adecuada: Garantizar que los niños cuenten con representación legal efectiva, especialmente aquellos vulnerados que llegan a los tribunales de familia.
El Consejo para la Infancia busca cerrar el Sename y transitar hacia un nuevo servicio que priorice la comunidad en el centro del diseño de protección. Se destaca la necesidad de expandir el acogimiento familiar, especialmente con "familias externas" que puedan ofrecer un cuidado temporal y solidario, liberando a las residencias para casos especializados. Esta transformación requiere una sociedad dispuesta a acoger y una regulación adecuada para estas modalidades de cuidado.