La situación en los Establecimientos de Larga Estadía para Personas Mayores (ELEAM) en Chile ha sido objeto de serias preocupaciones y denuncias, especialmente en casos de presunta negligencia y maltrato que han derivado en fallecimientos. Un caso emblemático es el del ELEAM Cordillera de los Andes, cuya administración por parte de la Fundación AMSCA fue objeto de múltiples acusaciones y, finalmente, la terminación anticipada de su convenio con la institución pública.
Denuncias de Maltrato y Negligencia en el ELEAM Cordillera de los Andes
Casos de Fallecimientos y Condiciones Inhumanas
Diversas denuncias y cartas enviadas por funcionarios y familiares al Senama durante meses revelaron una serie de irregularidades graves en el ELEAM Cordillera de los Andes. Entre los casos más impactantes se encuentra la muerte de un hombre de 84 años que, según un comunicado, estuvo 9 días sin ser alimentado. Su mente vagaba en el Alzheimer y sus recuerdos se suspendían apenas, hasta su muerte acaecida el 28 de abril a las 4 de la tarde. Otro incidente trágico fue el de una anciana que falleció el 15 de febrero en el Hospital Sótero del Río, luego de ser aplastada por una puerta, un evento que, de acuerdo a diversas fuentes, "removió el piso" y alertó a las autoridades sobre la falta de supervisiones iniciales.
Asimismo, se reportó el caso de Pablo Henríquez Avello, un paciente tetrapléjico de 62 años que murió tres días antes que el hombre de 84 años, en el Hospital San José de Maipo. Su hermana Olga relató que lo encontró "lleno de moscas" y "entero mojado porque sus heridas supuraban hasta el cuello". Ella no fue la única en encontrarse con moscas sobre los ancianos. Durante otra visita a su hermano, Olga describió que "lo fui a tocar, pero ¡gritaba, gritaba! Quería cambiarle la sabanilla, los protectores de la cama estaban verdes." Las personas para atender "no se veían nunca". Un muchacho que la atendió en el hospital de traslado le dijo que "a este caballero lo mandaron a morir acá en condiciones precarias".
J.S., apoderado de una residente, señaló que el traspaso desde el Hogar de Cristo a AMSCA "fue, por decir lo menos, caótico", indicando la disconformidad de las asistentes, exigidas en sus labores por la falta de personal. Pudo ver personalmente que, debido a esta situación, se había producido un descuido hacia los adultos mayores, especialmente con los postrados. "Muchas veces encontré residentes que no se les cambiaba el pañal, ya que estos eran limitados durante el día. Residentes que podían ser levantados, se dejaban acostados durante todo el día, soportando estos grandes calores." Otros ancianos aún con vida, Ubaldo Rojas y Jesús Ortiz, también figuraban en la lista de posibles víctimas de delitos -nombres entregados por Senama a la Fiscalía- debido a las malas condiciones generales en que llegaron a los hospitales donde estaban internados.
Chile envejece: Establecimientos de larga estadía (ELEAM) para adultos mayores no son suficientes
Irregularidades en la Alimentación y Cuidados Médicos
Según Senama, una de las causales del fallecimiento del hombre de 84 años podría ser la no asistencia e incumplimiento por parte de la Fundación AMSCA de las indicaciones de tratamiento dadas por el Hospital Sótero del Río. El informe elaborado por la Seremi de Salud detalló que el anciano ni siquiera contaba con la sonda nasogástrica a través de la cual debían alimentarlo, ya que él ya no podía hacerlo por sí mismo.
La mala alimentación que vivían los ancianos en el ELEAM Cordillera de los Andes fue relatada por una nutricionista del lugar, a través de una carta a Senama. La profesional detalló que el Hogar de Cristo le había dejado unos 60 tarros de alimento especial y de buena calidad, para residentes dependientes de una "fórmula polimérica para su alimentación por sonda nasogástrica (SNG)". Cuando se acabó, el director, Antonio Lepe Valenzuela, se negó a comprar más y se continuó con el PACAM, una bebida láctea gratuita que es un complemento, pero no una forma permanente de alimentación para residentes con SNG. La nutricionista añadió: "hasta el día de hoy la situación sigue igual, no hay utensilios para el lavado de manos, no hay guantes suficientes para realizar procedimientos, no hay matraces para alimentación por SNG, no tengo materiales necesarios para realizar evaluaciones nutricionales, tengo que depender de una universidad para que me entregue los materiales, porque ellos no quieren gastar dinero." El Sr. Lepe Valenzuela, "por no pagar un poco más tiene restringidos los desayunos y onces, con solo una taza de té, leche o pan".
Desde el parámetro de la salud, otros informes realizados por funcionarios de Senama acreditan que “los procedimientos de salud no se realizan correctamente, ya que no cumplen con norma sanitaria. Las fichas de los residentes están desactualizadas, desordenadas, sin seguimiento. Los profesionales no cumplen en perfil de experiencia en trabajo de adultos mayores”. Además, se indicó que “las duchas se encuentran en mal estado, se utilizan baldes para poder realizar el baño de los adultos mayores”.
Denuncias Previas y Acciones de SENAMA
Los problemas y denuncias de los propios funcionarios del ELEAM Cordillera de los Andes, que apuntaban a las malas condiciones generadas por recortes administrativos y un progresivo deterioro de los servicios, atención básica y falta de insumos, se arrastraban meses antes de la fiscalización sanitaria y de la denuncia presentada por Senama ante el Ministerio Público. Esta denuncia describía la posibilidad de detectar “posibles delitos al interior del establecimiento”, respecto a la muerte y condiciones médicas de varios adultos mayores.
Para el director de Senama, Rubén Valenzuela, "cuando llegaron las denuncias las canalizamos por las vías que correspondían”. Afirmó que "había denuncias con fotos de residentes con heridas", y que se puso en conocimiento a la dirección nacional del servicio, enviándose informes técnicos. Valenzuela creyó necesario anticipar el término del convenio con la Fundación AMSCA.
Cuestionamientos a la Gestión Financiera y Administrativa de la Fundación AMSCA
Contratación de Familiares y Salarios
Parte de las denuncias incluían la contratación de gran parte de la familia del director de la Fundación, Antonio Lepe Valenzuela. Su hermana, Catherine Lepe Valenzuela, era la encargada de recursos humanos, con un sueldo que, según diversos testimonios, ascendía a $1.950.000, aunque esto no fue posible constatar. En tanto, Marcela San Martín -quien según el personal es la pareja de Lepe Valenzuela, lo que él desmiente- asumió como encargada de Bienestar. Antonio Lepe Valenzuela aclaró que ella era la “encargada de Protocolo y Ceremonial”, y que trabajó solo hasta abril. Un informe de evaluación de la administración, realizado entre el 16 de abril y el 11 de mayo, mencionaba a un nuevo integrante de la familia de Antonio Lepe que recibía dineros por servicios.
Irregularidades Económicas y Uso de Fondos
El informe de gestión de Senama detectó varias otras irregularidades. Por ejemplo, "llama la atención que el automóvil arrendado para efectos de traslados de adultos mayores, se haya arrendado a un particular, que ha ido emitiendo las correspondientes boletas, pero no resulta conveniente la forma en que se ha definido este tema por parte de la administración". El informe concluye que el valor “es excesivo para el tipo de vehículo sedan cuatro puertas, es poco adecuado para el traslado de adultos mayores en sillas de ruedas”.
También se observó que "la fundación esté pagando a la empresa proveedora de alimentación, con fondos aportados por Senama, los almuerzos funcionarios, ya que esto es pagado en efectivo por cada uno de ellos cuando utilizan esta facilidad". Las irregularidades con las platas incluso irían más allá. Una carta enviada por una trabajadora social describía que “durante un fin de semana recibí una llamada por parte del director nacional de la Fundación donde solicitaba claves de las tarjetas bancarias de los adultos mayores que contaban con ahorros sin dar mayor explicación. Al regresar a trabajar me acerco donde él para obtener información y comenta haber retirado todos los dineros de las cuentas de los adultos mayores aludiendo ‘tener’ que pagar sueldos y de alguna manera necesitaba conseguir dinero.” El informe de gestión señaló que “esta materia constituye otra fuente de ingresos adicionales para la gestión de este ELEAM y se desconoce el uso o destino que se le ha otorgado a dichos recursos financieros, dado que no se ha visualizado en la poca y nada información proporcionada”. La profesional agregó que era “totalmente denigrante que por llenarse los bolsillos no es capaz de hacerle la entrega del 15% correspondiente de las pensiones de los residentes”, en su mayoría pensiones básicas solidarias muy bajas. De hecho, el informe de gestión de Senama constata una falta de control y registro “que amerita una profunda revisión, ya que existen muchos reclamos y no existe un protocolo y menos un registro adecuado para los dineros de los residentes”.
Incumplimiento Contractual y Término Anticipado del Convenio
Un comunicado informaba el término anticipado del convenio entre la institución pública y la Fundación AMSCA, que había llegado a administrar la residencia de ancianos hacía un año. En la práctica, la fundación debía "dar un pie al costado unas semanas antes de que se terminara el convenio, el próximo 30 de junio". Según el contrato, Senama debía transferir a AMSCA $517.448.676, en cuatro cuotas trimestrales y sucesivas, monto relacionado con la cantidad de personas que puede acoger la residencia (98 cupos máximos). En caso de incumplimiento, la Fundación había dejado una póliza de garantía por un 5% del monto total adjudicado.
Antonio Lepe Valenzuela se defendió, señalando que todo está en regla y que han hecho una excelente administración pese a los pocos recursos con que cuentan, que asegura son insuficientes: “Nosotros recibimos poco más de 43 millones de pesos mensuales, y para la calidad y necesidades que exige Senama debería ser al menos 70 millones”. Agregó que también tenían "aportes de las universidades."
Contexto Crítico del Sistema ELEAM en Chile
Desafíos Financieros y Normativos
El sector de los Establecimientos de Larga Estadía para Personas Mayores (ELEAM) en Chile, incorrectamente denominados “hogares” o “asilos de ancianos”, enfrenta múltiples crisis que afectan directamente a cerca de medio millón de personas mayores. El Estado invierte en nuevas plazas, pero su trabajo es insuficiente, llegando a un tercio de los residentes con algún tipo de subsidio, y los recintos estatales tienen un 20% de lista de espera. Estos cierres de ELEAM se explican por diversas razones, incluyendo problemas financieros y el cumplimiento de regulaciones desfasadas.
Uno de los principales problemas se encuentra en el Decreto 14, que tras catorce años de aplicación, demuestra una obsolescencia que contradice otras normativas vigentes, creando así un círculo de ineficacia y sanciones muy difíciles de cumplir por cientos de residencias que viven en la precariedad. Gabriela Muñoz, directora ejecutiva zonal del Hogar de Cristo, explicó que uno de los motivos por los cuales dejaron el ELEAM fue por un tema financiero, ya que “por adulto mayor eran 408 mil pesos mensuales lo que nos daban y en la práctica nos salía 600-700 mil pesos”. El director de la Fundación AMSCA, Antonio Lepe, también se defendió alegando que los montos entregados por el Estado eran insuficientes.
Por ello, se considera urgente la derogación y sustitución del obsoleto Decreto 14 por normativas y criterios fiscalizadores más acordes con la realidad actual. Un intento fue el Decreto 20, propuesto por la administración anterior y promulgado por el presidente Boric, aunque en medio de enormes y transversales críticas. Este decreto plantea exigencias que impactan negativamente a los pequeños operadores, exacerbando la situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, exigir a una residencia rural con menos de diez personas que invierta en un ascensor o que un gran operador de beneficencia deba dejar al 25% de sus residentes sin techo para cumplir con nuevas ratios de habitabilidad. En este intertanto de la entrada en vigencia del nuevo Decreto 20, el Hogar de Cristo anunció el cierre de algunos de sus establecimientos para adultos mayores, con lo cual quinientas personas quedarían sin techo. Conapram haría algo similar con sus residencias en regiones, ya que ambas instituciones “sobrevivían a duras penas gracias a recursos fiscales, cada día más escasos”.
Ante este contexto, la decisión del presidente Boric de pausar la implementación del Decreto 20 y convocar a una mesa de expertos representó un paso importante. Sin embargo, una mesa modificatoria reciente fue apresurada (duró dos semanas) y de trabajo acotado a la modificación de solo siete artículos, con una sobrerrepresentación de fundaciones y beneficencias. Hoy resulta muy relevante modificar el Decreto 20 antes de su entrada en vigencia, corrigiendo artículos desmedidos e introduciendo una mirada desde la experiencia e incentivos.
Brecha en la Oferta de Cuidados
Existe una alta demanda de servicios de cuidados para adultos mayores en Chile, la cual es lamentablemente insatisfecha y solo algunos pueden optar por su alto costo. En Chile, tanto en los sectores privados como público, solo hay 24.178 plazas disponibles para atender al total de 288.346 personas mayores que sufren de dependencia severa. La falta de establecimientos estatales suficientes genera “eternas listas de espera y un servicio deficiente e inhumano”. Un hogar de mediano estándar no cuesta menos de 1.2 o 1.3 millones de pesos mensuales. Los adultos mayores, muchos con una pensión miserable y un alto costo de vida, no tienen dónde estar; en Iquique ya se han cerrado dos ELEAM. Una ex-funcionaria municipal de la Oficina del Adulto Mayor relató que las listas de espera eran enormes y la demanda creciente, con muchos viviendo solos, hacinados o sin los cuidados necesarios.
Falta de Fiscalización y Modelo de Cuidado
Uno de los grandes problemas es que en los decretos se habla de infraestructura, entre otros aspectos de funcionamiento, pero no se menciona ni tampoco existe fiscalización en cuanto al trato que reciben los residentes. El SEREMI cuando acude solo se rige por lo que se menciona en el decreto, pero no ve nada más. Se menciona que Senama anuncia su llegada y los hogares “se preparan escondiendo la basura debajo de la alfombra”. Además, "cada funcionario de Senama que iba o decía que estaban las cosas mal, lo sacaban del caso y ponían otro."
La crítica apunta a que mientras no se exijan profesionales capacitados y personal con preparación (con sueldos acordes a lo que se requiere), amparados en un modelo de salud que se enmarque en la Atención Centrada en la Persona y con Enfoque de Derechos, los directores de los ELEAM seguirán manteniendo a cuidadores que saben que maltratan, pero que "no les falla en el turno" y los profesionales seguirán rotando o con licencias psiquiátricas porque no pueden hacer más. Es una situación injusta, ya que “son cientos de miles los adultos mayores que necesitan protección pero no hay voluntad política para ellos”.
Propuestas y Perspectivas a Futuro
Urgencia de Reformas Legislativas
Es urgente la derogación y sustitución del obsoleto Decreto 14 por normativas y criterios fiscalizadores más acordes con la realidad actual. También se hace muy relevante modificar el Decreto 20 antes de su entrada en vigencia, no solo corrigiendo los artículos desmedidos que contiene, sino además introduciéndole una mirada desde la experiencia y, por sobre todo, incentivos. Exigencias como las de ascensores en recintos pequeños y la informalidad en el uso de turnos clínicos (para dispositivos que funcionan de una manera muy similar a las clínicas) deben revisarse con urgencia, así como los requisitos primordiales para un ELEAM en infraestructura según la normativa urbanística y no sanitaria (Accesibilidad Universal).
Un emprendedor del sector resalta la dificultad de adquirir un inmueble con destino habitacional para destinarlo a hospedaje de adultos mayores por medio de un contrato de arrendamiento, donde afloran los obstáculos en tener que acondicionar espacios, cumplir con recepción final municipal, sello verde de gas actualizado, certificado eléctrico y pagar los impuestos, ya que es una actividad no exenta de IVA, lo que incrementa significativamente los gastos.
Mesa de Expertos y Diálogo
La Alianza por la defensoría de las personas mayores, que agrupa a más de 50 organizaciones a nivel nacional, convocó a una reunión preparatoria para comenzar un foro permanente en relación a los derechos de las personas mayores que residen en los ELEAM. Se revisaron antecedentes históricos y legislativos sobre los cuidados en Chile, permitiendo una visión amplia de una problemática que se arrastra desde hace muchos años. La convocatoria a una mesa de expertos para modificar el Decreto 20, aunque con limitaciones, representó un paso importante, ya que “por primera vez en por lo menos treinta años, la autoridad se haya sentado a conversar con los operadores”. Es crucial que este diálogo continúe.
La Dignidad de los Adultos Mayores
La percepción general es que no hay suficiente voluntad política para los adultos mayores, a pesar de que es una población creciente con necesidades urgentes. Una profesional lamenta que "el Estado se gasta una friolera de millones de pesos en un medicamento paliativo" y se pregunta "¿cuántos viejos podrían ser atendidos con esos $3.500 millones de pesos?", sugiriendo que la dignidad de los ancianos "no vende mucho en la televisión" y que, al final, "quedan solo y abandonados". La situación es "el pago de Chile" para ellos.
Innovación en Modelos de Cuidado
Ante la dificultad de las familias para pagar un recinto para adultos mayores con los cuidados que la Ley exige, y la falta de recursos para cumplir con las normativas sin visión de futuro, algunos emprendedores están explorando modelos alternativos como el Cohousing Senior para personas de +55 años, como se viene implementando desde hace años en Europa y Estados Unidos. Este modelo busca seguir dando un servicio adecuado y de alto nivel en un entorno familiar, activo y promotor de bienestar, "al margen de la Ley", lo que plantea un desafío a la normativa y visión de futuro del país.