Reforma Social y Derechos Laborales en Chile: Un Recorrido Histórico

Al comenzar el siglo XX, los trabajadores chilenos no tenían ningún tipo de legislación social o laboral que los favoreciera o les brindara protección. La seguridad social en Chile, de hecho, no existía antes de 1924, y los obreros y empleados sufrían de accidentes y estaban expuestos a riesgos sin un sistema que los protegiera a ellos y a sus familias. En este periodo de la historia de Chile, no existía una institucionalidad encargada de la seguridad social, y los distintos gobiernos de la época no tomaron en cuenta las demandas de los trabajadores asalariados.

El siglo XIX se caracterizó por una ausencia estatal en el ámbito social, conforme a los principios liberales que postulaban que solo el individuo debía decidir sobre sus asuntos. A esto se sumaban los recelos de la élite, que consideraba el asistencialismo una amenaza a los hábitos de los trabajadores y una fuente de expansión de ideas subversivas. Chile presentaba un rígido sistema de estratificación social, lo que, junto con las malas condiciones en que se encontraban los obreros, dio origen a las primeras demandas laborales.

Fotografía histórica de obreros chilenos a principios del siglo XX trabajando en condiciones precarias

Orígenes y la "Cuestión Social" (Finales del Siglo XIX - Principios del Siglo XX)

Producto de estas irregularidades, surgió en Chile el movimiento obrero, incluso antes de los años 20, con las marchas del hambre en Valparaíso. La historia consigna que entre 1902 y 1908 hubo más de 200 huelgas. Es fundamental mencionar que, a raíz de estas manifestaciones, se desencadenaron verdaderas matanzas de obreros, siendo la más recordada, por su particular crudeza, la matanza de la escuela Santa María de Iquique en 1907, perpetrada por las fuerzas armadas durante el gobierno de Pedro Montt (1906 - 1910).

La Federación Obrera de Chile (FOCH) comenzó como una agrupación de obreros de ferrocarriles con una orientación mutualista ligada al Partido Demócrata. A mediados de la década de 1910, comenzaron a integrarse los trabajadores del salitre y adquirió un carácter nacional. El descontento social, acaecido tanto en Latinoamérica como en Chile debido al auge de la denominada “cuestión social”, puso en evidencia las falencias del Estado oligárquico e impulsó las primeras acciones para transicionar hacia la conformación de un nuevo concepto de Estado.

La cuestión social en Chile

Hitos del Movimiento Obrero y Organizaciones Sindicales (1909-1953)

La historia del movimiento obrero en Chile está marcada por la fundación y evolución de diversas organizaciones sindicales y políticas:

Año Descripción del Evento
1909 Con una orientación católica-comunitaria, se funda la Federación Obrera de Chile (FOCH), concediéndosele personalidad jurídica el 11 de septiembre de 1912, a través del decreto Nº 2.622.
1912 Fundación del Partido Obrero Socialista (POS) que, en 1922, se transforma en el Partido Comunista Chileno.
1919 Reformulación de las orientaciones doctrinarias de la FOCH, transformándose en una asociación sindical revolucionaria.
1921 En el Cuarto Congreso Nacional realizado en la ciudad de Rancagua, la FOCH adhiere a la Internacional Sindical Roja, con sede en Moscú, siguiendo la línea marxista-leninista de la Tercera Internacional de Moscú de 1919.
1922 Fundación de la Asociación General de Profesores Primarios de Chile.
1925 Fundación de la Unión Republicana de Asalariados de Chile (URACH) que apoya la candidatura presidencial del médico José Santos Salas.
1926 Se crea la Federación Obrera Regional de Chile (FORCH). Este mismo año se funda la Confederación Ferroviaria.
1929 El 8 de diciembre, se funda la Confederación Republicana de Acción Cívica de Obreros y Empleados de Chile (CRAC).
1931 El 31 de octubre, creación de la Confederación General de Trabajadores (CGT), de carácter anarquista y anarcosindicalista.
1932 Entre el 22 y 23 de septiembre, se organiza la Confederación de Sindicatos de Santiago.
1934 Creación de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPG), la cual adquiere personalidad jurídica por decreto Nº 1.001 del 14 de marzo de 1935.
1935 En un congreso realizado en la ciudad de Valparaíso, se crea la Asociación Nacional de Instituciones de Empleados Particulares (ANIEP). El 4 de agosto, se funda en la ciudad de Santiago la "Liga Nacional de Campesinos Pobres".
1936 Entre el 24 y 26 de diciembre, en el transcurso de un congreso de unidad sindical, se crea la Confederación de Trabajadores de Chile (CTCH), sin personalidad jurídica.
1943 Por iniciativa de Clotario Blest Riffo, se funda la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), adquiriendo personalidad jurídica recién en 1972.
1945 El 14 de septiembre, se dicta la ley Nº 8.198 que modifica el Código del Trabajo en lo relativo a las indemnizaciones por accidentes del trabajo, además de aumentar las pensiones vitalicias y temporales y el subsidio de accidentes.
1948 El 10 de diciembre, se organiza la Junta Nacional de Empleados (JUNECH). El 31 de septiembre, por petición del Presidente de la República Gabriel González Videla, se dicta la ley Nº 8.961 sobre la ley de defensa permanente, conocida popularmente como "Ley Maldita", que proscribió al Partido Comunista a la ilegalidad. Entre el 26 y 28 de marzo, en Valparaíso, se funda la Confederación de Empleados Particulares (CEPCH) de la fusión de la Federación de Instituciones de Empleados Particulares (FIEP) y la Confederación Nacional de Empleados Particulares (CONEP).
1953 Entre el 12 y 15 de febrero, con ocasión de un Congreso Constituyente y siendo su primer presidente el dirigente sindical Clotario Blest, se funda la Central Única de Trabajadores de Chile (CUT), la organización gremial más importante proyectada por dirigentes obreros hasta el día de hoy.

La Era de las Primeras Leyes Sociales (1920s - 1930s)

Arturo Alessandri Palma y el diputado Dr. Exequiel González Cortés impulsaron las primeras leyes laborales y de seguridad social en Chile. Específicamente, entre 1921 y 1924, hubo varios intentos para crear un sistema de seguridad social moderno que incluyera prestaciones para proteger a las personas de los riesgos propios de la vejez, discapacidad y enfermedad, entre otros. La promulgación de las leyes sociales y el Código del Trabajo, entre 1925 y 1931, cambió radicalmente la conformación del movimiento obrero y las organizaciones de trabajadores.

No fue sin conflictos que, una vez sentado en la presidencia, Arturo Alessandri Palma pudo aprobar algunas leyes sociales, requiriendo de la intervención militar, conocida como el Ruido de Sables de 1924. La Constitución de 1925 se conformó como garante de las primeras leyes de bienestar social, prologándose hacia el gobierno de Pedro Aguirre Cerda (1938 - 1941). Comienza así el período de 1924 a 1970, marcado por una concepción de solidaridad institucional con los sectores más desposeídos, conformando lo que algunos calificaron como un Estado protector.

Creación de la Institucionalidad de Previsión Social

Un elemento importante es que el gobierno de Alessandri en 1924, a través del DFL N°25, creó el Ministerio de Higiene, Asistencia y Previsión Social, bajo la tutela del doctor Alejandro del Río como primer ministro. A partir de ello, la seguridad social se organizó en torno a categorías ocupacionales, denominadas Cajas. El financiamiento para la salud de los trabajadores provenía de las ex Cajas de Seguro Obrero. Bajo el alero de este ministerio, se organizó la Caja del Seguro Obrero para cubrir las prestaciones de viudez, enfermedad, vejez y muerte.

En 1975, Chile llegó a tener un total de 35 Cajas de previsión, con sus respectivos requisitos y normativas legales, las que eran muy disímiles entre sí. Cabe señalar que, en 1935, se suspendió la creación de nuevas Cajas de Previsión. Ejemplos de estas cajas incluían la Caja Servicio Seguro Social, Caja Empleados Particulares, Caja Empleados Públicos y Periodistas, Caja Bancaria, Caja Ferrocarriles del Estado, entre muchas otras que atendían a diversos sectores laborales.

El Rol de las "Visitadoras" y la Profesionalización del Servicio Social

Hacia finales del siglo XIX y antes de 1924, la seguridad pública dependía en gran parte de la labor filantrópica de las mujeres de la élite, a menudo ligadas a la iglesia católica. Ellas acudían a las viviendas de los obreros pobres y niños enfermos con el fin de colaborar en su subsistencia, brindando caridad sin una profesionalización. En 1925, se funda la primera escuela de Servicio Social en Chile y América Latina, la Escuela de Servicio Social Dr. Alejandro del Río.

De allí se introducen las primeras trabajadoras sociales en el ámbito gubernamental, conocidas entonces como “visitadoras”, quienes fiscalizaban el quehacer en las viviendas de los trabajadores enfermos. Las primeras generaciones de visitadoras eran jóvenes solteras y mujeres casadas jóvenes que deseaban aprender sobre el conocimiento científico para llevar a cabo su labor humanitaria, encontrando trabajo en espacios vinculados a la educación, salud y bienestar desde el Estado, como en la Caja del Seguro Obrero y el departamento de bienestar de la Inspección del Trabajo.

Consolidación del Estado de Bienestar (Mediados del Siglo XX)

Con el gobierno de Pedro Aguirre Cerda (1938 - 1941), la labor de las profesionales de servicio social se insertó en la dinámica institucional al frente de los cargos públicos. Con el lema presidencial “Gobernar es educar”, hubo un énfasis en la labor de las visitadoras sociales, fundamentalmente desde el ámbito de la educación en lo concerniente a higienización, y materias de salud y previsión. En 1940, se cambió el término de “visitadoras” por “asistentes sociales”, haciendo referencia a la idea de profesionalización del trabajo social.

No es coincidencia que la profesionalización del trabajo social coincidiera con lo que para varios autores corresponde al inicio del Estado de Bienestar en Chile. Bajo este modelo, el Estado adopta como rol principal garantizar la seguridad social para todos y todas, formulando políticas sociales que consideran la salud, educación, vivienda y previsión. Entre 1930 y 1950, el Estado triplicó el gasto en programas sociales, dirigiendo esta inversión principalmente a grupos capaces de ejercer presión política, como trabajadores organizados en sindicatos y gremios.

Esquema de la estructura de las Cajas de Previsión en Chile durante el siglo XX

Funciones de las Asistentes Sociales en las Cajas de Previsión

Las trabajadoras sociales de las cajas de previsión cumplían diferentes funciones: orientaban en materia previsional en cuanto a la caja a la cual pertenecía el trabajador y sus beneficios, como también en materias de índole laboral y de salud. Eran ministros de fe en las declaraciones juradas de sobrevivencia, estado civil, residencia y toma de poderes. Realizaban visitas domiciliarias para la toma de solicitudes de beneficios de pensiones, seguros de vida y poderes para los pensionados enfermos o postrados, e incluso llevaban el dinero de pensión al domicilio si el pensionado no podía concurrir a pagarse su jubilación. En la década de los años 30, en la Caja del Seguro Obrero, propiciaron la construcción de viviendas, la organización de los trabajadores y la capacitación en cuanto a mantenimiento de las viviendas, economía, limpieza y aseo.

Hacia la Unificación del Sistema Previsional

Por otra parte, bajo el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, se creó la Comisión Klein-Sacks (1958) con el fin de elaborar un diagnóstico que permitiera corregir los problemas de índole económico, financiero y político. Los informes de los gobiernos de Gabriel González Videla e Ibáñez del Campo concluyeron que la solución para problemas de desigualdad y costos excesivos del sistema de pensiones en Chile era, necesariamente, la unificación y estandarización.

El movimiento obrero, fuertemente ligado al Partido Comunista a través de la Confederación de Trabajadores de Chile, fue fuertemente reprimido y debilitado por el gobierno de Gabriel González Videla al promulgar la Ley de Defensa de la Democracia o "Ley Maldita" en 1948.

El Impacto del "Plan Laboral" de la Dictadura (1980s)

Las reformas sociales implementadas a inicios de la década de 1980 significaron profundas transformaciones en materia laboral, de vivienda y educación, y en la estructura y mecanismos de funcionamiento en el área de la salud. Con la publicación en 1980 del Decreto-Ley Nº 3.500, se consolidó en Chile una reforma definitiva al sistema de pensiones, poniendo fin a un sistema basado en beneficios establecidos, gestionado por múltiples Cajas de Previsión y financiado mediante el mecanismo de reparto administrado mayoritariamente por el Estado.

El Plan Laboral, una "macabra estrategia normativa" de José Piñera Echeñique, Ministro del Trabajo de la dictadura, fue central en la desmovilización y despolitización del movimiento sindical chileno. La nueva institucionalidad laboral, iniciada en 1979, junto con terminar con el modelo de sindicalismo que existía en Chile desde la década de 1930, tenía como propósito crear una sociedad despolitizada y con bajas tasas de participación formal. Según Piñera, su Plan Laboral "le despejó mucho el camino a la democracia liberal en la Constitución aprobada el año 1980", "no solo puso de acuerdo en Chile el esquema sindical con la economía social de mercado, sino que su vigencia significó además despolitizar el movimiento sindical chileno en el más sano sentido de la palabra”.

Infografía comparativa del sistema de pensiones chileno antes y después del D.L. 3.500

Restricciones a los Derechos Laborales

Los Decretos Ley N° 2.544 y 2.545 expresaron la lógica de fundar un nuevo orden sindical. El nuevo modelo consagrado en el Plan Laboral restringía la negociación colectiva y anulaba en la práctica el derecho a huelga al permitir la contratación de reemplazantes y la negociación individual, además de prohibirla para los trabajadores fiscales y las industrias estratégicas como el cobre. La huelga podía durar hasta un máximo de sesenta días, y con un mínimo de trabajadores, se podía censurar a los dirigentes.

El Plan Laboral, no solo arrebató a la clase obrera derechos conseguidos por los trabajadores durante el último siglo, sino que estableció un nuevo modelo de relaciones laborales con un derecho del trabajo individual con más libertades y menos protección y un derecho del trabajo colectivo centrado en la empresa y despolitizado, que no permitiera la redistribución de la riqueza. Según José Piñera: “La negociación colectiva en ningún caso ha de ser un mecanismo para redistribuir los ingresos o riqueza en el país”.

Desafíos y Reformas en la Democracia Recuperada (Post-1990)

Hasta el último día de la dictadura se soñó que, vuelta la democracia, se recuperarían cada uno de los derechos perdidos por los ciudadanos, en especial los derechos de los trabajadores. Sin embargo, en lo laboral, solo ha habido mínimas modificaciones en el derecho individual y en el derecho colectivo solo una reformilla en materia de sindicalización y prácticas antisindicales. Es recién en el quinto gobierno de la “centro izquierda” (Concertación y Nueva Mayoría), a 37 años del Plan Laboral y a casi 25 años de la recuperación de la democracia, que se presentó un proyecto de reforma en materia de derecho colectivo.

El 30 de octubre de 1990, el presidente de la República Patricio Aylwin envió al Senado el Proyecto de ley que establecía nuevas normas sobre organizaciones sindicales y negociación colectiva. En su mensaje, el presidente destacó la necesidad de una institucionalidad laboral con legitimidad tanto para trabajadores como para empresarios y la comunidad. Este proyecto buscaba modernizar y hacer más justo el sistema legislativo en materia laboral.

Debates sobre la Reforma Laboral

Una de las áreas clave fue la legislación laboral, donde las partes firmantes del acuerdo se comprometieron a elaborar una normativa que asegurara equidad, fortaleciera la autonomía de las organizaciones, protegiera los derechos, permitiera una negociación colectiva equilibrada y regulase los conflictos, todo adecuado a las necesidades de productividad y competencia.

El proyecto de reforma laboral propuesto no presenta ningún artículo ni mención respecto de la Negociación Colectiva por ramas de la actividad económica. Ha transcurrido más de 14 meses en tramitación, periodo en que se han presentado más de mil indicaciones. En este proceso ha habido escasa visibilidad y lamentable poca efectividad en la participación de los trabajadores y sus organizaciones para hacer presentes sus reparos. La derecha empresarial, en todo el periodo de discusión, ha sido clara en valorar la normativa heredada de la dictadura y en defender a la empresa de los peligros de la Reforma Laboral, fundamentándose en el riesgo para el crecimiento económico. La CUT, en enero de 2016, decidió llamar a un paro nacional en reacción a los resultados de la discusión parlamentaria de la Reforma Laboral.

La cuestión social en Chile

Puntos Críticos de la Reforma Propuesta

Aún no se sabe qué resultará finalmente de la reforma, pero algunos de los puntos de debate y modificación incluyen:

  • Quórum de constitución sindical: Se modifica el quórum en empresas con 50 trabajadores o menos, que podrán constituir sindicato con 8 de ellos, siempre que representen como mínimo el 50% del total de trabajadores.
  • Flexibilidad laboral: El proyecto considera flexibilidad laboral vía los pactos de adaptabilidad, permitiendo disponer de derechos irrenunciables, sea por acuerdo de un sindicato que afilie el 30% o individualmente por el 70% de los trabajadores restantes.
  • Huelga: La legislación actual, cuestionada por la OIT, establece que los trabajadores deben votar la huelga en dos ocasiones. El proyecto de reforma laboral establece que deberán votarla cada cinco días por decisión unilateral del empleador. Se incorpora además la reposición del concepto de negociación y huelga pacífica.
  • Reemplazo en huelga: El proyecto plantea que se elimina la figura del reemplazo en la huelga, una práctica que somos el único país del mundo en consagrar y que ha recibido reparos de organismos internacionales y fallos de la Corte Suprema. Sin embargo, el proyecto inventa un reemplazo solapado, exigiendo servicios mínimos y permitiendo a trabajadores no involucrados ejecutar funciones convenidas más otras tareas, lo que es confuso.
  • Plazos de negociación: Se aumenta de 12 a 18 meses el tiempo que debe transcurrir desde la creación de una empresa para que se pueda negociar colectivamente.
  • Castigos a dirigentes sindicales: Se incorpora un nuevo castigo a los dirigentes sindicales “que abusen de los derechos sindicales”, sin establecer de forma precisa qué sería abuso, dejando la tarea de determinación al juez.
  • Sindicatos interempresas y PYMES: La negociación seguiría siendo voluntaria, y aunque se discuten normas ad hoc para PYMES, existe la preocupación de que se quiten derechos a estos trabajadores en lugar de garantizar la libertad sindical.

A esta fecha, el proyecto de reformas no era lo que se esperaba y, durante la tramitación, se ha ido poniendo cada vez más peligroso para los trabajadores. Cuando la ley entre en vigencia, empezará el verdadero problema para los trabajadores, ya que todos aquellos artículos sujetos de interpretación deberán llegar a tribunales.

La Reforma de Pensiones como Compromiso Actual

Valparaíso, 01 de junio de 2025. El ministro Boccardo sostuvo que la agenda del Gobierno “no fueron solo promesas, sino que hechos. Hemos cumplido sistemáticamente con el programa que el Presidente comprometió al país.” Agregó que “hemos dado una excelente noticia al país con la reforma de pensiones, sentando las bases para un sistema previsional más justo y digno para el futuro de todos los chilenos. Esta histórica reforma beneficiará a 2,8 millones de adultos mayores, aumentando sus pensiones entre un 14% y un 35%, superando ampliamente los beneficios otorgados en la reforma de 2008.”

El ministro destacó que la Reforma de Pensiones es, sin duda, la reforma estructural más importante durante el Gobierno, mediante la cual Chile ha fortalecido su lógica de seguridad social dando forma a un nuevo sistema basado en tres pilares, donde aportan el Estado, empleadores y las personas a través de su ahorro individual. En lo que resta del Gobierno, se mantendrá este compromiso inquebrantable con los trabajadores del país, reafirmando que Chile ha avanzado y está mejor de cómo lo recibieron.

La Necesidad de un Nuevo Código Laboral para el Siglo XXI

La necesidad de un nuevo Código Laboral para Chile para el siglo XXI es evidente y urgente. Como país miembro de la OCDE, se debería entender que los sindicatos son organizaciones intermedias que contribuyen al proceso de representación para la dignificación del trabajo y el aprendizaje de los valores ciudadanos de ejercicio de derechos.

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