La denominada "Deuda Histórica" representa uno de los temas más significativos y complejos en el ámbito laboral y previsional del sector docente. Se define como el perjuicio salarial que sufrieron miles de profesoras y profesores de escuelas públicas durante la dictadura. Este conflicto se originó cuando la administración de los establecimientos fue traspasada desde el Estado a las municipalidades, lo que impidió que los profesionales recibieran el reajuste salarial contemplado en el Decreto Ley N° 3.551 (Artículo 40), derecho que fue desconocido por los nuevos empleadores municipales.
Dimensiones de la Deuda Histórica
Más allá del aspecto estrictamente económico, este fenómeno posee múltiples aristas:
- Un pendiente de la democracia: La Deuda Histórica es considerada una deuda del Retorno a la Democracia. A pesar de la lucha del gremio docente por la recuperación del Estado de Derecho, el Estado no restituyó el derecho laboral básico de percibir el sueldo íntegramente ni respetó los derechos salariales adquiridos.
- Un desafío de reparación: Representa un reto para el país, orientado a reparar el daño infligido durante décadas, afectando en su mayoría a docentes jubiladas de avanzada edad que dedicaron su vida a la formación de generaciones.
El compromiso gubernamental y la Ley 21.728
Desde el inicio de su administración, el gobierno asumió el compromiso de avanzar en una solución concreta y viable para esta demanda. Tras un proceso legislativo, el Congreso aprobó el proyecto de ley, la cual fue promulgada el 31 de enero de 2025 y publicada en el Diario Oficial el 6 de febrero del mismo año. La Ley 21.728 establece el marco normativo para la reparación de este perjuicio material.
Alcance y beneficiarios
La solución está diseñada para cubrir a la totalidad de los docentes afectados en un plazo de 6 años. Se considerará a todos los profesionales que a la fecha no hayan recibido pagos o compensaciones asociadas a esta deuda. La información de base para este proceso consideró la revisión de los decretos de traspaso de cada escuela al municipio respectivo.
| Categoría de beneficiario | Condición |
|---|---|
| Docentes identificados | Incluidos en la nómina elaborada por el Ministerio de Educación. |
| Docentes no incluidos | Profesionales que no están en la nómina, pero que pueden postular aportando los antecedentes solicitados. |
Es importante señalar que la solución no se hará extensiva a quienes ya han recibido otra indemnización, compensación o beneficio de cargo fiscal o financiado con recursos públicos relacionado con la asignación mencionada.
Proceso de entrega de antecedentes
El proceso para formalizar los requisitos establecidos en la Ley 21.728 inició el 31 de marzo de 2025. El Ministerio de Educación, mediante resoluciones exentas, ha definido las nóminas de posibles beneficiarios, al tiempo que ha abierto procesos de postulación adicionales para aquellos que no se encuentran en los listados iniciales.
Información relevante:
- Quienes ingresaron antecedentes en la plataforma hasta el 22 de junio pueden revisar el estado de su trámite mediante su RUT y Clave Única.
- Aquellos docentes que aún no han entregado los documentos requeridos tienen plazo para realizar este aporte hasta el 31 de diciembre de 2026.
- Ser parte de un listado preliminar no implica automáticamente estar considerado en la propuesta de reparación definitiva.
Contexto del sistema previsional
La situación de los docentes se enmarca en una problemática mayor: la precariedad de las pensiones en Chile. El sistema de capitalizaciones individuales administrado por las AFP, creado en 1980 -cuando la expectativa de vida era significativamente menor a la actual-, ha sido objeto de diversas reformas. Iniciativas como la Pensión Garantizada Universal (PGU) buscan mejorar los ingresos de los adultos mayores, evidenciando una deuda histórica transversal con las personas mayores del país, cuyo sistema actual no siempre logra cubrir sus necesidades básicas.