La muerte de la pequeña Lissette Villa Poblete en abril de 2016, en el CREAD Galvarino en Santiago, puso de manifiesto la grave situación de los niños y jóvenes bajo el cuidado del Estado chileno, específicamente en los centros del Servicio Nacional de Menores (Sename). Una investigación solicitada por el fiscal Marcos Emilfork Konow arrojó datos alarmantes sobre vulneraciones de derechos, maltratos y abusos sexuales.
Hallazgos devastadores del informe policial
Según el informe de la Policía de Investigaciones (PDI) de 2017, que investigó 240 hogares de menores, se registraron un total de 2.071 hechos constitutivos de vulneración hacia los residentes en los centros del país. De estos, 432 correspondieron a maltratos por parte de adultos, lo que afectó al 88,3% de las residencias. En un alarmante 58,3% de los centros, las situaciones de maltrato fueron imputadas a los mismos trabajadores encargados del cuidado de los residentes.
Los datos son particularmente lapidarios en el caso de los centros dependientes del Estado (Cread). La PDI constató que en el 100% de ellos se han vulnerado grave y sistemáticamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA) bajo tutela estatal.
El informe también detalló la condición de salud de los menores, indicando que 1.358 residentes presentaban algún grado de discapacidad y 659 residían en centros de protección para lactantes.
Ocultamiento de información y acusaciones
El diputado René Saffirio acusó al ministro de Justicia, Hernán Larraín, y al Fiscal Nacional, Jorge Abbott, de ocultar la información contenida en el informe policial. Este documento, entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, no se hizo público, a pesar de la gravedad de sus conclusiones.
"El Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños que están bajo su tutela", afirmó Saffirio, exigiendo la renuncia del ministro Larraín ante la gravedad de los hechos revelados.
Informe de la PDI revela diversos abusos en todos los centros del Sename | 24 Horas TVN Chile
Detalles de las vulneraciones
El desglose de los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos constatados por la PDI incluye:
- 432 maltratos por parte de adultos.
- 1.265 maltratos entre pares.
- 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos.
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos.
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores.
En el 50% de los hogares se constataron abusos sexuales. De los 310 abusos con connotación sexual, 123 fueron cometidos por adultos y 187 por otros menores.
El informe policial es categórico: "Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros".
Condiciones precarias y falta de protocolos
La investigación de la PDI también reveló la ausencia o el incumplimiento de protocolos mínimos de seguridad y cuidado en los centros del Sename. Se determinó que el 44,5% de los centros no cumplía con los protocolos mínimos exigidos por el Sename.
Los resultados son aterradores:
- El 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas.
- Un 76,7% de los hogares no cuenta con protocolo para "sujeción y contención física frente a desajustes conductuales".
- La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor.
Además, el 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica por parte del Sename, pero en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa, lo que limita su efectividad.
Problemas de salud mental y atención médica deficiente
La PDI constató que el 37,3% de los residentes padece alguna enfermedad psiquiátrica, mientras que un 14,2% presenta alguna patología médica y un 13,9% sufre una enfermedad crónica.
La situación se agrava por la falta de personal cualificado. El informe detalla que 42 centros no tienen un encargado de salud, y en aquellos que sí lo tienen, la función a menudo es ejercida por personal sin la formación necesaria. En el 66,3% de los centros, la administración de fármacos diurna está a cargo de educadores de trato directo sin formación en salud.
Además, el 93,8% de los centros no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o casos complejos.
La violencia institucional como eje central
El informe de la PDI se suma a una larga cadena de reportes de diversas instituciones a lo largo de los años que han evidenciado la violencia sistemática en el Sename. La violencia institucional se entiende como aquellas prácticas estructurales de violación de derechos realizadas por funcionarios públicos, ya sea por acción u omisión.
Diversas líneas de investigación apuntan a factores que contribuyen a la calidad insuficiente de los cuidados residenciales, como el gran tamaño de los establecimientos, la falta de especialización y alta rotación del personal, así como la infraestructura y las condiciones despersonalizantes.
En Chile, los abordajes de la violencia institucional se han centrado en informes de organismos fiscalizadores que han denunciado al Sename. El modelo de subvenciones para la protección, instaurado desde la fundación del organismo en 1979, ha sido criticado por orientar las prácticas hacia la optimización de recursos y la medición de resultados, a menudo a expensas del bienestar de los menores.
Casos emblemáticos y la respuesta del Estado
La muerte de Lissette Villa Poblete, así como el caso de Guillermina, una adolescente de 16 años que falleció en 2012 en un centro del Sename, evidencian las fallas del sistema. En ambos casos, las circunstancias de sus muertes, la falta de protocolos adecuados y la medicación excesiva son puntos recurrentes.
El caso de Lissette, en particular, reveló que la menor estaba sobremedicada y expuesta a antidepresivos sin una supervisión adecuada. Su muerte fue atribuida inicialmente a una "crisis emocional", una explicación considerada insatisfactoria y que derivó en la destitución de la directora del Sename en ese momento.
La falta de claridad en las cifras de menores fallecidos bajo tutela del Estado ha sido otro punto crítico. Informes de diferentes organismos han arrojado cifras dispares, lo que pone en duda la transparencia y la capacidad del sistema para registrar y dar cuenta de la situación de los menores.
Propuestas de solución y el futuro del Sename
Expertos y parlamentarios han señalado la necesidad de reformas profundas en el sistema de protección a la infancia. Entre las propuestas se incluyen:
- Un adecuado apoyo y seguimiento psiquiátrico para los menores.
- Unidades polivalentes con personal dedicado que trabaje con las familias.
- El objetivo final de que los niños vuelvan con sus familias de origen, rompiendo el círculo de la pobreza y el maltrato.
- Una defensa jurídica adecuada para los menores vulnerados.
El Consejo para la Infancia ha planteado el cierre del Sename y la transición a un nuevo servicio. Sin embargo, la urgencia de la situación exige medidas inmediatas para garantizar la protección y el bienestar de los niños y adolescentes bajo la tutela del Estado.
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