La investigación realizada por el Poder Judicial y Unicef reveló una alarmante presencia de abuso sexual y violencia en el sistema de protección infantil de Chile, evidenciando fallos y renuncios por parte del Servicio Nacional de Menores (SENAME) y el Poder Judicial. En 2011, el propio SENAME realizó una encuesta a 4.000 niños del sistema residencial, donde más de 200 reportaron haber sido tocados en sus genitales y más de 150 indicaron haber sido obligados a tocar partes íntimas de otras personas. Estos hallazgos, junto con otros informes, subrayan un problema estructural agravado por un déficit presupuestario significativo, ya que el Fisco solo aporta un tercio de lo necesario para mantener a un niño en el sistema.
Deficiencias Históricas y Contexto de la Crisis
El SENAME, creado en 1979 durante la dictadura militar, nació con una concepción de la infancia como un "estado irregular", enfocándose en un modelo tutelar y de control, más que de protección integral. Este enfoque se refleja en sus objetivos de "reinsertar, rehabilitar y reparar los derechos de los niños y niñas que han sido vulnerados", lo cual es criticado por Viviana Soto, académica del Departamento de Educación, quien argumenta que no se "repara" a los sujetos.
La historia del sistema de protección a la niñez en Chile, que se remonta a fines de los años veinte, ha mostrado escasas transformaciones. Se consolidó una nueva Ley de Menores en 1968, pero el sistema operó bajo una red administrada por instituciones públicas y ejecutada principalmente por privados subvencionados, a menudo fundaciones religiosas. Esto generó un entramado que combinó prácticas carcelarias y asistencialismo tradicional, llevando a una constante denuncia de carencias y desprotección. La privatización del sistema bajo la dictadura acentuó estas deficiencias, promoviendo la institucionalización y el aumento de la permanencia de los niños en recintos cerrados debido al sistema de subvenciones.
A pesar de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990 y los cambios normativos y administrativos, la estructura de protección no ha variado sustancialmente. El sistema sigue basándose en subvenciones a instituciones privadas por cada niño atendido, manteniendo un fuerte componente privado y un rol subsidiario del Estado en supervisión y control financiero. Esta falta de adaptación a los preceptos de los acuerdos internacionales ha resultado en graves vulneraciones de los derechos de niños y adolescentes.
La Investigación de Unicef y el Poder Judicial: Un Punto de Inflexión
La investigación que remeció la opinión pública fue el resultado de un convenio entre Unicef y el Poder Judicial. Este estudio en terreno analizó las condiciones de vida de 6.500 niños en 10 regiones e identificó los principales "nudos críticos" del sistema. El equipo, liderado por la jueza Mónica Jeldres, detectó la presencia constante de abuso sexual, a menudo cometido por otros jóvenes internos, e incluso por los propios guardadores. En las Aldeas Infantiles SOS, por ejemplo, el informe concluyó que "un 10% de todos los niños y niñas bajo el cuidado de esa institución participó de algún tipo de abuso sexual como víctima o agresor".
Además, se registró una presencia masiva de violencia física y verbal por parte de guardadores o niños mayores, así como castigos como el encierro o la privación de alimentos. La Comisión Jeldres identificó 28 hogares con antecedentes de violencia de adultos contra niños, 45 con violencia entre menores, 9 con abusos sexuales cometidos por un adulto y 10 con abuso sexual entre internos.
¿Qué es la Ley de Garantías y Protección Integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes?
Intentos de Silenciar los Resultados
A fines de 2012, cuando los resultados de la Comisión Jeldres estaban por ser ordenados, el equipo fue intervenido por el ministro de la Corte Suprema, Héctor Carreño. La jueza Jeldres renunció y su informe fue cuestionado metodológicamente y, en gran medida, olvidado. Las críticas más graves recayeron sobre el Poder Judicial, coautor de la investigación, por intentar mantener en reserva los resultados y por no investigar los antecedentes constitutivos de delito revelados.
Según la socióloga Carolina Bascuñán, Carreño se opuso a la difusión para "proteger la identidad de los niños y evitar la alarma pública". Sin embargo, ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, ofreció otra explicación. La vocera de Unicef, Francisca Palma, afirmó que la decisión de qué hacer con la información recaía en el Poder Judicial, como "mandante del estudio". Lo que sí está claro es que fue Héctor Carreño quien decidió que los datos de la encuesta no fueran investigados por los Tribunales de Familia, a pesar de las amplias facultades de los jueces para intervenir hogares.
Críticas al SENAME y al Poder Judicial
Reacción Tardia e Ineficaz del SENAME
El SENAME ha recibido la mayor parte de las críticas por su reacción tardía e ineficaz. A pesar de haber recibido los datos de la Comisión Jeldres en marzo de este año, que indicaban graves situaciones hogar por hogar, la institución no actuó hasta que el estudio fue difundido por CIPER. Rolando Melo, director del SENAME, argumentó que, al no identificar la encuesta a los niños, su trabajo había sido "a oscuras". Sin embargo, esta excusa resulta contradictoria, ya que el propio SENAME había realizado una encuesta similar en 2011 con las mismas características de anonimato, donde surgieron más de 200 casos de abuso sexual. De esos casos, solo se tradujeron en 35 denuncias a la fiscalía en 2011 y 48 en 2012, una cifra llamativamente baja.
La institución tampoco manejaba cifras sobre cuántas denuncias habían llegado a tribunales por parte de sus propios funcionarios o colaboradores acreditados, a pesar de contar con circulares que establecen la obligación de denunciar delitos en un plazo de 24 horas.
Responsabilidad del Poder Judicial y Metas de Gestión
Las críticas más profundas al Poder Judicial, coautor e inversor de 200 millones de pesos en la investigación, se centran en su intento de ocultar los resultados y en no investigar los delitos. La abogada Paulina Gómez, miembro de la Comisión Jeldres, denunció ante la Comisión de Constitución que, más allá de la falta de recursos, existe una "lógica institucional" que lleva a los jueces a desentenderse de la suerte de los niños en el sistema de protección. Cuando los jueces envían a un niño a un hogar por ser víctima de violencia, suelen cerrar la causa, como si el problema se hubiera solucionado, lo cual Gómez califica de erróneo, pues la internación no es una solución definitiva.
El sistema actual fomenta el cierre de causas para cumplir con las "metas de gestión" del Poder Judicial, fijadas por una Comisión Interinstitucional. Estas metas exigen que el 85% de las causas estén terminadas en un plazo de 120 días, afectando principalmente las causas de protección de niños y violencia intrafamiliar, donde las personas sin recursos a menudo acuden sin abogado. La abogada Gómez enfatizó que los jueces están obligados a exigir el cumplimiento de los derechos de los niños, según los convenios internacionales ratificados por Chile, y que si la autoridad no cumple, se le debe aplicar una multa o arresto. Estas "jornadas de transferencia técnica" de la Comisión Jeldres fueron suspendidas tras la intervención del ministro Carreño.
El diputado Ricardo Rincón profundizó las críticas, señalando que la doctrina de la Comisión Jeldres, apegada a la Convención de los Derechos del Niño, "no agradó" a la Corte Suprema. Ejemplificó con casos de la Región de O’Higgins, donde la intervención de un juez logró atención psiquiátrica para un niño violado, mientras que la falta de apremio judicial en otro caso dejó a una niña de 13 años, víctima de violación, sin recursos y "dopada".
Informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (2017)
Entre enero y abril de 2017, un equipo de más de 60 profesionales del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) visitó 171 centros en todas las regiones del país. Los objetivos de esta misión de observación fueron: evaluar el cumplimiento de los derechos humanos, las condiciones laborales de los funcionarios e indagar sobre eventuales vulneraciones a los derechos de los NNA residentes.
Metodología del Estudio
Se realizaron entrevistas a directores, encuestas a trabajadores y cuestionarios estructurados a 401 NNA de 8 a 17 años institucionalizados. Además, se describió el estado de la infraestructura y equipamiento de los centros.
Principales Hallazgos
El estudio identificó 10 temáticas relevantes:
- Perfil de NNA: La población es mayoritariamente femenina (63,5%), con un 60% entre 8 y 13 años.
- Perfil de los Trabajadores: El personal es predominantemente femenino (87,9%).
- Condiciones de Vida y Cuidado: Las necesidades básicas están cubiertas, pero la calidad de las instalaciones no es óptima, faltando calefacción, recreación y espacios para privacidad. Preocupa que en un 20% de los casos, niños de distintas edades y sexos convivan en el mismo dormitorio. El 21% de los centros presenta sobrecupo. Un 1,6% de los establecimientos ofrece solo 1 o 2 comidas diarias, y el 16% de los NNA declara pasar hambre. El 22% no recibe un trato respetuoso y el 34% percibe trato discriminatorio.
- Vinculación con el Medio: En el 4% de los centros, los NNA no están autorizados a hablar con el juez directamente. Solo el 32% de los NNA pudo hablar con el juez en sus visitas.
- Educación: El 93% asiste a la escuela, pero solo el 88% de los de 14 a 17 años lo hace. El 20% presenta retraso escolar y solo el 78% recibe apoyo en tareas. El 77% de los centros "autoriza" a los padres a participar en reuniones, lo que el informe critica como una vulneración del derecho a la educación.
- Familia e Identidad: El 40% de los centros restringe los horarios de visita familiar y el 30% no admite más de dos visitas semanales. El 57% de los centros está fuera de la comuna de origen familiar, lo que genera desarraigo. El 16% usa el retraso de visitas como sanción y el 13% suspende visitas por mal comportamiento del niño.
- Salud Mental: El 69% de los NNA de 14 o más años presenta síntomas depresivos. El 45% de ellos no ha podido acceder a un psicólogo o psiquiatra, y el 70% no está en tratamiento.
- Violencia Institucionalizada: 8 de cada 10 NNA reportaron haber recibido algún tipo de castigo del personal. Destacan la privación de contacto familiar (15%), privación de comida (7%), encierro (7%) y contención física (12%). El 46% sufrió maltrato psicológico y el 12% agresión física leve, mientras que el 6% sufrió agresión grave.
- Violencia entre Pares: El 48% de los NNA fue objeto de maltrato físico y/o psicológico reiterado. El 19% de los centros no cuenta con protocolos para estas situaciones.
- Abuso Sexual: 23 casos reportaron abuso sexual en los últimos 12 meses (prevalencia del 6,4%). El 80% de las víctimas son niñas. En el 78% de los casos, el abuso fue cometido por otro menor y en el 7% por un adulto del centro. El 69% de las víctimas sigue en contacto con el agresor.
Conclusiones y Recomendaciones del INDH
El informe del INDH concluye que el Estado debe establecer criterios uniformes para la regulación de visitas, evitar sanciones que restrinjan el contacto familiar y desarrollar medidas para preservar la identidad de los niños. Además, es crucial atender la estabilidad emocional del personal, promover el conocimiento de protocolos de maltrato y de la ley N° 21.013, y generar condiciones que garanticen el derecho de los niños a ser oídos y denunciar abusos sexuales, asegurando una escucha efectiva por parte del personal capacitado.
La "Nueva Institucionalidad": ¿Un Avance o Más de lo Mismo?
El proceso de transformación del SENAME, que culminará con la creación del Servicio de Reinserción Social Juvenil y el Servicio Mejor Niñez, ha sido presentado como una solución a la crisis. Sin embargo, diversas voces critican que esta "nueva institucionalidad" está lejos de ofrecer una mejor protección. Organismos nacionales e internacionales, como la Defensoría de la Niñez (2024), el INDH, el Centro de Derechos Humanos-UDP (2023), la Corte Interamericana y el Comité de Derechos del Niño (2022), certifican una persistente vulneración de derechos.
La implementación del Servicio Mejor Niñez ya enfrenta críticas por su falta de acuerdo para un funcionamiento tranquilo, la derivación de niños a residencias no preparadas y la creciente demanda de ayuda especializada que el servicio no logra cubrir. El académico Isaac Ravetllat señala que la implementación del nuevo sistema se ve comprometida por "una falencia en el marco legal" y la falta de modificación del sistema de privatización.
Dimas Santibáñez, del Departamento de Antropología, advierte que si bien la separación institucional es correcta, es necesario "repensar el conjunto de recursos estructurales" y considerar si se mantendrá una estructura centralizada o se implementarán políticas a nivel local. También se critica la falta de formación en "educación social" para el personal que trabaja con niños vulnerados, ya que "no se ha discutido en Chile qué tipo de pedagogía se debiera ejercer".
Comisión Asesora Presidencial: Nuevas Críticas
La reciente conformación de la Comisión Asesora Presidencial para la Verdad, Justicia y Reparación de las Víctimas del Sename, anunciada por el Presidente Gabriel Boric, también ha recibido críticas. Estas apuntan a la composición de la comisión y a la exclusión de sobrevivientes en la toma de decisiones. Edison Gallardo, director ejecutivo de la Fundación Ynes y víctima directa, asegura que "el gobierno no le avisó a ningún sobreviviente sobre el anuncio de los integrantes". Helmut Kramer, fundador de la Red Sobrevivientes, señala que la inclusión de personas "cuestionadas históricamente por su paso por organismos como Sename, daña y revictimiza a las víctimas".
La Defensoría de la Niñez, encabezada por Anuar Quesille, también expresó su disconformidad por la falta de participación de las víctimas. Fundaciones como Ynes y ECAM han enviado cartas al Presidente criticando la composición de la comisión, señalando una "desconexión" entre las autoridades y quienes sufrieron los abusos. Matías Orellana, director ejecutivo de Fundación ECAM, enfatiza que "el enfoque actual excluye a quienes vivieron directamente las vulneraciones, cuestionando la falta de experiencia práctica de los integrantes y la preeminencia de una mirada meramente académica".
A pesar de las críticas, tanto Gallardo como Kramer se muestran dispuestos a colaborar, siempre y cuando haya transparencia y un espacio real de participación con "voz y capacidad de incidencia".
Respuesta del Gobierno
Ante las críticas, el Ministerio de Justicia defendió la conformación de la comisión, afirmando que su creación "ha sido un paso importante" y que durante el proceso preparatorio "se estableció expresamente como principio esencial la participación activa de las víctimas". Sobre la no inclusión de una víctima como integrante, la cartera argumenta que la comisión "ha sido conformada bajo criterios que buscan asegurar una representación transversal y una perspectiva diversa", estableciendo un mecanismo de participación para que las víctimas "puedan aportar de manera activa al proceso".