La **Defensoría de la Niñez** y **SINTRASUB** han manifestado que el Estado, a través de convenios como el de colaboración entre la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y el Servicio Nacional de Menores (SENAME), no cumple con sus obligaciones básicas de protección y cuidado de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA). Particularmente, se señala que estos convenios vulneran los derechos de los NNA de los sectores más segregados y precarizados de la sociedad bajo custodia estatal, pasando por alto la Convención de Derechos del Niño en cuanto al derecho a la privacidad, no estigmatización y no criminalización. De hecho, se argumentó que el Estado utilizaba el **SENAME** como base de información para controlar y perseguir a la población más vulnerable.
Surgen interrogantes sobre la verdadera finalidad de estos "acuerdos de colaboración" entre organismos públicos de ministerios distintos, con objetivos disímiles. ¿Por qué se asociaba a las niñeces y adolescencias pobres con grupos criminales? ¿Acaso para el **SENAME** los adolescentes que han infringido la ley penal eran considerados potenciales terroristas? Todo parece indicar que el objetivo de dicho acuerdo no era técnico, sino político: criminalizar, perseguir y castigar a los presos políticos de la revuelta social, que estuvieron, están o estarán en centros del **SENAME**, poniendo en juego lógicas institucionales adultistas y fascistas, propias de un Estado autoritario.
La "Crisis del SENAME": Orígenes y Desafíos Estructurales
La denominada "crisis del **SENAME**" se arrastra desde hace años. Un punto de inflexión fue el asesinato de la niña Lissette en un Cread Galvarino en 2016, lo que, tras una investigación de la Fiscalía al año siguiente, visibilizó innumerables denuncias por cientos de casos de violencia, abuso sexual, violaciones, maltrato físico y/o psicológico y muertes de NNA al interior de los centros del organismo, tanto residenciales como ambulatorios, en todo el país. Las últimas cifras oficiales de 2017 datan de 1.313 NNA muertos en el período 2005-2016. Esta situación ha llevado a una reflexión sobre la crisis más estructural y sistémica del carácter de la protección social estatal a los NNA más vulnerables del país.
En 2017, a raíz de la muerte de Lissette, el psicoanalista Matías Marchant publicó una columna de opinión en CIPER donde sostuvo que no se trata de una crisis del **SENAME** como institución, sino de una **crisis de carácter social y cultural sobre la representación de la niñez**. Esta crisis incide en la institucionalidad y el sistema de protección social de la niñez, afectando sus prácticas y lógicas de abordaje, tanto en el trato humano e interpersonal como en las intervenciones profesionales (psicológicas, médicas, sociales) con los NNA. Estos derechos, se sabe, no son garantizados por un Estado subsidiario en Chile.
El Estado Adultocéntrico y la Violencia Estructural
Una perspectiva adicional a la reflexión de Marchant se centra en el rol del Estado en esta violencia estructural hacia las niñeces y adolescencias: la **crisis del Estado adultocéntrico**. El **adultocentrismo**, como sistema sociocultural hegemónico, impone una visión de la vida desde el mundo adulto a las personas "menores" (NNA) y "mayores" (adultos/as mayores), construyendo socialmente una división de las edades con tareas, deberes y derechos específicos, configurando así clases de edad. Esto legitima una jerarquización entre grupos etarios, habilitando relaciones intergeneracionales desiguales y subordinadas.
El Estado chileno ha cumplido un rol fundamental en reproducir estos estereotipos, criminalizando y estigmatizando a la población infanto-juvenil de los sectores populares. Estos jóvenes son el foco de discursos políticos de autoridades gubernamentales y municipales que tienden a discriminarlos despectivamente, utilizando adjetivos como “delincuentes”, “inmaduros” e incluso “terroristas”, especialmente en situaciones que alteran la normalidad cotidiana, como las protestas estudiantiles. A partir de prejuicios y estereotipos del mundo adulto, se configura un imaginario social del “adolescente problema” o “adolescente revoltoso”, propenso a “meterse en problemas”, como si fuera una condición biológica inherente a esa edad.
Desde esta lógica, no extraña el acuerdo de cooperación interinstitucional entre la **ANI** y el **SENAME**. El razonamiento gubernamental que asocia delincuencia con la población infanto-juvenil de un determinado estrato socioeconómico es parte de la lógica **adultocéntrica** que sustenta, promueve y reproduce el Estado. Las clases de edad y las clases sociales se articulan y profundizan las prácticas de domesticación y control social adulta. El Estado se representa como un padre autoritario y violento que busca vigilar, castigar y controlar cada acto, imponiendo su forma de ver la vida sin dar lugar al diálogo y la diferencia. El Estado chileno utiliza los mecanismos jurídicos e institucionales para perseguir a los jóvenes que han protestado durante el estallido social, criminalizándolos y estigmatizándolos. Estas acciones hiper-vigilantes solo profundizan la violencia institucional y social hacia el grupo más vulnerable, incumpliendo su rol de garante de derechos y de reconocimiento de los NNA como sujetos de derecho, sociales y políticos.
La Tercerización de Servicios y el Fracaso de la Política Pública
La crisis del **SENAME** es otra muestra del fracaso de la **tercerización**, una característica de la política fiscal chilena desde mediados de la década de 1970. La **tercerización** busca achicar el Estado para dar mayor espacio al sector privado, considerado más eficiente. El 61% del presupuesto del **SENAME** en 2016, ascendiendo a $261.815 millones (US$392,5 millones), fue traspasado a organismos de administración delegada, y el 39% gestionado por el propio servicio. El presupuesto del **SENAME** creció un 8% real en la última década, pero el número de NNA internados en hogares y sus instituciones colaboradoras se redujo un 31,8%, de 15.309 en 2011 a 10.437 en 2016 (1). A pesar de esto, el total de NNA atendidos transitoriamente en centros propios y delegados subió a 804.620 en 2016, un 12% más que en 2015 y casi el doble que en 2014.
Según el diputado René Saffirio, "existe una red de partidos y de instituciones que son el núcleo de la tragedia del **SENAME**". Esta red se alimenta de recursos estatales para fines políticos subalternos y no es debidamente fiscalizada, fallando en su propósito fundamental de proteger a los menores vulnerables (2). Saffirio criticó que las reformas no abordaran la **tercerización** de servicios, que ha provocado una crisis. En el prisma neoliberal, la **tercerización** ha sido una alternativa a la privatización, con el principio de **subsidiariedad**, aplicándose en educación, salud, previsión, transporte público, entre otros. Ejemplos de fracaso incluyen el Transantiago, la compra de camas hospitalarias por Fonasa a clínicas privadas, la política de subvenciones a colegios particulares y el Crédito con Aval del Estado (CAE).
Impacto de la Internación Residencial: Separación y Revictimización
La separación de un niño de su familia de origen, aunque a veces necesaria, es una situación excepcional y transitoria debido a sus graves efectos psicológicos, estudiados por más de 60 años. En Chile, la internación de niños ha sido un medio frecuente de protección a la infancia gravemente vulnerada desde 1758. Un estudio de 2010 encargado por **UNICEF** y **SENAME** señala que el tiempo promedio de permanencia en residencias es de 2,7 años, lo que convierte una situación provisoria en prolongada o incluso permanente. Las condiciones de visita en las residencias a menudo no permiten encuentros que promuevan relaciones familiares, con horarios restringidos, espacios inapropiados o distancias excesivas entre la residencia y la casa familiar. La separación, que busca proteger, a menudo es experimentada como un castigo, dificultando el desarrollo de lazos de confianza, apoyo o solidaridad para la restitución de derechos vulnerados.
Este problema de la separación y la internación residencial como mecanismo de protección no elude el maltrato infantil o la negligencia parental, pero muestra la complejidad y desarticulación de un sistema que, en su afán de proteger, repite y actualiza la violencia sobre NNA, familias y profesionales. La frecuencia de situaciones de vulneración en residencias de protección en Chile, seguidas de negación y silenciamiento, evidencia un sistema segregado donde la desconfianza circula entre organismos colaboradores, **SENAME** y el Poder Judicial. Abordar el maltrato infantil y los abusos institucionales requiere una discusión profunda sobre el lugar de los NNA en la sociedad y el contexto en que se desarrolla la violencia.
La reparación de los derechos vulnerados no se reduce a suplir carencias afectivas y materiales, ni a sustituir un adulto o una familia. Requiere de otros: la familia, educadores de trato directo, profesionales, directores y directorios de fundaciones, y la comunidad. Solo así un niño puede recuperar la confianza en un adulto, siendo reconocido como sujeto más allá de sus antecedentes, historial de vulneraciones y estigma.
La Comisión Asesora Presidencial Verdad y Niñez: Desafíos y Renuncias
El 2 de mayo, cuatro integrantes de la Comisión Asesora Presidencial Verdad y Niñez anunciaron su renuncia colectiva a la instancia que el expresidente Gabriel Boric anunció en 2024. Esta comisión prometía establecer una “verdad histórica” en relación con los menores que han sido víctimas de vulneraciones bajo el cuidado del Estado, a través del **SENAME**, entre 1979 y 2024. Según el anuncio del gobierno pasado, el trabajo de la comisión sería base para proponer mecanismos de reparación. Las desavenencias y reproches al funcionamiento de la comisión terminaron con la renuncia de su presidenta, Soledad Larraín, y los comisionados Matías Marchant, María Estela Ortiz y Judith Schönsteiner.
Estela Ortiz, exvicepresidenta Ejecutiva de la Junji, advirtió que no es totalmente claro que el Ejecutivo mantenga el compromiso con las víctimas. La decisión de renunciar fue un proceso, tras reuniones con autoridades ministeriales donde las propuestas de la comisión no fueron aceptadas. Se planteó traspasar la comisión a la subsecretaría de Niñez, lo que implicaba un retraso significativo. Puntos clave no fueron respondidos, y aunque se indicó que no habría cambios en los comisionados, hubo injerencia en el personal y la autonomía de la comisión, lo que la hizo insostenible.
El punto de inflexión fue la intención de cambiar a los profesionales que realizaban las labores derivadas de la comisión, despidiendo al 50% del personal que realizaba las escuchas y las duplas psicosociales, quienes tenían capacitación y habían sido validados. Esto ocurrió a pesar de que la comisión había establecido mecanismos innovadores y estándar para escuchar a las personas vulneradas. Otros organismos que debían aportar antecedentes (Educación, Salud, Desarrollo Social) nunca enviaron nada. Además, se despidió a la persona de archivo sin justificación.
Sobre la reformulación de la comisión, Estela Ortiz señaló que es un problema de Estado, de todos los gobiernos, desde la época de Piñera y aún desde la República con los primeros hogares de beneficencia. En Chile, durante casi 50 años, se ha generado un sistema de vulneración de derechos de los niños bajo protección. Las autoridades actuales tienen una visión que invisibiliza a la infancia y se requiere invertir recursos para quebrar esta vulneración. La mirada economicista del presupuesto, sin considerar el compromiso con la niñez y el proceso complejo de escucha a las víctimas, generó la incomprensión y el quiebre. Los problemas administrativos no deben primar sobre el compromiso con una verdad de graves vulneraciones de derechos cometidas contra personas que nunca tuvieron apoyo.
Reformas Estructurales y Participación Ciudadana
La ex directora del **SENAME**, Susana Tonda, en entrevista el 15 de marzo, afirmó que, respecto al fin del servicio, espera que se concrete el próximo año, explicando que se avanza en proyectos de ley para el cambio hacia una nueva institucionalidad. El actual sistema sería reemplazado por dos nuevos servicios públicos: el Servicio de Protección de la Niñez y Adolescencia y el Servicio de Reinserción Juvenil. Si para el gobierno la consigna durante su campaña fue “los niños primero”, surgen dudas sobre por qué recién en el penúltimo año de mandato del presidente se envían los proyectos de ley para reemplazar el **SENAME**. Existe la preocupación de que este cambio sea netamente administrativo-burocrático, sin un cambio sustancial.
La crisis profunda y sistémica del sistema de protección social de la niñez es el reflejo de un Estado **adultocéntrico** que no solo criminaliza, sino que es ciego, sordo y mudo frente a los padecimientos de los NNA bajo su (en teoría) protección. La salida a esta crisis institucional no tiene soluciones ni fórmulas simples. Sin embargo, el contexto actual de estallido social y un proceso constituyente abren puertas para una reforma estructural de las instituciones. Es fundamental que en este proceso constituyente se aborde un nuevo sistema de protección social de la niñez y adolescencia, dándole la misma importancia que a temas históricos como educación, salud, trabajo, vivienda y pensiones. Las políticas públicas no suelen nacer de la “buena voluntad” de la clase política, sino de la capacidad de organización y movilización ciudadana con propuestas claras y concretas, sumado a la convicción ideológica.
Es necesario continuar en la reconstrucción del lazo social desde la solidaridad y la comunidad, cuidando a los más vulnerables. La salida es colectiva, no individual. Además, es relevante que se multipliquen las instancias de participación infantil en cabildos y asambleas (bajo la modalidad de asambleas de NNA) para que tengan voz y voto en el país que quieren construir y en sus propios derechos. No necesitan de otros adultos que hablen en su representación. Se propone habilitar asambleas de NNA en las residencias y centros ambulatorios del **SENAME** para que puedan opinar sobre cómo les gustaría que fueran los centros por donde transitan, facilitando que sus opiniones sobre un nuevo sistema de protección social de la niñez estén presentes, desde su mirada. Este sería un mínimo gesto de reconocimiento hacia aquellos más olvidados y violentados de la sociedad.
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