La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) es un hito transcendental para muchos países y para el mundo. Este tratado internacional establece compromisos para velar por la plena inclusión social de las personas con discapacidad, promoviendo el respeto de su dignidad inherente y el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.
Antecedentes y el Enfoque de Derechos Humanos
Naciones Unidas ha abordado la problemática de la discapacidad desde la perspectiva de los derechos humanos. Para ello, ha creado instrumentos precursores como las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, aprobadas por la Asamblea General de la ONU el 20 de diciembre de 1993.
Aprobación y Entrada en Vigor de la Convención
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad el 13 de diciembre de 2006. Posteriormente, entró en vigor el 3 de mayo de 2008.
Este fue un tratado internacional histórico que obtuvo la firma de 81 países el mismo día de su apertura. Actualmente, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad cuenta con 153 Estados signatarios y 106 ratificaciones, y continúa abierta para más firmas y ratificaciones de los Estados miembros.
Entrada en vigor de la Convención Sobre Derechos de las Personas con Discapacidad
Propósito y Definición Clave
El propósito de la Convención es "promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente."
El Artículo 1 de la Convención establece que "las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás."
Derechos Fundamentales y Compromisos de los Estados
La Convención detalla una serie de derechos que los Estados partes deben garantizar a las personas con discapacidad:
- Deberá garantizarse su plena inclusión y participación en la comunidad, especialmente para que puedan elegir su lugar de residencia en igualdad de condiciones y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico. Es fundamental que puedan contar con acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida asistencia personal para facilitar su existencia y para evitar su aislamiento.
- Se les asegura el acceso a servicios de salud y rehabilitación. Se proporcionarán programas de atención de salud gratuitos o asequibles (en precio y ubicación) de la misma variedad y calidad que para la población general, incluso en el ámbito de salud sexual y reproductiva. Se prohíbe la discriminación en seguros de salud o de vida y se capacitará a personal médico.
- También es vital poner fin a la discriminación en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones personales.
- Los Estados salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes y la promulgación de legislación.
Obligaciones de los Estados Partes
Los instrumentos internacionales de derechos humanos proporcionan la orientación para llevar a cabo las reformas, pero al firmar y ratificar la Convención, los Estados se obligan a adoptar las medidas necesarias para garantizar la igualdad y la vida en dignidad de las personas. Al ratificar una convención, el Estado acepta las obligaciones jurídicas que le corresponden en virtud del tratado y, después de su entrada en vigor, tiene que adecuar su legislación y establecer políticas públicas para hacerlas cumplir. Los Estados se comprometen a introducir medidas destinadas a promover los derechos de las personas con discapacidad y a luchar contra la discriminación.
El Papel Crucial de las Organizaciones No Gubernamentales
Las organizaciones no gubernamentales (ONG) son asociados estratégicos en el proceso de cambio. Tienen un impacto directo en la realidad al reunir información concreta sobre presuntas violaciones de los derechos humanos de personas con discapacidad, y colaboran para que la discapacidad sea vista como un tema fundamental de derechos humanos.
Personajes como Víctor Pineda, economista, cineasta y experto en derechos humanos, que participó en el Comité de Naciones Unidas que dio luz a la Convención, reflejan la urgencia de esta causa. Pineda, quien fue diagnosticado con distrofia muscular a los 7 años y tuvo que trasladarse a Estados Unidos por no poder asistir a la escuela en su país, Venezuela, afirma: "Necesitamos un contrato social renovado para asegurar la justicia para las personas con discapacidad."
Implementación Nacional y Avances Significativos
A nivel nacional, la propia Convención dispone la designación de un Mecanismo institucional que promueva, proteja y supervise la aplicación efectiva del tratado. Diversos países han avanzado en esta dirección.
Ejemplos de Implementación Nacional
En Chile
La Convención entró en vigencia en Chile estableciendo compromisos para velar por la plena inclusión social de las personas con discapacidad. En este sentido, se creó la Ley N°20.422, que establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, ajustando la legislación chilena a una perspectiva de Derechos Humanos. Aún queda mucho camino por recorrer, con el objetivo de que Chile sea un país más inclusivo, accesible y con igualdad de oportunidades para todas las personas con discapacidad.
En México: Mecanismo Independiente de Monitoreo
El 25 de octubre de 2022, el Consejo Consultivo de la CNDH aprobó la modificación a su Reglamento Interno, lo que estableció el Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este mecanismo, el cual estará integrado por un Consejo General, una Comisión de Gobierno y un Comité Técnico de Consulta, tiene como función promover, proteger y supervisar la aplicación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Para garantizar su especialización, el Mecanismo es un área independiente de las Visitadurías Generales y cuenta con una Dirección Ejecutiva. Previamente, se llevó a cabo el Primer Encuentro de Mecanismos, destacando la importancia de estas estructuras de vigilancia.
En España: Reformas Legislativas y Desafíos Persistentes
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que cumple 20 años en 2026, supuso un importante avance para mejorar la vida y reconocer las necesidades de este colectivo en España, donde entró en vigor en 2008. En estos años, se han impulsado importantes transformaciones orientadas a garantizar el ejercicio efectivo de derechos:
- Fue clave la reforma de la Capacidad Jurídica (Ley 8/2021) en septiembre de 2021, que supuso un cambio profundo de enfoque.
- En 2022, se modificó la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, fortaleciendo la protección contra la discriminación e incluyendo la interseccionalidad, con especial atención a mujeres y niñas con discapacidad.
Veinte años después de la aprobación de la Convención, España ha avanzado de forma decidida hacia un modelo basado en derechos humanos. Sin embargo, a pesar de estos avances, las personas con parálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo siguen encontrando importantes barreras para el ejercicio real y efectivo de sus derechos. Por ello, es imprescindible asegurar una atención temprana prolongada y de calidad, profesionalizar la asistencia personal haciéndola compatible con otros recursos y establecer apoyos personalizados, especializados y sostenidos a lo largo de todo el ciclo vital, desde la infancia hasta la vejez.
